Que se cierren todos los lugares habilitados con finalidades que son una pantalla para comercializar el cuerpo de mujeres y niños, que se termine con el cada vez más extendido método de la explotación en departamentos particulares, que se investigue cada hotel de cualquier nivel de la Ciudad donde se ofrece como “servicio” la prostitución de terceras personas, que se incauten los bienes de los tratantes y que tales fondos sean destinados a las víctimas.

Que se realice una investigación independiente integrada por los familiares de las víctimas, organizaciones de mujeres y organismos de DDHH sobre cada comisaría, dependientes del Gobierno Nacional, para establecer la ruta de la coima que permite el libre funcionamiento del negocio de la esclavitud sexual; que la justicia y el Estado en general respondan sobre esta necesaria complicidad y participación para que exista semejante extensión de este delito que incluye torturas en centros clandestinos (prostíbulos), violaciones, obligación al consumo de drogas, venta de niños, entre otros delitos.

Que el estado disponga inmediatamente, a través de la legislatura, decretos u otros medios, de un subsidio a todas las víctimas que resuelva el problema de subsistencia, que se destinen inmuebles públicos para el refugio inmediato de las víctimas, que se designen equipos de intervención interdisciplinarios con cargos estables y con independencia de funcionamiento para abordar la atención de víctimas.

Cárcel a los funcionarios que habilitan boliches y establecimientos que funcionan como prostíbulos, a proxenetas y demás empresarios. Denuncia e investigación independiente sobre Macri y su gobierno por encubrimiento y promoción del delito de la explotación de la prostitución ajena y sobre el resto de los gobiernos que impulsaron el turismo sexual en la Ciudad.

Que el delito de explotación de la prostitución ajena sea declarado un delito federal, en el que intervienen redes y funcionarios públicos. Denunciamos que los casos de trata o de investigación de la misma terminan en un limbo jurídico toda vez que los juzgados de diferentes esferas se declaran incompetentes a la hora de intervenir en el proceso completo de trata y de la finalidad para la que existe el delito de trata.

Alertamos que en los casos más recientes de búsqueda de Rocío Marini y de Federica, como ocurrió también con el juez federal Barbero en Santa Fe y tantas otras dependencias de la justicia, las investigaciones nunca avanzaron, negligencia o complicidad en la justicia son dos actitudes que se convierten en una intervención necesaria del estado para que exista este delito.

Desde el Plenario de Trabajadoras denunciamos que en la Ciudad de Buenos Aires se produce una combinación fatal para las mujeres: Las fuerzas policiales dependientes del gobierno nacional, la policía metropolitana reclutada de los federales desplazados y los gobiernos nacional y de la ciudad promueven el negocio de la prostitución, entre otros delitos que no sólo son un gran negocio sino también un poderoso factor de disciplinamiento social.