" Ibarra reunido con los Empresarios de la Cámara de Locales Nocturnos, en conferencia de prensa. 3 de Enero de 2005".

El 16 de agosto a las 9 hs., la Cámara de Casación compuesta por los jueces Eduardo Rafael Riggi, Ángela Ester Ledesma y Guillermo José Trangant, confirmó el sobreseimiento de Aníbal Ibarra en la causa Cromañón y revocó el sobreseimiento de Juan Carlos López, Secretario de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Este tribunal dictó la sentencia "causualmente" , tres horas antes de que se entregaran los pliegos - "diplomas" a los futuros legisladores entre los que se encuentra Aníbal Ibarra, con lo cual puso de manifiesto la clara complicidad entre el poder político y el judicial, que adecuaron sus "tiempos" a las necesidades políticas y judiciales de Ibarra y de López.

De Ibarra, por cuanto era el momento más preciso y necesario para tratar de legitimar lo que no podía legitimarse, que pretenda asumir su mandato de legislador, ante las "gravísimas negligencias, nepotismo, ineptitud y corrupción en su gestión de gobierno, que generaron la tragedia de Cromañón por propias decisiones adoptadas."
De López, concuñado de Ibarra, por cuanto el fallo se produce en el mismo momento en que su causa prescribe por plazos procesales, por lo cual, en la práctica, ha devenido en un sobreseimiento encubierto , luego de haber tenido la causa durante un año sin resolver en esa instancia.

Como agravante adicional, debe destacarse que la Cámara de Casación ha dictado su decisión sin que en todo el proceso se haya efectuado el llamado a indagatoria, en un procedimiento que, aunque plausible legalmente, no es el utilizado en los procedimientos judiciales. Ni la jueza Crotto, ni la Cámara Quinta, efectuaron ni requirieron el llamado a indagatoria de Ibarra. Ayer, la Cámara de Casación ha confirmado este proceder de impunidad total.

Esta decisión no era una decisión más, porque de la misma dependía en adelante la actitud que se adopte con los funcionarios públicos ante situaciones de esta naturaleza.

Señala la Cámara que "debe diferenciarse la situación Ibarra de la concerniente a López…la posición del Jefe de Gobierno –por definición- le imponía a Ibarra atender simultáneamente las necesidades de todos los departamentos del estado, extremo que sin lugar a dudas reduce las exigencias en cuanto a pormenorizar el nivel de conocimiento e injerencia en cada una de ellas".

Esto es lisa y llanamente falso. La lejanía de las decisiones y actos administrativos es real cuando no existe un involucramiento personal del funcionario que decide. Nunca puede serlo cuando dicho funcionario ha adoptado decisiones u omitido adoptarlas ante concretas referencias personales que requerían su intervención, como es el caso de Ibarra.

Los actuales criterios que reglan en el mundo las decisiones en procesos penales van mucho más allá en materia de responsabilidades y de la materialidad de las acciones inmediatas que desencadenan las tragedias, con mucha mayor severidad cuando se trata de actos que implicaron generar todas las condiciones que permitieron que un hecho evitable como Cromañón sucediera.

Utilizando las palabras del letrado de la película conocida película "Philadelfia": ¿alguien puede explicar, como si uno fuera un niño de seis años, la lejanía de Ibarra respecto a la tragedia, con las acciones y omisiones que seguidamente se detallan y que se refieren a su rol, posición, deberes y capacidad, situación del área, actuación de sus subordinados, creación o agravamiento de un riesgo no tolerado, su concreción en el resultado y la inexistencia de exclusiones de la imputación objetiva?

- La responsabilidad de Ibarra está establecida en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y, en este caso particular, los funcionarios designados no fueron cualesquiera funcionarios, sino personas de su mayor conocimiento, compañeros de militancia, parientes y amigos personales o de sus conocidos íntimos .

- El propio Ibarra mediante Decreto 2115/2003, lo reconoce en sus considerandos: "es una potestad indelegable de este Gobierno el fiscalizar en todo momento a los establecimientos habilitados a través de sus organismos competentes".

- Ibarra llevaba cinco años de ejercicio en el Poder Ejecutivo de la Ciudad , sin embargo siendo de su total conocimiento la situación del área y del control, como relató personal y exhaustivamente ante la Cámara Legislativa en enero de 2005, en una forma que por lo detallada llama a una natural indignación, nada hizo por cambiarla, sino todo lo contrario profundizando y terminando de desarticularla mediante la supresión del área, el traslado de la totalidad de inspectores, su reemplazo virtualmente por nada, salvo los amigos y parientes y la supresión de las más elementales normas de prevención y planioficación del control.

"Ibarra interpelado en la Legislatura, 28 de enero de 2005, donde asume su responsabilidad como jefe de Gobierno ante la tragedia de Cromañón."

- Es pertinente recordar sus propias palabras en la circunstancia referida que evitan cualquier manifestación de terceros: "… Me hago cargo de que esa área de Seguridad, Justicia y Control Comunal adolecía de deficiencias estructurales, y más allá de los esfuerzos realizados, que he venido a relatar a esta Legislatura, a brindar explicaciones, a dar la documentación, a aportar los decretos –que, por supuesto, ustedes, señores legisladores, conocen porque fueron publicados todos en el Boletín Oficial–, repito, que el área no funcionaba ni de lejos correctamente, y como Jefe de Gobierno me hago cargo de ello . [El área] Tenía y tiene – y me hago cargo como Jefe de Gobierno – las siguientes problemáticas: circuitos administrativos poco claros; falta de organización en las distintas áreas de la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana; falta de capacitación básica en informática del personal; falta de recursos humanos especializados en diversas temáticas; inercia del personal; resistencia al cambio; parque informático deficiente; sistemas en tecnologías heterogéneas; falta de integración con sistemas de las demás reparticiones del gobierno de la ciudad; duplicación de ingresos de datos en diferentes entornos operativos; falta de indicadores de gestión; falta de un sistema integral para la activación de dispositivos ante situaciones de emergencia; falta de un sistema para el control y seguimiento de habilitaciones y permisos de actividades comerciales; falta de un sistema para una visión integral de diversos fenómenos vinculados con la seguridad en la ciudad; falta de un sistema para el control, seguimiento y actualización de tareas vinculadas con la fiscalización de obras particulares y catastro. A pesar del esfuerzo, el área presentaba deficiencias estructurales; y mi gobierno, señoras y señores legisladores, no hace este diagnóstico ahora que ocurrió lo de Cromañón, y que provoca, porque es necesario que provoque, análisis, dictámenes, opiniones, reflexiones, sino que consta en un documento público que entregamos al BID –Banco Interamericano de Desarrollo– para la obtención de un crédito para mejorar y modernizar esa área porque tenía todos estos defectos.

En el curso de los cinco años y sin perjuicio del golpe final que significaron las medidas de diciembre de 2003 en adelante, todo a lo largo de su período de gobierno adoptó sucesiva y reiteradamente medidas que hicieron perder la memoria histórica de funcionamiento del área de Control Comunal, tales como los reiterados cambios de estructuras que superaron las quince, ocho en el último año solamente y permanente rotación del personal.

El riesgo de trasladar de una vez y para siempre a la totalidad de los inspectores especializados en su tarea aunque incurrieran en corruptelas que de ninguna manera son aceptables, implicó en la práctica privar al área de un límite en el nivel de riesgo que nunca debía alcanzar la vida por su gravedad. Es un hecho que no existía este nivel de riesgo precedentemente a diciembre del año 2003 y que, a partir de ese momento, se dejó librado a su suerte a la gente concurrente a diversos sitios de esparcimiento y, fundamentalmente, al de espectáculos públicos que quedó al margen de cualquier control de razonabilidad y planificación.

Instaurar como una metodología de práctica común que " los ciudadanos deben velar por su propia seguridad" , es dejarlos inertes ante cualquier riesgo que pudiera existir, indefensos ante la carencia de competencia y conocimiento para determinar a qué se exponían. Sin embargo, ésta fue la práctica llevada a cabo y más aún, dejar en manos de los propios empresarios el cumplimiento de las normas, los que implica haber decidido que el estado estaría ausente en el control ante cualquier tragedia.

No estamos, en esta circunstancia, ante cualquier funcionario, sino ante " quien reconoció conocer las deficiencias y no sólo esto, sino poseer sobrada experiencia en la legislación y en la gestión; esto es, alguien con conocimientos y capacitación para comprender cabalmente las consecuencias de la no acción en el tema. Recordemos que, además de ser Jefe de Gobierno durante los cinco años anteriores, fue legislador y presidió el cuerpo legislativo, recibiendo como tal las durísimas denuncias realizadas por los organismos competentes como la Defensoría del Pueblo y la Auditoría.

Como si no alcanzara el conocimiento interno de las deficiencias y elevadísimos riesgos que la misma entrañaba, Aníbal Ibarra recibió sucesivas y gravísimas alertas institucionales y personales, esencialmente en el año 2004 , entre los cuales cabe señalar: las actuaciones de la legislatura en informes que no fueron contestados ni adoptada acción alguna antes de Cromañón (Actuación 631/2004 y Resolución 359 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires), los informes de la Defensoría del Pueblo y de la Auditoría, el primero de los cuales recibió una profusa publicación en el Diario Clarín alertando sobre la gravedad de la situación, lo que ella implicaba y la enorme cantidad de público en riesgo, los requerimientos del Colegio de Abogados remitidos en forma oficial y a su mail personal y hasta afiches colocados en la propia sede de la Jefatura de Gobierno el propio día de la tragedia y anteriores (afiche sobre el local Bronco) . A pesar de todas estas advertencias que ratificaban y ponían de manifiesto las vidas que cada noche se ponían en riesgo, que él conocía por la propia situación del área descrita en sus propias palabras más arriba en enero de 2005, " nada hizo .

Es por todos conocido y, en primer lugar por quien ocupó tantos cargos legislativos y ejecutivos, que el riesgo inherente era el sucedido una década antes en el municipio de Vicente López, en el local "Kheyvis" , con consecuencias mucho más graves por las características y cantidad de público que asistía a espectáculos en la Ciudad de Buenos Aires.

Los que estaban a cargo de los distintos niveles bajo la conducción de Ibarra no eran funcionarios de carrera, sino políticos puestos específicamente por él con los cuales, como se dijera, los unía un lazo de pertenencia política, amistad o parentesco, que se da en el señalado marco de conocimiento detallado por el propio Ibarra de la situación en la materia . Esta circunstancia signa mayor gravedad a la cuestión, más aún si recordamos las propias palabras de Ibarra en el recinto de la legislatura en enero de 2005 "no estaba en la agenda política" un tema que involucraba el riesgo sobre las vidas de los ciudadanos y sobre el cual conocía perfectamente las deficiencias de carácter estructural que tenía y sobre el que tomó medidas que profundizaron sustantivamente la desarticulación y, consecuentemente, exponenciaron hasta un nivel altísimo los riesgos, tal como si se tratara de un "juego" al cual sólo faltaba ponerle la hora, el día y la causa final que lo desencadenaría.

El Secretario de Seguridad Juan Carlos López era su exconcuñado y su total falta de acción fue reconocida por él mismo , declarando que su preocupación fue "la revisión de los circuitos administrativos preexistentes en las áreas de control...En principio, estos temas son los que agotaron su atención en lo atinente a las áreas de control". Nuevamente, a pesar de conocer los riesgos en detalle no adoptó decisiones por sí, ni a través de terceros para encauzar la situación, antes bien, como vimos, la agudizó.

La Subsecretaría del área de Control Comunal, Fabiana Fiszbin, era su íntima amiga de la infancia y, a pesar de ser maestra jardinera y psicóloga, esto es, inepta para las tareas a desarrollar fue puesta en el cargo por el propio Ibarra , potenciando nuevamente los riesgos conocidos.

Consecuentemente, en forma deliberada y conciente Ibarra decidió no atender las demandas de la seguridad en materia de locales bailables y, a través de sus decisiones desde diciembre de 2003, desarticuló todo lo existente, sin dotar a la Ciudad de una estructura idónea que la protegiese de los riesgos con desenlace inminente, aún pesando sobre él las severísimas advertencias a que se hiciera mención.

El Director General de Inspecciones Torres, tampoco era ajeno a estas designaciones por vinculaciones, toda vez que este funcionario fue partícipe de tareas junto al actual ministro coordinador Alberto Fernández en desempeños a nivel provincial (en el Banco de la Provincia de Buenos Aires) y universitario (cátedra en la Facultad de Derecho de la UBA).

La descripción precedente da cuenta de que todas las acciones adoptadas y las no adoptadas implicaron de facto y conocimiento de la gravedad del riesgo, por las propias declaraciones de Ibarra:
1 - Desatenderse de las responsabilidades que le eran propias de su función e indelegables en su conducción, en aspectos que conocía detalladamente que estaban funcionando estructuralmente muy mal.

2 - Profundizar las deficiencias instaurando primero el desorden frente a sucesivos cambios de estructuras que denotan extrema negligencia en el ejercicio de su función y, posteriormente, desarticular el área, sus procedimientos, su personal y métodos de contralor planificados, para no suplirlos por estructuras equivalentes.

3 - Potenciar los riesgos al no designar personal idóneo para la función, basándose en designaciones por conocimiento familiar o de amistad suya y de terceros.

4 - Conocer que lo que existía y lo que se había implementado funcionaba muy mal, con altísimos riesgos para los ciudadanos y desatenderse de sus deberes, exponenciando los riesgos hasta un máximo intolerable.

Esto es, en conclusión, generar y exponenciar las condiciones para que una tragedia como la de Cromañón se desencadenara en cualquier momento, en cualquier lugar de la Ciudad de Buenos Aires, "jugando" en consecuencia con la vida de los ciudadanos como si se tratara de una "ruleta rusa".

En síntesis, alguien jaló del gatillo, pero para que el daño pudiera causarse, alguien compró el arma, las balas, dispuso la escena montada en simultáneo en varios lugares de la Ciudad, dejó que impunemente transitaran los delincuentes de todo tipo y aún más, les dio tránsito libre al impedir cualquier régimen de control.

Retomando lo expuesto al inicio, un niño de seis años comprendería esta situación y las responsabilidades que de las acciones, ineptitudes, inacciones y corrupción se desprenden. Sin embargo, el fallo de la Cámara de Casación ha optado por " la impunidad desfachatada" .

"Impunidad" por el fallo adoptado que, como se dijera va mucho más allá de Cromañón, porque ha establecido un hito de impunidad, que hará que nunca más los funcionarios piensen que existen deberes y responsabilidades para con los ciudadanos y que la letra de la Constitución, así como las acciones negligentes, ineptas y/o corruptas que terminan en la muerte de cientos de personas, en este caso en su gran mayoría jóvenes, no tienen importancia, ni tienen su consecuente castigo.

"Desfachada" , porque no sólo se ha pronunciado en el momento "políticamente" necesario para el imputado, coincidiendo "descaradamente con el mismo horario del acto político de entrega de diplomas de legisladores" , sino que además ha permitido la prescripción de la causa de López por el mero transcurso del tiempo.

Esta justicia es la que permite que el estado de corrupción e impunidad vigente en nuestro país siga su curso.

Por las víctimas, por el amor incondicional hacia ellas –fallecidos y sobrevivientes- y por el amor al prójimo que ve acentuado hoy, por este fallo, su desprotección ante el poder ejercido con nepotismo, negligencia, desidia, ineptitud y corrupción, es que los familiares de víctimas y sobrevivientes de Cromañón, van a continuar con el pedido de justicia ante los estrados nacionales o internacionales que correspondan.

Estos individuos que han conformado una nueva Cámara de Impunidad deben saber que es de su responsabilidad las nuevas tragedias que puedan producirse, como las posteriores a Cromañón producidas en el taller textil de Flores y la fábrica de aerosoles de La Matanza, con idénticas características y en el segundo caso con los mismos funcionarios; y que estos fallos no sólo acentúan el desprestigio de la justicia que se trata de evitar, sino que nutren de escepticismo sobre el futuro del país, que no es otra cosa, que el futuro y la vida de sus ciudadanos

NUESTROS HIJOS DE CROMAÑÓN PRESENTE, AHORA Y SIEMPRE
LOS SOBREVIVIENTES DE CROMAÑÓN PRESENTE, AHORA Y SIEMPRE.
LOS PADRES EN LUCHA POR JUSTICIA, SIEMPRE....