Diputado Roberto Destéfano , Legislador por el PRO.

Señor presidente: estamos concluyendo este inédito proceso constitucional de juicio político. Al respecto, quiero hacer algunas consideraciones, antes de entrar al fondo del asunto. Luego de haber mantenido un respetuoso silencio durante tres meses, me permito ahora, con una total y absoluta libertad de conciencia, manifestarme sobre algunos otros aspectos que rodearon este caso.

Nunca antes se evaluó la responsabilidad política de un Jefe de Gobierno. Tampoco hubo en esta ciudad una fatídica tragedia con 194 jóvenes muertos y centenares de sobrevivientes heridos, víctimas de un Estado ausente.

En el instituto del juicio político descansa gran parte de la fundamentación del principio republicano sobre el control de los actos de gobierno. La responsabilidad política de un Jefe de Gobierno exige dar cuenta de sus actos a la sociedad, y no implica ningún peligro o agresión institucional. No hay necesidad de victimizarse. Respetemos las leyes. Éste no es un proceso por el cual uno pueda decir que está o no de acuerdo; está pautado en la Constitución, y hay que cumplirlo.

No cabe pensar que con esta terrible tragedia que explotó en nuestra ciudad la Legislatura mire para otro lado y que los legisladores, representantes del pueblo, no analicen las políticas que permitieron que esto suceda.

Si bien el disparador fue Cromañón, no es en sí mismo el objeto de este juicio. Cromañón no es un hecho puntual, basado sólo en bengalas y puertas cerradas. Es el resultado de un proceso de descontrol, con certificados vencidos e inspecciones desestimadas. En Cromañón, algunos fueron ejecutores y otros ignoraron reiteradamente, por acción u omisión, el cumplimiento de las disposiciones vigentes, posibilitando el funcionamiento de una trampa mortal, que genera la pérdida de tantas víctimas inocentes.

El señor Jefe de Gobierno suspendido miente cuando habla de golpe institucional porque, en realidad, quiere ocultar el desmanejo de su gestión, habiendo concentrado en amigos o familiares el aparente control de la ciudad. Habría que tener más cuidado con el término "golpista". Si el doctor Ibarra llega a ser destituido, lo reemplaza su Vicejefe de Gobierno, que sacó la misma cantidad de votos que él. La gravedad de Cromañón desnuda ámbitos de impunidad y tolerancia desde el más elevado nivel de conducción política. Con las mismas disposiciones pero con voluntad política pudo haberse actuado con eficacia y contundencia.

Luego de fracasado el plebiscito se comenzó a hablar de la politización de la tragedia cuando, en realidad, aquí se investiga la gestión del máximo responsable del gobierno porteño, a través de sus funcionarios de su total y absoluta confianza, puestos y confirmados reiteradamente en sus cargos. Como agregado indispensable para saber de qué se trata, nos encontramos con la novedad de que el señor Ibarra trató de coaccionar empleados públicos en relación de dependencia, cuando se reunió con ellos y con un abogado de la defensa en una ONG que él conduce, fuera del más mínimo recato y pudor. A veces molesta, señor presidente, que se agreda hasta tal punto el sentido común.

Aprovecho esta ocasión para dirigirme a la gente, al ciudadano común, para pasar a considerar algunas razones que fundamentan mi voto, mi sentencia, mi propia convicción. Es a ellos a quien debo explicar por qué voto de una u otra manera. Aquí se evaluó si las estructuras de control que el doctor Ibarra instituyó y las medidas tomadas durante su gestión como Jefe de Gobierno respondieron eficazmente a la idoneidad que la Constitución de nuestra Ciudad exige para desempeñar ese cargo. También formó parte del estudio cómo se preparó el Jefe de Gobierno para una eventual emergencia y cuál fue su respuesta ante la emergencia concreta del 30 de diciembre de 2004.

De las pruebas analizadas surge que falló el poder de policía de la Ciudad, desoyó alertas institucionales y no hubo una eficaz respuesta ante la emergencia. Podemos asegurar que falló el poder de policía de la Ciudad por mal diseño y dirección de las políticas de control. Hubo trece cambios en las estructuras de control en cuatro años. Desde que en agosto de 2000 el doctor Ibarra asumió nunca envió a esta Legislatura la Ley de Ministerios. Esto permitió realizar una fenomenal cantidad de cambios de estructura, pasando el área de control de una secretaría a otra.

Desarticuló el área de Verificación. Mediante el Decreto 2116 de noviembre de 2003, invocando un focazo de corrupción, echó a 300 inspectores y los reemplazó por sólo 40. Esta situación llevó a que mermara la cantidad de inspecciones y muchos locales no fueron inspeccionados por casi dos años, como es el caso de Cromañón.
Hubo discrecionalidad en la habilitación o clausura de locales bailables, ya que se desarmó un mecanismo corrupto de inspecciones para armar otro discrecional y arbitrario, que se conducía vía handy. No clausuró locales bailables culpando a las leyes de vacíos y contradicciones, siendo que estas mismas leyes fueron las aplicadas en el 2005 para clausurar todos los locales que no cumplían con la normativa vigente.

¿Por qué decimos que no adoptó las medidas necesarias frente a las alertas institucionales recibidas? Porque desde el año 2001 ya se alertaba, a través de los informes de auditoría, un desmanejo en la Dirección General de Verificaciones y Control que controlaba locales bailables, geriátricos y hoteles. Luego, un informe de auditoría de 2004 sobre el funcionamiento de guarderías infantiles concluyó que el área auditada no cumplía con sus responsabilidades primarias. En el año 2004 dos informes de seguimiento de auditoría alertaban sobre las mismas deficiencias, sosteniendo además que el 75 por ciento de los locales no estaba siendo inspeccionado.

En la resolución del año 2003, de la defensora del pueblo, Alicia Oliveira, ya estaba planteado que muchas de las discotecas que funcionaban en la Ciudad de Buenos Aires carecían de habilitación para tal actividad y que los controles comunales resultaban inexistentes o, al menos, poco eficientes. Asimismo, bajo el acápite de "Responsabilidades en el Control" indicó que el funcionamiento de este tipo de locales no puede mantenerse en el tiempo sin una connivencia por parte de sectores de la estructura gubernamental. Luego, en su declaración testimonial en esta Sala dijo: "El Gobierno no podía alegar que desconocía esto, porque tenía 19 resoluciones anteriores de la Defensoría, que le hacían conocer las deficiencias en los locales".

Mediante la resolución del año 2004, del Defensor Adjunto Atilio Alimena, se advertía que el incumplimiento de las normas de seguridad contra incendios y otras referidas al funcionamiento de locales bailables estaba poniendo en peligro la vida de 400 mil personas por fin de semana. Por eso, se solicitó a la señora Subsecretaria de Control Comunal que intime a los locales de baile Clase C el estricto cumplimiento de las normas vigentes, especialmente lo referido a las normas contra incendios.

Además, solicitaba que, de verificarse el incumplimiento de la normativa, se apliquen las sanciones pertinentes. Posterior a la emisión de esta resolución, el 26 de mayo de 2004, el diario Clarín publicaba una nota denunciando que el 87 por ciento de los locales bailables no cumplía con las medidas de seguridad obligatorias. Luego, en una visita protocolar que hizo el suspendido Jefe de Gobierno a la Defensoría del Pueblo, el 15 de julio de 2004, el testigo Alimena, en la audiencia, manifestó haberle hecho el comentario de la situación de los locales de baile, al cual el doctor Ibarra le contestó: "Este tema lo estoy hablando con Fiszbin", Subsecretaria de Control Comunal.

En el año 2004, con estos antecedentes, la Legislatura pidió informes al Gobierno de la Ciudad, los que fueron contestados luego de la tragedia. También tuvo alertas de particulares por medio de asociaciones vecinales, las que fueron correspondidas y respondidas tres años y medio más tarde, y después de Cromañón.

El interrogante necesario para evaluar la responsabilidad del acusado es determinar si él mismo conocía estas alertas y, en su caso, qué hizo para cambiar las situaciones denunciadas o informadas. De acuerdo con lo probado en este juicio, el Jefe de Gobierno estaba por demás advertido de esta situación y no adoptó las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la Ciudad.

Por último, voy a explicar por qué no hubo eficaz respuesta ante la emergencia, ni hubo previsión ni coordinación. El gobernante debe tomar las precauciones necesarias para evitar las catástrofes y prever cómo actuar ante la emergencia. Para ello, desde el año 1999 existe el Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil, que establece los lineamientos generales para diseñar la norma básica de planeamiento, la cual nunca fue elaborada.

Tampoco existió, como debió haber sido, una adecuada y previa coordinación permanente con otros organismos e instituciones públicas o privadas que colaborarían en tal circunstancia. Todo fue producto de la improvisación: faltaron máscaras de oxígeno en ambulancias y hospitales, no se coordinaron los espacios en la morgue judicial y de Chacarita; por lo tanto, faltó frío para los cadáveres con una temperatura exterior de 30 grados; cualquier persona podía retirar los cuerpos sin dejar constancia de ello; no hubo contención psicológica a los familiares de las víctimas en los lugares de mayor impacto. Tengamos en cuenta que el señor Jefe de Gobierno es el máximo responsable del operativo, según lo marca el Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil.

En verdad, hubo muchos errores y horrores con distinto grado de responsabilidad, pero la ciudad no votó inspectores, agentes contratados ni funcionarios de menor rango; votó al Jefe de Gobierno para que instrumente políticas públicas a través de los colaboradores que él designe, los cuales deben ser probos, capaces y profesionalmente avezados en las tareas.

Señor presidente: quiero rescatar la seriedad y dedicación con que los integrantes de un amplio espectro ideológico y político hemos llevado adelante este proceso, buscando sólo la verdad, con respeto y sin especulaciones de ninguna naturaleza.

Por último, necesito darles un mensaje a los familiares de las víctimas fatales, a los sobrevivientes y a sus familias: me solidarizo con ellos, comparto su angustia, su dolor, su vacío irreparable. Por sobre todo, les pido disculpas por no haberlo tratado, recibido, escuchado ni saludado, con el sólo afán de mantener la objetividad de este juicio. Los comprendo y los admiro por cómo llevaron adelante esta causa noble. A todos ellos, mucha fuerza.

Ahora, quiero referirme a mi dictamen, que entregaré por escrito el día viernes, tal como está previsto, con todas las referencias técnicas de los hechos y cuya conclusión paso a emitir en este momento. Como diputado de la Ciudad e integrante, por sorteo, de la Sala Juzgadora, habiendo analizado las pruebas y con mi formación profesional en Ciencias Económicas, que se aboca, entre otras cosas, al estudio de las organizaciones, sean éstas públicas o privadas, no cabe admitir que el doctor Aníbal Ibarra, a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pretenda desvincularse políticamente con la simple excusa de que él no era el policía, el inspector o el funcionario de menor rango, o el que tiró la bengala.
Por todo lo expuesto, voto por la destitución del doctor Aníbal Ibarra del cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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