Noticias Urbanas 5 al 9 de julio de 2006, discurso de inauguración de su nueva corriente política (con escrache de los familiares)

1. "los muertos que vos matáis, gozan de buena salud".

SIN PALABRAS

2. “No hay un solo funcionario ni empleado del Gobierno de la Ciudad procesado por la tragedia”.

MENTIRA REPETIDA HASTA EL HARTAZGO EN TODOS LOS MEDIOS. HAY PROCESADOS QUE VAN A JUICIO ORAL, HAY PROCESOS EN CÁMARA DE CASACIÓN LUEGO DE HABER SIDO SEÑALADOS COMO HOMICIDIO CULPOSO Y HAY DOS CAUSAS MÁS DONDE SE DEBERÁN DETERMINAR LAS IMPUTACIONES, INCLUYENDO EN TODAS AL JEFE DE GOBIERNO.

Sesiones del 25 de enero de 2005 y 1 de febrero en la Legislatura

3. “Tenemos que afrontar ese control con instrumentos normativos absolutamente obsoletos … pareciera, en contra de los ciudadanos”.

MENTIRA, SE CLASURARON LOS LOCALES CON LAS MISMAS NORMAS, CAMBIANDO UN SOLO FUNCIONARIO.

4. Yo, como Jefe de Gobierno, a través de una intervención intenté unificar todos los controles de la Ciudad de Buenos Aires en una única área…y dije: “Voy a disolver el cuerpo de inspectores… el 10/11/03… a través de Decreto 2116 …pasé a disponibilidad a 500 personas: alrededor de 300 inspectores y 200 empleados administrativos”

LOS REEMPLAZÓ POR 30 PERSONAS, CONCENTRÓ LA CORRUPCIÓN E IMPLEMENTÓ UN SISTEMA INFICIENTE Y CORRUPTO.

5. “Atilio Alimena…avisó que se ponía en peligro la vida de más de cuatrocientos mil personas por fin de semana, y solicitó una intimación y no la clausura” .

MENTIRA, SOLICITÓ LA CLAUSURA DE LOS LOCALES QUE INCUMPLÍAN LAS NORMAS Y ESO NO SE HIZO.

6. “me hago cargo como Jefe de Gobierno de las siguientes problemáticas: circuitos administrativos poco claros; falta de organización en las distintas áreas de la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana; falta de capacitación básica en informática del personal; falta de recursos humanos especializados en diversas temáticas; inercia del personal; resistencia al cambio; parque informático deficiente; sistemas en tecnologías heterogéneas; falta de integración con sistemas de las demás reparticiones del gobierno de la ciudad; duplicación de ingresos de datos en diferentes entornos operativos; falta de indicadores de gestión; falta de un sistema integral para la activación de dispositivos ante situaciones de emergencia; falta de un sistema para el control y seguimiento de habilitaciones y permisos de actividades comerciales; falta de un sistema para una visión integral de diversos fenómenos vinculados con la seguridad en la ciudad; falta de un sistema para el control, seguimiento y actualización de tareas vinculadas con la fiscalización de obras particulares y catastro. “

VERDAD DE IBARRA AL CONFESAR SU PROPIA INEFICIENCIA, PERO MIENTE AL DECIR QUE SE HIZO CARGO, PORQUE NO SE HIZO CARGO DE NADA.

7. El área presentaba deficiencias estructurales…Necesitábamos un sistema informático; necesitábamos un sistema georeferenciado; necesitábamos la capacitación del personal”

MENTIRA, NO HACE FALTA UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA REALIZAR LOS CONTROLES. ADEMÁS ÉL ERA JEFE DE GOBIERNO DESDE HACÍA CUATRO AÑOS.

8. “quiero referirme específicamente al local de Cromañón. Este local estuvo habilitado desde el año 1997 en esta Ciudad de Buenos Aires.”

MENTIRA. LA NUEVA ACTIVIDAD REQUERÍA DE UNA NUEVA INSPECCIÓN Y UNA CATEGORIZACIÓN DISTINTA DEL LOCAL PORQUE SUS PRESTACIONES ERAN DISTINTAS Y CON OTRA PELIGROSIDAD Y POR ENDE, DISTINTO CONTROL COMO EL DE OBRAS. EN LUGAR DE ESO FUE ZONA LIBERADA COMO DIJO LA DIPUTADA POLIMENI.

9. “Si ustedes me preguntaran si debía haber ido un inspector el día 25 de noviembre a verificar este certificado, les digo, sin ningún tipo de dudas, que sí; que debía haber ido y que debía haberlo clausurado…Ahora, aquí hay una grave falencia. Me hago cargo de esa grave falencia, como Jefe de Gobierno: nunca hubo, en esta Ciudad de Buenos Aires, inspecciones sorpresivas, coordinadas entre bomberos y el Gobierno de la Ciudad, como para que si alguien tenía la irresponsabilidad de modificar las condiciones de seguridad, sufriera una clausura inmediata…. El sistema era deficiente y me hago cargo, porque era deficiente”.

VERDAD DE IBARRA AL CONFESAR SU PROPIA INEFICIENCIA, PERO MIENTE AL DECIR QUE SE HIZO CARGO, PORQUE NO SE HIZO CARGO DE NADA.

10. “Se preguntó con mucha razón, con mucho sentido común, con mucha lógica… por qué no habían inspectores y funcionarios cuando se realizaba un espectáculo. En este sentido, también quiero hacerme cargo, como Jefe de Gobierno, de un sistema en el que las propias normas no mandan a que eso se realice”.

VERDAD DE IBARRA AL CONFESAR SU PROPIA INEFICIENCIA, PERO MIENTE AL DECIR QUE SE HIZO CARGO, PORQUE NO SE HIZO CARGO DE NADA.

11. “este tema no formaba parte de la agenda política de esta ciudad”

SIN PALABRAS

12. “Ninguno de los boliches porteños inspeccionados esta semana cumplía con las normas de seguridad vigentes”.

VERDAD DE IBARRA AL CONFESAR SU PROPIA INEFICIENCIA, PERO MIENTE AL DECIR QUE SE HIZO CARGO, PORQUE NO SE HIZO CARGO DE NADA.

13. “Me entrevisté con muchos familiares en reuniones chicas, personalizadas. Incluso, con tres, cuatro, una o dos familias…No difundí ninguna. No me parecía bien. No es mi estilo. Fueron reuniones dolorosas pero necesarias. Para mí, muy necesarias.

MENTIRA DE IBARRA, SALVO LOS QUE COMPRÓ NO HUBO REUNIONES CON NADIE.

14. “En cuanto a la situación de la emergencia, este organismo no tiene la coordinación en los hechos”.

MENTIRA, EL COE TENÍA LA CONDUCCIÓN DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA, PERO EN LUGAR DE ESO SE ANALIZÓ EL EXPEDIENTE PARA DECLARAR QUE ESTABA HABILITADO, SE AVERIGUÓ POR EL FISCAL DE LA CAUSA EN PLENA MUERTE, SE DIO UNA CONFERENCIA DE PRENSA PARA DECIR QUE ESTABA TODO BAJO CONTROL Y MIENTRAS TANTO, EN CAOS ARRASABA TODO, LO QUE SE OCULTÓ “LIMPIANDO LA ZONA DE VÍCTIMAS A COSTA DE SUS PROPIAS VIDAS.

15. “quiero hacer referencia a la Ordenanza 51.259, que ya había sido mencionada por otros diputados…no se refiere a los locales de Clase C, sino a los locales de música, canto y variedades, que son otros. Por eso no es una ordenanza aplicable a este caso”.

MENTIRA, EL LOCAL NO ERA DE BAILE, SE OMITIÓ DURANTE UN AÑO TRATARLO COMO LO QUE ERA, UN LUGAR DE RECITALES, A PESAR DE SER EL SEGUNDO EN CAPACIDAD EN LA CIUDAD.

16. En cuanto a los artículos 104 y 105 de la Constitución, entre las funciones dice: “ejecuta las obras y presta servicios públicos”. No soy yo el que ejecuta las obras.

MENTIRA, SEGÚN LA CONSTITUCIÓN ERA SU DIRECTA RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD, OMITE DECIRLO.

17. Voy a mencionar algo que no lo sabía –afortunadamente lo aclaré la sesión pasada–: no sabía ni que existía Cromañón. Sabía que existían otros locales bailables clase C.

MENTIRA, VIVIÓ EN EL MISMO EDIFICIO QUE CHABÁN Y LO DEFENDIÓ EN CEMENTO.

18. Este local no tuvo una sola denuncia.

¿DESDE CUÁNDO HACE FALTA UNA DENUNCIA PARA CONTROLAR?

19. se está haciendo el sumario para determinar los grados de responsabilidad.

MENTIRA, NUNCA TOMÓ MEDIDAS CON NADIE NI SE DIERON A CONOCER LAS CONCLUSIONES DEL SUMARIO.

20. Ese vallado no se hizo pese a las órdenes y a los esfuerzos, y recién después de que fue el Jefe de Policía empezó a ordenarse la situación.

MENTIRA, NO DIO LAS ÓRDENES Y ERA SU RESPONSABILIDAD COMO TITULAR DEL COE.

21. El Hospital Ramos Mejía…fue el que tuvo la mayor cantidad de derivaciones. Pero en horas no sólo se hizo la evacuación…

MENTIRA, LAS DERIVACIONES FUERON UN CAOS O LAS REALIZARON PARTICULARES ANTE LA FALTA DE CONCURRENCIA OFICIAL Y PRODUCTO DE LA FALTA DE COORDINACIÓN DEL COE.

22. cuando dice “coordina y controla”, efectivamente se trata de toda la actuación de quienes están en el lugar de los hechos...”Coordina, controla y dirige”, es lo mismo.

MENTIRA, NO ES LO MISMO Y ÉSA ERA SU FUNCIÓN QUE NO CUMPLIÓ.

23. el sistema funcionaba mal. No lo digo ahora; también lo decía en aquel momento.

VERDAD DE IBARRA, Y NO HIZO NADA EN DOS GOBIERNOS, GENERANDO MUERTE.

24. QUIEN ES QUIEN DENUNCIADO POR UN LEGISLADOR: “Gustavo Torres es hombre del Jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Empezaron juntos en la Justicia Penal. Fernández lo llevó a Torres al BAPRO cuando fue responsable del grupo de empresas del banco. Luego, cuando fue legislador porteño, lo nombró asesor rentado...”; en fin. Ahora usted nos señala que la responsabilidad va más abajo. Pero yo le quiero decir, señor presidente, que este funcionario es el mismo que el día 30 de diciembre, el mismo día de la tragedia, el presidente del Colegio de Auditores de la Auditoría General de la Ciudad le dirigió una nota a su jefe, al doctor Juan Carlos López, pidiéndole que tomara las medidas legales que correspondan contra este funcionario –y lo hacía por decisión del Colegio, por unanimidad del Colegio de Auditores de la Auditoría General de la Ciudad– porque se negaba sistemáticamente a responder preguntas sobre los geriátricos, sobre los establecimientos deportivos, sobre los lugares de espectáculos públicos. Este señor obstaculizaba deliberadamente la acción de la Auditoría General de la Ciudad, y el 30 de diciembre, la Auditoría General le pidió al doctor Juan Carlos López que iniciara las medidas legales que correspondían so pena de hacerlo ella misma. Entonces, ¿hay responsabilidad política por parte del director general? ¿Renunció? ¿Qué es lo que sucedió con él?

25. La Ley 118 en la Comisión de Seguridad de esta Legislatura… fue una ley complicada,…de difícil aplicación, y en donde ...se establece la obligatoriedad de los locales bailables de tener personal de seguridad…

MENTIRA ¿QUÉ ES UNA LEY COMPLICADA? OCULTA SU NO APLICACIÓN?

26. Respecto de si se requirió a la Sindicatura que auditara el sistema de verificaciones y control, no tengo memoria de esto.

NUNCA TIENE MEMORIA, Y MIENTE PORQUE ERA OBLIGACIÓN DE LA SINDICATURA.

27. En el año 2004, se concurrió en marzo. El lugar estaba cerrado. En mayo se le requirió al local bailable la documentación y la envió en junio del año 2004. Y desde la ciudad no se inspeccionó in situ ese lugar durante el año 2004.

VERDAD DE IBARRA PERO OMITE DECIR QUE CON UN INFORME REALIZADO UN AÑO DESPUÉS Y HABIENDO SIDO ZONA LIBERADA COMO DIJO LA DIPUTADA POLIMENI.

28. Preguntó si hay deficiencias en el control o en los sistemas. En los dos.

VERDAD DE IBARRA. SIN PALABRAS.

29. POLIMENI: Usted sabe que no se cumple con la Ordenanza 51229, que ordena inspeccionar los locales cada cuatro meses; esto significa tres veces al año. Al parecer, eso no sucedió en la zona liberada de Cromañón. CAUSALIDAD 1

POLIMENI CAUSALIDAD 2: Por otra parte, usted admitió que envió una serie de intimaciones a estos locales, entre los que se encontraba Cromañón, pero que a pesar de ello no consta que ese mismo local haya sido relevado por el cuerpo de auxiliares del CEVIP , Por lo tanto, Cromañón recibió la intimación, pero no el control. Ésta pasa a ser la segunda casualidad.

POLIMENI CAUSALIDAD 3: La tercera casualidad es que en mayo del año 2004 se supone que alguien fue a ver el local –no sabemos quién, porque nadie nos dijo el nombre del inspector–, pero, ¡oh casualidad!, Cromañón estaba cerrado y no pudieron entrar.

Señor Jefe de Gobierno: ¿no le parece extraña esta serie de coincidencias que se desencadenó durante todo el año 2004 y que devino en que, a pesar de que Cromañón estaba dentro de un grupo crítico de boliches que la Defensoría recomendaba clausurar, a todos casualmente se les escapara pasar por la puerta?

Además, le comento algo con relación a la zona liberada Cromañón. Quiero que le quede algo claro a todo el mundo. No se trata de un tema normativo. Cromañón, sépanlo todos, era una zona liberada. Cinco avisos tuvieron, cinco veces se hicieron los tontos y miraron para otro lado y no fueron a controlar. Cromañón era una zona liberada. Quizás otros boliches no, pero éste sí. Y a mí me gustaría saber por qué. Evidentemente, el Jefe de Gobierno no lo sabe. Alguien que lo sepa, que nos informe y nos diga por qué este lugar era una zona liberada.

30. Respecto de los antecedentes de Kampelmacher, fue una sugerencia de la ministra. ¿Por qué fueron separados Antuña y Rivero? Por pedido de la Subsecretaria o del área correspondiente. ¿Por qué designé a la Subsecretaria Fiszbin? Era un esquema de colaboradores que propuso el ministro. Respecto de Antuña, repito que esto formó parte de un esquema de propuestas del anterior Ministro de Seguridad y Justicia.

MENTIRA, ERAN PARIENTES, AMIGOS O RELACIONES POLÍTICAS.

31. El sistema de habilitaciones adolece de una grave falla: cuando se cierran los locales, nadie notifica las bajas, con lo cual hay padrones inflados en todas las inhabilitaciones.

VERDAD DE IBARRA, SIN PALABRAS.

32. no se dejaba constancia cuando se iba a un lugar si el resultado era negativo. Cuando había resultado positivo, se labraba el acta correspondiente o se dejaba alguna constancia sobre el resultado de una inspección.

MENTIRA, HABÍA QUE DEJAR CONSTANCIA PERO NO SE HIZO.

33. ARAUJO LA MENTIRA DEL PLESBICITO: Ud. Dijo ayer en una conferencia de prensa “que va a llamar a un plebiscito. Explique bien cómo va a ser el plebiscito. Tengo la ley y el artículo. Es una utopía el plebiscito que está llamando. Usted sabe cómo funciona el plebiscito. El Artículo 16 establece lo siguiente: “La opción de revocar el mandato tiene que tener más del 50 por ciento de los electores inscriptos”. Eso significa que tienen que votar más de 1.300.000 personas. El común de la gente creyó que este gesto audaz, como dijeron algunos, fantástico, consistía en que votaran 850 mil personas, y si votara el 50 por ciento es suficiente para que se fuera. No es así. La ley es muy clara: tiene que votar más del 50 por ciento del padrón de los inscriptos, es decir, casi 2 millones y medio de personas. Es una utopía que haya más de 1.300.000 personas que voten para que el señor Ibarra no siga. Es un bluff, un show mediático al que tan acostumbrados nos tiene nuestro Jefe de Gobierno.

¿Dónde está la trampa en este plebiscito? ¿Por qué no le explicó a la sociedad, cuando hizo referencia al plebiscito, cómo es el sistema? Usted sabe que es imposible que usted pierda con este plebiscito; es imposible. Es una utopía pensar que, tomando el ciento por ciento del padrón, más del 50 por ciento vote en contra. Nunca vota el 100 por ciento del padrón –todos lo sabemos– y menos en este plebiscito. Entonces, usted se esconde en las ramas de esta ley, para mostrarle a la sociedad que se está exponiendo. Usted no se expone a nada. Todos lo sabemos; quien haya leído la ley sabe que su exposición es mínima.

34. Se había transformado lo accesorio en lo principal, y que había dejado de ser un local bailable, a pesar de tener la habilitación.

VERDAD PERO NO HIZO NADA.

35. Existe un manual de procedimientos que fue conformado hace dos años, cuando se formó la UPI –la unidad polivalente–, que establece todos los criterios y los procedimientos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de llevar adelante una inspección, y que es periódicamente actualizado.

MENTIRA, EL SISTEMA FUE DESARTICULADO.

36. En cuanto al plan de fiscalización y control de establecimientos se trata de un criterio que estamos discutiendo con el nuevo Secretario, porque quienes dirigen a los inspectores son los que deben tener ese plan de fiscalización y control; no los inspectores que deben recibir las instrucciones. Tampoco puede tratarse de un plan previsible para quienes van a ser controlados.

MENTIRA, NO EXISTÍA PLAN DE FISCALIZACIÓN.

PAGINA QNSR

37. Entre sus muchas comunicaciones mediáticas, a la 1.00 de la mañana mantuvo una larga conversación telefónica con el periodista Nelson Castro, mientras estaban colapsando los hospitales (particularmente, el Ramos Mejía y el Penna) y se carecía de los insumos elementales (oxígeno, máscaras, etc.) . La única orden impartida fue la del retiro de las víctimas del lugar, a fin de que esos mismos medios no pudieran mostrar en su dimensión lo acontecido . En definitiva, se trasladó el caos a dos hospitales: Ramos Mejía y Penna .

38. 31 de diciembre de 2004, Diario Clarín : "es un lugar habilitado, tenía las puertas de emergencia y los controles de bomberos para su habilitación". "El local debe renovar la certificación ante los bomberos una vez por año", aclaró. Noticias Urbanas .

MENTIRA, NO ESTABA HABILITADO PARA LO QUE HACÍA.

39. 1 de enero de 2005.

Existen "responsabilidades colectivas", ya que la normativa vigente "no alcanzó" para prevenir lo ocurrido. Instó a generar un "compromiso colectivo" porque "después de lo ocurrido no puede seguir todo de la misma manera". Agregó con total desenfado que "La norma permitía números vivos de orquestas de tango y ahora grupos de rock en lugares cerrados, estaba legalmente autorizado".

MENTIRA, LAS NORMAS ALCANZABAN Y LAS RESPONSABILIDADES DEL ESTADO NO EXISTIERON.

40. 2 de enero de 2005, “pudo haber fallado la normativa, pero aquí hubo un irresponsable que encendió una bengala y otro que cerró la salida de emergencia con un candado y alambres. Así, cualquier control del Estado se relativiza. Con el visto bueno de Bomberos, el cuerpo de inspectores porteños nunca volvió al lugar para chequear el estado de las instalaciones. "Normativamente, el lugar estaba habilitado", explicó Ibarra.

MENTIRA NO FALLÓ LA NORMATIVA, EL QUE DEBÍA CHEQUEAR ERA EL GOBIERNO Y EL QUE DEBÍA CONTROLAR TAMBIÉN.

41. rechazó las acusaciones del defensor adjunto de la Ciudad, Atilio Alimena, quien aseguró que la mayoría de los boliches no tenía el certificado de Bomberos actualizado: "No es así. En este caso, además, sí estaba el certificado con la habilitación".

MENTIRA. YA TRATADA.

42. “Ellos (los bomberos) son los especialistas. En los locales bailables el control de aptitud contra incendios no lo hace la Ciudad sino Bomberos, y éste estaba actualizado". Noticias Urbanas.

MENTIRA YA TRATADA.

43. “Pero, ¿no reconoce una mala gestión de Control? - Me indigna que me digan que no controlo, porque yo controlé. No es el gobierno el que extiende el permiso contra incendios, sino Bomberos. Ellos son los expertos. Y yo me preocupé por saber qué boliches tenían el permiso y qué boliches no lo tenían. En abril, Bomberos me envió una carta con los que estaban en regla y los que no, y clausuré todos los inhabilitados. Esto quiere decir que controlé. No es cierto que yo no controlé. El certificado contra incendios no lo otorga el gobierno porteño, sino Bomberos. Y en abril de 2004 yo le pedí a Bomberos que me dijera qué boliches cumplían con las normas y qué boliches no. Ahí me respondieron que República Cromañón estaba habilitado. Igual, ante la tragedia, decidí tomar medidas drásticas."

MENTIRA YA TRATADA.

" Cuando ocurre una tragedia como ésta, pagan justos por pecadores. Estábamos trabajando bien con las cámaras de boliches , pero lo de Chabán fue criminal y nos obligó a replantear todo. Nuestro sistema implica responsabilidades del Estado, de la sociedad y de los particulares, pero está claro que ahora el Estado deberá ocupar un espacio mayor. - Sin embargo, entre el control de Bomberos y la tragedia el local cambió y nadie lo inspeccionó. - Eso es responsabilidad del empresario. Chabán debió de haber avisado de los cambios y no lo hizo. -Si hubieran enviado inspectores, lo habrían visto. –

¿CONTROLANDO CON LOS CONTROLADOS?

No, insisto en esto y es importante que se entienda: el que inspecciona las instalaciones para aprobar el sistema contra incendios es Bomberos y no la Ciudad. Y la ley indica que la periodicidad del control debe ser anual.. Los inspectores porteños piden los papeles y ven que esté todo en regla, pero no son expertos en incendios. Para eso están los bomberos".

MENTIRA YA TRATADA.

- De todas maneras, el permiso contra incendios de República Cromañón había vencido en noviembre. ¿No debían haber clausurado el local? - "Es el empresario el que debe hacer el trámite para que le realicen la inspección anual de incendios, y lo tiene que hacer ante Bomberos y no ante nosotros. Evidentemente, en otro acto irresponsable, Chabán abrió el local sin tener el permiso actualizado. Y lo peor es que él sabía que era peligroso. Hasta pidió al público que no tirara bengalas porque el boliche se iba a incendiar. Lo que hizo fue criminal. Puso nafta en el techo para no pagar los 120.000 pesos que le costaba tener un sistema seguro. - También dejó entrar más gente que la permitida, pero, ¿eso no lo saben los inspectores de la Ciudad? -Hay una responsabilidad empresarial al dejar pasar más gente que la permitida. Para impedir eso, ahora todos los locales deberán poner un cartel en la entrada con la cantidad de gente habilitada, y todos podrán chequear si hay un abuso o no. El problema aquí es que había condiciones de seguridad, pero Chabán las cambió sin avisar. Y la ley dice que es él quien debe advertir sobre estas modificaciones". La Nación .

MENTIRA YA TRATADA.

44. Conferencia de Prensa con los empresarios del sector el mismo día, Daniel Grinbank, dijo: “Cuando se hace un espectáculo o recital, hay que solicitar una habilitación especial, te piden el plano con salidas de evacuación, cómo va a funcionar la logística, el personal contratado de seguridad? Y siempre vienen inspecciones. A mí me parece que últimamente se estaba trabajando bien. Acá el problema fue que, además de contar con una legislación obsoleta en la ciudad, Chabán no tenía experiencia y actuó con irresponsabilidad". Los otros asistentes a esta insólita conferencia eran los miembros de la Cámara empresaria de Discotecas, Bares y empresas de Entretenimientos de la Ciudad de Buenos Aires (CEDEBA: siglas de la Cámara, que después de los hechos borró todas sus paginas de Internet y desapareció como tal), entidad presidida por Daniel Vázquez (Presidente), Osvaldo De Riso (Secretario) y Carlos Diedrichs (vicepresidente), todos ellos titulares de locales en infracción a las normas vigentes.

La reunión del Jefe de Gobierno con alguno de esos familiares se produce recién el día 6 de enero, como consecuencia de una gestión del Presidente Kirchner.

2. La realidad de los hechos.

No sólo lo ocurrido en el socorro de las víctimas contrastaba con las declaraciones de Aníbal Ibarra y sus ministros. Lo que aquél afirmaba respecto del local República de Cromañón y las responsabilidades también se enfrentaba a las evidencias.

En efecto, como lo resaltó la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en su resolución de 21 de diciembre de 2005, en la que confirma el procesamiento de los funcionarios, no es verdad que el local estuviera correctamente habilitado y lo formal no hubiera alcanzado. El local República de Cromañón tenía una clausura dispuesta el 11 de julio de 1997, que estaba vigente al 30 de diciembre de 2004 : “quedó sin modificarse la clausura que recaía sobre el local y sin que ningún funcionario responsable respondiera o se hiciera responsable de si podía, o no, habilitarse el lugar en los términos en que se pretendía. Una vez recibido el expediente, cinco años y dos meses después de su remisión, el entonces jefe del Departamento de actividades nocturnas, para deslindar responsabilidades, firmó un constancia en la que decía que el expediente había sido recibido en su departamento por un remito manual en el estado en que estaba en la última de las fechas mencionadas. El expediente termina con una constancia de inspección del 29 de marzo de 2003 en la que consta que todo está en regla. Ésta fue la última inspección que se hizo sobre el lugar donde funcionaba “República Cromañón”, sin que existan constancias intermedias” . Una inspección regular, una simple inspección, hubiera evitado 194 muertes y miles de lesiones.

También dicha resolución evidencia que tampoco los controles se hicieron y que la periodicidad con la que debían llevarse a cabo no era la que afirmaba el Jefe de Gobierno: “El 12 de diciembre de 1996 se modificó esa ordenanza con la n° 51.229 que incorporó a la n° 24.654 el art. 22 que dispone que: “El Poder ejecutivo deberá verificar, con periodicidad no mayor de 120 días y en horario de funcionamiento , el cumplimiento de las normas vigentes. Elaborará un informe, que se incorporará al expediente de habilitación y que contendrá necesariamente, con carácter no excluyente dictamen sobre el estado de: los medios de egreso y salida de emergencia, iluminación de emergencia, condiciones de prevención contra incendio, ventilación mecánica y coeficiente de ruidos y vibraciones” . Agrega la sala que: “En éste esquema, puede sostenerse que a partir del 29 de junio de 2003, es decir, tres meses después de que se realizara la última inspección al local que nos ocupa, nació la obligación de volver a inspeccionarlo; obligación ésta que no fue llevada a cabo en ningún momento hasta el 30 de diciembre de 2004 , superándose de esta forma cualquier plazo razonable, incluso en el caso de que no se estuviera de acuerdo con lo sostenido hasta aquí en cuanto a la obligación de inspeccionar cada tres meses. Empero, el caso de los locales bailables presentaba una particularidad que reforzaba cualquier criterio que pudiera adoptarse en abstracto a los efectos de establecer una periodicidad en la inspecciones, y que obligaba a fijar un régimen especial para controlar fehacientemente a la totalidad de los locales de baile, dejando de lado cualquier sistema de selección de lugares a inspeccionar que se pudiera estar aplicando hasta el momento, y mucho más un sistema basado en las denuncias de los particulares, que salvo casos excepcionales, desconocen las reglas de seguridad exigidas para un local de baile, y tampoco deben encargarse de verificar su cumplimento antes de entrar a uno. Esta particularidad versaba, por un lado, en las advertencias que hizo en reiteradas oportunidades la Defensoría del Pueblo sobre la posibilidad de que un hecho como el que nos ocupa ocurriera y, por otro, en el conocimiento efectivo que los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron con las inspecciones que realizaron, acerca de que aquello que era sindicado por la Defensoría como factores que podrían llevar a una tragedia se hallaba presente en un alto porcentaje de los lugares controlados.” (la resolución puede descargarse desde Judiciales) .

Estas constataciones de la Justicia (y otras) nunca fueron cuestionadas por los funcionarios, ya que se apoyan en constancias administrativas del propio Gobierno de la Ciudad. Solo fueron silenciadas para no esterilizar los alcances del operativo mediático del Jefe de Gobierno. Página12 .

3. La interpelación.

La actitud soberbia del Jefe de Gobierno, las críticas que se le destinaron, su provocativa reunión con los empresarios de locales de baile y la indignación de los familiares por las mentiras que aquel acumulaba en cada declaración pública, fueron creando un estado de reclamo de la necesidad de que diera explicaciones en la legislatura. El medio constitucional previsto para ello era la interpelación (art. 83 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la legislatura presentaron proyectos en tal sentido, los diputados Jorge Enríquez, Jorge San Martino y Carlos Araujo.

Estos proyectos fueron objeto de tratamiento en la tercera sesión extraordinaria de la Legislatura, celebrada el 7 de enero de 2005.

En esa sesión se decidió tratar sobre tablas dichos proyectos. Sin embargo, cuando se votaron estos, lo hicieron por la afirmativa las diputadas y diputados: Acuña, Araujo, Baltroc, Bello, Bergenfeld, Bertol, Betti, Bidonde, Borrelli, Cantero, De Estrada, Devoto Rubén, Devoto Tomás, Enríquez, Etchegoyen, Ferrero, Godoy, González, Herrera Bravo, Kravetz, Lorenzo Borocotó, Lynch, Majdalani, Melillo, Mercado, Michetti, Molina, Morando, Mouzo, Peña Marcos, Peña Milcíades, Polimeni, San Martino, Santilli, Schifrin, Vázquez y Wolman. Estos treinta y siete votos no eran suficientes, pues se necesitaban los 2/3. En dicha sesión votaron por la negativa las diputadas y diputados: Caruso, Cortina, Dosch, Farías Gómez y Moresi, y se abstuvieron las diputadas y diputados: Ameijeiras, Bianchi, De Giovanni, Giorno, La Porta, La Ruffa, Pérez, Suppa, Talento y Velasco.

A pesar de la frustrante sesión (en la que muchos de los votos son consecuencia de operaciones espurias de toda índole, denunciadas en las causas de la corrupción: ver Judiciales ), la presión general para que Ibarra brindase explicaciones continuó.

Como consecuencia de ello Aníbal Ibarra decidió asistir a la legislatura, a una reunión informal. Así lo anticipó en los diarios del domingo 9 de enero de 2005, a través de las palabras de su jefe de gabinete y vocero, Raúl Fernández: “Lo de ayer [por la sesión del día 7 de enero] carecía de la seriedad imprescindible para enfrentar una situación como la vivida la semana pasada. Se estaba montando un minicirco con el fin de obtener un rédito político berreta" . Respecto de Mauricio Macri sostuvo: "Cortó dos días de sus vacaciones, pero no para ayudar a las víctimas, sino para operar políticamente para que interpelaran a Ibarra" . Sobre la interpelación expresó: "No tiene ningún sentido ir a responder 70 preguntas para que, después, la oposición diga que quedó disconforme y el oficialismo lo vea bien... Lo que queremos es presentar las explicaciones correspondientes, las normativas que haya que modificar y estructurar en conjunto algo serio. Por supuesto no va [Ibarra] a ir al recinto, seguramente se hará una reunión más acotada, porque no queremos el circo" . La Nación

En medio de esta sucesión de apariciones mediáticas, algún hecho ocurre: la función del renunciante Juan Carlos López pasa a ser cumplida por Juan Jose Álvarez, quien con las mismas normas existentes al 30 de diciembre de 2004 ejecutó eficazmente el control sobre todos los locales , desmintiendo con hechos las mendaces afirmaciones de Ibarra.

Esta evidencia generó una nueva presión para que el Jefe de Gobierno diera explicaciones en la legislatura. Incluso, el propio Juan José Álvarez, se encargó de comunicar públicamente que "en muy poco tiempo, el jefe de la Gobierno de la ciudad, va a estar dando las explicaciones que tiene que dar" en la Legislatura de la ciudad. La Nación. La manifestación no era inocente, ya que algunas versiones sostenían que la gestión del Jefe de Gobierno había sido intervenida en los hechos, a través de la incorporación de un funcionario ajeno al ibarrismo.

Este cambio intentó ser explicado por el descolocado Aníbal Ibarra diciendo el 23 de enero de 2005, en referencia a quienes reclamaban su interpelación que “Lo que querían era afectar la gobernabilidad y prácticamente ir por un cambio de gobierno” . Mantuvo su compromiso de sentarse delante de las bancas “para dar toda la información de la que disponemos y en la que no dispongamos, comprometernos en su búsqueda” . Con relación al pedido de que en la interpelación hubiera familiares de víctimas presentes y periodismo, dijo que “El tema es tan dramático y tan serio que no puede haber una especulación política alrededor” . Página 12.

La presión era tal que, aún a disgusto, el 24 de enero de 2005, dictó un decreto convocando a sesión extraordinaria de la Legislatura, a fin de brindar explicaciones. Este mecanismo le permitió eludir la interpelación y condicionar el desarrollo del acto.

Su intención también era evitar la presencia de familiares en el recinto. “Por supuesto con la presencia de los medios en el lugar, para la cobertura que corresponda. El objetivo de ésta convocatoria es dar todos los informes necesarios y responder a las preguntas de los legisladores” , sostuvo Ibarra al hacer el anuncio. Con relación a la presencia de familiares, su jefe de gabinete, Raúl Fernández, afirmó: “Nuestro planteo es que se debe respetar el orden, la tranquilidad, a los efectos de poder tener una información de parte del gobierno y responder preguntas de diputados con racionalidad” , pretendiendo así fundamentar la posición en contra de que la sesión sea abierta al público. Dijo además que iba a sugerir a las autoridades de la Legislatura la instalación de un par de pantallas gigantes en los alrededores del edificio para que quienes quieran, puedan seguir la sesión desde la calle. Página 12.

Paralelamente el acorralado Jefe de Gobierno organizó su defensa motorizando el acceso a los medios de una serie de subsidiadas Organizaciones No Gubernamentales, y de quien durante todo el proceso apareció como una suerte de vocera, encubierta a través de su reconocida imagen de militante de los derechos humanos: Estela de Carlotto.

Como se reiterará en sucesivos actos, junto a Carlotto se expresarán Mónica Carranza y Margarita Barrientos (dos dirigentes del movimiento villero), siempre refiriendo el golpe institucional de la derecha: “El intento de golpe institucional que una vez más quiere llevar adelante la derecha apela a mecanismos miserables y antidemocráticos, montándose sobre el dolor de la tragedia.” Página 12.

Esta relación de Aníbal Ibarra con los medios se repetirá a lo largo de todo el proceso que historiamos, como consecuencia de un manejo tendencioso e ilícito de las pautas publicitarias y de los dineros públicos (lo que también es objeto de las causas de la corrupción, que se detallan en Judiciales )

Simultáneamente se lanzaron varios pedidos de revocatoria de mandato, empleando una herramienta también presente en la constitución de la Ciudad: Página 12.

Un día antes de la sesión de la Legislatura, nuevamente Carlotto formulaba declaraciones: “se esconden intereses partidarios detrás de esta acusación tan fuerte contra una persona elegida democráticamente” . El organismo ayer emitió un nuevo comunicado en el que se solidariza con los familiares y sobrevivientes y los impulsa a “unirse, porque el deseo de venganza sólo sirve para dividir” . Página 12.

3.1. El inicio de la interpelación.

A pesar de las presiones del ibarrismo, el 28 de enero se realiza la primera sesión destinada a recibir las explicaciones.

La sesión contó con la presencia de familiares de las víctimas fallecidas en República de Cromañón.

Estuvieron en el recinto: Eduardo Amaya, José Antonio Cayón, Alejandro Del Canto, Orlando Cruz, Olga Gómez, María Luisa González, José Iglesias, Elena Kosman, Diana Mangone, Alejandra Mico, Jorge Quinteros, Ricardo Righi, Osvaldo Ruiz, Osvaldo Zapata (todos de Que no se repita); Laura Belsunce, Armando Canziani, Jorge Díaz, Nilda Gómez, Santiago Maggio, Susana Perri, Amelia Ramella, Nélida Salazar, Mercedes Salvi, Clara Schpak, María Vento, Daniel Yanni, Bruno Zamudio (todos de Familias por la Vida); y María Teresa Achar, Alba Bebeder, Elba Duarte, Griselda Escobar, Alejandra Figliola, David y Jorge Gamarra, Liliana Gambartes, Liliana Garófalo, Jorge Luis Giralt, Eugenia Merubia y Eduardo Zacarías.

La larga sesión concluyó en un cuarto intermedio, que Ibarra nuevamente atribuyó a un intento de golpe: Página 12.

Durante el fin de semana, desde el ibarrismo se lanzaban versiones sobre la incomparecencia del Jefe de Gobierno a la continuación de la sesión, fijada para el día 4 de febrero de 2005.

3.2. El referéndum revocatorio

El día 31 de enero de 2005, Aníbal Ibarra convocó a una conferencia de prensa y entre otras cosas dijo: "He tomado la decisión de concurrir el día de mañana a la Legislatura para contestar todas las preguntas de los legisladores y dar las explicaciones necesarias" "El viernes pasado estuve 10 horas y contesté las preguntas de 20 bloques diferentes. Durante la última hora y media no hubo preguntas, sino sólo discursos", cuestionó Ibarra.

Luego sentenció: "La postergación significó la manipulación del dolor de los familiares y la sociedad". "Estoy comprometido con la sociedad -añadió Ibarra-. Otros dicen lo mismo, pero sólo les interesa hacer un show de la tragedia". "No podemos perder de vista la dimensión de la tragedia. Hubo más de 190 muertos y hay quienes quisieron hacer una especulación política". "Yo, a todos los lugares a los que llegué fue por la voluntad del pueblo de la Ciudad. No estoy aferrado a ningún sillón".

En consecuencia: "Decidí que la ciudadanía sea convocada para que, con el voto vinculante, decida si debo continuar al frente de la Jefatura de Gobierno. Yo siempre respeté la decisión de la ciudadanía, y necesito que la ciudadanía diga si tengo el aval para hacer las reformas que tengo planeadas" . Ibarra calificó de
"antidemocrático" el accionar de "grupos políticos que quieren reemplazar a la ciudadanía". "En cambio, es profundamente democrático solicitar que la ciudadanía me dé su aval" , apuntó.

La convocatoria a referéndum era una clara y burda maniobra .

A pesar de ello, y dado que el Jefe de Gobierno convertía su obligación de explicarse en un acto electoral, los familiares le solicitaron un debate público.

La maniobra fue denunciada. Por ejemplo, el partido radical formuló una declaración: " Declaramos -expresaron en el comunicado- el rechazo a la manipulación de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires por parte del jefe de Gobierno, al pretender la convocatoria a un referendo. Esa actitud constituye un apartamiento de la Constitución y una distorsión de las instituciones políticas, porque nunca un instrumento creado para el control y la participación ciudadana, como la revocatoria del mandato, puede ser utilizado al arbitrio del funcionario de turno" . El Ari también condenó la iniciativa. Noticias Urbanas . En el mismo sentido se pronunció un sector del socialismo: o el Partido de los trabajadores socialistas PTS o el Partido Obrero . PO.

La convocatoria fue en realidad un mero gesto mediático, que contrariaba lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad en su artículo 67.

Además no entrañaba riesgo alguno para el Jefe de Gobierno. En efecto, la ley 357, que regula el proceso de revocatoria de mandatos, exige para remover a un funcionario, reunir los votos de más del 50 por ciento de los electores inscriptos en el padrón, para que prospere la revocación. En las últimas elecciones para jefe de Gobierno, el número de electores en el padrón fue de 2.597.993. De no haber modificaciones en el padrón, se necesitaban 1.298.997 votos a favor de la revocatoria para que Ibarra deje su mandato. Algo que era extremadamente difícil de lograr, ya que nunca vota el 100 por ciento del padrón. En 2003, en la primera vuelta, votaron 1.781.625 personas. Es decir, sólo el 68,58 del padrón. En el ballotage, sufragaron 1.828.864 personas. O sea, el 70,40 por ciento. Noticias Urbanas

El 15 de marzo de 2005, el propio Aníbal Ibarra desnudó la operación al tener que reconocer que el referéndum era “un sistema para que no se aplique" . También reconoció que esta idea es "una definición y una confesión" . Dijo: "Si uno toma en cuenta la cantidad de firmas que uno tiene que juntar de un padrón, más la cantidad de votos que hay que sacar para legalmente revocar el mandato de alguien, es imposible que se aplique. Afirmó que hasta ese momento se juntaron, "con un esfuerzo fenomenal", más de 100.000 firmas, pero "Nos faltan 400.000 [firmas], estamos con mucho esfuerzo, con gente en la calle, con organizaciones sociales que están trabajando mucho, y hay ya una circulación de firmas muy grande, con lo cual vamos a seguir avanzando". Ibarra comentó que generalmente vota en la Ciudad de Buenos Aires "el 60 por ciento del padrón electoral", por lo que apuntó que para que se decida el revocamiento de su mandato "debería tener entre 1,3 y 1,4 millones de votos en contra, lo cual es muy difícil". "Es un sistema de muy difícil aplicación" , insistió el jefe de Gobierno.

3.3. Reanudación de la sesión de interpelación.

La sesión se reanudó el día 1 de febrero de 2005.

La mejor síntesis de ambas sesiones, respecto de las explicaciones del Jefe de Gobierno, la brindó la diputada Polimeni, durante la reunión de la Legislatura del 1 de febrero de 2005: “La verdad es que después de varias minutos de escucharlo atentamente estoy entre anonadada, llena de furia, de impotencia y de algunas cosas más que quisiera no sentir. Me indigna la vacuidad de sus palabras, su cinismo, su necedad, esa suerte de intento aberrante por convencernos de que hay que naturalizar la ilegalidad, la desidia, la indiferencia. No señor jefe de gobierno se puede cambiar, usted no quiso. Usted evidentemente estaba en otra, en una realidad paralela que no le permitió escuchar ninguna de las alertas, ninguno de todos los llamados de atención que anunciaron este desastre, este baño de sangre".

Continuando con sus apariciones mediáticas, el 4 de febrero de 2005, Aníbal Ibarra volvió a opinar sobre su situación: "Cuando ocurre una tragedia como la de Cromañón, salen a la luz lo peor y lo mejor de la sociedad. Situaciones de heroísmo, y otras de especulación. El cardenal Jorge Bergoglio dijo que estaban tupacamarizando la tragedia, viendo quién se quedaba con el mayor pedazo. A algunos les interesaban las explicaciones sobre la tragedia, y a otros les interesaban las luces de las cámaras. Otros querían forzar un juicio político, una renuncia, especular políticamente con la gobernabilidad. Yo llegué a donde llegué siempre frente al voto popular. Si es la sociedad la que dice que no debo seguir, no sigo un segundo más, pero que no sea un grupo político, un grupo de legisladores quien lo decida. Esto es lo que busco con el plebiscito. Para cambiar lo que es necesario cambiar, necesito estar fuerte. Si la sociedad quiere encarar el proceso de reformas, lo haré con su apoyo.

Ibarra defendió su comparecencia en la Legislatura al afirmar que intentó ir "despojado de cualquier defensa o justificación" . En ese sentido, afirmó: "Fui a decir lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Este tema de la seguridad en los boliches no estaba en la agenda política de la Ciudad o de la Legislatura. A principios de noviembre del 2004 fue a la Legislatura el ex secretario de Justicia y Seguridad Urbana, Juan Carlos López, estuvo 5 horas y nadie le preguntó sobre la seguridad en los boliches.

Continuó trasladando responsabilidades: “Tenemos normas de la década del cuarenta, ordenanzas de 1910, leyes de 1961. Hagámonos cargo de que el sistema era obsoleto. Había leyes contra incendios, en la Legislatura desde el año 2000, que no se aprobaban. Yo me hago cargo de la parte que me toca en la tragedia, pero porque me tengo que hacer cargo de todo. Hubiera esperado de la oposición que más allá de las críticas, dijeran que estaban para mirar para adelante. En lugar de eso, buscaron cargar todas las tintas sobre mi persona. Estuve 22 horas en la Legislatura y ninguna vez se mencionó que estaba cerrada la puerta de emergencia de Cromañón. En una sesión que estaba destinada a esclarecer la tragedia, sólo una vez se mencionó la bengala y ninguna la puerta. Creo que hay que tener madurez política" . Luego acudió a efectismos y contradicciones: “En términos personales tengo angustia, dolor, sentimientos cruzados de culpa. Frente a esta tragedia, como Jefe de Gobierno estoy adentro de esto, es inhumano separarme de esto. Desde lo jurídico o penal, es una decisión judicial. En términos de responsabilidad política, soy responsable ” Noticias Urbanas.

4. LA COMISION INVESTIGADORA.

Luego de las dos sesiones de la Legislatura y de la posición asumida por el Jefe de Gobierno, fecundó la posibilidad de formar una Comisión Investigadora. Esta herramienta parecía imprescindible para muchos, pero generaba escepticismos en grandes sectores, sobre todo por el desprestigio de la clase política.

Por lo demás, el ibarrismo y sus aliados, que ya no podían evitar la formación de esa Comisión, persiguieron dificultarla y, en lo posible, esterilizarla. Cuando esto no se logró, se procuró vaciarla. Fracasado este nuevo intento, lo siguiente fue lanzar campañas mediáticas para desprestigiarla.

Algunos propiciaron una comisión integrada por personalidades independientes. Por ejemplo, la mesa directiva del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical propuso la formación de una comisión investigadora con personalidades su entender, debe estar formada por Adolfo Pérez Esquivel, premio Nóbel de la Paz; Monseñor Justo Laguna; el historiador Félix Luna; el periodista Nelson Castro; la presidente de Madres de Plaza de Mayo, línea Fundadora Nora Cortiñas; el jurista Jorge Bacqué; el rabino Sergio Bergman.

Sin embargo, éstas ideas no prosperarían. Sí tendrían éxito las iniciativas presentadas en tal sentido en la Legislatura. A ese fin hubo varios proyectos:
- proyecto 3216D04, del 6 de enero de 2005, del diputado Norberto La Porta;
- proyecto 3224D04, del 7 de enero de 2005, del bloque Frente Para la Victoria
- proyecto 3226D04, del 10 de enero de 2005, del diputado Milciades F.A. Peña;
- proyecto 3227D04, del 11 de enero de 2005, del diputado Milciades F.A. Peña;
- proyecto 3270D04, del 4 de febrero de 2005, de la diputada Fernanda Ferrero;
- proyecto 3291D04, del 11 de febrero de 2005, del diputado Roy Cortina;
- proyecto 3295D04, del 15 de febrero de 2005, del diputado Ricardo O. Busacca;
- proyecto 3341D04, del 23 de febrero de 2005, del diputado Daniel Vega;
- proyecto 3353D04, del 24 de febrero de 2005, del diputado Francisco J. M. Talento y otros.

En la sesión de la Legislatura del 24 de febrero de 2005, se aprobó la Resolución Nº 624/2005, por la cual se creó en el ámbito de la misma, en los términos del artículo 83, inciso 3°, de la Constitución de la Ciudad, una Comisión Investigadora de los hechos ocurridos el 30 de diciembre de 2004 en República de Cromañón con el objeto de “investigar en el marco de su competencia la responsabilidad que les pueda caber a autoridades, funcionarios y empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” (art. 2 de la resolución).

El 22 de marzo el Presidente de la Legislatura, Dr. Jorge Telerman, decreta la conformación de la Comisión (Decreto N° 029-PSP-2005) considerando las propuestas enviadas por los bloques, de modo que élla cumpla con la representación proporcional de todos los sectores políticos, tal como lo establece la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la propia Resolución de creación.

En la cuarta sesión ordinaria de la Legislatura del 17 de marzo de 2005, se amplió el número de miembros de la Comisión de 15 a 17. Para ello se sustituyó el artículo 3 de la resolución 624 antes citada, reemplazándolo por el siguiente texto: "Artículo 3°.- Integración de la comisión investigadora. La comisión está integrada por diecisiete diputados, que serán elegidos en los términos del Artículo 83, inciso 3), de la Constitución de la Ciudad, respetando la representación de los partidos políticos y las alianzas. La comisión elegirá de su seno un presidente, un vicepresidente y un secretario”

4. 1. Integración de la Comisión:

La integración inicial de la Comisión era la siguiente: Álvaro González, Diego Santilli (Juntos por Buenos Aires); Miguel Talento, Diego Kravetz (Frente para la Victoria); Martín Borrelli, María Soledad Acuña (Frente Compromiso para el Cambio); Marina Pérez, Carlos Ameijeiras (Partido de la Ciudad); Fernanda Ferrero (Unión para Recrear Buenos Aires); Alicia Caruso (Frente Grande); Ricardo Busacca (Alternativa Federalista); Fernando Cantero (ARI); María Eugenia Estenssoro); Roy Cortina (Partido Socialista); y Milcíades Peña (Confluencia).; Tomás Devoto, de Movimiento por un Pueblo Libre; Gabriela Michetti, de Compromiso para el Cambio; Roy Cortina, del Socialismo.

El viernes 1º de abril, a las 16, la Comisión Investigadora de la tragedia de Cromañón se reunió por primera vez para definir sus autoridades (Presidente y Vicepresidente), para delinear un cronograma de trabajo y para expresar las distintas posiciones políticas del cuerpo colegiado. Se eligió presidente al diputado Señor Ricardo Oscar Busacca.

En esa sesión hubo cuestionamientos de los familiares, por la relación familiar de alguna de las diputadas con procesados en la causa Cromañón, y por vínculos políticos o de amistad con otros imputados. Las imputaciones estaban dirigidas a la presencia de Miguel Talento (Frente para la Victoria), Marina Pérez, Carlos Ameijeiras (Partido de la Ciudad) y Alicia Caruso (Frente Grande). Los reproches atañían a la relación entre Talento con Gustavo Torres, a la condición de Alicia Caruso, que era la ex esposa de uno de los funcionarios imputados Kampelmacher, etc. Noticias Urbanas.

Como consecuencia de esas impugnaciones, el bloque Frente Para la Victoria mediante un comunicado de fecha 6.4.05, retiró a sus dos diputados, Miguel Talento y Diego Kravetz. El 8.4.05 formalizaron su renuncia el presidente de la Comisión, Ricardo Busacca (Cambiemos Buenos Aires), y los diputados Alicia Caruso (Frente Grande), Carlos Ameijeiras, Marina Pérez (Partido de la Ciudad), y Roy Cortina (Partido Socialista).

Por lo tanto, sólo quedaron representados en la Comisión siete bloques: Confluencia (Milcíades Peña); Espacio Plural (María Eugenia Estenssoro); ARI (Fernando Cantero); Recrear (Fernanda Ferrero); Compromiso para el Cambio (Martín Borrelli y Gabriela Michetti); Juntos por Buenos Aires (Diego Santilli y Álvaro González); y el Movimiento por un Pueblo Libre (Tomás Devoto).

4. 2. La labor de la Comisión.

El 15.4.05 la Comisión concretó su tercera reunión y eligió autoridades: La Comisión decidió que la legisladora Fernanda Ferrero presida la misma y que la secunde el diputado Milcíades Peña. En tanto que a propuesta del diputado Álvaro González, el cargo de secretario fue para Martín Borrelli (hasta ese momento coordinador general de la Comisión).

El reglamento votado por los diputados determinaba que las reuniones de la Comisión serian públicas, se realizarían una vez por semana y durante la primera media hora el presidente invitaría a los sobrevivientes y familiares de las víctimas y otros interesados a expresarse.

La Comisión tomó declaraciones a numerosos testigos.

Mientras se desarrollaba la labor de la Comisión, su trabajo fue objeto de cuestionamientos mediáticos a instancias del Jefe de Gobierno. Ante una serie de declaraciones del Jefe de Gobierno y de otros funcionarios, en los medios periodísticos, la Comisión emitió el 6 de junio de 2005 un comunicado: " Esta comisión fue conformada por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. En un claro intento de vaciamiento, se produjeron algunas renuncias de los sectores vinculados al oficialismo y quienes por aquel entonces lo acompañaban. Frente a ello los diputados del Frente Compromiso para el Cambio, de Juntos por Buenos Aires, de Recrear, del ARI, del Movimiento para un Pueblo Libre, de Confluencia y del Bloque Plural, le dieron a esta comisión la seriedad en el trabajo cotidiano que nos permite afirmar que institucionalmente estamos cumpliendo con el mandato recibido. Creemos imprescindible poner de manifiesto, que nuestra actitud es de sumo respeto por las instituciones que merece el pueblo de la Ciudad y nuestra tarea no tiene otra finalidad que llegar a la verdad que reclama el conjunto de la sociedad". "Repudiamos las manifestaciones de Ibarra tendientes a condicionar la actividad de un poder independiente, vulnerando una vez más, el principio de la división de poderes. Esta comisión continuará con su tarea, sin entrar en consideraciones políticas que intentan desviar la atención del verdadero eje: esclarecer los hechos ocurridos en Cromañón".

Aníbal Ibarra no sólo dirigió operaciones mediáticas contra la Comisión. Trato de obstaculizar su trabajo mediante la actuación de algunos personeros suyos: tal el caso de la declaración del funcionario Crespo Campos. De igual manera, ordenó que determinados funcionarios no fueran a declarar. Sobre el final de la recepción de la prueba, el Secretario de Seguridad Diego Gorgal, citado como testigo, se dirigió a la Comisión en los siguientes términos: "Por medio de la presente, me dirijo a usted a efecto de comunicarle que por expresas instrucciones del Sr. Jefe de Gobierno, Dr. Aníbal Ibarra, no estoy autorizado a concurrir a la audiencia dispuesta por esa Comisión Investigadora para el día de la fecha" Noticias Urbanas.

El 14 de julio de 2005 la Comisión concluyó el periodo de prueba.

En los días siguientes el clima político se enrareció, con presiones y declaraciones de Ibarra, sus funcionarios y diputados afines, como con solicitadas:
Noticias Urbanas.
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Asimismo, el Jefe de Gobierno desarrollo febriles negociaciones para obtener apoyos: Noticias Urbanas.

A pesar de ese clima, el 29 de julio de 2005, la Comisión dio a conocer su dictamen, propiciando el juicio político de Ibarra y de la Sindico de la Ciudad, además de otras medidas.

El dictamen fue criticado por los aliados de Ibarra, pero mereció el apoyo de todo el arco político, como pieza fundamental para continuar las investigaciones: La Nación.

En el acto organizado por los familiares de las víctimas fallecidas en República de Cromañón se dirigió un mensaje claro a la comunidad politica, reivindicando el trabajo de la Comisión y la necesidad de proteger las instancias posteriores.

A pesar de la seriedad del dictamen, las operaciones siguieron: a la presidenta de la Comisión, Fernanda Ferrero, por ejemplo, le atribuyeron haber tenido vinculaciones con Massera, Diario Clarín.
Página 12 , luego claramente desacreditadas.

5. El juicio político propiamente dicho.

En su sesión de 4 de agosto de 2005, la legislatura decidió, mediante Resolución 326/2005, aprobada por la mayoría de los diputados y con la abstención de la diputada Noemí Oliveto, lo siguiente: “Artículo 1°.- De conformidad a la recomendación expresada en el dictamen de la Comisión Investigadora creada mediante Resolución Nº 624, a lo dispuesto en los artículos 92 a 94 de la Constitución de la Ciudad y a la reglamentación vigente, gírense las actuaciones a la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora para la prosecución del trámite con el voto de los diputados”.

5. 1. El Procedimiento del Juicio Político.

A los efectos del trámite de cualquier juicio político, conforme dispone la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Legislatura se divide en una Sala Acusadora integrada por el 75 por ciento de sus miembros (es decir, 45 diputados) y en una Sala Juzgadora compuesta por el 25 por ciento restante (15 diputados), respetando la proporcionalidad de los partidos o alianzas.

Cada dos años y en su primera sesión, cuando la Legislatura elige por sorteo a los integrantes de ambas salas, las cuales son presididas por un diputado elegido por mayoría simple entre sus miembros. La Sala Acusadora está presidida por Santiago de Estrada (Juntos por Buenos Aires). Sin embargo, cuando el juicio político es contra el jefe o vicejefe de Gobierno, la Sala Juzgadora es presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, cargo que ocupa actualmente Julio Maier.

La Sala Acusadora nombra en su primera sesión anual una comisión de 13 miembros para investigar los hechos en que se fundan las acusaciones. Dispone de facultades instructorias y garantiza al imputado el derecho de defensa. Una vez presentado el dictamen de esta comisión, para aprobar la acusación son necesarios, como mínimo, 30 votos afirmativos. El acusado queda suspendido en sus funciones, sin goce de haberes.

Luego de sustanciarse la acusación, la Sala Juzgadora es la encargada de debatir el caso respetando la contradicción y la defensa. La condena se dicta por mayoría de dos tercios de sus miembros (10 de 15) y tiene como único efecto la destitución, pudiendo inhabilitar al acusado para desempeñar cualquier cargo público en la Ciudad hasta diez años.

Si la Sala no falla en los cuatro meses siguientes a la suspensión del funcionario, se lo considera absuelto y no puede ser sometido a nuevo juicio político por los mismos hechos.

5. 2. Composición de la sala acusadora.

La Sala Acusadora estaba compuesta por Gabriela Michetti, María Soledad Acuña, Martín Borrelli, Marcelo Godoy, Rodrigo Herrera Bravo, Marcos Peña (CpC); Jorge San Martino, Carlos Araujo (Recrear); Sandra Bergenfeld, Jorge Mercado (Cambiemos Buenos Aires); Daniel Betti, Sergio Molina (Bloque del Sur); Mónica Bianchi, Chango Farías Gómez, Claudio Ferreño, Diego Kravetz, Silvia La Ruffa, Ana María Suppa, Miguel Talento, Marta Talotti (Frente para la Victoria); Fernando Cantero, Fernando Melillo, Juan Manuel Velasco (ARI); Alicia Caruso, Sandra Dosch (Frente Grande); Roy Cortina (PS); Diego Santilli, Santiago de Estrada, Jorge Enríquez, Álvaro González, Eduardo Lorenzo Borocotó, Juan Carlos Lynch, Mario Morando, Dora Mouzo (Juntos por Buenos Aires); Julio De Giovanni, Jorge Giorno (Partido de la Ciudad); Rubén y Tomás Devoto (Movimiento para un Pueblo Libre); María Eugenia Estenssoro (Espacio Plural); Noemí Oliveto (Autodeterminación y Libertad); Graciela Scorzo (Salvador Mazza); Mirta Onega (Compromiso Social); Milcíades Peña, Ariel Schifrin (Confluencia) y Roberto Vázquez (UCR).

5.3. Composición de la sala Juzgadora.

En tanto, la Sala Juzgadora estaba integrada por Ferrero, Silvia Majdalani (Juntos por Buenos Aires); Norberto La Porta (PS); Laura Moresi (FG); Carlos Ameijeiras, Marina Pérez (Partido de la Ciudad); Beatriz Baltroc (Autonomía Popular); Helio Rebot, Alicia Bello (Frente para la Victoria); Ricardo Busacca (Alternativa Federalista); María Florencia Polimeni, Paula Bertol (CpC); Héctor Bidonde (Bloque del Sur); Susana Etchegoyen (19 y 20 de Diciembre) y Marcos Wolman (Izquierda Unida).
Inicio del procedimiento

5. 4. Trabajo de la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora.

El 10 de agosto de 2005 fue la primer reunión de la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora, la que estaba integrada por los siguientes diputados: Marcelo Rafael Godoy (Compromiso para el Cambio), Presidente de la Comisión, Jorge San Martino (Recrear), Álvaro González, Jorge Enríquez (Juntos por Buenos Aires), Martín Borrelli (Compromiso para el Cambio), Miguel Talento, Diego Kravetz, Silvia La Ruffa (Frente para la Victoria), Fernando Melillo (ARI), Sandra Dosch (Frente Grande), Daniel Betti (Bloque del Sur), Rubén Devoto (Movimiento por un Pueblo Libre) y Ariel Schifrin (Confluencia).

En la segunda reunión de la Comisión Investigadora, celebrada el 17 de agosto de 2005, ésta hizo suyo el dictamen de la Comisión especial que la precedió y se formularon dos proyectos. Más allá de las diferencias políticas, se acordó el texto de ambas resoluciones basándose en la propuesta del diputado San Martino y con un agregado del diputado Betti en el caso del jefe de Gobierno.

La Comisión decidió -por nueve votos afirmativos (Betti, González, Godoy, San Martino, Schifrin, Enríquez, Fernando Melillo, Tomás Devoto y la ibarrista Sandra Dosch) y dos abstenciones (Talento y Kravetz) citar a Ibarra a realizar su descargo el viernes 26 de agosto próximo a las 10, con la posibilidad de que este plazo se extienda por cinco días hábiles improrrogables (2 de septiembre).

En lo que respecta a Marcela Sánchez de Bustamante, también con iguales votos se resolvió citarla para el lunes 29 de agosto a las 10 (fecha también prorrogable por cinco días hábiles, o sea, hasta el lunes 5 de septiembre).

Mientras tanto el Jefe de Gobierno dio inicio a una acción en el Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma, expediente N° 4133/05, caratulado “Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires s/ conflicto de poderes” . En ella planteó el rechazo de la posibilidad que la Legislatura pueda destituír por juicio político a la Contadora Sánchez de Bustamante pues, según alega, la atribución para designar o remover a la Síndico General de la Ciudad es exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo, conforme lo establecido en los artículos 92 y 133 de la CCABA. En consecuencia, solicitó que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de todos los actos de la Legislatura y de la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora relacionados con el juicio político contra la Síndico General y que se condene a la Legislatura a “no hacer el proceso constitucional en marcha contra dicha funcionaria”.

Asimismo, en el apartado VII, Ibarra requirió que se dicte una medida cautelar in audita parte ordenando la inmediata suspensión de la vista conferida a la Síndico como así también de la audiencia fijada para el pasado 29 de agosto. Este proceso se convirtió en abstracto al producirse la renuncia de la síndico. En consecuencia, mediante una resolución dictada el 3 de mayo de 2006, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad dispuso su archivo.

El 2 de septiembre de 2005, la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora de la Legislatura, le concedió a Aníbal Ibarra una prorroga para su descargo hasta el día 9 de septiembre a las 10. Votaron a favor de la prórroga los diputados Godoy, Martín Borrelli (Compromiso para el Cambio), Álvaro González (Juntos por Buenos Aires), Diego Kravetz, Silvia La Ruffa (Frente para la Victoria) y Sandra Dosch (Frente Grande). En tanto, votaron negativamente los diputados Daniel Betti (Bloque del Sur), Jorge San Martino (Recrear), Rubén Devoto (Movimiento para un Pueblo Libre) y Ariel Schifrin (Confluencia).

El 8 de septiembre Aníbal Ibarra convocó a una conferencia de prensa para anticipar su descargo Noticias Urbanas. Igualmente amenazó con denunciar penalmente a dos legisladores Noticias Urbanas , amenaza que nunca concretó.

Los familiares formularon una presentación solicitando un debate con el Jefe de Gobierno, sobre los alcances de su descargo y de las imputaciones Noticias Urbanas.

Finalmente el Jefe de Gobierno entregó su descargo el día 9 de septiembre. En él, planteó la recusación de los diputados Jorge San Martino, Rubén Devoto, Ariel Schifrin, Álvaro González, Martín Borrelli y Jorge Enríquez. Asimismo ofreció pruebas.

El 15 de septiembre de 2005 se reunió la Sala acusadora, con el fin de resolver sobre las recusaciones. La decisión fue su rechazo. En el caso de las recusaciones a los diputados Borrelli y González se las rechazó por 35 votos positivos y 5 negativos. Con respecto a las formuladas contra los diputados Devoto y San Martino, se las rechazó por 38 votos positivos y 2 negativos. La dirigida contra el diputado Schifrin, se denegó por 37 votos afirmativos y 3 abstenciones (Silvia La Ruffa, Alicia Caruso y Sandra Dosch). Finalmente, la destinada al diputado Enríquez, fue rechazada por 38 votos positivos y 2 negativos. En todos los casos, los familiares aplaudieron el resultado de las votaciones.

Al día siguiente, 16 de septiembre de 2005, se reunió la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora, a fin de resolver sobre la prueba ofrecida por Aníbal Ibarra. Por ocho votos positivos y cuatro negativos (sólo estuvo ausente el diputado del Frente para la Victoria, Miguel Talento) se aprobó la propuesta realizada por el diputado Martín Borrelli (Compromiso para el Cambio) por la cual se aceptaban 30 de los testigos propuestos por Ibarra.

Es de señalar que Ibarra había ofrecido 386 testigos, que declararían la mayoría sobre los mismos hechos.

Posteriormente, en la sesión del 4 de octubre de 2005, la Comisión aceptó la declaración de diez testigos más propuestos por Ibarra. Se produjeron las pruebas con la declaración de numerosos testigos. En todas las sesiones estuvieron presentes los familiares de las víctimas de República de Cromañón.

El 28 de octubre de 2005, una mayoría de siete votos firmó el dictamen de mayoría que aconseja que la Sala Acusadora materialice la acusación al jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, por mal desempeño de sus funciones.

El día 10 de noviembre fue el fijado para recibir la votación. La sesión fue accidentada y dio lugar a un cuarto intermedio.

El clima general estaba enrarecido. Ibarra convocó a marchas para apoyarlo.

Finalmente, la sala acusadora decidió el 14 de noviembre de 2006, acusar al Jefe de Gobierno por mal desempeño. Consecuentemente, el mencionado quedó suspendido en sus funciones.

Fue notificado de la suspensión el día 15 de noviembre de 2006, a las 13.30.
Por la acusación votaron: Gabriela Michetti, María Soledad Acuña, Martín Borrelli, Santiago de Estrada, Jorge Enríquez, Marcelo Godoy, Álvaro González, Rodrigo Herrera Bravo, Juan Carlos Lynch, Mario Morando, Dora Mouzo, Marcos Peña y Diego Santilli (todos del macrismo); Carlos Araujo y Jorge San Martino (Recrear); Fernando Cantero, Fernando Melillo y Juan Manuel Velasco (ARI), Tomás Devoto, Rubén Devoto, Sergio Molina, Daniel Betti y Graciela Scorzo (Interbloque de Izquierda), Milcíades Peña y Ariel Schifrin (Confluencia), María Eugenia Estenssoro (Espacio Plural) y Sandra Bergenfeld (Cambiemos Buenos Aires), Eduardo Lorenzo Borocotó (ex macrista, ahora kirchnerista), Noemí Oliveto (Autodeterminación y Libertad) y Juan "Chango" Farías Gómez (Frente para la Victoria).