El Proceso de Juicio Político por los hechos acontecidos en República de Cromañón
1 - Introducción
El juicio político entablado al Jefe de Gobierno en ejercicio al momento de los hechos acontecidos como consecuencia del incendio del local República de Cromañón, fue la consecuencia no sólo de los actos ilícitos que ese hecho evidenció, sino también de una serie de conductas políticas posteriores que imponían el empleo de ésta herramienta institucional.
En todo el transcurso de este proceso se enfrentaron la necesidad de los familiares de las víctimas de Cromañón por conocer toda la verdad sobre las causas de un hecho semejante, con la actitud del entonces Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, de manejar la información, distorsionar las explicaciones, y encubrir lo que realmente aconteció .
En los hechos, ese conflicto mostró los reclamos de familiares y víctimas, esgrimidos por los medios a su alcance enfrentados con un fenomenal aparato mediático y político, utilizado en toda su amplitud desde el comienzo. La estrategia comunicacional del Jefe de Gobierno persiguió mostrarlo como una víctima de responsabilidades ajenas, objeto de un “golpe institucional” del cual aquellos reclamos de las víctimas eran un instrumento. Para subrayar esta visión se desplegaron todo tipo de operaciones destinadas a desacreditar las demandas de las victimas, cuestionar a sus voceros, persiguiendo además crear en la sociedad una imagen antipática de esas víctimas, mostrándolas como irracionales, violentas, obnubiladas por el dolor, ciegas a asumir sus propias responsabilidades, animadas por propósitos de lucro.
Con ese objeto se acudió a todo tipo de métodos, procurando también dividir a los familiares entre sí, utilizando tanto las reacciones encontradas que provocaba la banda Callejeros, como creando artificialmente diferencias o provocándolas.
Historiar sucintamente éste proceso requiere no sólo mostrar las etapas formales que llevan al juicio político, sino también referir las operaciones y actos ejecutados por Aníbal Ibarra y su grupo de acción. Es lo que se hará a continuación.
2 - La actuación del Jefe de Gobierno luego de ocurrido el incendio.
A la gestación del proceso de juicio político contribuyó la propia actitud del Jefe de Gobierno, que desde un comienzo trató de alejarse de los hechos y de su responsabilidad sobre ellos . Esa distancia, a medida que transcurrían los días, fue poniendo en evidencia otras graves situaciones que inculpaban claramente a su administración.
2.1. El socorro de las víctimas
En la misma noche del 30 y la madrugada del 31 de diciembre de 2004, el Jefe de Gobierno estuvo ausente . Permaneció por espacio de una hora y media en la sede de Defensa Civil, donde debía funcionar el Comité de Crisis que por disposición legal, él debía presidir. Durante ese lapso no coordinó ningún operativo que evitara el caos y la desatención , que hoy son materia de una causa penal (ver Judiciales ). Su preocupación fundamental fue (según resulta de testimonios y de las grabaciones de Same y Policía, obrantes en la causa Cromañón ) obtener el nombre del fiscal interviniente y coordinar los aspectos comunicacionales y de imagen .
La más patética evidencia de que la imagen fue el objetivo primario, resulta de la actuación en esos momentos de uno de los principales responsables de la asistencia a las víctimas: el Ministro de Salud, Dr. Alfredo Stern (que también por disposición legal debía integrar el Comité de Crisis) quien, en lugar de coordinar el socorro de las víctimas, asegurarse su distribución racional en el sistema hospitalario y procurar que tuvieran la atención imprescindible desde el primer momento , se dedicó a relacionarse con los medios de comunicación, transmitiendo listas de víctimas, pretendiendo dar la imagen de control de los hechos y de efectividad en el operativo de emergencia .
Entre sus muchas comunicaciones mediáticas, a la 1.00 de la mañana mantuvo una larga conversación telefónica con el periodista Nelson Castro, mientras estaban colapsando los hospitales (particularmente, el Ramos Mejía y el Penna) y se carecía de los insumos elementales (oxígeno, máscaras, etc.) . La única orden impartida fue la del retiro de las víctimas del lugar, a fin de que esos mismos medios no pudieran mostrar en su dimensión lo acontecido . En definitiva, se trasladó el caos a dos hospitales: Ramos Mejía y Penna .
La preocupación mediática del Jefe de Gobierno, que había sido una característica de su gestión, fue aquí una obsesión. En razón de ella y para evitar imágenes conflictivas, ni siquiera concurrió a las proximidades del lugar de los hechos, ni le preocupó tener una evaluación de cómo se estaban desarrollando las labores de emergencia . Esta presencia en el lugar de los hechos, fue reemplazada por una reiterada aparición por los distintos medios de comunicación, en una suerte de frenesí mediático que continuó hasta su destitución.
Con esa motivación, aproximadamente a la 1.30 horas de la madrugada del 31 de diciembre de 2005, el Ministro de Salud, Alfredo Stern, brinda una conferencia de prensa en la que destaca la eficiencia del operativo, la cantidad de vehículos afectados, y una serie de datos falsos más , persiguiendo mostrar un actuar eficaz que en ése momento se contradecía con lo que ocurría en el lugar de los hechos.
En efecto, mientras tanto, en los aledaños del local República de Cromañón , el caos era de tal entidad, que el Ministro de Interior de la Nación, Aníbal Fernández, presente en el lugar, terminó autorizando el traslado de víctimas en móviles policiales y de infantería (ante la ausencia de ambulancias del SAME, que sólo arribaron al lugar 30 minutos después , según resulta de las transcripciones de las comunicaciones de SAME y Policía obrantes en la causa de la emergencia: ver Judiciales ) y dispuso que se habilite el Hospital Churruca (hospital exclusivo para el personal policial) para atenderlas. Más aún, ordenó que un helicóptero de la Policía recogiera heridos desde la plaza Miserere, ayuda que no fue posible por la imposibilidad de descender en el lugar (lo expuesto también resulta de las transcripciones de las comunicaciones de Policía, obrantes en la causa Cromañón: ver Judiciales).
2.2. Los días posteriores
Los días sucesivos fueron un frenético transitar de Aníbal Ibarra por los medios, formulando declaraciones que se terminaban contradiciendo entre sí, pero que tenían como objetivo trasladar las responsabilidades de lo acontecido a terceros: policía, bomberos, empresarios inescrupulosos, jóvenes alcoholizados, familiares, las normas, los legisladores, la oposición, etc.
Así, el día 31 de diciembre de 2004, Ibarra declaraba enfáticamente que la discoteca estaba habilitada y tenía la inspección de bomberos, Diario Clarín : "es un lugar habilitado, tenía las puertas de emergencia y los controles de bomberos para su habilitación". "El local debe renovar la certificación ante los bomberos una vez por año", aclaró. Noticias Urbanas .
Al día siguiente, 1 de enero de 2005, Ibarra continuó con sus apariciones mediáticas, atribuyendo responsabilidades: hay "responsabilidades colectivas", ya que la normativa vigente "no alcanzó" para prevenir lo ocurrido. Instó a generar un "compromiso colectivo" porque "después de lo ocurrido no puede seguir todo de la misma manera". Agregó con total desenfado que "La norma permitía números vivos de orquestas de tango y ahora grupos de rock en lugares cerrados, estaba legalmente autorizado" . También destacó que el Presidente le prestó todo su apoyo . Diario Clarín .
El mismo día, en declaraciones a la agencia TELAM, trató de ser emotivo: “Cualquiera de mis hijos pudo estar allí”. Lo ocurrido provoca “un dolor y una herida que por muchísimo tiempo no va a cerrar". Y aseguró: "Para mí es algo terrible". Diario Clarín .
Luego abandonó este perfil compasivo, y continuó con la elusión de responsabilidades propias, subrayando las de terceros: “No podemos admitir que en la Ciudad de Buenos Aires, situaciones de irresponsabilidad empresarial, en las que por unos pesos más se clausure una puerta de emergencia de un local porque si esto un empresario está dispuesto a hacerlo, quiere decir que está dispuesto a hacer cualquier cosa", expresó Ibarra. "Evidentemente la formalidad no alcanzó", admitió, en alusión a que el local República Cromañón tenía en regla la habilitación.
El 2 de enero de 2005, continuó con declaraciones similares, incorporando en su nómina de causas del hecho que le resultaban ajenas a supuestas carencias de la normativa vigente: “pudo haber fallado la normativa, pero aquí hubo un irresponsable que encendió una bengala y otro que cerró la salida de emergencia con un candado y alambres. Así, cualquier control del Estado se relativiza. Con el visto bueno de Bomberos, el cuerpo de inspectores porteños nunca volvió al lugar para chequear el estado de las instalaciones. "Normativamente, el lugar estaba habilitado", explicó Ibarra. "Lo que sucedió fue la peor tragedia no natural en la historia argentina. Vamos a analizar ahora si el gobierno se incluye como querellante en la causa, porque la verdad es que no podemos admitir la irresponsabilidad empresarial. Acá fallaron muchas cosas, entre ellas la normativa, pero si un tipo enciende una bengala y otro cierra la puerta de salida, cualquier control y normativa se relativizan", opinó.
También agradeció las llamadas del presidente Néstor Kirchner e inmediatamente rechazó las acusaciones del defensor adjunto de la Ciudad, Atilio Alimena, quien aseguró que la mayoría de los boliches no tenía el certificado de Bomberos actualizado: "No es así. En este caso, además, sí estaba el certificado con la habilitación".
También informó que prohibió la realización de recitales en discotecas en la ciudad de Buenos Aires y que durante quince días, deberían permanecer cerrados todos los boliches bailables de la Capital (ver en Judiciales: los amparos). Anticipó que todo iba a ser conversado con los empresarios del sector: "Esto que pasó nos exige tomar medidas fuertes y generar cambios en lo que funcionó mal. Por eso, se prohíben desde ahora los recitales en las discotecas y se suspende por 15 días la actividad en locales bailables. En este último lapso, hablaremos con los empresarios del sector para buscar soluciones" (respecto de estas medidas y su ineficacia, ver en Judiciales: los amparos). Explicó que se conformó una mesa de estudio para darle más seguridad a la actividad en las discotecas. La mesa, que estaba encargada de “interactuar” con los dueños de los locales, iba a estar conformada por Juan Carlos López (secretario de Justicia y Seguridad), Marta Albamonte (Hacienda), Deborah Cohen (procuradora) y Marcelo Antuña (subsecretario de Justicia y Trabajo), entre otros (sobre los dueños de los locales y su relación con los funcionarios, ver en Judiciales: las causas de la corrupción ). La Nación .
En otra declaración de ese día, volvió a cargar con la responsabilidad de los bomberos: "Ellos son los especialistas. En los locales bailables el control de aptitud contra incendios no lo hace la Ciudad sino Bomberos, y éste estaba actualizado".
Noticias Urbanas.
El día 3 de enero de 2005 brindó un reportaje, en el que dio respuestas sumamente interesantes:
“Pero, ¿no reconoce una mala gestión de Control? - Me indigna que me digan que no controlo, porque yo controlé. No es el gobierno el que extiende el permiso contra incendios, sino Bomberos. Ellos son los expertos. Y yo me preocupé por saber qué boliches tenían el permiso y qué boliches no lo tenían. En abril, Bomberos me envió una carta con los que estaban en regla y los que no, y clausuré todos los inhabilitados. Esto quiere decir que controlé. No es cierto que yo no controlé. El certificado contra incendios no lo otorga el gobierno porteño, sino Bomberos. Y en abril de 2004 yo le pedí a Bomberos que me dijera qué boliches cumplían con las normas y qué boliches no. Ahí me respondieron que República Cromañón estaba habilitado. Igual, ante la tragedia, decidí tomar medidas drásticas."
" Cuando ocurre una tragedia como ésta, pagan justos por pecadores. Estábamos trabajando bien con las cámaras de boliches , pero lo de Chabán fue criminal y nos obligó a replantear todo. Nuestro sistema implica responsabilidades del Estado, de la sociedad y de los particulares, pero está claro que ahora el Estado deberá ocupar un espacio mayor. - Sin embargo, entre el control de Bomberos y la tragedia el local cambió y nadie lo inspeccionó. - Eso es responsabilidad del empresario. Chabán debió de haber avisado de los cambios y no lo hizo. -Si hubieran enviado inspectores, lo habrían visto. - No, insisto en esto y es importante que se entienda: el que inspecciona las instalaciones para aprobar el sistema contra incendios es Bomberos y no la Ciudad. Y la ley indica que la periodicidad del control debe ser anual . Los inspectores porteños piden los papeles y ven que esté todo en regla, pero no son expertos en incendios. Para eso están los bomberos"
. - De todas maneras, el permiso contra incendios de República Cromañón había vencido en noviembre. ¿No debían haber clausurado el local? - "Es el empresario el que debe hacer el trámite para que le realicen la inspección anual de incendios, y lo tiene que hacer ante Bomberos y no ante nosotros. Evidentemente, en otro acto irresponsable, Chabán abrió el local sin tener el permiso actualizado. Y lo peor es que él sabía que era peligroso. Hasta pidió al público que no tirara bengalas porque el boliche se iba a incendiar. Lo que hizo fue criminal. Puso nafta en el techo para no pagar los 120.000 pesos que le costaba tener un sistema seguro. - También dejó entrar más gente que la permitida, pero, ¿eso no lo saben los inspectores de la Ciudad? -Hay una responsabilidad empresarial al dejar pasar más gente que la permitida. Para impedir eso, ahora todos los locales deberán poner un cartel en la entrada con la cantidad de gente habilitada, y todos podrán chequear si hay un abuso o no. El problema aquí es que había condiciones de seguridad, pero Chabán las cambió sin avisar. Y la ley dice que es él quien debe advertir sobre estas modificaciones".
La Nación .
Ese mismo día (3.1.05) se conocieron las renuncias de Juan Carlos López, Secretario del área y de Fabiana Fiszbin, subsecretaria de Control Comunal. Ante una pregunta periodística sobre hasta donde iban a llegar los cambios, Ibarra dijo: “Todos los que sean necesarios serán cambiados" , y agregó: "López se fue en términos de decir que esto ocurre, y es responsabilidad del área, más allá de si se hicieron bien o mal las cosas, tiene que irse, porque no pueden seguir las cosas igual" . Y se permitió dirigir la indagación de responsabilidades: "Y toda la cadena hacia abajo” .
Noticias Urbanas .
En la misma jornada Ibarra dio una conferencia de prensa con los empresarios del sector , en la que estos atendieron las requisitorias periodísticas, avalando todas las manifestaciones del Jefe de gobierno sobre culpas ajenas.
La Nación
Daniel Grinbank, que aparece en la foto, atentamente escuchado por Aníbal Ibarra, también dijo: “Cuando se hace un espectáculo o recital, hay que solicitar una habilitación especial, te piden el plano con salidas de evacuación, cómo va a funcionar la logística, el personal contratado de seguridad? Y siempre vienen inspecciones. A mí me parece que últimamente se estaba trabajando bien. Acá el problema fue que, además de contar con una legislación obsoleta en la ciudad, Chabán no tenía experiencia y actuó con irresponsabilidad". Los otros asistentes a esta insólita conferencia eran los miembros de la Cámara empresaria de Discotecas, Bares y empresas de Entretenimientos de la Ciudad de Buenos Aires (CEDEBA: siglas de la Cámara, que después de los hechos borró todas sus paginas de Internet y desapareció como tal), entidad presidida por Daniel Vázquez (Presidente), Osvaldo De Riso (Secretario) y Carlos Diedrichs (vicepresidente), todos ellos titulares de locales en infracción a las normas vigentes.
Mientras Ibarra se reunía con los empresarios, algunos familiares mendigaban una reunión con él, que no los atendía. En la reunión que un grupo de familiares mantuvo con el presidente, el 4 de enero de 2005, el tema estuvo presente: “Kirchner efectivamente eso hizo. Se reunió con los familiares éste martes junto a Aníbal Fernández y la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, quien deslizó en esa oportunidad que "de alguna manera estamos acá porque el que tenía que hacerse cargo no lo hizo" , en clara alusión al jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra. El ministro del Interior explicó que "antes de llegar a esa frase había habido un montón de familiares que querían hablar con Ibarra. De hecho uno de los familiares le pidió al Presidente que hiciera él de nexo para que Ibarra los recibiera, entonces puede ser conclusión de esa discusión. Pero no es un tema puntual que nos ocupe, no venimos aquí a sacarnos el lazo con la pata, porque eso es un tema secundario. Lo que está primero, el bien jurídico a tutelar hoy, es la situación en la que se encuentran los familiares, la conflictividad en la que están envueltos, el dolor que los inunda porque han perdido a sus seres queridos. Lo de Ibarra es secundario, es otro tema"
Noticias Urbanas .
La reunión del Jefe de Gobierno con alguno de esos familiares se produce recién el día 6 de enero, como consecuencia de una gestión del Presidente Kirchner.
2.3. La realidad de los hechos
No sólo lo ocurrido en el socorro de las víctimas contrastaba con las declaraciones de Aníbal Ibarra y sus ministros. Lo que aquél afirmaba respecto del local República de Cromañón y las responsabilidades también se enfrentaba a las evidencias.
En efecto, como lo resaltó la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en su resolución de 21 de diciembre de 2005, en la que confirma el procesamiento de los funcionarios, no es verdad que el local estuviera correctamente habilitado y lo formal no hubiera alcanzado. El local República de Cromañón tenía una clausura dispuesta el 11 de julio de 1997, que estaba vigente al 30 de diciembre de 2004 : “quedó sin modificarse la clausura que recaía sobre el local y sin que ningún funcionario responsable respondiera o se hiciera responsable de si podía, o no, habilitarse el lugar en los términos en que se pretendía. Una vez recibido el expediente, cinco años y dos meses después de su remisión, el entonces jefe del Departamento de actividades nocturnas, para deslindar responsabilidades, firmó un constancia en la que decía que el expediente había sido recibido en su departamento por un remito manual en el estado en que estaba en la última de las fechas mencionadas. El expediente termina con una constancia de inspección del 29 de marzo de 2003 en la que consta que todo está en regla. Ésta fue la última inspección que se hizo sobre el lugar donde funcionaba “República Cromañón”, sin que existan constancias intermedias” . Una inspección regular, una simple inspección, hubiera evitado 194 muertes y miles de lesiones.
También dicha resolución evidencia que tampoco los controles se hicieron y que la periodicidad con la que debían llevarse a cabo no era la que afirmaba el Jefe de Gobierno: “El 12 de diciembre de 1996 se modificó esa ordenanza con la n° 51.229 que incorporó a la n° 24.654 el art. 22 que dispone que: “El Poder ejecutivo deberá verificar, con periodicidad no mayor de 120 días y en horario de funcionamiento , el cumplimiento de las normas vigentes. Elaborará un informe, que se incorporará al expediente de habilitación y que contendrá necesariamente, con carácter no excluyente dictamen sobre el estado de: los medios de egreso y salida de emergencia, iluminación de emergencia, condiciones de prevención contra incendio, ventilación mecánica y coeficiente de ruidos y vibraciones” . Agrega la sala que: “En éste esquema, puede sostenerse que a partir del 29 de junio de 2003, es decir, tres meses después de que se realizara la última inspección al local que nos ocupa, nació la obligación de volver a inspeccionarlo; obligación ésta que no fue llevada a cabo en ningún momento hasta el 30 de diciembre de 2004 , superándose de esta forma cualquier plazo razonable, incluso en el caso de que no se estuviera de acuerdo con lo sostenido hasta aquí en cuanto a la obligación de inspeccionar cada tres meses. Empero, el caso de los locales bailables presentaba una particularidad que reforzaba cualquier criterio que pudiera adoptarse en abstracto a los efectos de establecer una periodicidad en la inspecciones, y que obligaba a fijar un régimen especial para controlar fehacientemente a la totalidad de los locales de baile, dejando de lado cualquier sistema de selección de lugares a inspeccionar que se pudiera estar aplicando hasta el momento, y mucho más un sistema basado en las denuncias de los particulares, que salvo casos excepcionales, desconocen las reglas de seguridad exigidas para un local de baile, y tampoco deben encargarse de verificar su cumplimento antes de entrar a uno. Esta particularidad versaba, por un lado, en las advertencias que hizo en reiteradas oportunidades la Defensoría del Pueblo sobre la posibilidad de que un hecho como el que nos ocupa ocurriera y, por otro, en el conocimiento efectivo que los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron con las inspecciones que realizaron, acerca de que aquello que era sindicado por la Defensoría como factores que podrían llevar a una tragedia se hallaba presente en un alto porcentaje de los lugares controlados.” (la resolución puede descargarse desde Judiciales) .
Estas constataciones de la Justicia (y otras) nunca fueron cuestionadas por los funcionarios, ya que se apoyan en constancias administrativas del propio Gobierno de la Ciudad. Solo fueron silenciadas para no esterilizar los alcances del operativo mediático del Jefe de Gobierno. Página12 .
3. La interpelación
La actitud soberbia del Jefe de Gobierno, las críticas que se le destinaron, su provocativa reunión con los empresarios de locales de baile y la indignación de los familiares por las mentiras que aquel acumulaba en cada declaración pública, fueron creando un estado de reclamo de la necesidad de que diera explicaciones en la legislatura. El medio constitucional previsto para ello era la interpelación (art. 83 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la legislatura presentaron proyectos en tal sentido, los diputados Jorge Enríquez, Jorge San Martino y Carlos Araujo.
Estos proyectos fueron objeto de tratamiento en la tercera sesión extraordinaria de la Legislatura, celebrada el 7 de enero de 2005.
En esa sesión se decidió tratar sobre tablas dichos proyectos. Sin embargo, cuando se votaron estos, lo hicieron por la afirmativa las diputadas y diputados: Acuña, Araujo, Baltroc, Bello, Bergenfeld, Bertol, Betti, Bidonde, Borrelli, Cantero, De Estrada, Devoto Rubén, Devoto Tomás, Enríquez, Etchegoyen, Ferrero, Godoy, González, Herrera Bravo, Kravetz, Lorenzo Borocotó, Lynch, Majdalani, Melillo, Mercado, Michetti, Molina, Morando, Mouzo, Peña Marcos, Peña Milcíades, Polimeni, San Martino, Santilli, Schifrin, Vázquez y Wolman. Estos treinta y siete votos no eran suficientes, pues se necesitaban los 2/3. En dicha sesión votaron por la negativa las diputadas y diputados: Caruso, Cortina, Dosch, Farías Gómez y Moresi, y se abstuvieron las diputadas y diputados: Ameijeiras, Bianchi, De Giovanni, Giorno, La Porta, La Ruffa, Pérez, Suppa, Talento y Velasco.
A pesar de la frustrante sesión (en la que muchos de los votos son consecuencia de operaciones espurias de toda índole, denunciadas en las causas de la corrupción: ver Judiciales ), la presión general para que Ibarra brindase explicaciones continuó.
Como consecuencia de ello Aníbal Ibarra decidió asistir a la legislatura, a una reunión informal. Así lo anticipó en los diarios del domingo 9 de enero de 2005, a través de las palabras de su jefe de gabinete y vocero, Raúl Fernández: “Lo de ayer [por la sesión del día 7 de enero] carecía de la seriedad imprescindible para enfrentar una situación como la vivida la semana pasada. Se estaba montando un minicirco con el fin de obtener un rédito político berreta" . Respecto de Mauricio Macri sostuvo: "Cortó dos días de sus vacaciones, pero no para ayudar a las víctimas, sino para operar políticamente para que interpelaran a Ibarra" . Sobre la interpelación expresó: "No tiene ningún sentido ir a responder 70 preguntas para que, después, la oposición diga que quedó disconforme y el oficialismo lo vea bien... Lo que queremos es presentar las explicaciones correspondientes, las normativas que haya que modificar y estructurar en conjunto algo serio. Por supuesto no va [Ibarra] a ir al recinto, seguramente se hará una reunión más acotada, porque no queremos el circo" .
La Nación
En medio de esta sucesión de apariciones mediáticas, algún hecho ocurre: la función del renunciante Juan Carlos López pasa a ser cumplida por Juan Jose Álvarez, quien con las mismas normas existentes al 30 de diciembre de 2004 ejecutó eficazmente el control sobre todos los locales , desmintiendo con hechos las mendaces afirmaciones de Ibarra.
Esta evidencia generó una nueva presión para que el Jefe de Gobierno diera explicaciones en la legislatura. Incluso, el propio Juan José Álvarez, se encargó de comunicar públicamente que "en muy poco tiempo, el jefe de la Gobierno de la ciudad, va a estar dando las explicaciones que tiene que dar" en la Legislatura de la ciudad. La Nación. La manifestación no era inocente, ya que algunas versiones sostenían que la gestión del Jefe de Gobierno había sido intervenida en los hechos, a través de la incorporación de un funcionario ajeno al ibarrismo.
Este cambio intentó ser explicado por el descolocado Aníbal Ibarra diciendo el 23 de enero de 2005, en referencia a quienes reclamaban su interpelación que “Lo que querían era afectar la gobernabilidad y prácticamente ir por un cambio de gobierno” . Mantuvo su compromiso de sentarse delante de las bancas “para dar toda la información de la que disponemos y en la que no dispongamos, comprometernos en su búsqueda” . Con relación al pedido de que en la interpelación hubiera familiares de víctimas presentes y periodismo, dijo que “El tema es tan dramático y tan serio que no puede haber una especulación política alrededor” .
Página 12.
La presión era tal que, aún a disgusto, el 24 de enero de 2005, dictó un decreto convocando a sesión extraordinaria de la Legislatura, a fin de brindar explicaciones. Este mecanismo le permitió eludir la interpelación y condicionar el desarrollo del acto.
Su intención también era evitar la presencia de familiares en el recinto. “Por supuesto con la presencia de los medios en el lugar, para la cobertura que corresponda. El objetivo de ésta convocatoria es dar todos los informes necesarios y responder a las preguntas de los legisladores” , sostuvo Ibarra al hacer el anuncio. Con relación a la presencia de familiares, su jefe de gabinete, Raúl Fernández, afirmó: “Nuestro planteo es que se debe respetar el orden, la tranquilidad, a los efectos de poder tener una información de parte del gobierno y responder preguntas de diputados con racionalidad” , pretendiendo así fundamentar la posición en contra de que la sesión sea abierta al público. Dijo además que iba a sugerir a las autoridades de la Legislatura la instalación de un par de pantallas gigantes en los alrededores del edificio para que quienes quieran, puedan seguir la sesión desde la calle.
Página 12.
Paralelamente el acorralado Jefe de Gobierno organizó su defensa motorizando el acceso a los medios de una serie de subsidiadas Organizaciones No Gubernamentales, y de quien durante todo el proceso apareció como una suerte de vocera, encubierta a través de su reconocida imagen de militante de los derechos humanos: Estela de Carlotto.
Como se reiterará en sucesivos actos, junto a Carlotto se expresarán Mónica Carranza y Margarita Barrientos (dos dirigentes del movimiento villero), siempre refiriendo el golpe institucional de la derecha: “El intento de golpe institucional que una vez más quiere llevar adelante la derecha apela a mecanismos miserables y antidemocráticos, montándose sobre el dolor de la tragedia.”
Página 12.
Esta relación de Aníbal Ibarra con los medios se repetirá a lo largo de todo el proceso que historiamos, como consecuencia de un manejo tendencioso e ilícito de las pautas publicitarias y de los dineros públicos (lo que también es objeto de las causas de la corrupción, que se detallan en Judiciales )
Simultáneamente se lanzaron varios pedidos de revocatoria de mandato, empleando una herramienta también presente en la constitución de la Ciudad:
Página 12.
Un día antes de la sesión de la Legislatura, nuevamente Carlotto formulaba declaraciones: “se esconden intereses partidarios detrás de esta acusación tan fuerte contra una persona elegida democráticamente” . El organismo ayer emitió un nuevo comunicado en el que se solidariza con los familiares y sobrevivientes y los impulsa a “unirse, porque el deseo de venganza sólo sirve para dividir” .
Página 12.
3.1. El inicio de la interpelación
A pesar de las presiones del ibarrismo, el 28 de enero se realiza la primera sesión destinada a recibir las explicaciones.
La sesión contó con la presencia de familiares de las víctimas fallecidas en República de Cromañón.
Estuvieron en el recinto: Eduardo Amaya, José Antonio Cayón, Alejandro Del Canto, Orlando Cruz, Olga Gómez, María Luisa González, José Iglesias, Elena Kosman, Diana Mangone, Alejandra Mico, Jorge Quinteros, Ricardo Righi, Osvaldo Ruiz, Osvaldo Zapata (todos de Que no se repita); Laura Belsunce, Armando Canziani, Jorge Díaz, Nilda Gómez, Santiago Maggio, Susana Perri, Amelia Ramella, Nélida Salazar, Mercedes Salvi, Clara Schpak, María Vento, Daniel Yanni, Bruno Zamudio (todos de Familias por la Vida); y María Teresa Achar, Alba Bebeder, Elba Duarte, Griselda Escobar, Alejandra Figliola, David y Jorge Gamarra, Liliana Gambartes, Liliana Garófalo, Jorge Luis Giralt, Eugenia Merubia y Eduardo Zacarías.
La larga sesión concluyó en un cuarto intermedio, que Ibarra nuevamente atribuyó a un intento de golpe: Página 12.
Durante el fin de semana, desde el ibarrismo se lanzaban versiones sobre la incomparecencia del Jefe de Gobierno a la continuación de la sesión, fijada para el día 4 de febrero de 2005.
3.2. El referéndum revocatorio
El día 31 de enero de 2005, Aníbal Ibarra convocó a una conferencia de prensa y entre otras cosas dijo: "He tomado la decisión de concurrir el día de mañana a la Legislatura para contestar todas las preguntas de los legisladores y dar las explicaciones necesarias" "El viernes pasado estuve 10 horas y contesté las preguntas de 20 bloques diferentes. Durante la última hora y media no hubo preguntas, sino sólo discursos", cuestionó Ibarra.
Luego sentenció: "La postergación significó la manipulación del dolor de los familiares y la sociedad". "Estoy comprometido con la sociedad -añadió Ibarra-. Otros dicen lo mismo, pero sólo les interesa hacer un show de la tragedia". "No podemos perder de vista la dimensión de la tragedia. Hubo más de 190 muertos y hay quienes quisieron hacer una especulación política". "Yo, a todos los lugares a los que llegué fue por la voluntad del pueblo de la Ciudad. No estoy aferrado a ningún sillón".
En consecuencia: "Decidí que la ciudadanía sea convocada para que, con el voto vinculante, decida si debo continuar al frente de la Jefatura de Gobierno. Yo siempre respeté la decisión de la ciudadanía, y necesito que la ciudadanía diga si tengo el aval para hacer las reformas que tengo planeadas" . Ibarra calificó de
"antidemocrático" el accionar de "grupos políticos que quieren reemplazar a la ciudadanía". "En cambio, es profundamente democrático solicitar que la ciudadanía me dé su aval" , apuntó.
La convocatoria a referéndum era una clara y burda maniobra .
A pesar de ello, y dado que el Jefe de Gobierno convertía su obligación de explicarse en un acto electoral, los familiares le solicitaron un debate público. La maniobra fue denunciada. Por ejemplo, el partido radical formuló una declaración: " Declaramos -expresaron en el comunicado- el rechazo a la manipulación de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires por parte del jefe de Gobierno, al pretender la convocatoria a un referendo. Esa actitud constituye un apartamiento de la Constitución y una distorsión de las instituciones políticas, porque nunca un instrumento creado para el control y la participación ciudadana, como la revocatoria del mandato, puede ser utilizado al arbitrio del funcionario de turno" . El Ari también condenó la iniciativa.
.
Noticias Urbanas . En el mismo sentido se pronunció un sector del socialismo:
o el Partido de los trabajadores socialistas
PTS.
o el Partido Obrero PO.
La convocatoria fue en realidad un mero gesto mediático, que contrariaba lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad en su articulo 67.
Además no entrañaba riesgo alguno para el Jefe de Gobierno. En efecto, la ley 357, que regula el proceso de revocatoria de mandatos, exige para remover a un funcionario, reunir los votos de más del 50 por ciento de los electores inscriptos en el padrón, para que prospere la revocación. En las últimas elecciones para jefe de Gobierno, el número de electores en el padrón fue de 2.597.993. De no haber modificaciones en el padrón, se necesitaban 1.298.997 votos a favor de la revocatoria para que Ibarra deje su mandato. Algo que era extremadamente difícil de lograr, ya que nunca vota el 100 por ciento del padrón. En 2003, en la primera vuelta, votaron 1.781.625 personas. Es decir, sólo el 68,58 del padrón. En el ballotage, sufragaron 1.828.864 personas. O sea, el 70,40 por ciento.
Noticias Urbanas
El 15 de marzo de 2005, el propio Aníbal Ibarra desnudó la operación al tener que reconocer que el referéndum era “un sistema para que no se aplique" . También reconoció que esta idea es "una definición y una confesión" . Dijo: "Si uno toma en cuenta la cantidad de firmas que uno tiene que juntar de un padrón, más la cantidad de votos que hay que sacar para legalmente revocar el mandato de alguien, es imposible que se aplique. Afirmó que hasta ese momento se juntaron, "con un esfuerzo fenomenal", más de 100.000 firmas, pero "Nos faltan 400.000 [firmas], estamos con mucho esfuerzo, con gente en la calle, con organizaciones sociales que están trabajando mucho, y hay ya una circulación de firmas muy grande, con lo cual vamos a seguir avanzando". Ibarra comentó que generalmente vota en la Ciudad de Buenos Aires "el 60 por ciento del padrón electoral", por lo que apuntó que para que se decida el revocamiento de su mandato "debería tener entre 1,3 y 1,4 millones de votos en contra, lo cual es muy difícil". "Es un sistema de muy difícil aplicación" , insistió el jefe de Gobierno.
3.3. Reanudación de la sesión de interpelación.
La sesión se reanudó el día 1 de febrero de 2005.
La mejor síntesis de ambas sesiones, respecto de las explicaciones del Jefe de Gobierno, la brindó la diputada Polimeni, durante la reunión de la Legislatura del 1 de febrero de 2005: “La verdad es que después de varias minutos de escucharlo atentamente estoy entre anonadada, llena de furia, de impotencia y de algunas cosas más que quisiera no sentir. Me indigna la vacuidad de sus palabras, su cinismo, su necedad, esa suerte de intento aberrante por convencernos de que hay que naturalizar la ilegalidad, la desidia, la indiferencia. No señor jefe de gobierno se puede cambiar, usted no quiso. Usted evidentemente estaba en otra, en una realidad paralela que no le permitió escuchar ninguna de las alertas, ninguno de todos los llamados de atención que anunciaron este desastre, este baño de sangre"
.Continuando con sus apariciones mediáticas, el 4 de febrero de 2005, Aníbal Ibarra volvió a opinar sobre su situación: "Cuando ocurre una tragedia como la de Cromañón, salen a la luz lo peor y lo mejor de la sociedad. Situaciones de heroísmo, y otras de especulación. El cardenal Jorge Bergoglio dijo que estaban tupacamarizando la tragedia, viendo quién se quedaba con el mayor pedazo. A algunos les interesaban las explicaciones sobre la tragedia, y a otros les interesaban las luces de las cámaras. Otros querían forzar un juicio político, una renuncia, especular políticamente con la gobernabilidad. Yo llegué a donde llegué siempre frente al voto popular. Si es la sociedad la que dice que no debo seguir, no sigo un segundo más, pero que no sea un grupo político, un grupo de legisladores quien lo decida. Esto es lo que busco con el plebiscito. Para cambiar lo que es necesario cambiar, necesito estar fuerte. Si la sociedad quiere encarar el proceso de reformas, lo haré con su apoyo.
Ibarra defendió su comparecencia en la Legislatura al afirmar que intentó ir "despojado de cualquier defensa o justificación" . En ese sentido, afirmó: "Fui a decir lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Este tema de la seguridad en los boliches no estaba en la agenda política de la Ciudad o de la Legislatura. A principios de noviembre del 2004 fue a la Legislatura el ex secretario de Justicia y Seguridad Urbana, Juan Carlos López, estuvo 5 horas y nadie le preguntó sobre la seguridad en los boliches.
Continuó trasladando responsabilidades: “Tenemos normas de la década del cuarenta, ordenanzas de 1910, leyes de 1961. Hagámonos cargo de que el sistema era obsoleto. Había leyes contra incendios, en la Legislatura desde el año 2000, que no se aprobaban. Yo me hago cargo de la parte que me toca en la tragedia, pero porque me tengo que hacer cargo de todo. Hubiera esperado de la oposición que más allá de las críticas, dijeran que estaban para mirar para adelante. En lugar de eso, buscaron cargar todas las tintas sobre mi persona. Estuve 22 horas en la Legislatura y ninguna vez se mencionó que estaba cerrada la puerta de emergencia de Cromañón. En una sesión que estaba destinada a esclarecer la tragedia, sólo una vez se mencionó la bengala y ninguna la puerta. Creo que hay que tener madurez política" . Luego acudió a efectismos y contradicciones: “En términos personales tengo angustia, dolor, sentimientos cruzados de culpa. Frente a esta tragedia, como Jefe de Gobierno estoy adentro de esto, es inhumano separarme de esto. Desde lo jurídico o penal, es una decisión judicial. En términos de responsabilidad política, soy responsable ”
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4. LA COMISION INVESTIGADORA
Luego de las dos sesiones de la Legislatura y de la posición asumida por el Jefe de Gobierno, fecundó la posibilidad de formar una Comisión Investigadora. Esta herramienta parecía imprescindible para muchos, pero generaba escepticismos en grandes sectores, sobre todo por el desprestigio de la clase política.
Por lo demás, el ibarrismo y sus aliados, que ya no podían evitar la formación de esa Comisión, persiguieron dificultarla y, en lo posible, esterilizarla. Cuando esto no se logró, se procuró vaciarla. Fracasado este nuevo intento, lo siguiente fue lanzar campañas mediáticas para desprestigiarla.
Algunos propiciaron una comisión integrada por personalidades independientes. Por ejemplo, la mesa directiva del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical propuso la formación de una comisión investigadora con personalidades su entender, debe estar formada por Adolfo Pérez Esquivel, premio Nóbel de la Paz; Monseñor Justo Laguna; el historiador Félix Luna; el periodista Nelson Castro; la presidente de Madres de Plaza de Mayo, línea Fundadora Nora Cortiñas; el jurista Jorge Bacqué; el rabino Sergio Bergman. .
Sin embargo, éstas ideas no prosperarían. Sí tendrían éxito las iniciativas presentadas en tal sentido en la Legislatura. A ese fin hubo varios proyectos:
- proyecto 3216D04, del 6 de enero de 2005, del diputado Norberto La Porta;
- proyecto 3224D04, del 7 de enero de 2005, del bloque Frente Para la Victoria
- proyecto 3226D04, del 10 de enero de 2005, del diputado Milciades F.A. Peña;
- proyecto 3227D04, del 11 de enero de 2005, del diputado Milciades F.A. Peña;
- proyecto 3270D04, del 4 de febrero de 2005, de la diputada Fernanda Ferrero;
- proyecto 3291D04, del 11 de febrero de 2005, del diputado Roy Cortina;
- proyecto 3295D04, del 15 de febrero de 2005, del diputado Ricardo O. Busacca;
- proyecto 3341D04, del 23 de febrero de 2005, del diputado Daniel Vega;
- proyecto 3353D04, del 24 de febrero de 2005, del diputado Francisco J. M. Talento y otros.
En la sesión de la Legislatura del 24 de febrero de 2005, se aprobó la Resolución Nº 624/2005, por la cual se creó en el ámbito de la misma, en los términos del artículo 83, inciso 3°, de la Constitución de la Ciudad, una Comisión Investigadora de los hechos ocurridos el 30 de diciembre de 2004 en República de Cromañón con el objeto de “investigar en el marco de su competencia la responsabilidad que les pueda caber a autoridades, funcionarios y empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” (art. 2 de la resolución).
El 22 de marzo el Presidente de la Legislatura, Dr. Jorge Telerman, decreta la conformación de la Comisión (Decreto N° 029-PSP-2005) considerando las propuestas enviadas por los bloques, de modo que élla cumpla con la representación proporcional de todos los sectores políticos, tal como lo establece la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la propia Resolución de creación.
En la cuarta sesión ordinaria de la Legislatura del 17 de marzo de 2005, se amplió el número de miembros de la Comisión de 15 a 17. Para ello se sustituyó el artículo 3 de la resolución 624 antes citada, reemplazándolo por el siguiente texto: "Artículo 3°.- Integración de la comisión investigadora. La comisión está integrada por diecisiete diputados, que serán elegidos en los términos del Artículo 83, inciso 3), de la Constitución de la Ciudad, respetando la representación de los partidos políticos y las alianzas. La comisión elegirá de su seno un presidente, un vicepresidente y un secretario”
4. 1. Integración de la Comisión:
La integración inicial de la Comisión era la siguiente: Álvaro González, Diego Santilli (Juntos por Buenos Aires); Miguel Talento, Diego Kravetz (Frente para la Victoria); Martín Borrelli, María Soledad Acuña (Frente Compromiso para el Cambio); Marina Pérez, Carlos Ameijeiras (Partido de la Ciudad); Fernanda Ferrero (Unión para Recrear Buenos Aires); Alicia Caruso (Frente Grande); Ricardo Busacca (Alternativa Federalista); Fernando Cantero (ARI); María Eugenia Estenssoro); Roy Cortina (Partido Socialista); y Milcíades Peña (Confluencia).; Tomás Devoto, de Movimiento por un Pueblo Libre; Gabriela Michetti, de Compromiso para el Cambio; Roy Cortina, del Socialismo.
El viernes 1º de abril, a las 16, la Comisión Investigadora de la tragedia de Cromañón se reunió por primera vez para definir sus autoridades (Presidente y Vicepresidente), para delinear un cronograma de trabajo y para expresar las distintas posiciones políticas del cuerpo colegiado. Se eligió presidente al diputado Señor Ricardo Oscar Busacca.
En esa sesión hubo cuestionamientos de los familiares, por la relación familiar de alguna de las diputadas con procesados en la causa Cromañón, y por vínculos políticos o de amistad con otros imputados. Las imputaciones estaban dirigidas a la presencia de Miguel Talento (Frente para la Victoria), Marina Pérez, Carlos Ameijeiras (Partido de la Ciudad) y Alicia Caruso (Frente Grande). Los reproches atañían a la relación entre Talento con Gustavo Torres, a la condición de Alicia Caruso, que era la ex esposa de uno de los funcionarios imputados Kampelmacher, etc.
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Como consecuencia de esas impugnaciones, el bloque Frente Para la Victoria mediante un comunicado de fecha 6.4.05, retiró a sus dos diputados, Miguel Talento y Diego Kravetz. El 8.4.05 formalizaron su renuncia el presidente de la Comisión, Ricardo Busacca (Cambiemos Buenos Aires), y los diputados Alicia Caruso (Frente Grande), Carlos Ameijeiras, Marina Pérez (Partido de la Ciudad), y Roy Cortina (Partido Socialista).
Por lo tanto, sólo quedaron representados en la Comisión siete bloques: Confluencia (Milcíades Peña); Espacio Plural (María Eugenia Estenssoro); ARI (Fernando Cantero); Recrear (Fernanda Ferrero); Compromiso para el Cambio (Martín Borrelli y Gabriela Michetti); Juntos por Buenos Aires (Diego Santilli y Álvaro González); y el Movimiento por un Pueblo Libre (Tomás Devoto).
4. 2. La labor de la Comisión
El 15.4.05 la Comisión concretó su tercera reunión y eligió autoridades: La Comisión decidió que la legisladora Fernanda Ferrero presida la misma y que la secunde el diputado Milcíades Peña. En tanto que a propuesta del diputado Álvaro González, el cargo de secretario fue para Martín Borrelli (hasta ese momento coordinador general de la Comisión).
El reglamento votado por los diputados determinaba que las reuniones de la Comisión serian públicas, se realizarían una vez por semana y durante la primera media hora el presidente invitaría a los sobrevivientes y familiares de las víctimas y otros interesados a expresarse.
La Comisión tomó declaraciones a numerosos testigos.
Mientras se desarrollaba la labor de la Comisión, su trabajo fue objeto de cuestionamientos mediáticos a instancias del Jefe de Gobierno. Ante una serie de declaraciones del Jefe de Gobierno y de otros funcionarios, en los medios periodísticos, la Comisión emitió el 6 de junio de 2005 un comunicado: " Esta comisión fue conformada por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. En un claro intento de vaciamiento, se produjeron algunas renuncias de los sectores vinculados al oficialismo y quienes por aquel entonces lo acompañaban. Frente a ello los diputados del Frente Compromiso para el Cambio, de Juntos por Buenos Aires, de Recrear, del ARI, del Movimiento para un Pueblo Libre, de Confluencia y del Bloque Plural, le dieron a esta comisión la seriedad en el trabajo cotidiano que nos permite afirmar que institucionalmente estamos cumpliendo con el mandato recibido. Creemos imprescindible poner de manifiesto, que nuestra actitud es de sumo respeto por las instituciones que merece el pueblo de la Ciudad y nuestra tarea no tiene otra finalidad que llegar a la verdad que reclama el conjunto de la sociedad". "Repudiamos las manifestaciones de Ibarra tendientes a condicionar la actividad de un poder independiente, vulnerando una vez más, el principio de la división de poderes. Esta comisión continuará con su tarea, sin entrar en consideraciones políticas que intentan desviar la atención del verdadero eje: esclarecer los hechos ocurridos en Cromañón".
Aníbal Ibarra no sólo dirigió operaciones mediáticas contra la Comisión. Trató de obstaculizar su trabajo mediante la actuación de algunos personeros suyos: tal el caso de la declaración del funcionario Crespo Campos. De igual manera, ordenó que determinados funcionarios no fueran a declarar. Sobre el final de la recepción de la prueba, el Secretario de Seguridad Diego Gorgal, citado como testigo, se dirigió a la Comisión en los siguientes términos: "Por medio de la presente, me dirijo a usted a efecto de comunicarle que por expresas instrucciones del Sr. Jefe de Gobierno, Dr. Aníbal Ibarra, no estoy autorizado a concurrir a la audiencia dispuesta por esa Comisión Investigadora para el día de la fecha"
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El 14 de julio de 2005 la Comisión concluyó el periodo de prueba.
En los días siguientes el clima político se enrareció, con presiones y declaraciones de Ibarra, sus funcionarios y diputados afines, como con solicitadas:
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Asimismo, el Jefe de Gobierno desarrollo febriles negociaciones para obtener apoyos: Noticias Urbanas.
A pesar de ese clima, el 29 de julio de 2005, la Comisión dio a conocer su dictamen, propiciando el juicio político de Ibarra y de la Sindico de la Ciudad, además de otras medidas.
El dictamen fue criticado por los aliados de Ibarra, pero mereció el apoyo de todo el arco político, como pieza fundamental para continuar las investigaciones:
La Nación.
En el acto organizado por los familiares de las víctimas fallecidas en República de Cromañón se dirigió un mensaje claro a la comunidad politica, reivindicando el trabajo de la Comisión y la necesidad de proteger las instancias posteriores.
De izquierda a derecha, Artaza, Enríquez, López Murphy, Rodríguez Larreta, Walsh, De Arza, Carrió, Castro, Bullrich, Polino, Ferrero, Devoto, Peña, Estenssoro y Cantero junto a los familiares.
A pesar de la seriedad del dictamen, las operaciones siguieron: a la presidenta de la Comisión, Fernanda Ferrero, por ejemplo, le atribuyeron haber tenido vinculaciones con Massera, Diario Clarín.
Página 12 , luego claramente desacreditadas.
5. El juicio político propiamente dicho
En su sesión de 4 de agosto de 2005, la legislatura decidió, mediante Resolución 326/2005, aprobada por la mayoría de los diputados y con la abstención de la diputada Noemí Oliveto, lo siguiente: “Artículo 1°.- De conformidad a la recomendación expresada en el dictamen de la Comisión Investigadora creada mediante Resolución Nº 624, a lo dispuesto en los artículos 92 a 94 de la Constitución de la Ciudad y a la reglamentación vigente, gírense las actuaciones a la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora para la prosecución del trámite con el voto de los diputados”.
5. 1. El Procedimiento del Juicio Político
A los efectos del trámite de cualquier juicio político, conforme dispone la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Legislatura se divide en una Sala Acusadora integrada por el 75 por ciento de sus miembros (es decir, 45 diputados) y en una Sala Juzgadora compuesta por el 25 por ciento restante (15 diputados), respetando la proporcionalidad de los partidos o alianzas.
Cada dos años y en su primera sesión, cuando la Legislatura elige por sorteo a los integrantes de ambas salas, las cuales son presididas por un diputado elegido por mayoría simple entre sus miembros. La Sala Acusadora está presidida por Santiago de Estrada (Juntos por Buenos Aires). Sin embargo, cuando el juicio político es contra el jefe o vicejefe de Gobierno, la Sala Juzgadora es presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, cargo que ocupa actualmente Julio Maier.
La Sala Acusadora nombra en su primera sesión anual una comisión de 13 miembros para investigar los hechos en que se fundan las acusaciones. Dispone de facultades instructorias y garantiza al imputado el derecho de defensa. Una vez presentado el dictamen de esta comisión, para aprobar la acusación son necesarios, como mínimo, 30 votos afirmativos. El acusado queda suspendido en sus funciones, sin goce de haberes.
Luego de sustanciarse la acusación, la Sala Juzgadora es la encargada de debatir el caso respetando la contradicción y la defensa. La condena se dicta por mayoría de dos tercios de sus miembros (10 de 15) y tiene como único efecto la destitución, pudiendo inhabilitar al acusado para desempeñar cualquier cargo público en la Ciudad hasta diez años. Si la Sala no falla en los cuatro meses siguientes a la suspensión del funcionario, se lo considera absuelto y no puede ser sometido a nuevo juicio político por los mismos hechos.
5. 2. Composición de la sala acusadora
La Sala Acusadora estaba compuesta por Gabriela Michetti, María Soledad Acuña, Martín Borrelli, Marcelo Godoy, Rodrigo Herrera Bravo, Marcos Peña (CpC); Jorge San Martino, Carlos Araujo (Recrear); Sandra Bergenfeld, Jorge Mercado (Cambiemos Buenos Aires); Daniel Betti, Sergio Molina (Bloque del Sur); Mónica Bianchi, Chango Farías Gómez, Claudio Ferreño, Diego Kravetz, Silvia La Ruffa, Ana María Suppa, Miguel Talento, Marta Talotti (Frente para la Victoria); Fernando Cantero, Fernando Melillo, Juan Manuel Velasco (ARI); Alicia Caruso, Sandra Dosch (Frente Grande); Roy Cortina (PS); Diego Santilli, Santiago de Estrada, Jorge Enríquez, Álvaro González, Eduardo Lorenzo Borocotó, Juan Carlos Lynch, Mario Morando, Dora Mouzo (Juntos por Buenos Aires); Julio De Giovanni, Jorge Giorno (Partido de la Ciudad); Rubén y Tomás Devoto (Movimiento para un Pueblo Libre); María Eugenia Estenssoro (Espacio Plural); Noemí Oliveto (Autodeterminación y Libertad); Graciela Scorzo (Salvador Mazza); Mirta Onega (Compromiso Social); Milcíades Peña, Ariel Schifrin (Confluencia) y Roberto Vázquez (UCR).
5.3. Composición de la sala Juzgadora
En tanto, la Sala Juzgadora estaba integrada por Ferrero, Silvia Majdalani (Juntos por Buenos Aires); Norberto La Porta (PS); Laura Moresi (FG); Carlos Ameijeiras, Marina Pérez (Partido de la Ciudad); Beatriz Baltroc (Autonomía Popular); Helio Rebot, Alicia Bello (Frente para la Victoria); Ricardo Busacca (Alternativa Federalista); María Florencia Polimeni, Paula Bertol (CpC); Héctor Bidonde (Bloque del Sur); Susana Etchegoyen (19 y 20 de Diciembre) y Marcos Wolman (Izquierda Unida).
Inicio del procedimiento
5. 4. Trabajo de la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora
El 10 de agosto de 2005 fue la primer reunión de la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora, la que estaba integrada por los siguientes diputados: Marcelo Rafael Godoy (Compromiso para el Cambio), Presidente de la Comisión, Jorge San Martino (Recrear), Álvaro González, Jorge Enríquez (Juntos por Buenos Aires), Martín Borrelli (Compromiso para el Cambio), Miguel Talento, Diego Kravetz, Silvia La Ruffa (Frente para la Victoria), Fernando Melillo (ARI), Sandra Dosch (Frente Grande), Daniel Betti (Bloque del Sur), Rubén Devoto (Movimiento por un Pueblo Libre) y Ariel Schifrin (Confluencia).
En la segunda reunión de la Comisión Investigadora, celebrada el 17 de agosto de 2005, ésta hizo suyo el dictamen de la Comisión especial que la precedió y se formularon dos proyectos. Más allá de las diferencias políticas, se acordó el texto de ambas resoluciones basándose en la propuesta del diputado San Martino y con un agregado del diputado Betti en el caso del jefe de Gobierno.
La Comisión decidió -por nueve votos afirmativos (Betti, González, Godoy, San Martino, Schifrin, Enríquez, Fernando Melillo, Tomás Devoto y la ibarrista Sandra Dosch) y dos abstenciones (Talento y Kravetz) citar a Ibarra a realizar su descargo el viernes 26 de agosto próximo a las 10, con la posibilidad de que este plazo se extienda por cinco días hábiles improrrogables (2 de septiembre).
En lo que respecta a Marcela Sánchez de Bustamante, también con iguales votos se resolvió citarla para el lunes 29 de agosto a las 10 (fecha también prorrogable por cinco días hábiles, o sea, hasta el lunes 5 de septiembre).
Mientras tanto el Jefe de Gobierno dio inicio a una acción en el Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma, expediente N° 4133/05, caratulado “Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires s/ conflicto de poderes” . En ella planteó el rechazo de la posibilidad que la Legislatura pueda destituír por juicio político a la Contadora Sánchez de Bustamante pues, según alega, la atribución para designar o remover a la Síndico General de la Ciudad es exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo, conforme lo establecido en los artículos 92 y 133 de la CCABA. En consecuencia, solicitó que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de todos los actos de la Legislatura y de la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora relacionados con el juicio político contra la Síndico General y que se condene a la Legislatura a “no hacer el proceso constitucional en marcha contra dicha funcionaria” . Asimismo, en el apartado VII, Ibarra requirió que se dicte una medida cautelar in audita parte ordenando la inmediata suspensión de la vista conferida a la Síndico como así también de la audiencia fijada para el pasado 29 de agosto. Este proceso se convirtió en abstracto al producirse la renuncia de la síndico. En consecuencia, mediante una resolución dictada el 3 de mayo de 2006, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad dispuso su archivo.
El 2 de septiembre de 2005, la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora de la Legislatura, le concedió a Aníbal Ibarra una prorroga para su descargo hasta el día 9 de septiembre a las 10. Votaron a favor de la prórroga los diputados Godoy, Martín Borrelli (Compromiso para el Cambio), Álvaro González (Juntos por Buenos Aires), Diego Kravetz, Silvia La Ruffa (Frente para la Victoria) y Sandra Dosch (Frente Grande). En tanto, votaron negativamente los diputados Daniel Betti (Bloque del Sur), Jorge San Martino (Recrear), Rubén Devoto (Movimiento para un Pueblo Libre) y Ariel Schifrin (Confluencia).
El 8 de septiembre Aníbal Ibarra convocó a una conferencia de prensa para anticipar su descargo Noticias Urbanas. Igualmente amenazó con denunciar penalmente a dos legisladores Noticias Urbanas , amenaza que nunca concretó.
Los familiares formularon una presentación solicitando un debate con el Jefe de Gobierno, sobre los alcances de su descargo y de las imputaciones
Noticias Urbanas.
Finalmente el Jefe de Gobierno entregó su descargo el día 9 de septiembre. En él, planteó la recusación de los diputados Jorge San Martino, Rubén Devoto, Ariel Schifrin, Álvaro González, Martín Borrelli y Jorge Enríquez. Asimismo ofreció pruebas.
El 15 de septiembre de 2005 se reunió la Sala acusadora, con el fin de resolver sobre las recusaciones. La decisión fue su rechazo. En el caso de las recusaciones a los diputados Borrelli y González se las rechazó por 35 votos positivos y 5 negativos. Con respecto a las formuladas contra los diputados Devoto y San Martino, se las rechazó por 38 votos positivos y 2 negativos. La dirigida contra el diputado Schifrin, se denegó por 37 votos afirmativos y 3 abstenciones (Silvia La Ruffa, Alicia Caruso y Sandra Dosch). Finalmente, la destinada al diputado Enríquez, fue rechazada por 38 votos positivos y 2 negativos. En todos los casos, los familiares aplaudieron el resultado de las votaciones.
Al día siguiente, 16 de septiembre de 2005, se reunió la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora, a fin de resolver sobre la prueba ofrecida por Aníbal Ibarra. Por ocho votos positivos y cuatro negativos (sólo estuvo ausente el diputado del Frente para la Victoria, Miguel Talento) se aprobó la propuesta realizada por el diputado Martín Borrelli (Compromiso para el Cambio) por la cual se aceptaban 30 de los testigos propuestos por Ibarra. Es de señalar que Ibarra había ofrecido 386 testigos, que declararían la mayoría sobre los mismos hechos.
Posteriormente, en la sesión del 4 de octubre de 2005, la Comisión aceptó la declaración de diez testigos más propuestos por Ibarra.
Se produjeron las pruebas con la declaración de numerosos testigos.
En todas las sesiones estuvieron presentes los familiares de las víctimas de República de Cromañón.
El 28 de octubre de 2005, una mayoría de siete votos firmó el dictamen de mayoría que aconseja que la Sala Acusadora materialice la acusación al jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, por mal desempeño de sus funciones.
El día 10 de noviembre fue el fijado para recibir la votación. La sesión fue accidentada y dio lugar a un cuarto intermedio.
El clima general estaba enrarecido. Ibarra convocó a marchas para apoyarlo.
Finalmente, la sala acusadora decidió el 14 de noviembre de 2006, acusar al Jefe de Gobierno por mal desempeño. Consecuentemente, el mencionado quedó suspendido en sus funciones.
Fue notificado de la suspensión el día 15 de noviembre de 2006, a las 13.30.
Por la acusación votaron: Gabriela Michetti, María Soledad Acuña, Martín Borrelli, Santiago de Estrada, Jorge Enríquez, Marcelo Godoy, Álvaro González, Rodrigo Herrera Bravo, Juan Carlos Lynch, Mario Morando, Dora Mouzo, Marcos Peña y Diego Santilli (todos del macrismo); Carlos Araujo y Jorge San Martino (Recrear); Fernando Cantero, Fernando Melillo y Juan Manuel Velasco (ARI), Tomás Devoto, Rubén Devoto, Sergio Molina, Daniel Betti y Graciela Scorzo (Interbloque de Izquierda), Milcíades Peña y Ariel Schifrin (Confluencia), María Eugenia Estenssoro (Espacio Plural) y Sandra Bergenfeld (Cambiemos Buenos Aires), Eduardo Lorenzo Borocotó (ex macrista, ahora kirchnerista), Noemí Oliveto (Autodeterminación y Libertad) y Juan "Chango" Farías Gómez (Frente para la Victoria).
En contra del juicio político sufragaron Sandra Dosch y Alicia Caruso (Frente Grande), Jorge Giorno y Julio De Giovanni (Partido de la Ciudad), Jorge Mercado (Cambiemos Buenos Aires), Roberto Vázquez (UCR) y Mirta Onega (Columna Social).
Se abstuvieron Diego Kravetz, Miguel Talento, Claudio Ferreño, Silvia La Ruffa, Ana Suppa y Mónica Bianchi (todos del Frente para la Victoria).
Marta Talotti (Frente para la Victoria) y Roy Cortina (Partido Socialista) no asistieron a la sesión por encontrarse en el exterior. Este último envió una carta para dejar sentado su voto negativo al juicio político. En la misiva también señaló que, por prescripción médica, no hubiera podido asistir a la sesión.
5.5. La Sala Juzgadora
La primera reunión de dicha sala se celebró el día 18 de noviembre de 2005, de manera informal.
Mientras esto ocurría, Aníbal Ibarra organizó una marcha en su apoyo, en la que movilizó ómnibus, subsidios y diversos mecanismos, para lograr adhesión. La marcha se desarrolló el día 21 de noviembre de 2005.
Al día siguiente, en una deleznable maniobra pergeñada por Jorge Mercado, Aníbal Ibarra y Alejandra Raful, con la utilización de una menor, se acusó a uno de los fallecidos en República de Cromañón, como el autor del disparo de la bengala que dio inicio al incendio. La menor sindicó a Pedro Iglesias, hijo de José Iglesias.
El padre le contestó a través de todos los medios (en la siguiente dirección está el audio de sus declaraciones:
Diario Clarín. Al día siguiente, en la causa judicial, la versión de la testigo mendaz fue absolutamente desacreditada Diario Clarín. El hecho, sin embargo, sirvió para evidenciar la absoluta ausencia de escrúpulos éticos en el suspendido jefe de gobierno, que apelaba a cualquier método para evitar su destitución.
En tanto, en la sala Juzgadora se plantearon situaciones tensas entre el Dr. Julio Maier, quien en su condición de Presidente del Tribunal Superior de la Ciudad, debía presidir la Sala Juzgadora. Mediaron conferencias de prensa y hasta una presentación formal solicitando el reemplazo del citado Maier.
Las tensiones continuaron, ante la pretensión de la Presidencia de la Sala de que las sesiones se celebrasen sin público y sin taquígrafos. Esto dio lugar a la promoción por los familiares de una serie de amparos. En uno de ellos la justicia dispuso que las reuniones fueran públicas.
El clima generado por Julio Maier se puso en evidencia en la reunión de la Legislatura del 25 de noviembre de 2005, en la que el Diputado Rebot dijo del Presidente de la Sala Juzgadora “Yo le dije al señor presidente del Tribunal Superior que no era un general, y que los miembros de ésta sala no son integrantes de ningún ejército. Esta Sala Juzgadora es la representante de la voluntad del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Cada uno de los señores diputados y señoras diputadas no votan décadas de jurisprudencia, ni décadas de ejercicio profesional. A pesar del inmenso respeto intelectual que le tengo al señor presidente del Tribunal Superior, creo que se ha equivocado manifiestamente. Cuando votan los diputados de la ciudad, votan los verduleros de cada barrio, el que vende choripanes, el amigo que barre las calles cuando todavía estamos durmiendo; vota el rico, vota el pobre, vota el ocupado y el desocupado. A algunos les podrá gustar mucho o poco: me tiene sin cuidado. Son las reglas de la democracia; democracia que nadie nos regaló, democracia que nadie nos concedió, democracia que permite que, cuando nosotros votamos, también voten los compañeros que ya no están y que dieron su vida para que estemos acá. Señor presidente: yo no voy a permitir este avasallamiento. Quiero hacer esta denuncia “ .
En la sesión del 23 de noviembre de 2005, la Sala Juzgadora dispuso que las reuniones fuesen públicas, con taquígrafos, manteniéndose el disenso sobre las normas que regirían el procedimiento.
En la reunión del 25 de noviembre la Sala Juzgadora decidió, sin la presencia de Julio Maier, designar al diputado Helio Rebot, presidente de la sala (A favor de Rebot votaron los diputados Beatriz Baltroc, Marcos Wollman, Susana Etchegoyen, Héctor Bidonde, Paula Bertol, Silvia Majdalani y Fernanda Ferrero. Se abstuvieron: Laura Moresi, Marina Pérez, Norberto La Porta, Ricardo Busacca y Carlos Ameijeiras, Alicia Bello. Rebot, a su vez, votó también por nombrar a un presidente ad hoc, pero promovió el nombre de Busacca.). También se designó una comisión especial para dictar el reglamento, integrada por los diputados: Baltroc, Busacca y Bertol. El suspendido jefe de gobierno presentó un escrito pidiendo se le hicieran conocer los cargos.
En la sesión de la sala Juzgadora del 28 de noviembre de 2005, se eligió como vicepresidenta a la diputada Beatriz Baltroc y se sancionó el reglamento, con el voto positivo de los integrantes de la sala Juzgadora, con excepción de los diputados Laura Moresi, Mirta Pérez, Carlos Ameijeiras, Alicia Bello y Norberto La porta, que se abstuvieron.
El presidente de la sala, Julio Maier, emitió el mismo día un comunicado, haciendo saber que había notificado a Aníbal Ibarra de los dos dictámenes acusatorios y la aprobación del enjuiciamiento por la legislatura, a la par de haber notificado a la Sala Acusadora del comienzo del plazo de citación a juicio.
En la sesión del 30 de noviembre de 2005, la Sala acusadora eligió a los fiscales que llevarán adelante la acusación ante la Sala Juzgadora. Los electos fueron: Jorge San Martino (Recrear), Rubén Devoto (Movimiento por un Pueblo Libre/Interbloque de Izquierda) y Jorge Enríquez (Juntos por Buenos Aires) como tercer fiscal.
El tema que estaba pendiente, relativo a la integración de la Sala Juzgadora, como consecuencia de la incorporación de los nuevos legisladores votados en la elección del 23 de octubre de 2005, que renovó la mitad de la legislatura, fue objeto de debate y resolución en la sesión de la legislatura del 6 de diciembre de 2005. En ella se sometió a votación el expediente 2877-D-05, de resolución.
Que el Artículo 93 de la Constitución establece que “cada dos años y en su primera sesión, la Legislatura se divide por sorteo, en una sala acusadora integrada por el setenta y cinco por ciento de sus miembros y en una sala de juzgamiento compuesta por el veinticinco por ciento restante, respetando la proporcionalidad de los partidos o alianzas”.
Que el 10 de diciembre próximo se producirá la primera renovación parcial de la Legislatura, ya que en las elecciones anteriores (años 1997, 2000 y 2003) se había renovado la totalidad de sus miembros.
Que en consecuencia hay 30 legisladores que prosiguen hasta el año 2007 el mandato iniciado hace dos años, e integran ya una de las dos Salas previstas en la Constitución.
Que ello obliga a determinar si el nuevo sorteo se realiza entre la totalidad de los legisladores o se limita a los 30 que inician su mandato el día 10 de diciembre, manteniendo a los restantes en la Sala para la cual fueron oportunamente sorteados.
Que el Artículo 93 de la Constitución no lo aclara expresamente, limitándose a establecer que se debe respetar “la proporcionalidad de los partidos o alianzas”.
Que ésta última exigencia hace conveniente limitar el sorteo a los legisladores que inician su mandato, ya que respecto a los anteriores la proporcionalidad de los partidos o alianzas se tomó en cuenta al practicarse el sorteo anterior.
Que al realizarse el sorteo debe preverse la particular situación de los legisladores que renuevan su mandato, y que por lo tanto ya integran una Sala, en la medida que se les asigne la Sala de Juzgamiento y pertenezcan hasta el momento del sorteo a la Acusadora, si es que han participado en ésta en la sustanciación de un juicio político en trámite.
Que ésta situación se puede presentar en el próximo sorteo, al haberse iniciado el procedimiento de juicio político en relación al Jefe de Gobierno.
Que por lo tanto resulta necesario establecer el apartamiento temporal de éstos legisladores de la Sala de Juzgamiento y permanencia en la Acusadora sólo para el juicio político en trámite, sin perjuicio de su ubicación definitiva en la que le hubiere correspondido por sorteo.
El día 10 de marzo de 2006, se dio lectura a los fundamentos de los votos y se anotició a Aníbal Ibarra de su destitución.
Que también debe reglamentarse la situación que se presenta cuando un juicio político se encuentra en trámite y termina el mandato o se produce la renuncia o alejamiento de cualquier integrante de una de las Salas.
Que en tal caso es evidente que debe producirse la inmediata incorporación del legislador que haya sido sorteado para integrar la Sala, o que reemplace al que ha interrumpido su mandato, cualquiera fuere el estado del trámite del juicio político.
Artículo 1º.- El sorteo que establece el Artículo 93 de la Constitución de la Ciudad Autónoma y que debe realizarse en la primera sesión de la Legislatura renovada, se practicará sólo entre los legisladores que inician su mandato –nuevo o renovado– el día 10 de diciembre de 2005, debiendo cubrirse las vacantes existentes en la Sala Acusadora y la Sala de Juzgamiento.
Los legisladores que tienen mandato hasta el 10 de diciembre de 2007, continuarán integrando las Salas en que participaban desde el sorteo anterior.
Art. 2º.- De acuerdo a la exigencia constitucional de respetar “la proporcionalidad de los partidos o alianzas”, se establecerá el porcentaje que corresponde a cada partido o alianza para cada una de las Salas, en función del número de vacantes y de legisladores electos.
Art. 3º.- En el caso de resultar sorteados para la Sala de Juzgamiento legisladores que renovaron su mandato e integraron la Sala Acusadora en el juicio político iniciado al Jefe de Gobierno, al sólo efecto del trámite de dicho juicio se los excluirá de la Sala de Juzgamiento y se sortearán otros legisladores que hayan integrado su misma lista.
Ello no alterará la permanencia ulterior del legislador originalmente sorteado en la Sala que le hubiere correspondido, para el tratamiento de otros juicios que pudieran iniciarse.
Art. 4º.- En el caso de producirse el cese de un legislador, por vencimiento del mandato, fallecimiento, renuncia u otra causa durante el trámite de un juicio político en cualquiera de las dos Salas, tomará inmediatamente su lugar el legislador que deba sustituirlo por cualquiera de los procedimientos legales vigentes, ya sea el sorteo o el reemplazo de acuerdo al orden de lista.
Art. 5º.- Comuníquese, etc.
La votación que aprobó la resolución, fue hecha por los siguientes legisladores: por la afirmativa los diputados y diputadas: Ameijeiras, Araujo, Bello, Bergenfeld, Bianchi, Busacca, Caruso, De Estrada, De Giovanni, Dosch, Ferreño, Ferrero, Giorno, González, Kravetz, La Porta, La Ruffa, Lynch, Majdalani, Mercado, Morando, Moresi, Mouzo, Onega, Pérez, Rebot, Santilli, Suppa, Talento, Talotti y Vázquez. Por la negativa, los diputados y diputadas: Acuña, Baltroc, Bertol, Betti, Bidonde, Borrelli, Cantero, Devoto (Rubén), Devoto (Tomás), Enríquez, Estenssoro, Etchegoyen, Godoy, Herrera Bravo, Michetti, Peña (Marcos), Peña (Milcíades), San Martino, Schifrin, Scorzo y Wolman.- Se abstiene la diputada Polimeni.
El 10 de diciembre de 2005, se incorporaron los diputados electos en lugar de los que cesaron en esa fecha sus mandatos. En la sesión de ese día, la Legislatura procedió a sortear los miembros de la sala Juzgadora, con arreglo a la resolución antes mencionada. A los seis integrantes de la Sala que provenían de la conformación anterior de la Legislatura (Helio Rebot, Beatriz Baltroc, Florencia Polimeni, Héctor Bidonde, Norberto La Porta y Laura Moresi) se sumaron los diputados Marcelo Meis (Recrear), Daniel Amoroso, Silvia Majdalani (Juntos por Buenos Aires), Roberto Destéfano (Compromiso para el Cambio), Elvio Vitali, Sebastián Gramajo (Frente para la Victoria), Guillermo Smith, Facundo Di Filippo (ARI) y Gerardo Romagnoli (AyL).
El 13 de diciembre de 2005, Aníbal Ibarra presentó su descargo, ofreció 44 testimonios y formuló una recusación respecto del diputado Gerardo Romagñoli. En igual fecha, las fiscalías ofrecieron su prueba.
Días después, el 22 de diciembre, la Sala V de la Cámara en lo Criminal y Correccional, recalificó el delito de los funcionarios procesados en la causa Cromañón, como incumplimiento de deberes de funcionario público (ver
judiciales ). Esto fue aprovechado por Ibarra con el fin de desacreditar el juicio político (ej.: Noticias Urbanas ; Noticias Urbanas )
La primera reunión formal de la Sala Juzgadora, como inicio del juicio, se realizó el 27 de diciembre de 2005. En ella, la Sala decidió seguir las recomendaciones realizadas por el juez Julio Maier sobre las pruebas y desechar la presentación testimonial de Omar Chabán. También dispuso trasladar a la defensa la documental de las 17 mil fojas escritas por la Comisión Especial investigadora de Cromañón y aceptar los testimonios propuestos por los fiscales Rubén Devoto, Jorge Enríquez y Jorge San Martino. Se resolvió que las testimoniales comenzarían a ser recibidas el 17 de enero de 2006.
Aníbal Ibarra no se hizo presente y se hizo representar por sus abogados Julio Golodnik y Julio Strassera.
También presentó un escrito pidiendo la postergación de la audiencia "por extensión de la prueba y el acaecimiento de hechos nuevos" pero, luego de un debate muy intenso, el pedido, no fue aceptado. Minutos después fue Rebot quien expresó que no aceptarían la posposición de la audiencia ni más pruebas para la recusación. Luego se deliberó sobre la recusación al diputado Romagnoli. Concluídas las deliberaciones, votaron por el rechazo de la recusación los diputados Daniel Amoroso, Héctor Bidonde, Roberto Destéfano, Facundo Di Filippo, Silvia Majdalani, Marcelo Meis, Helio Rebot, Gerardo Romagnoli, Guillermo Smith, Elvio Vitali. Y se abstuvieron Baltroc, Polimeni, Gramajo y Moresi.
Durante Enero Ibarra siguió utilizando los medios para generar un clima de opinión. Incluso no dudo en captar las voluntades de dos familiares de fallecidos en República de Cromañón Noticias Urbanas . Todo parecía estar permitido. La hermana de Aníbal Ibarra fue también vocera de las injurias y las malas artes:
Noticias Urbanas . Cualquier medio de comunicación era utilizado, respondiendo muchos de ellos a las generosas sumas de dinero obtenidas a través del manejo de las pautas (un análisis independiente desnudó la metodología:
Diario sobre Diarios .
La Sala Juzgadora fijó el día 17 de enero de 2006, para que Aníbal Ibarra se presente. Así lo hizo y en su exposición planteó la nulidad del juicio.
Ese mismo día, por 12 votos por la afirmativa, 2 por la negativa y 1 abstención, la Sala Juzgadora decidió "rechazar los planteos de nulidad impetrados por la defensa" en el juicio político al jefe de Gobierno suspendido, Aníbal Ibarra.
El día 18 de enero de 2006 con la declaración de Beatriz Campos, se inició la ronda de testimonios. Las audiencias fueron numerosas.
La estrategia de la defensa de Ibarra nuevamente no tuvo límites éticos. En una sesión, a consecuencia del interrogatorio al que sometió un diputado al testigo Suárez Carpezano, se descubrió que éste había sido preparado por los abogados de la defensa y por Ibarra, personalmente. Así lo reconoció el propio testigo. También se constató que esto había ocurrido con otros testigos. Esto motivo también la denuncia a otro testigo por falso testimonio.
Noticias Urbanas ; Noticias Urbanas
La gravedad de la cuestión fue percibida por los legisladores, ya que algunos de ellos solicitaron al Jefe interino de gobierno, adopte las medidas necesarias para evitar que futuros testigos se reúnan con el suspendido. Como resultas de ello, a los empleados del área de Control Comunal, César Carpenzano y Virginia Brizuela, que se reunieron con el abogado defensor de Aníbal Ibarra y con éste mismo antes de dar sus testimonios, el 25 de enero, se les inició un sumario administrativo. El sumario se realizó a través de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad. Mientras tanto el Secretario de Seguridad dispuso separar a la superior del testigo que ordenó que éste concurriera a ser instruído por el suspendido Jefe de Gobierno.
Mientras continuaban diariamente las declaraciones de los testigos, el día 13 de febrero los legisladores de la Sala Juzgadora constataron las instalaciones del local República de Cromañón.
El 16 de febrero de 2006 el diputado Gerardo Romagnoli, afirmó en una conferencia de prensa que renunciaba a integrar la sala Juzgadora. El gesto fue parte de una maniobra orquestada por Aníbal Ibarra y que dio lugar a una denuncia penal (ver Judiciales).
El día 28 de febrero de 2006 fue el fijado para los alegatos, pronunciando los suyos los fiscales y luego la defensa. El clima de la sesión fue respetuoso, pero tenso. Quebrado en su final, como consecuencia de manifestaciones desubicadas del procesado, que causaron la reacción de los familiares
Noticias Urbanas. Como consecuencia de ello, la sala fue desalojada.
Los días que restaban para el veredicto, fueron el marco de innumerables operaciones, ya que cada voto era importante. Uno de los votos adquiridos mediante corrupción (denuncia integrante de las causas de la corrupción: ver judiciales ) fue el de la diputada Beatriz Baltroc (su biografía en Quien es quien ). Muchos de los legisladores tuvieron que ausentarse para escapar de las presiones de Aníbal Ibarra, del Jefe de Gabinete de la Nación, Alberto Fernández.
Los familiares de las víctimas fallecidas en República de Cromañón, convocaron a una conferencia de prensa, solicitándole al Presidente de la Nación y a su esposa, absoluta prescindencias.
El día 7 de marzo de 2006 se pronunció el veredicto, resolviéndose la destitución de Aníbal Ibarra. La votación fue la siguiente: Daniel Amoroso (macrismo), destitución; Beatriz Baltroc (Autonomía Popular), absolución; Héctor Bidonde (Bloque del Sur), destitución, con 4 años de inhabilitación; Roberto Destéfano (macrismo), destitución; Facundo Di Filippo (ARI), destitución; Sebastián Gramajo (kirchnerismo), absolución; Norberto La Porta (socialismo), absolución; Silvia Majdalani (macrismo), destitución; Marcelo Meis (macrismo - Recrear), destitución; Laura Moresi (ibarrista), absolución; Florencia Polimeni (radical independiente), destitución; Helio Rebot (kirchnerismo), destitución, Gerardo Romagnoli, destitución, y Guillermo Smith (ARI), destitución. El último en votar era Elvio Vitali (kirchnerismo), quien se abstuvo, pero su decisión ya no alcanzó para torcer el destino de Ibarra.
Los fallos condenatorios por los cuales se destituyó al Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra.
Diputado Daniel Amoroso.
Diputado Héctor Pastor Bidonde.
Diputado Roberto Destéfano.
Diputado Facundo Di Filippo.
Diputada Silvia Majdalani.
Diputado Marcelo Fernando Meis.
Diputada María Florencia Polimeni.
Diputado Gerardo Romagnoli.