LA QUERELLA

Al final, la causa tendrá dos grupos de querellas La jueza del caso Cromañón aceptó ayer una segunda querella. Se trata de los padres de La Matanza. El grupo de Iglesias denunció ante el ministro de Interior que hay “infiltrados”. 

 Por Raúl Kollmann 

La jueza María Angélica Crotto 

aceptó ayer un segundo grupo de querellantes en la causa República Cromañón, con lo que se consolidan de esa manera en el terreno judicial dos agrupaciones diferenciadas: 

la que lidera José Iglesias, 

y la aceptada ayer por la magistrada y que encabezan los abogados María del Carmen Verdú y Marcelo Parrilli. 

Estos ultimos letrados representan fundamentalmente a padres de La Matanza y a los que quieren expresar en forma pública las críticas a Aníbal Ibarra. Los padres representados por Iglesias consideran que se debe mantener el bajo perfil desde el punto de vista del discurso, aunque están de acuerdo en apuntar judicialmente también contra los gobiernos nacional y de la ciudad.

 La diferencia más palmaria se vio en la concentración realizada al cumplirse un mes de la tragedia. Unos abogaban por una marcha silenciosa, mientras que los otros prepararon un escenario desde el cual lanzar sus críticas. Las doce familias que fueron ayer aceptadas como querellantes estuvieron la semana pasada con la jueza Crotto y justamente le plantearon la necesidad de diferenciarse de la querella unificada que encabeza Iglesias. 

Verdú y Parrilli han actuado en numerosos casos y tienen una reconocida trayectoria en los organismos de derechos humanos. Su punto de vista es que en la causa han sido los únicos que han imputado en forma explícita a los funcionarios de los gobiernos nacional y porteño y seguramente esta semana insistirán en que se realicen allanamientos en las dependencias oficiales. Con ellos también trabaja en este caso Rubén López Santos. 

Ayer, un numeroso grupo de familiares, en su mayoría representados por Iglesias, estuvieron con el ministro del Interior, Aníbal Fernández, en los ya tradicionales encuentros de los lunes. Más allá de resolver problemas puntuales de salud de los heridos (ver aparte), hubo un pedido al ministro para que se adoptaran “medidas contra los infiltrados”. 

Por la tarde, Ricardo Righi, padre de Emiliano, explicó ese concepto en el programa radial El Exprimidor: “Hay sectores que se están aprovechando de los padres más humildes. Están politizando las cosas. El otro día trajeron un escenario para hablar”. 

Como adelantó Página/12 en su edición del domingo, los familiares tienen claro que existen diferencias entre ellos y lo concreto es que fuera del ámbito judicial se armaron ya agrupaciones distintas. 

Los acaudillados por Iglesias, que son mayoría, adoptaron el nombre de Que no se repita, mientras que los aceptados ayer conforman la Comisión de Familiares de Cromañón (Cofacrom) de La Matanza. En esta última agrupación está, por ejemplo, Mariana Márquez, la mujer que perdió a su hija Liz y que increpó públicamente a Ibarra en la sesión de la Legislatura. 

Existe un tercer grupo, denominado Familias por la vida que, hoy por hoy, se ubica cerca del sector de Iglesias, por lo que la decisión que tomó ayer la jueza Crotto fue admitir que, en la causa judicial, existen dos perfiles distintos entre los familiares. 

En realidad, todavía hay una amplia franja de padres de las víctimas que no se han sumado a ninguna de estas agrupaciones y que, por sus escasos recursos, ni siquiera tiene el dinero para salir de su barrio y mucho menos decidir cuál es la tónica con la que quieren afrontar las cosas. Es posible que en las próximas semanas las familias que están en esa situación se terminen sumando a una u otra querella. 

QUIEN ES QUIEN DE LOS ABOGADOS 

El mapa jurídico Por Adriana Meyer

Así como los familiares se fueron agrupando según sus diversos intereses y afinidades, lo mismo ocurre con sus representantes legales. 

“Mire que yo no pienso ir tras el pibe que tiró la bengala”, le dijo una abogada al padre de un joven muerto en el incendio de Cromañón. “Ya lo sé, por eso los vengo a buscar a ustedes”, acortó el familiar que sabe que el estudio que eligió apunta siempre al corazón del poder político. 

Escenas como ésta se deben haber repetido, con toda la diferencia de matices que refleja el arco de damnificados de la tragedia de Once. 

JOSE IGLESIAS

La voz José Antonio Iglesias fue la primera que se escuchó cuando el eco del incendio aún aturdía. Su hijo Pedro murió en el incendio, y él como abogado comenzó a vertebrar el reclamo de muchos familiares que crecía hora tras hora. Experto abogado especializado en derecho comercial, se puso al frente de la cruzada para “encarcelar a todos, desde (Néstor) Kirchner y (Aníbal) Ibarra hasta el último inspector”. Luego salió a aclarar que no era “un nuevo Blumberg”, y que sería el primero en ponerse en la cola tras asesorar a los demás padres, circunstanciales compañeros de dolor. En las marchas representa el sector que pide mesura, silencio y “despolitización”, como si esto fuera posible. Y nuclea al mayor número de personas, por lo cual la jueza María Angélica Crotto, que investiga la causa penal, unificó la querella en su nombre. Con algo más de calma que los primeros días, organizó varios equipos con otros 25 abogados que en total representan a unas 200 víctimas. Uno se ocupará de la cuestión procesal y de ir controlando los juicios. Otro tendrá a su cargo la investigación de los funcionarios, uno más se dedicará a armar el rompecabezas de las sociedades que se desprenden de Cromañón, y un cuarto grupo analizará cómo fue el tratamiento de las víctimas, es decir, la actuación del SAME, los bomberos, la policía y la Morgue Judicial. Algunos de los letrados convocados por Iglesias son: Fernando Soto, Gabriel Varela, Mauricio Castro, José Luis López, Aldo Yavlonsky, Patricia Núñez Morando y Estela González Espul, entre otros. “Vamos a subrayar la responsabilidad de los funcionarios. Empezaremos con los inspectores y de allí iremos subiendo, porque queremos llegar sólidos a la cabeza”, explicó el abogado a Página/12.

 Iglesias dice tener muchos antecedentes en su especialidad, razón por la cual afirma que el Poder Judicial lo nombró administrador judicial de lo que queda de la cooperativa El Hogar Obrero. Su función es concluir el concurso y pagarles a los acreedores. Fue secretario de la Cámara en lo Comercial y luego se desempeñó como gerente comercial del Bank of New York, al que ahora tienen como cliente de su estudio. También fue abogado del detenido banquero Rubén Beraja en la quiebra de Banco Mayo. “Mi función fue exitosa, se trató de evitar la quiebra con aporte de bienes”, recordó. En la actualidad es abogado de la sindicatura de Scotia Bank Quilmes. 

OTROS LETRADOS

Otro nucleamiento de letrados lo encabeza Fabián Bergenfeld, quien trabajó en la causa de los ahorristas junto a Nito Artaza. Sus asociados en la causa Cromañón son el ex juez Mariano Bergés, Diego Guerendiain y JuanCarlos Iglesias, conocido en Tribunales por sus denuncias contra Fernando de la Rúa y Néstor Kirchner, entre otras. Representan al padre del periodista de Crónica TV Luis Santana, fallecido en el incendio, y a partir del lunes harán lo propio con dos familias más. 

Esta semana apelaron la decisión de la jueza de unificación de querellas y le pidieron una audiencia con todos los querellantes para poder establecer si hay “intereses comunes” que les permitan juntarse. De todos modos, manifestó haber tenido encuentros con Iglesias. Pero además de su actividad en la causa, Bergenfeld integra la Asociación Civil de Defensa Ciudadana, con la que tuvo la iniciativa de juntar firmas para someter a plebiscito el mandato de Aníbal Ibarra, aun antes de que el jefe de Gobierno impulsara la consulta popular sobre sí mismo. En esa batalla lo acompaña la Fundación Bicentenario (aquella que encabezó la enérgica campaña contra Raúl Zaffaroni cuando era candidato a la Corte Suprema).

El estudio de los doctores Daniel Stragá y María del Carmen Verdú está actuando con Marcelo Parrilli, quien representa a Mariana Márquez, la mamá que durante la última sesión en la Legislatura enfrentó en duros términos a Ibarra. Junto al ex concejal radical Rubén López Santos, acompañaron días atrás al juzgado a Benicia Gómez, Jorge Luis Orrego, Jorge Luis De Olivera, Raúl Noboa, Miguel Angel Barbalace, Ada Sirlin, Mario Cwierz, Susana Mediavilla, Emiliano Navarro, Emanuel Burset, Liliana Garófalo y Ricardo Diez. Aunque tienen experiencia en querellas colectivas, como los casos Brukman o ex Padelai entre otros, ellos también apelaron la unificación porque sospechan que difícilmente logren coincidir con los enfoques de abogados como los ya mencionados, u otros como Rafael Cúneo Libarona y Santiago Fontán Balestra, recientemente aparecidos como patrocinantes de otras víctimas. Según explicó Verdú a este diario, en el expediente ellos fueron los únicos que imputaron en forma explícita a los funcionarios del gobierno porteño y nacional. Otros profesionales por el momento están actuando en forma independiente. 

El abogado Javier Miglino, sobreviviente de la tragedia de Cromañón, pidió el llamado a indagatoria de la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin, por el delito de homicidio culposo reiterado, porque entiende que la funcionaria no cumplió con su deber de controlar las medidas de seguridad y prevención contra incendios en los boliches de la ciudad. Este abogado es el sobrino del subcomisario Francisco Santos Miglino, quien fue filmado la mañana del 20 de diciembre de 2001 mientras comandaba el operativo de vaciamiento de la Plaza de Mayo, con detenciones y golpes a los manifestantes. Así consta en el expediente de la masacre con la que culminó el gobierno de la Alianza.

El abogado José Iglesias, papá de Pedro, una de las víctimas del incendio de Cromañón, fue uno de los primeros en presentar su querella penal. Ayer fue Benicia Gómez, madre de Fernando Aguirre. Coinciden en lo sustancial: además de a Chabán, quieren ver presos a los funcionarios comunales, desde el jefe de Gobierno Aníbal Ibarra hacia abajo.

"Lo que me mueve es la indignación. No tengo tiempo para tirarme a llorar en un sillón. No voy a parar hasta ver a todos los responsables por la muerte de mi hijo presos", dijo Benicia Gómez. Teme que la causa quede en la nada. Fernando, su hijo de 19 años, murió luego de entrar dos veces a rescatar a otros jóvenes.

En el escrito que presentó Benicia se imputa el delito de homicidio a Chabán, Ibarra y a Juan Carlos López, ex secretario de Justicia y Seguridad Urbana. La patrocinó María del Carmen Verdú, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Encuentra que son responsables de "homicidio simple". Explica Verdú: "Nadie dice que Ibarra tuviera que ir a verificar las salidas de emergencia. Pero hablando de una estructura jerárquica, hay una cadena de responsabilidades en la que cada uno tiene una responsabilidad en el 'pedazo' del dominio del hecho que estaba bajo su exclusiva esfera. Bastaba con que cualquiera dijera 'no' para que el hecho no ocurriera".

Estos dos casos son los primeros vientos de un vendaval que empieza a soplar sobre el juzgado de María Angélica Crotto y al que se sumará hoy Ricardo López Murphy: presentará una denuncia penal contra Ibarra.

Los familiares de los 194 muertos y los 800 heridos son los damnificados directos y pueden presentarse como querellantes, acusadores privados. Pero muchos meditan aún la decisión.

"Estamos evaluando, buscando estudios con renombre en cuanto a la honestidad y la seriedad", dijo Nilda Gómez, madre de Mariano Alexis Benítez, 20 años, una víctima. "Somos unas cincuenta familias las que estamos pensando bien qué hacer".

Entre esas familias que le escapan a los abogados "buitres" hay algunas que apuestan a hacer una presentación colectiva. Sospechan que si querellan por separado, lo único que lograrán es que la Justicia sea más lenta.

Otra familia que tomó la decisión de querellar es la de Mariana Elizabeth De Olivera, cuya vida se apagó a los 17 años en Cromañón. Marcelo Parrilli, el abogado, dijo: "Lo que realmente tiene sentido es que condenen a Ibarra, López y demás funcionarios. Por eso es importante que participen abogados con compromiso de militancia social", dijo.

La verdad es que muchos padres están shoqueados. Sienten en sus vidas un profundo vacío. Raúl, padre de Cecilia (18) y Daiana Noboa (15), está desolado. "No sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar en mi familia. Eramos seis y ahora somos cuatro. ¿Qué voy a sacar? ¿Plata? Ahora tengo una reunión de padres. Voy por respeto a los demás, pero no tengo ganas". Mucho menos está para abogados.