En estos días, mientras las páginas de los diarios, las páginas de Internet y los medios televisivos reproducían hasta el cansancio los avatares del conflicto del campo, acontecían novedades transcendentes en cuanto a la persecución de la corrupción .El juez en lo penal económico Daniel Petrone, casi estrenando su reciente designación por la presidente,. dictó la falta de mérito de Claudio Uberti, el funcionario del gobierno de Néstor Kirchner que perdió su cargo por el caso de la valija de los 800.000 dólares . Así, Uberti, máximo responsable del vuelo oficial en el que el valijero Guido Alejandro Antonini Wilson llegó a la Argentina, el 4 de agosto del año pasado, esquivó la acusación que pesaba sobre él, como partícipe de lavado de dinero. El magistrado, que tomó la causa hace poco más de dos meses y medio, le dio forma de indagatoria a una presentación espontánea que Uberti hizo el 4 del mes pasado. En esa audiencia, el ex director del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) dijo que había autorizado que Antonini se subiera al avión contratado por el Gobierno por pedido de Diego Uzcátegui Matheus, entonces vicepresidente de la petrolera estatal venezolana, Pdvsa.
Habitualmente, la falta de mérito es el preludio de un futuro sobreseimiento .
Mientras tanto, otro Juez, con más antigüedad y con antecedentes en actitudes similares, archivó la denuncia contra el matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner por el presunto incremento injustificado de sus bienes . Así lo resolvió Canicota Corral al seguir el dictamen del fiscal federal Eduardo Taiano y considerar que hubo "inexistencia de delito"

Por si esto fuera poco, en otra causa trascendente también hubo novedades. La Sala I de la Cámara Federal dispuso que se decidiera de nuevo qué magistrado se quedaría con la investigación de Sckanka y argumentó que el fallo de primera instancia -firmado por el ex juez y actual ministro de seguridad porteño, Guillermo Montenegro- no estaba debidamente fundamentado. Los camaristas Eduardo Freiler y Eduardo Farah ordenaron al nuevo juez de la causa en el fuero federal, Norberto Oyarbide, que emitiera una resolución en la que se pronunciara sobre el desglose del expediente. No hacen falta mayores comentarios, si el Juez que dirime la causa es Oyarbide…

Pero no es todo. El tiempo en que las miradas están depositadas en otros temas, suele aprovecharse.
El viernes 23 de mayo, el Boletín Oficial dedicó tres páginas completas al nuevo reglamento Interno de la Oficina Anticorrupción (OA). Con la firma del ministro de Justicia, Aníbal Fernández, la resolución 1316/2008 modificó la normativa del 2000 y avanzó en una política que comenzó desde que asumió en su cargo: concentrar cada vez más la acción de la OA en su jefe político, Abel Fleitas Ortiz de Rozas .
El primer cambio está en el artículo 1º donde especifica cómo y por qué se inician los trámites en la Dirección de Investigaciones de la OA. Con la firma del nuevo reglamento, el punto B limita sólo al fiscal de Control Administrativo –el titular de la OA– la posibilidad de abrir expedientes de oficio. Hasta ahora, según consta en la reglamentación anterior, podían hacerlo tanto el propio fiscal como cualquier funcionario de la oficina. El área de investigaciones es particularmente sensible porque ahí es donde se investigan las posibles irregularidades o actos de corrupción en el Poder Ejecutivo .

Escondido en el artículo 7º, Fernández establece uno de los cambios más polémicos del nuevo reglamento: “El investigador estará facultado a solicitar los informes (...) en los términos que establece la Resolución Ministerial 67 del 14 de enero de 2008” . Esta resolución – que nunca salió publicada en el Boletín Oficial – disponía que toda comunicación de la OA hacia el exterior fuera firmada por su titular, Fleitas Ortiz de Rozas, dejando afuera de las decisiones importantes a los investigadores y al jefe del área, Martín Montero, a pesar de que tiene rango de subsecretario de Estado. Desde el comienzo de la OA hasta la firma de esa resolución, los pedidos de informes o expedientes a otras dependencias los hacía cada investigador. Es decir que si había una denuncia contra un funcionario, ellos podían investigar directamente pidiendo datos al ministerio o al área en la que trabajaba el sospechado. Desde esa decisión, Fernández concentra toda esa información en la autoridad política –Fleitas– a quien también hace personalmente responsable frente al Ministerio de Justicia por cualquier medida o denuncia “irritativa” . Fernández tomó esa decisión a un mes de asumir y 20 días después de otra mala noticia para la Dirección de Investigaciones: el 24 de diciembre publicó en el Boletín Oficial la resolución 12/2007 con la cual anuló las designaciones que habían ganado por concurso los cinco investigadores principales de la Oficina Anticorrupción, quienes tienen a su cargo la tarea de investigar los actos de corrupción . Desde esa decisión y hasta ahora, cada uno de ellos tiene un contrato transitorio que puede terminar con una sola firma y sin indemnización .