Los controles de Costa Salguero, bajo sospecha.

AGC
 

"Los controles de Costa Salguero, bajo sospecha.

El juez Casanello ordenó el allanamiento de oficinas del gobierno porteño. Ante la sospecha de que el día de la trágica fiesta Time Warp, en Costa Salguero, no se cumplieron todos los controles obligatorios, el juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la investigación, ordenó una serie de allanamientos en dependencias del gobierno porteño para buscar documentación sobre el trabajo hecho durante la rave, que terminó con cinco jóvenes muertos y otros cinco internados.

Anoche, según supo LA NACION de fuentes judiciales, ya habían sido allanadas la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Además, para "evitar la ocurrencia de eventos similares que podrían acarrear nuevas víctimas", el magistrado ordenó suspender festivales y otros encuentros públicos o privados organizados por las sociedades que se investigan en la causa. De acuerdo con lo publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ), Casanello también llamó a indagatoria a los empresarios Martín Gontad y Diego Herrera, vinculados con la organización de la Time Warp; deberán responder por el delito de facilitación de lugar para el comercio de estupefacientes.

"El gobierno porteño tenía la obligación de controlar. El día de la trágica fiesta debían haber estado en el lugar y hay sospechas de que no estuvieron todos los inspectores que establecen las normativas vigentes", explicó una fuente judicial. Según pudo saber LA NACION, Casanello ordenó los allanamientos de la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental, la Dirección General de Limpieza y la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria después de no haber tenido una respuesta al pedido hecho a las autoridades correspondientes sobre el trabajo de control en Costa Salguero. "Los operativos en las dependencias oficiales tuvieron como objetivo buscar la documentación pedida y que nunca fue remitida", sostuvo la fuente consultada.

En la fiesta de Costa Salguero, la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria porteña, conducida por Tomás Schonamsgruber, debía elaborar un informe sobre las condiciones de higiene y seguridad alimentaria, según uno de los artículos del permiso para la Time Warp. El texto autorizaba a los organizadores a vender bebidas alcohólicas en el predio, aunque con condiciones: "vasos plásticos, botellas de agua plásticas y latas" descartables donde bailaban más de 10.000 personas, es decir, el sector general. Las bebidas sin alcohol se podían vender en vasos plásticos y el permiso incluía la venta de sándwiches fríos y calientes, "lo cual será oportunamente fiscalizado en lo que hace a la higiene y salubridad".

Es la propia resolución la que atribuye esa responsabilidad a los inspectores de la dirección a cargo de Schonamsgruber, rugbier de unos 30 años. LA NACION pudo confirmar también de fuentes judiciales que esa área no envió personal a la Time Warp. Según detallaron en la dependencia, no es necesario que asistan personalmente al lugar; sin embargo, sí debían presentar un informe realizado por la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria. Ese informe no está en la causa, según indicaron fuentes con acceso al expediente.

En el sector VIP, en cambio, se podía consumir en "botellas de vidrio, vasos de vidrio, botellas de agua y latas", según se lee en la resolución de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la agencia porteña. El suministro de agua es indispensable en estas fiestas, en las que el consumo de drogas exige hidratación constante (una persona llega a consumir entre seis y ocho botellitas de agua)".

También estaba prohibida la publicidad de tabaco. Pero uno de los jóvenes que asistió contó a LA NACION cómo, al pasar el molinete, una promotora de una de las marcas de cigarrillos le preguntó: "¿Fumás?" . Él ensayó una respuesta rápida para no perder tiempo. "Fumo, pero le dije que no. Pasé de una" , contó Rodrigo L., de 30 años. Eran algo más de las once de la noche del viernes pasado. A cambio de responder una encuesta breve, según contó, se habría podido llevar gratis un paquete de cigarrillos light, lo que viola la ley de control de tabaco porteña. Si hubiese habido un inspector, la historia de Rodrigo podría confirmarse o no.

Además de los allanamientos, Casanello ordenó las indagatorias de Gontad y Herrera, que se harán efectivas pasado mañana. El primero es el encargado de promover en la Argentina las fiestas electrónicas más importantes, como Creamfields y el Festival Time Warp, por medio de la empresa 2Net. El otro es el director suplente de Dell Producciones (el presidente Adrián Conci continúa prófugo), la organizadora de la fiesta de la tragedia. El juez les prohibió la salida del país y ordenó la inhibición general de sus bienes. Anteayer, en un dictamen donde había pedido la indagatoria de Gontad, el fiscal de la causa, Federico Delgado, sostuvo: "El objeto de la investigación es el vínculo entre la organización de una fiesta, su despliegue y las, hasta ahora, cinco muertes producidas allí. Se desprende que Gontad fue uno de sus compositores".

Como se informó en la edición de ayer, el juez Casanello, con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, y la Unidad Fiscal Especializada en Ciber-Delincuencia (Ufeci), comandada por Horacio Azzolin, obtuvo el dato de que en la rave de la tragedia había 20.513 personas, cuando había sido habilitada para 13.000. El dato fue obtenido al analizar el iPhone 6 que se le secuestró a Conci. Según informaron fuentes judiciales, en un grupo de WhatsApp de los organizadores se iba informando de la cantidad de gente que había y en un momento, uno escribió "ingreso final 20.513".

Al fundamentar la decisión de suspender fiestas y eventos públicos y privados organizados por las empresas investigadas, Casanello sostuvo que existe "la necesidad de adoptar medidas a fin de evitar cautelarmente el acontecimiento de situaciones similares a la ocurrida el fin de semana pasado y que pongan en riesgo la vida de los asistentes. Ello obedece también a la sospecha de que cuanto menos no han funcionado correctamente los controles gubernamentales -poder de policía- ni los de seguridad tanto pública como privada". Son 31 las firmas que deben suspender los eventos y fiestas de las que pensaban participar. Entre ellas se encuentran Dell Producciones, Multiticket, Pacha Buenos Aires, Energy Group, 2Net, Club One y Punto FM.

http://www.lanacion.com.ar/1892097-allanaron-dependencias-portenas-por-las-fallas-en-el-control-de-la-time-warp

http://www.noticiasurbanas.com.ar/noticias/el-caso-time-warp-suma-interrogantes/

http://www.cij.gov.ar/nota-21075-Time-Warp--suspenden-festivales-y-eventos-p-blicos-y-privados-de-los-que-participen-Dell-Producciones-y-otras-empresas-del-sector.html

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Enviado por QNSR el Dom, 2016-04-24 11:00

Tu nombre es "República Salguero".

Costa Salguero 1
 

"República Salguero".

Por Eduardo Fabregat.

¿Qué diferencia a Costa Salguero de República Cromañón? ¿Un matiz de estilos musicales? ¿Una cuestión de target socioeconómico? ¿Una simple, brutal, diferencia de cifras? Más de once años después de la maldita noche del 30 de diciembre de 2004, las muertes jóvenes volvieron a producirse por un idéntico esquema de desprotección al ciudadano. Un grupo de organizadores que incurrió en fallas imperdonables, y un Estado que no estuvo allí para controlar las condiciones de seguridad de un espectáculo público.

Y entonces: pasó Cromañón, y nada ha cambiado.

Si no fuera porque aquí ha habido muertes, sería motivo de risa escuchar a los prefectos decir que en la fiesta no había drogas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que tanto gusta de hacer declaraciones y tuwits altisonantes y mostrarse en traje militar camuflado, prefirió primero hacer mutis por el foro y luego hablar únicamente de las drogas de diseño. Así como hubo que escuchar una y otra vez que “en muchos shows prendían bengalas” , ahora habrá que recordar que en las fiestas electrónicas suele haber sospechosos cortes de suministro de agua corriente, para favorecer un negocio de botellas de agua a precio de oro. El lugar estaba superpoblado, los testimonios y el informe del fiscal Federico Delgado hablan de una atmósfera irrespirable, ventanas cerradas, personal médico escaso y “puestos de hidratación” que a medianoche ya no hidrataban a nadie , pero los inspectores del Gobierno de la Ciudad –que, según el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, estuvieron allí e hicieron bien su trabajo– no encontraron ninguna irregularidad. Otra vez: ¿qué diferencia a Costa Salguero de República Cromañón?

Además de las muertes de cinco jóvenes y el riesgo que corren en estas horas otros cinco, lo que produce horror es ver cómo, después de tantas aseveraciones sobre la enseñanza que Cromañón dejaba en la sociedad y en los responsables de velar por su seguridad, no se aprendió nada. Pero en este hecho hay agravantes que producen aún más dolor: los responsables de controlar estos espacios públicos son los que impulsaron un juicio político al responsable de controlar los espacios públicos en 2004. El macrismo no dudó en desplazar a Aníbal Ibarra por no cumplir sus deberes como funcionario público. Horacio Rodríguez Larreta también incumple sus deberes como funcionario público.

Las muertes en Costa Salguero, además, se producen en un contexto sobre el que vale la pena detenerse. Hace ya un largo tiempo que el Gobierno de la Ciudad lleva adelante un plan sistemático de persecución a lugares de música en vivo, teatros independientes y centros culturales autogestionados, a los que se les exige cada día un requisito nuevo y contra los que se utilizan argucias tramposas, a veces en el borde del ridículo, para cruzarles una faja de clausura aunque tengan todo en regla. Pero Costa Salguero, como bien explicó Werner Pertot ayer en este diario (http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-297223-2016-04-18.html), no es un lugar cualquiera: ha sido una usina de negocios primero para el menemismo y luego para el macrismo. Cuenta con una protección estatal que se traduce en un canon ridículo y una ostensible vista gorda a la hora de controlar su funcionamiento y vigilar que no haya un ejército de dealers vendiendo basura adulterada. Tiene toda la protección política que supone el hecho de que en el directorio de la concesionaria aparece Fernando Polledo Olivera, marido de la vicepresidenta primera de la Legislatura, la macrista Carmen Polledo.

Ni en Cromañón existían tan claros vínculos entre el Estado y los responsables de organizar una fiesta que terminó en muerte. En tiempos de blindaje mediático a los desaguisados, cuentas panameñas y corrupciones del macrismo, ¿Costa Salguero será solo un incidente más? Ya sucedió con Beara, donde hubo dos muertes y más que sancionar a Martín Farrell se lo quiso premiar con un puesto de juez. Da la siniestra sensación de que la gravedad de los hechos solo se mide en cantidad de muertes. Pero si esta sociedad clamó por esclarecimiento y justicia con República Cromañón, y tantos años después vuelve a encontrarse indefensa frente al mismo esquema de corrupción y desidia, sería gravísimo que todo quedara en la excusa del narcotráfico, algunas declaraciones de ocasión, un par de debates televisivos sobre las peligrosas costumbres de la juventud y el pragmatismo de algunos hipócritas que dijeron venir a cambiarlo todo, y ahora pretenderán seguir como si no hubiera pasado nada. La vida –y la muerte– en República Salguero.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297325-2016-04-19.html

Costa Salguero 2
 

“Un mercado de drogas, hacinamiento y calor”.

Por Horacio Cecchi

El juez Sebastián Casanello ordenó la detención del presidente de Dell Producciones, organizadora de la fiesta Time Warp. El pedido lo realizó el fiscal Federico Delgado, quien comparó el suceso con lo ocurrido en Cromañón. Allanamientos en Prefectura.

La orden de detención de Adrián Conci, el organizador de la fiesta de música electrónica Time Warp, en el complejo Costa Salguero, y el allanamiento de la División de Investigaciones Penal Administrativa (DIPA) de la Prefectura, fueron las medidas que impactaron más en el día de ayer en el ambiente todavía ácido del complejo Costa Salguero, clausurado luego de la muerte de cinco jóvenes por consumo de drogas sintéticas. La detención y el allanamiento fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello, quien se hizo cargo del caso después de que pasara a la Justicia federal ya que se determinaron muertes por consumo de drogas. El pedido de detención de Conci lo presentó el fiscal federal Federico Delgado y Casanello lo aceptó. Delgado solicitó la detención luego de considerar a Time Warp como un “significante vacío” detrás del que se montó un dispositivo de venta de drogas, se reguló ese mercado y se produjeron diversas situaciones como la seria dificultad para acceder al agua, agregado al calor y al hacinamiento.

“Es inevitable pensar en Cromañón” , escribió en su texto el fiscal. Mientras, el Gobierno porteño respondió con criterios disímiles. El jefe del Ejecutivo, Horacio Rodríguez Larreta, elaboró una buena síntesis: dijo que él y su familia rezarán por las víctimas. El dictamen del fiscal federal Federico Delgado fue contundente y empezó, como quien dice, marcando la cancha: recordó dos investigaciones anteriores recaídas en la misma fiscalía y la suerte que corrieron en el ámbito judicial, ambas referidas a las fiestas electrónicas de Creamfields . Una de ellas fue iniciada en 2013 y se judicializó en 2014 en el juzgado federal 10, investigación finalmente archivada por la Cámara Federal en 2015. La segunda investigación, se inició en 2015 y tuvo exactamente el mismo recorrido. Delgado ofreció a Casanello retomar esas legajos “para contextualizar los hechos”.

Delgado calificó a la sigla Time Warp como “una suerte de significante vacío que alojó una pluralidad de maniobras delictivas prolijamente organizadas” . También sostuvo que con la excusa del evento musical “se montó todo un dispositivo de venta de drogas que tomó un cariz dramático pero real, en la medida que dentro de ese mercado que fue la Time Warp se suscitaron diversas situaciones que agravaron el curso del evento”. Delgado entonces pasó a enumerar los hechos que agudizaron el consumo organizado y que están directamente vinculados a las altas temperaturas y la provisión de líquidos. “(...) entre otras –sostuvo Delgado– baños colapsados, nula ventilación, ambiente sin ventanas y sin ventiladores, altísimas temperaturas, grandes colas de personas para acceder a la compra de botellas de agua (más de una hora de tiempo) las cuales se vendían a 40 pesos e incluso se llegaban a pagar 100 pesos si en la caja no tenían cambio, robos de botellas de agua y avalanchas en el ingreso y en horario pico producto de la excesiva cantidad de gente que había –posible sobreventa de entradas–”.

“Esto significa –agregó el fiscal– que la venta de droga organizada, la regulación de ese ‘mercado’, el hacinamiento y el calor colocaron al responsable del evento también como responsable de los hechos.” Y consideró que con lo presentado había suficientes elementos para pedir la inmediata detención de Adrián Conci, presidente de Dell Producciones SA, organizadora del Time Warp. Delgado pretende averiguar si Conci “actuó solo o en sociedad.” Y presenta el entramado societario sobre el que sostiene que “está todo relacionado”. A Costa Salguero lo explotan Telemetrix SA, “cuyo presidente es Alberto Luis Gutiérrez, y Salguero Eventos SA (...) encabezado por Jaime Marcelo Salmun”. Pero, “un director de Telemetrix preside Centro Costa Salguero. El vicepresidente del directorio de Telemetrix (Federico Bensadon) es director de Centro Costa Salguero” , sostiene Delgado quien cita la nota del periodista Werner Pertot, de Página/12, publicada ayer, y constatada ayer por el propio Delgado.Señaló también a las empresas Energy Group SRL, que participó en la provisión de Speed y aguas Block (agua corriente filtrada), y en la contratación de encargados de limpieza de los pabellones; Siseg SRL, de seguridad privada y Semec SRL, de asistencia sanitaria.
Para el fiscal, “la fuente de gran parte de los problemas fue la pastilla llamada Superman”.
Los testimonios obtenidos durante las primeras actuaciones, sostuvieron que había personal de seguridad pero “no se solicitaba DNI, y la revisación era escasa y a medida que el caudal de gente aumentaba, era menor y de forma más superficial”. Esos mismos testimonios describieron que apenas se ingresaba “los vendedores de drogas recibían a la gente ofreciendo ‘keta, LSD, éxtasis, cocaína y Superman’”. Si se agrega la descripción anterior, sobre hacinamiento, calor, falta de ventilación y de bebidas, “muchos tuvieron principio de asfixia. Pero no sólo se racionó la venta de bebidas. También, según algunos testigos, la red de agua corriente se cerró a la madrugada”.

Como síntesis, Delgado enumeró las bases de la imputación: venta de drogas organizada, administración de la necesidad de hidratarse, alta temperatura, hacinamiento, falta de ventilación y ventanas, cierre de todas las puertas debido a la lluvia que se desató a partir de las 2am, escasez de médicos o paramédicos. Los testimonios de seis médicos coincidieron en que desde las 4.30/5 de la madrugada “aumentó exponencialmente la cantidad de pacientes de gravedad que presentaban signos de intoxicación”. Los pacientes les refirieron a los médicos que habían consumido pastillas adquiridas en el mismo evento. “Es inevitable pensar en Cromañón –reflexionó Delgado–. Una testigo lo resumió como nadie, "era una caja de aluminio". El fiscal sostuvo que el escenario descripto “demuestra que hubo una actuación deliberada en la que la vida se subordinó a la decisión de lucrar con la venta de drogas y todo ello terminó con la muerte de cinco personas”.

Por otro lado, el ex legislador porteño y miembro del Partido Social, Facundo Di Filippo, anunció que hoy presentará al juez Casanello todos los fallos de la justicia Contencioso Administrativa porteña contra Telemetrix referidos a problemas en las habilitaciones, el camino de sirga que obliga a abrir un corredor público que no se cumplía, y otras denuncias, que obtuvieron fallos en contra del juez Andrés Gallardo, de la Cámara de Apelaciones y luego perdidos en algún cajón del Tribunal Supremo porteño. Casanello ayer allanó una sede de la Prefectura donde se encontró un contrato de los organizadores de la fiesta por 30 mil pesos por “servicios adicionales de vigilancia” . Más tarde, allanó la DIPA de Prefectura, buscando más información. El juez federal también se reunió por la tarde con familiares de los cinco jóvenes fallecidos, quienes le informaron que evalúan constituirse como querellantes en el expediente. El Complejo Costa Salguero tiene como uno de sus directores a Fernando Polledo Olivera, marido de la actual vicepresidenta primera de la Legislatura, Carmen Polledo, diputada del PRO. El jefe del Ejecutivo, Horacio Rodríguez Larreta, comunicó en su cuenta de Facebook que “a los familiares y amigos de los chicos fallecidos, quiero transmitirles mi más sentido pésame. Y todo mi aliento para quienes hoy siguen luchando por sus vidas”. Más ejecutivo, el vicejefe Diego Santilli pareció indicar que el control del consumo de drogas es cuestión policial. “El debate que debemos dar es si la policía puede entrar a la fiesta para controlar estas cosas” , aunque 10 días antes se había producido una fiesta de cámaras que tomaron a los 600 policías en los 42 allanamientos en la villa 31 encabezados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en busca de drogas. Para esta ocasión, la ministra ayer sorprendió cuando dijo: “Tenemos que ser más estrictos, pero chocamos con una cultura que dice que si somos más estrictos, nos pasamos de la línea” . No aclaró a qué se refería ni cuál fue la línea que no pasó en Costa Salguero.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297323-2016-04-19.html

Costa Salguero 3
 

"Para la AGC, estaba todo bien"

Por Soledad Vallejos.

Matías Alvarez Dorrego se presentó en la Legislatura para explicar la actuación de la Agencia Gubernamental de Control. Dijo que la empresa cumplió los requisitos. Hubo críticas de legisladores, que pidieron más informes. Quieren tratar el tema en el recinto. El director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Matías Alvarez Dorrego, aseguró en su presentación de informes ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura porteña que la organización de la fiesta Time Warp realizada en Costa Salguero el viernes, bajo la catalogación de “diversión pública”, “cumplió los requisitos normativos en cuanto al otorgamiento de los permisos”. En un salón Montevideo colmado de legisladores (17 tomaron la palabra, pero en el lugar había alrededor de 40) y sus asesores, además del Defensor del Pueblo de la Ciudad (quien también intervino), y los integrantes de la ONG Familias por la Vida (que tiene convenio con la administración porteña para recabar denuncias de irregularidades en locales nocturnos), Alvarez Dorrego aseguró que el lugar fue inspeccionado dos veces antes de que comenzara el evento (24 y 4 horas antes de la apertura de puertas) y en distintas ocasiones durante la noche por los tres inspectores asignados a la fecha.

De acuerdo con esos funcionarios, aseguró el Director Ejecutivo, en ningún momento se incumplieron las normativas ni hubo más asistentes que los 13.000 autorizados. Tras el informe, legisladores de distintos bloques criticaron la falibilidad de la regulación y los controles que establece, requirieron más información y coincidieron en reclamar que el cuerpo de legisladores pueda pedir informes a funcionarios de distintas áreas pero en una sesión, en el recinto. Al comenzar, el legislador Gabriel Fuks –presidente de la Comisión– señaló que los legisladores procuraban saber “cuál ha sido el rol del Estado en esto, que es una fiesta privada en un predio que es de la ciudad”. “Si todo estuvo bien, ¿por qué se murieron estos jóvenes?” , preguntó Adrián Camps, poco antes de que Carlos Tomada señalara que “los controles no alcanzaron”. El “hacinamiento” y la ventilación insuficiente, la “venta masiva de drogas” que los asistentes a la fiesta testimoniaron haber visto en el lugar, y la posible sobre venta de entradas fueron temas comunes a legisladores de los distintos bloques. Por su parte, Alejandro Amor, Defensor del Pueblo, advirtió que “las víctimas son víctimas” y que desde la mañana del sábado “hay estigmatización” de los jóvenes fallecidos e internados.
La reunión con presencia de Alvarez Dorrego fue convocada a mitad de la tarde, comenzó alrededor de las 6 y se extendió poco más de dos horas, al cabo de las cuales Fuks consensuó con Francisco Quintana, presidente del bloque oficialista, en caso de haber repreguntas, las acercarán a la nueva reunión de Comisión, a realizarse hoy, para que sean consensuadas y luego llevadas al pleno, en la sesión del jueves.

Durante su exposición inicial, Alvarez Dorrego aseguró que, de acuerdo con lo asentado por los tres inspectores asignados a la supervisión de Costa Salguero el viernes, todo el tiempo se cumplieron las medidas de seguridad y sociosanitarias requeridas, nunca se cortó la provisión de agua corriente en los baños (dos en pabellones, uno en el vip) y siempre estuvo a disposición al menos uno de los dos dispensers de agua declarados por los organizadores (“nos fue manifestado que había dos, sólo vimos uno”). En el acta de permiso extendido para la fiesta, que facultó al organizador para “librar el predio al uso público, asumiendo las responsabilidades de sus competencias”, en nombre de Dell Producciones S.A. firmó Maximiliano Nahuel Avila. Las condiciones autorizadas estipulaban que efectivos de Prefectura asumía responsabilidad por la seguridad exterior a los pabellones, es decir, perímetro y adyacencias, aunque podían ser convocados al interior por los organizadores en caso de requerirlos. Además de las dos ambulancias de alta complejidad, los cinco médicos y los diez socorristas, un puesto de atención completo, las condiciones de autorización estipulaban la instalación de 80 baños químicos, la presencia de ocho Bomberos Voluntarios de La Boca y la disposición de 20 matafuegos, 20 efectivos de Prefectura (“cuatro superiores y 16 subordinados”) entre las 21 del viernes y las 6 del sábado, 65 “vigiladores homologados” y un puesto de atención. Todos los involucrados en el evento y con responsabilidades deslindadas en el permiso firmaron el acta, señaló el funcionario de AGC.

Luego de la exposición, que incluyó la proyección de facsímiles de actas y habilitaciones en una pantalla, Fuks dio la palabra los legisladores que se habían anotado para formular preguntas. Marcelo Ramal, primero en la lista, señaló que de acuerdo con testigos no había provisión de agua en los grifos, por lo que denunció “connivencia entre los organizadores y los proveedores de pastillas” , y preguntó si los inspectores “verificaron condiciones de hacinamiento y calor extremo”. Poco después, Gustavo Vera aseguró que existe una “cuasi asociación ilícita” entre Adrián Conci (de Dell) y “Andrea Fasano, la esposa de (Víctor) Stinfale”, a quien vinculó con el “agua trucha” que se vendía en la fiesta. “Si todo estuvo bien, si todo se concretó, ¿por qué se murieron? Tenemos chicos muertos y chicos internados” , dijo Adrián Camps. Carlos Tomada inscribió lo sucedido en Costa Salguero en la línea del derrumbe en el boliche Beara y el incendio en el depósito Iron Mountain, en tanto “nueva demostración de la grave crisis del sistema de control” y preguntó si en las actas se dio cuenta de “infracciones o denuncias, ¿o se consideró que todo estaba bien?”.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297324-2016-04-19.html

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297320-2016-04-19.html

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Enviado por QNSR el Mar, 2016-04-19 20:33

Discoteca Factory a 8 años: El Parque de las Diversidades.

Factory
 

El Parque de las Diversidades se abrirá a 8 años de la tragedia en la Factory.

El 19 de abril de 2008, alrededor de 300 personas se reunieron en una discoteca del sur de Quito para asistir a un concierto de metal gótico. Esa presentación terminó en una de las grandes tragedias que se han visto en la capital. Un show con fuego que daba inicio al concierto de la banda Vendimia ocasionó una llamarada que se expandió por el techo de esponja del establecimiento. En pocos minutos, las llamas se esparcieron por todo el local y causaron la evacuación masiva de todos los asistentes.

El resultado de la trágica jornada fue 19 muertos y varios heridos más. A raíz del siniestro surgió el debate sobre la necesidad de más espacios de expresión y una mayor apertura hacia las culturas alternativas o 'underground' dentro de la sociedad quiteña. En el mismo espacio donde estaba ubicada la discoteca Factory (en la avenida Maldonado a pocas cuadras al sur del Centro Comercial El Recreo), hoy las obras para el Parque de las Diversidades están casi culminadas. La inauguración de este centro será el martes 19 de abril de 2016, ocho años después de la tragendia, desde las 09:00 e incluirá una misa en conmemoración de los fallecidos, demostraciones de skate y exposiciones de arte. El sábado 23 de abril habrá un concierto en homenaje a las víctimas en el cual se presentarán bandas de la escena del rock pesado como Descomunal, Hempirika, The Grief, Sarcasmo, Resistencia, Mashmak, Malak y Madzilla. El objetivo de este sitio es conectar a la comunidad del sur de Quito con las distintas expresiones culturales que vienen de la mano de lo alternativo. "Que la comunidad se tome el parque, utilice este espacio y pueda convivir con los actores culturales", asegura Pablo Rodríguez, uno de los productores del proyecto. Según este periodista especializado en rock, Quito tiene una "carencia" en cuanto a lugares para manifestar otro tipo de expresiones culturales. Agrega que "se necesitan espacios donde se pueda ver ese Quito alternativo, ese Quito de músicos independientes, que sin sonar en las grandes estaciones, están proponiendo cosas y configurando una identidad cultural de Quito". Para la inauguración del centro cultural se pintó un mural en el cual se pueden observar expresiones de la cultura 'underground' quiteña, como el skate, el punk, el metal y el hip hop.

Para Diego Brito, artista encargado de la conceptualización de esta obra, representa "una nueva visión de la cultura urbana dentro de Quito" . Gloria Cruz es presidenta de la Fundación Factory y madre de Diego Armando Freire Cruz, uno de los fallecidos en aquella trágica jornada. Para ella, el objetivo del parque es "unir a todas las culturas y crear un espacio para que tengan dónde presentar sus actividades" . Pese a ciertos avances en materias de inclusión, esta madre asegura que todavía no existe una apertura ideal en la sociedad quiteña. "Los quiteños tenemos que abrir la mente y respetar a los jóvenes en sus maneras de vestir, de pensar... Y así crear mayor inclusión para todas las culturas" , menciona. Con respecto al caso Factory, Cruz asevera que la batalla legal que llevan a cabo los padres de las víctimas todavía no ha dado los frutos esperados. "Nosotros no vemos resultados, pero igual nos vamos a mantener en pie de lucha hasta que en este caso se haga justicia" . Sin embargo, agrega que la construcción de este parque genera optimismo. "A nosotros como padres nos da una satisfacción porque vemos que encima del dolor de la tragedia, sí se pudo hacer lo que queríamos" , concluye.

http://www.elcomercio.com/tendencias/parquedelasdiversidades-factory-incendio-aniversario-inauguracion.html

http://www.quenoserepita.com.ar/discoteca_factory_quito_ecuador

PRESENTES SIEMPRE!!!!

"- Bolivar Alarcón, - José Barragán Terán, - Pablo Bernal (24 años), - Fidel Calderón, - Paúl Calderón Noroña (26 años), - Juan Cardenas, - Marco Condo, - César Corral Santamaría (26 años), - Julio Cesar Chipantasig, - Paola Flachier (24 años), - Diego Freire Cruz (19 años), - Danilo Lara, - Mauricio Machado España (41 años), - Claudia Noboa (26 años), - Andrés Ribadeneira Santacruz (26 años), - Christian Porate, - Diego Subía, - José Luis Trujillo (26 años), - William Valenzuela Pilatasig (23 años).

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Enviado por QNSR el Mar, 2016-04-19 11:29

Pequeño Cromañón ilustrado, el Cromañón del éxtasis: Un negocio a costa de la Ciudad.

Time warp 3
 

"Otra vez una situación conocida por todos estalla con forma de tragedia".

La tragedia es otra vez un cocodrilo durmiendo plácidamente bajo la superficie hasta que despierta y ataca. Y entonces aparecen de nuevo las escenas de padres desesperados recorriendo el boliche, un hospital, otro, y otro más, implorando a quien sea para que el portero, el comisario, el enfermero, el médico, no pronuncien nunca el nombre prohibido. El nombre del hijo.

Igual que en Cromañón, despertamos aturdidos por la falsa ilusión de un accidente. Tampoco lo fue esta vez. Hasta que ocurrió Cromañón, había recitales en lugares cerrados, sin puertas de emergencia, en sitios atiborrados, todos los fines de semana. Con gente que prendía bengalas. Y el cocodrilo despertó.

Hasta ayer hubo fiestas electrónicas en sitios atiborrados, donde el común es el desfile inagotable de las drogas sintéticas. Todos lo saben. Todos escuchamos que en las raves no hay diversión sin pastillas. Y que la botellita de agua mineral arranca en 60 pesos y termina, con el alba, a precios que no se pagarían ni en el Sahara.

Los chicos se conectan en las redes –las mismas donde se difunden las fiestas– para preguntar: “¿Alguien tiene info de estas pastis?”. Consultan por 007, Corazón, Playboy, Superman. Es un código encriptado pero al mismo tiempo a la vista de todos. Un braille que todos conocen y nadie se toma el tiempo de interpretar. Ahora sí habrá unos días de debate sobre el asunto y el Estado va a correr, una vez más, desde atrás. Hizo falta esto: la muerte colectiva. La tragedia que viene a explicar lo que no miramos. No fue un tema que impuso el Ministerio de Salud ni la Secretaría antidrogas. Lo trae a la mesa, de nuevo, el cocodrilo.

http://www.clarin.com/sociedad/Pequeno-Cromanon-ilustrado_0_1559844402.html

boliche
 

"Según Marcelo Ramal, en Costa Salguero se vio "la sombra de Cromañón".

El legislador del Frente de Izquierda denunció "la explotación de los jóvenes en aras de un entramado de negocios capitalistas, que van desde los concesionarios de espacios públicos y propietarios de boliches hasta el narcotráfico". “En Cromañon se denunció hasta el cansancio la complicidad entre el Estado porteño y la llamada ‘industria del espectáculo’, para permitir el hacinamiento de jóvenes en lugares que no estaban en condiciones para agrupar multitudes o soportar siniestros” , recordó Ramal.

Y siguió repasando: “Ya en 2012, bajo el gobierno de Macri en la Ciudad, volvió a ocurrir en el boliche Beara, donde dos jóvenes murieron a consecuencia de un derrumbe. Entonces, fueron procesados funcionarios del área de habilitación por la percepción de coimas”. “En este caso, la ‘zona liberada’ para el lucro empresarial tuvo contornos más sofisticados. Se trata de la actuación impune de los traficantes de las llamadas “drogas de diseño”, los cuales, según testigos, circulan impunemente en las llamadas ´fiestas electrónicas´. Las metanfetaminas obligan a quienes la consumen a hidratarse, pero los testimonios señalan que los grifos de los baños se encontraban cerrados para obligar a los consumidores a comprar botellas de agua” , denunció el legislador del FIT.

Además, Ramal detalló que “el precio de las botellas pequeñas, según se anunciaba en los días previos en el portal de la empresa organizadora Time Warp, era de 60 pesos. Pero llegaron a cotizarse a 100 en el curso de la fiesta”. “La escasez premeditada de agua delata la complicidad de los organizadores del evento con los dealers” , según Ramal.

LOS RESPONSABLES.

De acuerdo a lo que señala Ramal, existe “una verdadera asociación ilícita para reventar la vida y la salud de la juventud. La responsabilidad se extiende a los propietarios del gigantesco salón, que no podían ignorar este manejo”. “En estas horas – siguió denunciando el legislador – la justicia ha clausurado Costa Salguero, un reducto preferido de los plenarios del PRO, y en cuya empresa concesionaria, que paga un canon ridículo a la Ciudad, participa Fernando Polledo Olivera, el esposo de la vicepresidenta primera de la Legislatura porteña”.

“La Agencia de Control Comunal se limitó a informar que el lugar se encontraba ‘debidamente habilitado’. Pero es imposible pensar que semejante operación de intoxicación masiva a los jóvenes pudiera pasar sin la connivencia del Estado” , agregó el dirigente nacional del Partido Obrero. Por último, adelantó que “el Frente de Izquierda reclamará este lunes la interpelación del presidente de la Agencia de Control Comunal, así como un informe exhaustivo sobre las condiciones de habilitación y concesión de Costa Salguero y sus predios; y la responsabilidad de los funcionarios y concesionarios en las megafiestas armadas en evidente connivencia con narcotraficantes”.

http://infoblancosobrenegro.com/noticias/12543-segun-marcelo-ramal-en-costa-salguero-se-vio-la-sombra-de-cromanon

Time warp 4
 

"UN NEGOCIO A COSTA DE LA CIUDAD".

LA CONCESIÓN IRREGULAR DEL PREDIO DE COSTA SALGUERO Y LOS VÍNCULOS EMPRESARIOS CON EL MACRISMO.

La empresa Telemetrix paga un canon cien veces menor al precio de mercado para explotar Costa Salguero y subcontrata a otras 23 empresas. En una de las subconcesionarias es director el marido de la vicepresidenta de la Legislatura porteña, la macrista Carmen Polledo. Hace poco menos de una década, el macrismo eligió al Costa Salguero como su lugar en el mundo para festejar sus victorias electorales. El presidente Mauricio Macri optó por ese mismo sitio para casarse con Juliana Awada. La concesión del Costa Salguero, que proviene del menemismo profundo, fue beneficiada por el gobierno porteño: la empresa Telemetrix paga un canon cien veces menor al precio de mercado en la zona y subcontrata a otras 23 empresas. El gobierno de la ciudad se negó a informar al Poder Judicial la facturación de las subconcesionarias. Telemetrix comparte su directorio con Costa Salguero S.A., que administra los pabellones en los que se hizo la fiesta electrónica. En el directorio de esta subconcesionaria figura Fernando Polledo Olivera, marido de la actual vicepresidenta primera de la Legislatura, la macrista Carmen Polledo. La semana pasada este diario informó que ambos tienen una empresa en Panamá.

En 1988, la empresa Telemetrix ganó la concesión de las 17 hectáreas ganadas al río que luego serían el complejo. En mayo de 1991, el menemismo, desde la Administración General de Puertos, le extendió la concesión por 30 años. Las tierras pasaron a la Ciudad en junio de 2001. Desde entonces, la empresa tuvo un aliado inigualable en el gobierno porteño, como se pudo ver en las causas judiciales que debió enfrentar. Los entonces legisladores Rocío Sánchez Andía y Facundo Di Filippo denunciaron a Telemetrix por no cumplir con el camino de sirga, que es el espacio público de 15 metros que deben dejar a la vera del río. La causa quedó en manos del juez Andrés Gallardo, que falló en contra de la empresa. El gobierno porteño apeló y, cuando la Cámara le falló en contra, se demoró todo lo posible para cumplir la disposición.

En 2009, Gallardo pidió informes a la Dirección de Concesiones porteña sobre las habilitaciones y descubrió que sólo cuatro de las 23 subconcesionarias tenían habilitación. Además, la estación de servicio no tenía el permiso de Administración Nacional de Aviación Civil Argentina. El juez ordenó clausurar 19 locales, pero la Dirección de Habilitaciones porteña se negó a cumplir el fallo judicial contra el Costa Salguero. Gallardo debió entonces utilizar la fuerza pública. El juez fue recusado y, mientras se encontraba alejado del expediente, el entonces director de Habilitaciones, Martín Farrell, les concedió en tiempo récord las habilitaciones a los subconcesionarios y se levantaron las clausuras. Farrell es el funcionario PRO que luego debió denunciar por el derrumbe del boliche Beara. Más tarde, el macrismo intentó convertirlo en juez porteño, pero las familias de las chicas que murieron en ese derrumbe consiguieron frenar esa avanzada en la Legislatura.

Luego de dos años de intentar que el gobierno porteño hiciera el camino de sirga, Gallardo ordenó que en las publicidades televisivas de la campaña 2013 del entonces ministro de Espacio Público, Diego Santilli, se colocara un letrero que diría que incumplía un fallo judicial. La jueza electoral María Romilda Servini de Cubría revocó esa disposición y Telemetrix denunció penalmente a Gallardo. El magistrado fue absuelto. No obstante, el juez consiguió algunas pruebas de lo que le pagaban las subconcesionarias a Telemetrix. En 2010, la Ciudad obtenía 68 mil pesos por mes, mientras que Telemetrix recibía 750 mil pesos en promedio. Con ese esquema, la Ciudad perdía ocho millones de pesos por año. El juez ordenó a la AGIP (Rentas) que le entregara la facturación de las subconcesionarias. La dependencia del gobierno porteño contestó que no entregaría esos datos por estar “bajo secreto fiscal”.

En la actualidad, Telemetrix paga 263.576 por mes, según advirtieron desde el Observatorio de Derechos de la Ciudad (ODC) y la Asociación de Justicia Ambiental (AJAM). Estas dos ONG indicaron que el gobierno porteño cobra hoy 1,5 pesos por metro cuadrado, cuando un alquiler en la zona oscila entre 160 a 250 pesos. Advirtieron, además, que las actividades que se hacen en los predios escapan al objeto de la concesión original (un complejo polideportivo) y a la zonificación, por lo que reclamaron el fin de la concesión. “Todas las ilegalidades que se pueden encontrar en una privatización se encuentran acá” , destacó Jonatan Baldiviezo, del ODC.

Si bien no se conoce la facturación actual, sí es posible acceder a los nombres de los dueños de las empresas. Telemetrix tenía como presidente en 2013 a Alfredo Gutiérrez, mientras que su vicepresidente era Federico León Bensandon. El subconcesionario Costa Salguero S.A. comparte una interesante cantidad de nombres con el directorio de Telemetrix: en ambos figuran Federico León Bensandon y Gabriela Bensandon, mientras que el presidente de Costa Salguero S.A., Diego Luis Gutiérrez, es hijo del de Telemetrix, donde también figura su madre, Graciela Ratto.

En el directorio de Costa Salguero S.A. así como en Costa Salguero Eventos figura Fernando Polledo Olivera, que es el marido de la actual vicepresidenta primera de la Legislatura, Carmen Polledo. La diputada del PRO suele advertir que su marido entró al directorio hace 22 años mientras que ella se dedica a la política hace menos de una década. Ambos, Polledo y su marido, aparecen en el Registro Público de Panamá como parte de la empresa Rank International Corporation, creada en 1988. La compañía no figura en las declaraciones de la legisladora. En diálogo con Página/12, Polledo aseguró que la empresa nunca funcionó y que por eso no fue declarada. Indicó que era para un emprendimiento agropecuario, pero no pudo explicar por qué la abrieron en un paraíso fiscal.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-297223-2016-04-18.html

http://www.parlamentario.com/noticia-90958.html

http://larazon.com.ar/ciudad/Tragedia-Time-Warp-informacion-testigos_0_780000019.html

http://www.bigbangnews.com/actualidad/Ya-hay-cinco-muertos-por-la-tragedia-en-el-festival-electronico-20160416-0002.html

http://www.bigbangnews.com/actualidad/El-gobierno-porteno-asegura-que-el-predio-estaba-en-regla-pero-la-Justicia-lo-clausuro-20160416-0008.html

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Enviado por QNSR el Dom, 2016-04-17 20:07

Alegato completo de la querella del Dr. Iglesias.

Señores Jueces:

Ustedes han decidido no visitar el local República de Cromañón, quizás con el ánimo de desvincularse de su tremenda significación y no guiarse por la elocuencia de lo que allí se ve cuando se entra. Sin embargo, por más esfuerzos que hagamos, este juicio en el que voy a alegar, no es un enjuiciamiento singular al comportamiento delictivo de un inspector. Es el enjuiciamiento al comportamiento delictivo del inspector que con sus actos posibilitó lo que iba a ocurrir. Alguna vez Gimbernat Ordeig analizando el caso de la discoteca Alcalá 20, entendió que el comportamiento más relevante penalmente de aquel caso fue precisamente “abrir el local”, habilitarlo. Estamos hoy, por más esfuerzos de disección que hagamos, en el último juicio oral de la causa Cromañón, que definitivamente debió ser el primero. Dicho esto me concentraré en el acto procesal que debo desarrollar:

Los locales de baile en el año 1997.

La actividad de los locales de baile fue, a partir de los años 80, una actividad conflictiva. Fundamentalmente porque en ellos no se bailaba. Las normas estaban divorciadas de la realidad. Los “boliches” como se los denominaba vulgarmente, eran lugares a los que se concurría a escuchar música, ejecutada por intérpretes. Eran ámbitos donde se realizaban recitales, contrariamente a lo que decía la normativa.

La propia experiencia de los Señores Jueces puede documentar esta evolución, que transformó a las “boîtes” de la primera y parte de la segunda mitad del siglo 20, que asumieron una nueva forma a partir del estilo de Mau Mau, y que en los ochenta fueron convirtiéndose en discotecas que convivían con los cafés concert de los 70. Son hitos de esta historia los locales como Mau Mau, África, Sunset o Le Club, que convivían con La Fusa, El Caldero y tantos otros cafés concert. El movimiento rockero, fuerte en los ochenta, hizo su aporte para transformar estos ámbitos de discotecas, en sede de recitales. Todo este desarrollo cultural aconteció en el marco de una regulación normativa mantenida: LOCALES DE BAILE CLASE C, que según el CODIGO DE HABILITACIONES vigente en el año 1997 establecía que:

10.2.20 Se entiende por local de clase "C" el lugar donde:

a. Se ejecuta música y/o canto hasta las 4 horas;
b. Se ofrecen bailes públicos;
c. Se expenden bebidas;
d. Se sirven o no comidas;
e. Se realizan o no números de variedades con o sin transformación.

10.2.21 En estos locales serán de aplicación los artículos 10.2.3, con excepción de sus incisos c), en el supuesto de estar emplazados en galerías de comercio, h) e i), 10.2.6, 10.2.7, 10.2.8, 10.2.10, 10.2.11 y 10.2.16 del presente ordenamiento. (Conforme texto Art. 8º de la Ordenanza Nº 36.103, B.M. 16.380 del 13/10/1980).

Precisamente como consecuencia de ese desarrollo cultural y el progresivo incremento de la conflictividad de esos locales, estos establecimientos no eran considerados como cualesquier otro establecimiento habilitado. Eran objeto de atención diferenciada. Y esta singularidad les viene de su antecedente: los teatros, cuya ordenanza general se les aplica. Ordenanza general que se sancionó el 9 de diciembre de 1910, que sigue vigente, y cuyas normas de haber sido aplicadas como era imperativo: - Ni el local hubiese sido habilitado
- Ni la masacre del 30 de diciembre de 2004 hubiese ocurrido

Es que esta vieja y sabia ordenanza, tenía en cuenta que un evento como un incendio es “peligrosísimo para el edificio en sí mismo, también para los edificios colindantes” y que “para que las multitudes encuentren seguridad plena en las salas de espectáculos, no basta con asegurar la solidez de los edificios ni la amplitud de pasillos y corredores, ni la casi incombustibilidad del material escénico y demás instalaciones, ni tampoco el más acertado sistema de puertas y de iluminación. Además de todo es indispensable que exista una instalación perfecta de defensa contra el fuego…” (José María Calaza , Teatros. Su construcción, sus incendios y su seguridad (análisis histórico del asunto), Buenos Aires, Talleres gráficos de la penitenciaría nacional 1910, tomo 1, pgs. XI y XII).

En esa ordenanza general de teatros aún vigente, en su artículo 6° se dice:

“todas las puertas que sirvan para evacuar la sala, se abrirán de adentro para afuera y de preferencia serán batientes”

En tanto en su artículo 7° se establece que:

“estas puertas no podrán asegurarse mientras dure la representación y tanto las interiores para el público como para la de los artistas, carecerán de medio alguno que permita asegurarlas bajo ningún pretexto y de ninguna circunstancia, manteniéndolas solo en posición”.

En el artículo 22, por su parte, se dispone:

“queda prohibida la existencia de toda puerta que pueda establecer comunicación entre la sala del cinematógrafo o sus dependencias con casas o negocios vecinos”.

El artículo 27 dice:

“Todo cuanto se ha establecido en esta ordenanza respecto a los teatros servirá igualmente de regla para los cinematógrafos y demás espectáculos públicos en cuanto pueda ser aplicable”.

En definitiva, siempre en la ciudad se supo que los lugares de alta concentración de público requerían de cuidados especiales y distintos. Los teatros, ámbitos tradicionales de concurrencia, eran también víctimas de incendios terribles como los que habían motivado las normas de la ordenanza general. Buenos Aires vivió varios:

En noviembre de 1928 se produjo el primero de los dos grandes incendios del Teatro Maipú de Buenos Aires. Ardieron el escenario y los camarines pero se salvó la sala y no hubo víctimas fatales gracias al bombero de turno, que arrojó el telón metálico. El recalentamiento de una lámpara fue el motivo del fuego que hizo arder los tules de los decorados. El diario La Prensa escribió: “Y el pánico entonces se hizo mayor cuando se vio que varios telones y bambalinas caían ardiendo junto a las puertas, imposibilitando la salida por ellas, so pena de parecer carbonizado.”

Un sábado de agosto de 1961 un incendio destruyó gran parte de las instalaciones del Teatro Nacional Cervantes, donación de la actriz María Guerrero construido en 1921. Gracias a la presencia de un técnico que accionó el telón de seguridad, la pérdida quedó limitada al escenario. En la ocasión fueron totalmente reconstruidos luego de 7 años de trabajo, el telón de boca y la pintura de la cúpula de la sala.

El 22 de marzo de 1982 un incendio destruyó casi por completo el teatro El Nacional de Avenida Corrientes, donde Susana Giménez, Juan Carlos Calabró y Osvaldo Pacheco estaban al frente del elenco la comedia “Sexcitante”. Un comando llamado Halcón se adjudicó el incendio.

Un año antes, en agosto de 1981, una bomba incendiaria acabó con la rica historia del Teatro del Picadero, que al igual que El Nacional y el Smart (ambos incendiados) habían sido inspiración del famoso artista Jerónimo Podestá. También los boliches se inscribieron en la historia de los incendios. Mau Mau, ubicado en en la curva de Arroyo entre Pellegrini y Suipacha se incendióel 6 de Septiembre de 1964, a cinco meses de su inauguración, Ni el fuego, desencadenado por un cortocircuito a los cinco meses de estar funcionando, pudo con ella: a los exactos cincuenta y ocho días volvió a abrir. Sin embargo, estaba claro para quienes tenían la incumbencia del poder de policía que estos ámbitos eran particulares focos de riesgo. La normativa no era ajena a esta especificidad. El Código de Habilitaciones y Permisos los trataba separadamente con una regulación específica: el capítulo 10.2. Lo propio hacia el Código de Planeamiento Urbano.

Pero además de los tratamientos generales, eran objeto de normativas específicas. Por ejemplo:

- La ordenanza 29818 de 1974, que fijaba horarios.
- La resolución 29.819/HSR/1974 que le impone al Departamento Ejecutivo verificar el estricto encuadramiento de los locales de baile dentro de las exigencias de la ordenanza 24.347.
- La ORDENANZA Nº 34197/MCBA/?/78, que disponía la obligatoriedad de iluminación de emergencia, luces, cuadro de prevención contra incendios en lugares públicos de concurrencia de personas, locales de espectáculos y subtes
- La ordenanza 36.565 del 31 de marzo de 1981, que impone que estos locales tengan un instalador inscripto en los registros de especialidad como responsable del mantenimiento y conservación de las instalaciones eléctricas y electromecánicas.
- Los artículos 64 a 66 inclusive del régimen de penalidades anexo a la Ordenanza 39874 del 2 de julio de 1984, que regla la penalización de las faltas y que en dichas disposiciones atiende fundamentalmente a “la seguridad y bienestar del público asistente o personal que trabaje”.
- La ordenanza 45106 del 9 de septiembre de 1991, que regula la obligación de exhibir los requisitos de ingreso en todos los locales de espectáculos públicos.
- La ordenanza 45236 del 18 de octubre de 1991, que tiene el mismo objeto que la anterior, a la cual deroga.
- La ordenanza 49.982, del 23 de noviembre de 1995, que prohíbe en los locales de baile realizar ni promover actividades que induzcan al consumo de alcohol.
- La ordenanza 50.250, del 8 de diciembre de 1995, que será objeto de tratamiento específico posterior.

Además de estas atenciones normativas, la habilitación de un local de este tipo era tratada por el sector de habilitaciones especiales, como nos ilustraron los testigos de la defensa Mattallano y Mustapich. Esa sectorización entre habilitaciones simples y especiales subsiste aun hoy y diferencia el trámite de esos permisos según el grado de complejidad y exigencias previas de la actividad. Es de recordar que compartían este sector por ejemplo los geriátricos o los jardines de infantes. En definitiva, los lugares de riesgo concentrado. Esta especificidad separada en atención a los riesgos propios de la actividad, fue subrayada y enfatizada por un hecho lamentable.

El incendio del local Kheyvis.

Una fiesta de egresados terminó transformándose en tragedia. Ocurrió el 20 de diciembre de 1993, en Avenida del Libertador al 1900, Olivos. Un grupo de alumnos de 5° año del Colegio de La Salle celebraba en la discoteca Kheyvis su "gran día", hasta que el local quedó envuelto en llamas. Dicen que empezó como una travesura, que dos chicos volcaron una bebida alcohólica en un sillón y luego lo encendieron. Lo cierto es que la noche terminó en drama: el brutal incendio se llevó la vida de 17 jóvenes, y otros 24 quedaron heridos.

Aunque en los expedientes se detectaron deficiencias en la estructura de la discoteca —que fueron ocultadas con documentación falsa—, irregularidades en los planos y varias fallas en la seguridad del local, de nada sirvieron las marchas y actos que organizaron los familiares de las víctimas. Pasó hace más de una década, y fue hasta ayer la mayor tragedia en una disco que sufrió el país. Y la Justicia no encontró culpables. Mientras los jóvenes se zarandeaban alegremente con un tema de los Pericos, el humo invadió la pista. "Enseguida nos dimos cuenta de que había olor a quemado. Nos picaba la garganta y nos lloraban los ojos. Todos corrían de acá para allá buscando la salida. La puerta que da al patio estaba cerrada y la única que quedaba para escapar era la de entrada. Muchos se cayeron al piso en la desesperación por salir y sus cuerpos bloqueaban la puerta", contaba ese día un chico de 17 años que se salvó. Aunque un adolescente llegó a pasar 45 días detenidos, por orden de la Justicia de Menores, nunca se terminó de probar quiénes fueron los culpables del incendio y cómo lo iniciaron. Sí se comprobó que en el boliche, que tenía capacidad para 150 personas, esa noche había unas 600.

Resulta ilustrativo recorrer los hechos comprobados en la respectiva causa, caratulada “Tejedor, Maximiliarno s/Incendio seguido de muerte, Juzgado de Transición 3 de San Isidro”, y que relatan varias de las resoluciones de procesamiento, que están reiteradamente publicadas en Internet y son de público acceso:

- se trató de un incendio, provocado por la imprudencia de un joven;
- la única puerta de salida abría hacia adentro;
- la capacidad permitida del local estaba excedida;
- irregularidades administrativas y técnicas en la habilitación;
- el plano con el que se dispuso la habilitación falseaba la realidad;
- los funcionarios de habilitación y de control “incumplieron flagrantemente sus funciones” (fs. 2543/2545 de la causa citada);
- “las inspecciones que se verificaban en el local se instrumentaban falsamente al omitir y ocultar la verificación de las irregularidades” (fs. 2543/2545 de la causa citada);
- techo de alta combustibilidad;
- aislante termo acústico de alta combustibilidad;
- inexistencia de puerta de emergencia proporcionada a la cantidad de asistentes;
- puerta alternativa de emergencia según plano, cerrada con candado;
- ventanas, que según plano debían funcionar como salidas de emergencia, trabadas;
- sistema de ventilación insuficiente;
- inexistencia de matafuegos en condiciones de combatir el fuego;
- inexistencia de señalización de las salidas de emergencia;
- obstrucción de la puerta principal con motos y vallas.

Consecuencias:
La feroz tragedia de Kheyvis naturalmente produjo un gran impacto mediático. Si se consultan los diarios de la época, particularmente el diario Clarín en sus ediciones del 21, 22, 23 y 26 de diciembre de 1993 y La Nación de los mismos días, pueden constatarse esas repercusiones y algunas, en particular, que son trascendentes para los hechos que estamos juzgando. Así, en esos diarios aparece, por ejemplo, una declaración del concejal Mario Grandinetti, integrante del Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, que afirmó enfáticamente que en la ciudad los “boliches no cumplían con la reglamentación contra incendios”. El Controlador General de la Ciudad (antecesor del actual Defensor del Pueblo), Escribano Antonio Cartañá, denunció que, como había destacado en sucesivos informes, muchas de las discotecas de la capital estaban mal habilitadas y que “en la Municipalidad no hay voluntad política para aplicar con rigor las ordenanzas vigentes”. Señaló asimismo que ya era común la práctica de permitir el ingreso de gente por encima de lo permitido por las habilitaciones. Se sumaron algunos empresarios de la noche a las declaraciones. Uno de ellos afirmó que “en el medio, nadie ignora que las inspecciones son flexibles” (cito los diarios referidos). En el mismo sentido, Claudio Suárez, encargado de publicidad de la disco New York City señaló que “algunas discos son verdaderas bombas de tiempo. En el último año se inauguraron no menos de 15 discos chicas (…) y dudo que las habilitaciones hayan sido dadas cumpliendo las normas rigurosamente” (Clarín, 26 de diciembre de 1993). El director de defensa civil, por su parte, subrayó que “en los lugares donde hay grandes concentraciones de gente no se respetaron ni se respetan las normas mínimas de seguridad pública” , señalando que esto se debe a que “hay una tendencia a evitar costos y los sistemas de seguridad cuestan caro” (ídem).

Las declaraciones y los énfasis no eran nuevos. Aun antes de ocurrido Kheyvis, en la Defensoría del Pueblo, obra una resolución del Controlador General Comunal fechada el 28 de abril de 1992, Antonio Cartañá, donde el citado funcionario dice “conforme lo he sostenido en reiteradas ocasiones, no sólo en recomendaciones y recordatorios de deberes legales, sino también en el informe anual 1988-1989, la situación creada por los locales bailables en la Ciudad de Buenos Aires está fuera de control y no hay voluntad política de corregirla ... Todas las circunstancias descriptas no responden solamente a la ineficiencia, sino que el suscripto tiene la íntima convicción que están generadas por la incontrolable corrupción de los organismos de fiscalización de la Comuna. El hecho de que se hayan llevado a cabo transformaciones estructurales de la organización de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y que se hayan mantenido simultáneamente organismos y procedimientos manifiestamente inoperantes, no puede ser calificado a esta altura de los acontecimientos, y luego de las denuncias formuladas por este organismo, como casuales”. Es sabido que los informes generales son cursados al poder legislativo, en aquella época, Concejo Deliberante.

La conflictividad y sensibilidad del tema de los boliches estaba en los medios, aun antes de Kheyvis. Singularmente, en 1993 –meses antes de la masacre de Kheyvis se suscitan una serie de conflictos en el local Cemento, produciéndose incluso la muerte de un asistente e infinidad de quejas de vecinos. Aníbal Ibarra, entonces Concejal, tiene una actuación singular. Critica las clausuras en declaraciones públicas como la que reproduce la revista Humor en la columna titulada “Las páginas de Gloria”, y subtitulada “Con la cara de Cemento III”. Allí Ibarra dice “desde el punto de vista legal las clausuras son dudosas, ya que los tres locales (se refiere a Cemento, Terremoto y Metrópolis) contaban con la habilitación municipal correspondiente, y en ninguno de los tres expedientes, que fueron tratados sin dictamen de Comisión, había una sola constancia de violación a norma municipal alguna”. No se limitó a formular declaraciones, también escribió dos elocuentes artículos periodísticos. En el diario Página 12, en Mayo de 1003, suscribe un artículo con su firma, bajo el título “Clausuromanía”, en el que vuelve a criticar la clausura de un modo militante. En la revista Humor también en las llamadas “Páginas de Gloria”, publica otro artículo bajo el título “Los conflictos sociales no se clausuran” , el que es diagramado debajo de una foto del local Cemento. No es este el lugar de explicar el porqué de esta posición del destituido Jefe de Gobierno, ya que ha sido reiteradamente expuesta por esta querella en la causa madre. Esos hechos si ratifican la conflictividad de la problemática y la especificidad de los locales de baile como ámbitos de generación de riesgos.

Y frente a esos ámbitos de riesgo, se enfrentaba el problema estructural que había señalado Cartaña: Buenos Aires está fuera de control y no hay voluntad política de corregirla... Todas las circunstancias descriptas no responden solamente a la ineficiencia, sino que el suscripto tiene la íntima convicción que están generadas por la incontrolable corrupción de los organismos de fiscalización de la Comuna. Esta contundente opinión fue luego reiterada por la primera Defensora del Pueblo de la Ciudad, la prestigiosa y lamentablemente fallecida Alicia Oliveira: En el año 2003 la Defensora del Pueblo de la Ciudad produjo la Resolución Número 2022/03, dictada el 8 de mayo del 2003, como consecuencia de varias actuaciones previas iniciadas en la Defensoría a partir de distintas problemáticas que se planteaban en los locales bailables. En ella se remarcó que:

“En varias de las actuaciones mencionadas se plantea que muchas de las discotecas que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires carecen de habilitación para tal actividad. De la lectura de las actuaciones surge una serie de datos donde constan locales con dirección y nombre de fantasía, los cuales carecerían de la pertinente habilitación.”
“…A lo largo de varios años se fue construyendo una noción de lo que sucede en la ciudad con este tipo de actividad. Los controles comunales resultan inexistentes, o al menos, poco eficientes. Resulta común encontrarse con locales que, en la práctica funcionan como discotecas, pero cuentas con habilitación para restaurante o bar. Cabe aclarar que en la mayor parte de la ciudad no resulta posible habilitar locales de baile, por lo que este artilugio permite, de hecho, que gran cantidad de locales funcionen como bailables en zonas prohibidas….

Se agrega luego que “Bajo el acápite “Responsabilidades en el control” se indicó que: “El funcionamiento de este tipo de locales no puede mantenerse en el tiempo sin una connivencia por parte de sectores de la estructura gubernamental. … “...el funcionamiento de estos locales se extiende en el tiempo, por lo que han desarrollado tareas diferentes funcionarios a cargo de las dependencias encargadas de su control. Sin embargo, las responsabilidades por acción u omisión, recaen en estos. Resulta obvio que existe en el estado comunal una estructura informal que se mantiene a lo largo de los años, que resulta imposible (por ineficiencia, falta de decisión política o corrupción) de erradicar por los funcionarios de turno. Esta estructura parece mantener un orden de cosas ilegítimo o ilegal. Haciendo un análisis general de la situación, vemos que el funcionamiento de locales de baile sin habilitación se produce en toda la ciudad, por lo que no puede sospecharse de una irregularidad puntual vinculada a una zona de recorrido de inspecciones en particular. También se observa que esta situación es de público conocimiento (muchos locales no habilitados publicitan su actividad en diferentes medios) y se mantiene a través del tiempo, por lo que no resulta un hecho relacionado con ineficiencia o corrupción de un grupo de funcionarios de turno. Sin embargo, los funcionarios encargados del control de este tipo de actividad son responsables, por acción u omisión, de permitir que estos locales funcionen. La continuidad de esta situación, y su mantenimiento en el tiempo, no resultaría posible sin la connivencia no sólo de inspectores del gobierno, sino también de los funcionarios de los que dependen estos agentes. De todo lo expuesto surge la posibilidad de estar frente a situaciones que podrían encuadrarse en actos delictivos tipificados en los artículos 249 y 256 del Código Penal (incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho). Además, la aparente connivencia podría basarse en la figura tipificada en el artículo 210 del mismo código (asociación ilícita), lo cual agrava el hecho”.

Y con las citas que realizo ni me estoy alejando de los hechos materia de este enjuiciamiento ni del acusado concreto. Estoy evidenciando un sistema esencialmente corrupto, del cual el acusado es el único sobreviviente a un mecanismo de impunidad jurisdiccional padecido a lo largo de los años, con una sucesión de generosas prescripciones. Y para concluir con las citas, invoco nuevamente al concejal y periodista Ibarra, ahora como Jefe de Gobierno. En la interpelación, en la sesión del 28 de enero de 2005, evidenció ese profundo conocimiento de la realidad del área:

“Quienes me habían precedido como intendentes o como Jefes de Gobierno en esta ciudad, habían probado de todo: habían puesto al frente de las inspecciones al personal policial y a ex miembros de los servicios de inteligencia pensando que, de esa manera, se iba a poder doblegar y corregir un cuerpo de inspectores sospechados de corrupción, respecto del cual el propio intendente Grosso dijo en un momento: “Eso es un nido de corrupción”. Hubo denuncias y hubo condenas. Recuerdo una denuncia masiva que hizo el entonces ombudsman, Cartañá, que, si no recuerdo mal, tramitó ante el juzgado de instrucción del doctor Irigoyen y, después, varios fueron a juicio oral por enriquecimiento ilícito de todos los inspectores de esa área. Yo era plenamente consciente de esas características. En ningún momento –nunca– alegué desconocimiento". Este mismo Ibarra, como se recordó ante este Tribunal, el 10 de noviembre de 2003 disolvió la Dirección General de Verificación y Control, que se encargaba de la habilitaciones de comercios y locales, para "terminar con un focazo de corrupción".

"Decidimos cortar por lo sano y terminar con un focazo de corrupción, que estuvo sospechado por décadas", afirmó el jefe de Gobierno metropolitano, Aníbal Ibarra. La medida adoptada por Ibarra incluirá el "pase a disponibilidad" de 300 inspectores y 200 empleados administrativos, que tomarán nuevas tareas en otras áreas. "Los inspectores se irán reubicando, luego de estudiar cada caso, pero no podrán volver a realizar inspecciones ni habilitaciones" , aclaró el jefe de Gobierno metropolitano. Durante una conferencia de prensa ofrecida en la Jefatura de Gobierno porteño Ibarra subrayó que la decisión "tiene dos objetivos: mayor eficiencia en el control y mayor transparencia". El discurso mediático se traducía en lo normativo en el decreto 2116/03, que en sus considerandos señalaba que “en lo que respecta a la Dirección General de Verificaciones y Control, los objetivos perseguidos con su creación no han podido ser alcanzados, persistiendo en su funcionamiento prácticas disfuncionales que conspiran contra la calidad del servicio público que deben ser superadas; que el momento exige una solución integral, con una nueva estructura funcional, procedimientos novedosos en materia de habilitaciones y el contralor de las mismas y un nuevo perfil profesional para los agentes” , frases que aluden al denominado focazo de corrupción. El decreto dispuso:

- o Crear el organismo Fuera de Nivel UPI dependiente de la Subsecretaría de Regulación y Fiscalización de la Secretaría de Gobierno y Control Comunal (volviéndose a la misma estructura que había creado la Resolución 15/2002 de la misma Secretaría).
- o Suprimir la UPI creada por la Resolución 15, transfiriendo su patrimonio, presupuesto y personal a la nueva UPI.
- o Suprimir la Dirección General de Verificaciones y Control, transfiriendo su patrimonio y presupuesto a la Subsecretaría de Regulación y Fiscalización.
- o Transferir al Registro de Necesidades Operativas a los agentes que prestaban servicios de la Dirección General de Verificaciones y Control.
- o Declarar asueto para el personal de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos por cinco días, disponiendo que esos días serían inhábiles administrativos.

Pues bien, entre esos desplazados por integrar el “focazo de corrupción” (Ibarra dixit), estaba el aquí acusado, que nunca accionó contra el gobierno de la ciudad por ser calumniado ni denigrado, ni civil ni penalmente. Solo inició una acción de amparo ...Que demuestra todo este relato del contexto, en primer lugar, la especificidad de los locales de baile, como ámbito particular de generación de todo tipo de riesgos. No solo concitaban la atención mediática, y la alerta social, sino también la normativa. No era lo mismo inspeccionar un kiosco que un local de baile. Tan diferente eran que, como enfatizó en su testimonio el arquitecto Cayetano Profeta y resulta de las normas de la Ciudad, la de locales de baile constituyen una actividad específica y de alto riesgo.

- Que solo se habilita con inspección previa. Esto, que significa, que no pueden funcionar si previamente no se ha constatado el cumplimiento integral de todas las exigencias, es una condición normativa que está vigente desde que nació su regulación. Puede vérsela por ejemplo en el artículo 3° de la Ordenanza 24.654 del 22 de octubre de 1969,o también en el artículo 2.1.8. de la Ordenanza 44947, del 3 de mayo de 1991, en el marco de la cual se habilitó el local de autos.
- Que requiere certificado de bomberos: es la única actividad que cuenta con esta exigencia, lo que subraya su peligrosidad .
- Que debe inspeccionarse cada 120 días.
Previo al dictado de esa norma que contemplaba específicamente los locales de baile, lo más parecido que había en cuanto a regulación de ese tipo de actividad era la ordenanza n° 24.654 del 22 de octubre de 1969 referida a locales de música, canto y variedades. En ella, se regula la actividad de ese tipo de locales, a los cuales define como aquellos en los que:

a) se ejecuta música y/o canto en carácter de actividad principal, con o sin intervención del público concurrente;
b) se realizan o no números de variedades, con o sin transformación;
c) se expenden bebidas y,
d) se sirven o no comidas.

El 12 de diciembre de 1996 se modificó esa ordenanza con la n° 51.229 que incorporó a la n° 24.654 el art. 22 que dispone que: “El Poder ejecutivo deberá verificar, con periodicidad no mayor de 120 días y en horario de funcionamiento, el cumplimiento de las normas vigentes. Elaborará un informe, que se incorporará al expediente de habilitación y que contendrá necesariamente, con carácter no excluyente dictamen sobre el estado de: los medios de egreso y salida de emergencia, iluminación de emergencia, condiciones de prevención contra incendio, ventilación mecánica y coeficiente de ruidos y vibraciones”.
- Que además, ya desde la Ordenanza de teatros antes citada, no pueden tener comunicación con lugares vecinos (art. 22).
- Sus puertas, también según esa Ordenanza vigente en la ciudad desde 1910 (hace ya 106 años), “se abrirán de adentro para afuera y de preferencia serán batientes” (art. 6°).
Su siniestralidad estaba en el ambiente y ocurrió Kheyvis. Y ello que determinó? Algo que Profeta indagó y no pudo desentrañar. El sistema inspectivo y la función de inspeccionar. Conforme la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionada el 1 de octubre de 1996 (un año antes de los hechos materia de esta causa), el Jefe de Gobierno tiene a su cargo el ejercicio “del poder de policía, incluso sobre los establecimientos de utilidad nacional que se encuentren en la ciudad” (art. 104, inciso 11) Me excuso de entrar en los largos desarrollos de la dogmática administrativista sobre el Poder de Policía, que dejo a la versación del tribunal.

Pero si quiero enfatizar un concepto que, en el caso, resulta esencial. Como bien enseña el maestro Bartolomé Fiorini, “Sin vida social no hay policía, y donde hay convivencia existe posibilidad de desorden. Este dato muestra como consecuencia que la función policial se manifiesta para arreglar una alteración o prever que tal situación no acontezca … La policía interviene siempre ante una perturbación o su posibilidad en la vida social … la policía, instrumento de realización jurídica, aparece en toda su plenitud funcional como el medio, el instrumento creado por la inteligencia social del hombre, para mantener el equilibrio … alejando el peligro … este equilibrio se refiere más al sustento de la convivencia social … el desequilibrio en la satisfacción de las necesidades sociales puede traer la ruina y la destrucción de la sociedad; por eso se define a la policía como la actividad que lucha contra el peligro y la perturbación … Esto es la esencia de la función policial vigilancia y custodia permanente … es el arbitrio legal que necesariamente se crea en la sociedad civil para que nadie se encuentre en peligro o perjudicado por la actividad de otro y otros.” (Fiorini, Bartolomé, “Poder de Policía”, Buenos Aires 1957, págs. 14, 20, 21, y 23; el subrayado no pertenece al original). También dice el mismo autor que “… La actividad policial es permanentemente preventiva, puesto que su función es impedir o alejar cualquier motivo de perturbación” (op. cit., pág. 221).

Es inherente pues al poder de policía un estado de alerta permanente, es decir de disposición funcional para procesar cualquier advertencia sobre situaciones de riesgo que puedan desembocar en peligros concretos. Dice bien el autor citado que la policía es prevención, esto es, anticipación en orden a evitar resultados disvaliosos. Hasta el lenguaje enfatiza la actitud del que ejerce el poder de policía: debe estar alerta, despierto, alerta, despierto, advertido, atento, vigilante, en definitiva apto para recibir cualquier alarma que le posibilite actuar antes de que el hecho infortunado advertido ocurra. En definitiva, quien ejercita el poder de policía sabe que debe predisponerse para poder interpretar cualquier hecho irregular o signo de alarma o cualquier advertencia, diferenciando las útiles de las inútiles. Si carece de esa aptitud o si no es capaz de adquirir esa disposición, sin duda el ejercicio del poder de policía es algo que lo excede. La idoneidad atañe precisamente a todas estas predisposiciones. Si como nos enseñara el maestro administrativista antes citado la esencia del poder de policía es la prevención, el rol de quien ejerce ese poder sólo se puede cumplir cabalmente si se está atento a las alarmas, a las señales y a los indicios que posibiliten precaver la ocurrencia de de siniestros o situaciones infortunadas. Si no se está en condiciones de colocarse en esta disposición o de asumir estas actitudes, la función no debe ejercerse. El estado de alerta es inherente a ella, la previsión orienta las actividades cotidianas. Cualquier estructura del accionar ajena a estos objetivos es reveladora de que el sujeto que pretende ejercer el poder de policía carece de idoneidad para ello. Y si bien la idoneidad es un presupuesto de la función pública, en el caso del ejercicio del poder de policía asume una especificada no subrogable por cualquier competencia que tenga el individuo. El estar alerta, el saber leer alarmas, el interpretar advertencias, no es propio de cualquiera, sino de alguien que ha instruido su conducta en la ocurrencia de situaciones extremas.

Pues bien, en la Ciudad, a la época de los hechos, el ejecutor de ese ejercicio del Poder de Policía que la Constitución titulariza en el Jefe de Gobierno, era la Dirección de Inspección General, reglada por el decreto 5885/ del 27 de septiembre de 1971. Según el Anexo A 1 d, relativo a las “Funciones”, especifica claramente que es competencia de esa Dirección general “entender en el ejercicio del poder de policía municipal en lo que se relaciona con la habilitación, funcionamiento y transferencia de locales de industria, comercio, vivienda y espectáculos públicos”. Esa misma norma estructura la Dirección General, dividiéndola en direcciones. La particularmente atinente a la causa y en la que se desempeñaba el acusado era “Espectáculos y diversiones públicos” , cuya misión era “intervenir en el ejercicio del poder de policía municipal en lo que se relaciona con la habilitación y transferencia de locales de espectáculos y diversiones públicos y lugares donde estos se realicen en lo que concierne a la seguridad, higiene y moralidad propia o que trascienda a la comunidad”.

En cumplimiento de esa Misión, en el apartado 3, 2, se le asignan las siguientes funciones:

1. Intervenir en la habilitación y transferencia de locales destinados a diversiones públicas
2. Intervenir en la habilitación y reconocimiento de empresas en locales destinados a espectáculos públicos
3. Intervenir en la autorización de concesión de permisos de baile, actos públicos o privados, actuaciones de compañía, fiestas populares, música y otorgar carnets de alternadoras e idóneos bomberos”
4. Intervenir en la autorización de la capacidad de locales de espectáculos y diversiones públicos, con planos ya aprobados por el Departamento Ejecutivo.

Además de esta norma general, la Ordenanza que rigió la habilitación materia de autos, 44947 del 3 de mayo de 1991, dispone en su artículo 2.1.5.:

“recibida la solicitud de habilitación en la subsecretaria de inspección general:
a) Se verificará en el terreno, dentro de los diez días de haberse recepcionado las actuaciones:
1) Si de acuerdo a la naturaleza real del uso la zonificación es conforme
2) Si la actividad se ajusta en toda su plenitud a las exigencias reglamentarias vigentes y los planos del local responden a los hechos observados en el lugar”.

Esa misma ordenanza dispone en su artículo 2.1.8.:
“la iniciación del trámite de habilitación autorizará el funcionamiento de la actividad, con sujeción a lo que resuelva oportunamente en la respectiva solicitud de habilitación, salvo en los casos de los rubros que seguidamente se numeran, los que no podrán ser librados al público, hasta tanto no cuenten con la habilitación acordada y el certificado de habilitación pertinente:
- Locales de espectáculos y diversiones públicas
- Clubes
- Servicio de hotelería en general
- Guarderías
- Sanatorios
- Establecimientos geriátricos
- Clínicas o institutos de rehabilitación

El inspector de la dirección de espectáculos y diversiones públicas.

La estructuración orgánica de la dirección de inspección general, en definitiva diferencia las habilitaciones ordinarias y las habilitaciones especiales. Las habilitaciones especiales son aquellas que requieren una inspección previa, precisamente por la criticidad de la actividad. Se considera en ese modo diferente de tramitarlas los riesgos involucrados en dichas actividades y el compromiso del factor seguridad. De tal manera, el inspector que debe inspeccionar como paso previo a la habilitación, tiene el deber de:

- Verificar en el terreno
- Determinar si de acuerdo a la naturaleza real del uso la zonificación es conforme
- Constatar todo lo que concierne a la seguridad
- Que la actividad que allí se desarrollará se ajusta en toda su plenitud a las exigencias reglamentarias vigentes
- Si los planos del local responden a los hechos observados en el lugar

La idoneidad de Roberto Calderini.

Como lo han destacado los propios testigos de la defensa que aquí han declarado, Mattalano y Carnevale, Calderini no era cualquier inspector. Era una autoridad, “un hombre de consulta”, “de referencia”. Y esa supuesta autoridad tan reconocida lo habilitaba para actuar como inspector en un área de tanta sensibilidad, donde la inspección previa es la puerta que abre o cierra la posibilidad del desarrollo de una actividad esencialmente riesgosa. Toda su carrera ha ratificado esa supuesta autoridad, a pesar de las numerosas manchas que en ese cursus vital luce: fue dado de alta en el registro de agentes afectados a tareas de verificación e inspección, mediante Disposición 3/GCBA/DGDC/05 y desafectado de tareas de inspección en 19 de julio de 2005, mediante DISPOSICIÓN Nº 12/GCABA/DGDC/05. El 26 de junio de 2009, fue trasladado por razones de servicio a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control. Fue sometido a un sumario administrativo por Resolución 454/GCBA/AGC/09, a fin de investigar la exigencia de pagos incrementales para la realización y obtención de permisos especiales para la realización de espectáculos y eventos, formalizado por gestores relacionados con funcionarios del área, entre ellos el acusado. También en el área de la AGC habría participado en alguna de las inspecciones al Local Beara, como se le imputara al luego procesado Director de Habilitaciones Martin Farrell, en la reunión de la Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en reunión del 15 de septiembre de 2010. El 12 de febrero de 2014 fue transferido mediante resolución 215/GCBA/SSGRH/14 a la Dirección General de Inspección del Uso del espacio público.

Como se ve un hombre de experiencia. Por lo demás, es de señalar que su condición de Profesor de Historia, declarada cuando nos ilustró sobre sus datos personales, no predica contra la idoneidad del inspector. Para realizar una inspección regular, leer un plano y corroborar que se corresponda con la realidad, no es necesario contar con una formación profesional sino con capacidad de observación, medición y conocimiento de las normas. Todo eso le sobraba a Calderini, ya que era hombre de consulta y de referencia.

La inspección y el plano de habilitación falsos.

Calderini tuvo a su cargo la inspección previa que, de ser positiva, habilita la apertura de un local de espectáculos públicos: local de baile clase C , en lo particular. Inspección que realizó provisto del plano de habilitación exhibido en el debate. Esos planos de habilitación se rigen por la Ordenanza 36.822 del 8 de julio de 1991 –que incluso adjunta un modelo gráfico de la caratula de los planos- y por el artículo 2.1.4. de la ordenanza 44947, con la que se habilitó el local. Como consecuencia de ese acto, elaboró el informe que luce a fs. 33 del expediente 42855/97, con el que se validó un plano falso. Las falsedades del informe convirtieron en regular un plano irregular y determinaron el otorgamiento de la habilitación. Cuáles eran las falsedades de su informe:

- El local, dice, “se encuentra emplazado en un edificio donde se desarrollan otros usos comerciales…. Los cuales poseen entrada independiente y no se comunican con el local tratado de acuerdo a la verificación realizada in situ”.
- Los planos presentados se ajustan a lo observado en el terreno: En la escritura matriz se lee 1673.19 m2, pero según el primer testimonio otorgado por el mismo escribano, se convierten en 1447.50 m2, y al final del mismo se agregó: “Raspado: 1447.50 – Vale”, y a continuación la firma del notario. En el plano de habilitación, como así también en la carátula (tapa) del expediente, la superficie declarada es de 1673.19 m2. En la Solicitud de Habilitación preimpresa se indica que el local tiene 1447.50 m2, circunstancia que el arquitecto certifica, declarando que cumple con lo determinado por el Código de Planeamiento Urbano. Hubiera cumplido si esos 1447.50. Los peritos arquitectónicos declararon aquí que la superficie era superior. La simple medición hubiera demostrado las inconsistencias, que en el expediente administrativo eran las señaladas.
- Los anchos de los medios de salida: dice: “el local posee un medio de egreso hacia sus corredores cuyo ancho total es de 9.00 metros. El corredor principal posee un ancho mínimo de 6,50 y el corredor de salida de emergencia posee un ancho de 3.00 metros, desembocando directamente hacia la vía publica en un medio de egreso cuyo ancho general es de 11 metros, cumpliendo lo normado en el art. 4.7.6.1. y 4.7.3.1. inc. A del CE”.como explicaron testigos expertos declarantes, Profeta y Siciliano, las puertas poseen un ancho útil de 1,26 mt., cada una lo que reduce los medios de salida alcanzando un total de 7,57 metros ancho muy inferior al exigido (un 30 % menor). Debe tenerse en cuenta que el art. 4761 del CE exige un ancho libre no menor a 1,50 mt para cada puerta. En suma no tenían las medidas reglamentarias y eran batientes entre si, con lo que disminuían el ámbito de salida.
- La actividad cuenta con una salida alternativa…que en caso de emergencia se activa y permite la evacuación del público concurrente por un corredor que sirve en casos normales para la entrada y salida de vehículos. Cabe destacar que este mecanismo funciona en caso de producirse un siniestro, independizando este sector del estacionamiento mediante un portón doble fuego automático que se activa por un fusible bimetálico a los 68 ° de temperatura. Por tal motivo y dadas las características del funcionamiento descripto y la seguridad adicional que brinda el mismo para el público concurrente, el suscripto estima, en caso de que la superioridad comparta el criterio adoptado, que el presente caso no presentaría inconvenientes en el cumplimiento de lo normado en el art. 10.2.3. inc. D. del Código de Habilitaciones y verificaciones toda vez que se trata de una salida alternativa y no de emergencia (la cual posee el local) y que reduce los riesgos en forma cualitativa para el público concurrente.
- Omitió considerar el entresuelo. Ese entresuelo posee una superficie de 409,09 m2 (excluidos muros y tabiques) y una superficie de 528,26 m2 en total, por lo tanto debió haber cumplido con el artículo 4 13.2. inciso 4) del Código de Edificación que dice: “Cada unidad de uso tendrá acceso directo a los medios generales exigidos de egreso Todo local que tenga una ocupación mayor que 200 personas, contará por lo menos con dos puertas, lo más alejadas posible una de otra, que conducen a una salida general exigida”.
- Omitió considerar las distancias mínimas exigidas por la reglamentación: la distancia máxima desde un punto dentro de un local a una puerta o abertura exigida sobre un vestíbulo o pasaje general o público, que conduzca a la vía publica a través de la línea natural de libre trayectoria, será de 40 metros” (código de edificación y legajo de pericia arquitectónica).
- Omitió controlar todos las exigencias métricas en el plano y con la escala que este emplea (a pesar de su falsía, ciertas dimensiones no pueden disimularse).
- Omitió indicar las obstrucciones de columnas y las columnas invertidas que, a su vez, obstaculizaban la salida.

Todas estas alteraciones de la realidad fueron deliberadas, ya que se evidencian:

- a simple vista, o mejor al llamado “ojo de buen cubero”: el buen ojo que tenían los artesanos que antiguamente realizaban las cubas, para fabricarlas con la medida adecuada, se aplica también a un inspector. Aquí un testigo de la defensa, Alberto Mattalano, incluso amigo del acusado, pero también inspector, reconoció no solo que medía e iba provisto de metro, sino también que en 1000 metros puede tener un margen de error de 0,5 %. En ese marco, por ejemplo, la diferencia de superficie entre la real y la validada por Calderini, hay 300 metros cuadrados de diferencia. Señores Jueces, 300 metros cuadrados en la medida estándar de un terreno, es el 17 % del local. Ni que hablar de las dimensiones del entrepiso o de las distancias mínimas. A simple vista se evidencian.
- por la medición de algunas de ellas en el propio plano, siguiendo la escala que este indica: tanto el entresuelo como las distancias mínimas a la salida, se advierten irreglamentarias sobre la hoja de papel del plano y con el empleo de una simple regla.
- por la medición con un simple metro, aun cuando la municipalidad no los provea (Mattalano, que no era un referente ni una autoridad iba provisto de uno).

El informe en definitiva es instrumento y parte constitutiva y decisiva del expediente administrativo de habilitación, ha tenido la virtualidad suficiente para producir la afectación del bien jurídico tutelado. Como consecuencia de la mendacidad introducida, se otorgó una habilitación jurídicamente imposible, dadas las deficiencias estructurales del lugar y la superficie en exceso respecto de la autorizada por el Código de Planeamiento Urbano. La autorización del funcionamiento de ese local como local de baile clase C dio lugar a que el 30 de diciembre de 2004 se llevara a cabo un recital, con las consecuencias conocidas. De manera que la lesividad de la conducta sometida a juicio excede las exigencias dogmáticas respecto de la figura, para las cuales el sólo hecho de la falsificación importa ya lesión a la fe pública, la exigencia de la posibilidad de perjuicio, como característica típica común a esas falsificaciones y a las de los documentos privados, indica que ella debe situarse más allá del mencionado ataque a la fe pública, afectando la disponibilidad de otros bienes jurídicos. La expresión típica de modo que pueda resultar perjuicio significa que basta con que el perjuicio obre como posibilidad. Cuando él se concreta en daño con mayor razón se da la caracterización de la tipicidad sin perjuicio que pueda originarse otro delito que concurra en forma real o ideal.

La doctrina más moderna sobre el tema, encabezada por Baigun y Tozzini (op. Cit., pg., 71/72) y Edgardo Donna ( “Derecho Penal , Parte especial”, t. IV, Ed. Rubinzal-Culzoni, Bs. As., 2004, p. 142) parten de la idea que son instrumentos públicos conforme a la doctrina civil aquellos que con las formas debidas autorizan a los oficiales públicos o quienes se hallan legitimados para actuar en tal condición. A lo expuesto, el último de los autores citados señaló que a efectos que el principio de lesividad entre en crisis el documento público debe tener ciertas condiciones propias: a) que sea autorizado por funcionario competente, b) que éste obre en el ejercicio de sus funciones y c) que se otorgue con las formalidades legales. Todas estas exigencias están acabadamente cumplidas y acreditadas en la causa.
La fuente del carácter público de los documentos en los que tuvo participación el incriminado, emana de que el referido tenía a su cargo la verificación del terreno y su acatamiento a las reglamentaciones imperantes para lograr la habilitación municipal de la actividad. Fue precisamente la confianza de autenticidad de la que el incriminado se valió para otorgar efectos jurídicos a sus mentiras cuando, en realidad, por la naturaleza del oficio que desempeñaba, se encontraba obligado a decir la verdad, configurándose así también este extremo típico.

En efecto, en el informe y actuaciones de Calderini en el expediente de habilitación, ha insertado declaraciones falsas –como exige el verbo previsto por la norma- al señalar que había constatado circunstancias que en realidad eran contrarias. Además, esas mentiras concernían a hechos que los actos del incriminado debía probar: se trataba precisamente de los informes en los que debía reflejarse el cumplimiento o incumplimiento de las previsiones legales que eran específicas y; en base a los cuales, en definitiva, se otorgarían los documentos que permitirían que el local de baile pudiera funcionar en el rubro requerido. Por lo demás, la falsedad que se incrimina ha quedado consumada, ya que el perfeccionamiento del delito en cuestión tiene lugar cuando el objeto en el que se han hecho las inserciones falsas adquiere la calidad de documento público. La conducta referida se le imputa en calidad de autor, ya que tuvo el pleno dominio de los actos que realizaba.

El Cohecho.

De modo previo a las consideraciones fácticas, voy a realizar una jurídica sobre este delito. No escapa a la versación de los Señores Jueces la esquiva evidencia que caracteriza a este ilícito, normalmente clandestino y pensado para eludir cualquier reproche. En ese marco la prueba indiciaria es una forma de acreditación admisible, en la medida en que los indicios reúnan los requisitos propios de este modo de adquisición de certeza. Debe mediar una pluralidad concatenada de indicios relevantes. Y Toda vez que el valor probatorio del indicio es más experimental que lógico, sólo el unívoco podrá producir certeza, en tanto que el anfibológico tornará meramente verosímil o probable el hecho indicado. La sentencia condenatoria podrá ser fundada sólo en aquel; el otro permitirá, a lo sumo, basar en él un auto de procesamiento o la elevación de la causa a juicio. (Conf.: “La prueba en el proceso penal”, José I. Cafferata Nores, Editorial Lexis Nexis - Depalma, quinta edición, p. 192 a 193, año 2003). En similar sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para la cual “cuando se trata de una prueba de presunciones ... es presupuesto de ella que cada uno de los indicios, considerados aisladamente, no constituya por sí la plena prueba del hecho al que se vinculan -en cuyo caso no cabría hablar con propiedad de este medio de prueba- y en consecuencia es probable que individualmente considerados sean ambivalentes”. (“Martínez, Saturnino”; 7/6/88, Fallos 311:948; cfr. T.S.J., Sala Penal, S. nº 45, 28/7/98, “Simoncelli”; A. 32, 24/2/99, “Vissani”); “la confrontación crítica de todos los Los indicios resultan inexcusables para poder descartarlos, por lo que el argumento de la supuesta ambivalencia individual de cada uno de ellos constituye un fundamento sólo aparente que convierte en arbitraria a la sentencia portadora de este vicio” (C.S.J.N., “Fiscal c/ Huerta Araya”, 12/6/90, citado por Caubet, Amanda y Fernández Madrid, Javier, “La Constitución, su jurisprudencia y los tratados concordados”, Errepar, 1995, n° 4840).

En orden al recurso a esta prueba he de referir también la vigencia, en el caso, de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción adoptada en Nueva York, EEUU, el 31 de octubre de 2003, e incorporada a nuestro derecho mediante la ley 26.097. Esta convención imperativa, regla conforme dispone su artículo 3 que define el ámbito de aplicación, “el enjuiciamiento de la corrupción” . Y en ese marco, para tal enjuiciamiento dispone, entre otras normas, el artículo 28, que establece: “El conocimiento, la intención o el propósito que se requieren como elemento de un delito tipificado con arreglo a la Presente Convención podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas”. Con estos elementos, vayamos a las situaciones que evidencian la existencia de un acuerdo colusivo entre el funcionario y el solicitante de la habilitación del local de la calle República de Cromañón.

Cuadro Indiciario

-La existencia simultánea de tres expedientes sobre la misma materia. Tres expedientes contemporáneos daban cuenta de una situación:
°10.294
46.309
42.855
El expediente 10294 comienza el 13 de febrero de 1997.
El expediente 46.309 comienza el 25 de abril de 1997.
El expediente 42.855 fue iniciado con fecha 23 de junio de 1997.

Esta simultaneidad de expedientes sobre un mismo local, era un procedimiento tradicional del área, que permitía artificios y manejos como los que aquí se verifican. Es que, en el expediente 10.294 se rechaza la habilitación. En el 46.309 se clausura el local. Y ante semejante cuadro negativo y con el fin de lograr la habilitación impedida por su rechazo y por una clausura, se arma un nuevo expediente: el 42.855 y se cajonea el 46.309.

-los actos contradictorios de Calderini:

En el expediente 10294 a fojas 22 ,hay una nota del 14 de abril de 1997, firmada por Eduardo Vitale y Roberto Calderini quienes dejaron asentado que: “…los planos presentados no se ajustan a lo observado en el terreno toda vez que se deberá graficar en forma correcta medidas, destino de los locales y superficie de la actividad local de baile y hay una comunicación entre los diferentes sectores”. En el apartado dedicado a la actividad de local de baile como uso complementario del hotel, los funcionarios dejaron constancia de que “…el local bailable cuenta con dos medios de egreso: uno que comunica directamente con la vía pública y el otro que comunica con el sector de acceso vehicular al garaje comercial. Dejase expresa constancia que esta actividad ha sido solicitada en el carácter de complementaria del uso hotel, con el cual no posee comunicación, sino a través del garaje comercial, contraviniendo por tal motivo el artículo 10.2.3 inc. c) y d)”.
En base a ello, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le envió al representante de Once Central Park una nota en la que se le comunicaba que no podían funcionar sin habilitación y que su otorgamiento dependía de que se cumpliera con diferentes requisitos, entre los que estaban el de “excluir del pedido de habilitación el del local bailable porque como actividad complementaria contraviene lo normado en el artículo 10.2.3” De esto se notificó al arquitecto Rizzo. Contra esa decisión, el 6 de junio de 1997 se interpuso un recurso de reconsideración consintiéndose, sin embargo, lo resuelto en cuanto a la exclusión del local de baile del pedido de habilitación. Finalmente, el 24 de julio de 1998 Once Central Park, todavía representado por Tito Maldonado Mereles, solicitó, no obstante lo ya requerido, que también se dejara sin efecto el pedido de habilitación para el rubro hotel.

En el expediente 42855, a fojas 16 y 17 obran dos planos firmados por el arquitecto Campesi, con una leyenda, fechada el 28 de julio de 1997 , firmada por Roberto Calderini, que dice lo siguiente: “los planos se ajustan a lo observado en el terreno”. Esta expresión de Calderini es emitida a tres meses de la anterior, sobre realidades inmodificables en ese lapso. Es importante destacar que Calderini, por su actividad en el primer intento de habilitación sabía que, además de la puerta alternativa de emergencia, había conexión con el hotel por el primer piso, además de que en el mismo expediente obran a fojas 25 los planos ya utilizados para el intento de habilitación del inmueble como un complejo en el expediente n° 10.294/97, que están firmados por la arquitecta Mabel Carnevale. A fojas 33 obra una resolución, firmada por Roberto Calderini, de fecha 28 de julio de 1997, en la que sostiene que el local está preparado para desarrollar varias funciones y que no existe conexión entre ellas; además dice por primera vez lo de la puerta alternativa, pero relativizando su función e importancia de manera tal de evitar el impedimento representado por la conexión con el resto del establecimiento. Debe recordarse aquí que este es el mismo Calderini que había sostenido, el 14 de abril de 1997, en el expediente 10.294/97 que el complejo no podía ser habilitado porque existía una conexión entre los diferentes lugares que violaría las normas vigentes. -el conocimiento de Calderini del expediente de Clausura 46.309.

Resulta de fojas 35 del expediente 42.855 que obran diversas impresiones pedidas con fecha 23 de julio de 1997 por Roberto Calderini con respecto a los expedientes en trámite relacionados con el local a habilitar. Entre estos expedientes está el de clausura del local, que fue consultado por el funcionario entre el 23 y el 28 de julio de 1997 (fechas en que solicitó los informes y efectuó el dictamen respectivamente).

-actuaciones perpetradas en el expediente de Clausura 46.309 para impedirle producir sus efectos regulares. En el citado expediente, el 11 de julio de 1997, el interventor Roberto Varela ordenó, en base a los informes precedentes, clausurar la totalidad del complejo. Ante esta situación que estaba aconteciendo de manera simultánea a la tramitación del restante, el 14 de julio de 1997, la sociedad “Lagarto SA” (locador del local de baile), por medio de Urbano Chávez, solicitó una suspensión de la clausura, manifestando que le encargaron la gestión de los trámites de habilitación al arquitecto Francisco Rizzo, a quien le habían abonado aproximadamente $5000 para que se encargara de las gestiones necesarias, lo que no fue concretado, motivando, según los presentantes, que los responsables de la sociedad debieran efectuar el trámite personalmente. Aclararon en el pedido que, al momento de la presentación, ya había culminado la realización de la totalidad de los trámites correspondientes ante el GCBA y que estaban a la espera de que la Superintendencia de Bomberos de la P.F.A. les expidiera el certificado correspondiente para la habilitación del local bailable. Mientras en un expediente se constataba la existencia de irregularidades que motivaban la clausura no solamente por la falta de habilitación, sino por las circunstancias que hacían imposible, e ilegal, según la normativa vigente que fuera otorgada -en este caso una comunicación prohibida entre distintas actividades que no funcionaban de modo complementario-, en otro expediente, iniciado después de concluido uno anterior donde se había denegado la habilitación por los mismos motivos por los que se dictó la clausura, se resolvía, en éste, que el local estaba en condiciones de ser habilitado como local de baile clase “C”. El 18 de julio Varela ratificó la clausura y no hizo lugar al pedido de suspensión efectuado.

En estos días, Calderini consulta el expediente y luego de emitir su informe ya referenciado de fecha 28 de julio, siete días después, el 4 de agosto de 1997, Chávez insiste presentando un nuevo escrito en el que pidió que se levantara la clausura ordenada por Varela. Acompañó a tal efecto un primer testimonio de habilitación municipal de Bartolomé Mitre 3060/66/70/72, de fecha 20 de junio de 1997, otorgado en un expediente que tramitaba de manera independiente al de las clausuras.En esta oportunidad, Urbano Chávez, en su condición de presidente de “Lagarto SA”, con domicilio en Bartolomé Mitre 3060, también con domicilio en Bmé. Mitre 3070, constituida con fecha 28 de abril de 1997, se presentaba y solicitaba, de acuerdo a lo que establecía el decreto municipal 2366/94, la habilitación automática del local con entrada en los números 3060/66/70/72 de la Calle Bmé. Mitre en el rubro “Local de Baile clase C”; acompañándose, según lo manifestaba el escribano Roberto Luis Rosetti, toda la documentación correspondiente en originales ante su vista. Asimismo, habría estado en el acto el arquitecto Horacio Alberto Campesi quien declaraba bajo juramento que el local había sido inspeccionado por él y reunía los requisitos de la ordenanza 44.947 y el decreto 2013/91. Lo mismo declaraba Chavez bajo juramento. A fojas 109 obra el acta de constitución de “Lagarto S.A.”, conformada en La Plata, el 25 de abril de 1997 , interviniendo el escribano Alberto David Hassan, comparecieron al acto de constitución de la sociedad Estefanía Duday, Gerardo Ariel Costabello, Germán Marcos Vengrover y Urbano Chavez, quienes manifestaron que la sociedad se dedicaría a la contratación de todo tipo de artistas, músicos, actores, etc., y, asimismo, a la organización de conciertos, recitales, bailes, actuaciones, ciclos, giras y otras muestras artísticas. Antes de adoptar cualquier decisión respecto al levantamiento de la clausura dispuesta, Roberto Varela remitió las actuaciones al jefe del Departamento de Espectáculos, Recreación y Educación, Dirección Actividades Especiales, a fin de que se expidiera sobre las observaciones de condición emitida en la habilitación, y en particular, sobre la puerta alternativa de emergencia.
En la parte de atrás de esa nota (fs. 96 vta.) aparecen varias constancias de inventario del expediente cuyos autores no pueden ser identificados porque no hay aclaración de firmas, salvo el caso de Calderini, a quien se reconoce por su firma y su número de legajo municipal. En consecuencia, el expediente quedó sin remitir a su lugar de destino desde el 8 de agosto de 1997 hasta el 7 de octubre de 2002.

El alcance de estas maniobras. Todo este grupo de hechos debidamente articulados, seguramente por la ingeniería de una “autoridad en la materia”, “hombre de consulta” y “referente" , se alcanzó lo que nunca debió alcanzarse: "LA HABILITACION DE UN LOCAL INHABILITABLE".

Toda esta ingeniería, como las omisiones deliberadas en el terreno, la no realización de actos debidos, constituyen una suma de indicios plurales que reúnen las características dogmáticas que antes referimos. Ellos acreditan el acuerdo colusivo con los dueños y explotadores del local, para alcanzar ese fin, a cambio de una dadiva que Calderini embolsó por semejante esfuerzo estructural.

El Concurso. La mera relación de uno y otro ilícitos, revela porque son hechos independientes, que concurren realmente.

La Solicitud. En mérito de lo que llevo expuesto, y con sustento en lo dispuesto en los artículos 55, 293,256 y 298 del Código Penal, pido se condene a Roberto Calderini, de las condiciones obrantes en autos, a la pena de 9 años de prisión, con más la accesoria de inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la condena.

Y en orden a la valoración de la pena quiero hacer una consideración final. Durante mucho tiempo a lo largo de este peregrinar de once años, he peleado en Tribunales para lograr la condena de todos los sujetos que hicieron posible la apertura de este local y que venalmente no lo cerraran cada vez que simularon inspeccionarlo, y renovaran certificados de bomberos absolutamente falaces. Intenté dogmáticamente acudir a la figura del delito permanente y ensayé muchos giros dogmáticos. Ahora no es la dogmática lo que quiero resaltar, sino la evidencia: estos delitos se cometieron en 1997 pero la magnitud de su ilicitud, el perjuicio y el riesgo no permitido que implicaban, se evidenció el 30 de diciembre de 2004 y se llevó a mi hijo y a 193 hermanos suyos, mas allá de haber lacerado la psiquis de 4200 sobrevivientes. Este es el perjuicio de las maniobras descriptas y aunque no hayamos inspeccionado el local República de Cromañón, Señores Jueces ustedes deben juzgar porque se abrió un ámbito infernal, que ningún entresijo de ninguna norma de la Ciudad permitía que funcionase. Fueron delitos instantáneos pero de efectos permanentes y solo la ironía de los tiempos y sistemas de la Justicia Argentina, hacen que concluya este largo recorrido con el último juicio, que lógicamente debió ser el primero.

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Enviado por QNSR el Jue, 2016-04-14 19:17

4to Juicio por Cromañón: Audiencia del 14 de abril, alegato del defensor del imputado Roberto Calderini.




Interior 1 interior 2

En el día de hoy, a las 9.30hs , se dio comienzo en el Palacio de Tribunales a la audiencia donde el abogado defensor del acusado, funcionario del gobierno Roberto Calderini expondrá su alegato, pero vale recordar algunas apreciaciones de la querella y del fiscal:

"El fiscal Fabián Céliz pidió seis años de condena para el inspector Roberto Calderini, acusado de habilitar el boliche Cromañón tras cobrar una coima. El querellante José Iglesias, padre de una de las víctimas, pidió nueve años. Calderini aún trabaja como inspector. El fiscal Fabián Céliz solicitó el 12 de abril, que se condene a seis años de prisión a Roberto Calderini, actual inspector del gobierno porteño que en 1997 habilitó, presuntamente tras cobrar una coima, el boliche Cromañón, en el que el 30 de diciembre de 2004 murieron 193 personas que asistían a un recital de la banda Callejeros. El pedido se formuló en el juicio oral que se le realiza al funcionario, a quien se acusa de los delitos de “falsedad ideológica de documento público y cohecho”.

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3, el fiscal también solicitó que Calderini sea “inhabilitado de forma absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos” , ya que actualmente sigue trabajando en el área de Policía del Trabajo del gobierno porteño.Céliz explicó que en abril de 1997, el inspector denegó la habilitación del local y meses después, en junio, en idénticas circunstancias, la aprobó pese a que no se había realizado ninguna reforma. Por eso, el fiscal concluyó que Calderini recibió dinero para la habilitación, ya que no era amigo ni conocía a nadie de la sociedad Lagartos –que explotaba Cromañón en esa época– y tampoco había otro motivo para hacerlo.

Por su parte, el abogado José Iglesias, único querellante por las víctimas en este juicio, pidió para el imputado una pena de nueve años de prisión y el doble de ese tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Iglesias hizo un repaso de cómo funcionaba el área de habilitaciones en 1997 y recordó que debido a que tres años antes se había incendiado el boliche Kheyvis, en Olivos –en el que murieron 17 jóvenes–, era necesario tener un certificado de Bomberos para funcionar.

El abogado dijo que era “falso” el informe de habilitación elaborado por Calderini y que en la primera ocasión sólo había concurrido al lugar, sin inspeccionarlo, y en la segunda ni siquiera visitó el boliche. Como evidencia de la falta de rigurosidad en las inspecciones que derivaron en la habilitación, Iglesias citó que el local situado en Mitre al 3000, en el barrio de Once, medía 1800 metros y que él lo habilitó por 1470. También dio por acreditado que el cohecho existió en base a la existencia de tres expedientes iniciados en el gobierno porteño referidos a la habilitación, ya que en el primero se negó el permiso, luego se clausuró el local y después se permitió su funcionamiento sin que hubiera modificaciones que lo motivaran.

Tras la audiencia, los jueces del TOC 3, Gustavo Rofrano, Miguel Angel Caminos y Gustavo Valle, pasaron a un cuarto intermedio hasta el jueves 14 de abril, cuando será el turno del alegato del abogado Martín Orozco, defensor de Calderini.

El incendio ocurrió la noche del 30 de diciembre de 2004, cuando comenzaba el recital del grupo de rock Callejeros. El boliche estaba habilitado para 1.031 personas, pero habían vendido entradas para alrededor de 5000. Mientras empezaba a sonar el primer tema, decenas de jóvenes encendieron bengalas y pirotecnia de la llamada “tres tiros”, que provocaron un incendio en la media sombra que recubría el techo del local, lo que generó un humo tóxico que terminó con la vida de 193 personas por asfixia por inhalación. Esto convirtió a Cromañón en el hecho con más muertos por causas no naturales en la historia argentina.

En 2007, se realizó el primer juicio oral conexo a la causa principal, en el que fueron condenados tres jefes de Bomberos y dos empresarios. La Corte Suprema de Justicia confirmó el martes 5 las condenas del segundo y principal juicio, en el que fueron hallados responsables del hecho el gerenciador Omar Chabán (murió en noviembre de 2014, mientras cumplía condena); su mano derecha, Raúl Villarreal; los músicos de Callejeros (encabezados por Patricio Santos Fontanet) y tres funcionarios porteños.Por eso, desde el miércoles pasado, 9 de los 11 condenados están otra vez detenidos cumpliendo su pena. Por su parte, el escenógrafo de Callejeros, Daniel Cardell, y Ana María Fernández, ex directora general adjunta de Control Comunal del gobierno porteño, gozan de libertad condicional porque fueron condenados a 3 años de prisión. En tanto, ya se encontraba detenido el ex subcomisario Carlos Díaz. Mientras que el ex manager de la banda, Diego Argañaraz, se encuentra cumpliendo libertad condicional ya que había sido condenado a 5 años y quedó preso desde diciembre de 2012.

En el tercer juicio que se hizo por la tragedia, ese mismo año, fue condenado el empresario Rafael Levy, dueño del predio donde funcionaba el boliche, mientras que fueron absueltos el ex secretario de Seguridad porteño Juan Carlos López, el ex comisario Gabriel Sevald y los ex funcionarios Enrique Carelli y Vicente Rizzo.

Hoy es el turno del alegato de la defensa y luego el tribunal quedará en condiciones de escuchar las últimas palabras del imputado y dará a conocer el veredicto, lo que podría ocurrir el mismo día.

https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/cromanon-pidieron-seis-anos-de-prision-para-un-inspector/

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Enviado por QNSR el Jue, 2016-04-14 09:47

4to juicio: Alegato de la querella del Dr. Iglesias y del Fiscal Dr. Céliz contra el funcionario del gobierno Roberto Calderini

cuatro juicio
 

En el día de hoy se llevó a cabo la audiencia en el Palacio de Tribunales del 4to y último juicio por Cromañón, contra el funcionario del Gobierno de la Ciudad Roberto Calderini, funcionario que cambió el metraje del local República Cromañón para conseguir su habilitación.

Hoy fue el turno de los alegatos de la única querella que participa, el Dr. Iglesias y del fiscal Dr. Céliz, quienes luego de hacer su exposición pidieron las siguientes penas:

Dr. Iglesias: 9 años de prisión e inhabilitación por el doble de ese tiempo, para ejercer cargos públicos.
Fiscal Dr. Céliz : 6 años de prisión e inhabilitación de forma absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.




Calderini 1 Calderini 2

Próximamente subiremos ambos alegatos. Les recordamos que la próxima audiencia donde expondrá su alegato el defensor de Roberto Calderini se llevará a cabo el próximo jueves 14 de abril a las 9.30hs en el Palacio de Tribunales, Talcahuano 550, 6to piso.

http://www.telam.com.ar/notas/201604/143086-cromanon-inspector-prision-policiales.html

http://www.lanacion.com.ar/1888746-pidieron-prision-para-un-inspector


El cuarto y último juicio oral por Cromañón ingresa en etapa de alegatos.

Interior Cromañón
 

El cuarto y último juicio oral por Cromañón ingresa en etapa de alegatos.

El martes el debate entrará en su etapa final con los alegatos de las partes, informaron fuentes judiciales. Un tribunal porteño realiza el cuarto y último juicio oral por el incendio en el boliche Cromañón, en el que en 2004 murieron 194 personas que asistían a un recital de la banda Callejeros, y el martes el debate entrará en su etapa final con los alegatos de las partes, informaron fuentes judiciales. El único acusado es el inspector Roberto Calderini, a quien se responsabiliza por haber permitido la habilitación del local bailable que funcionaba en el barrio de Once y se le imputan los delitos de "falsedad ideológica de documento público, cohecho y estrago doloso seguido de muerte".

El abogado José Iglesias, único querellante por las víctimas en este juicio, dijo a Télam que el imputado "sigue trabajando como inspector en el gobierno de la Ciudad, en el área de la Policía del Trabajo". En el juicio, se evalúa por qué Calderini, quien se negó a declarar al comienzo del proceso, rechazó en abril de 1997 la habilitación del local y cuatro meses después, en junio, en idénticas circunstancias, la aprobó.

El juicio se inició hace dos semanas ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3, integrado por los jueces Gustavo Rofrano, Miguel Angel Caminos y Gustavo Valle, ya que el TOC 24, que realizó los anteriores debates, se excusó por considerar que ya había prejuzgado. Tras la declaración de los testigos, el tribunal rechazó un pedido del fiscal Fabián Céliz y de Iglesias para hacer una inspección ocular en el local que funcionaba en Bartolomé Mitre al 3000.

Ambos querían que los jueces concurrieran al boliche porque, a diferencia de los anteriores magistrados, no conocen el lugar. Sin embargo, los integrantes del TOC 3 resolvieron ver los videos del juicio oral de 2008, donde siete peritos mostraron cómo era Cromañón y las diferencias entre los planos del lugar, que fueron fraguados varias veces.

Por eso, terminada la etapa de incorporación de pruebas, el martes efectuarán su alegato Iglesias y Céliz, quienes pese a que Calderini llega acusado de "estrago doloso" (con intención) no podrán acusarlo por esa figura porque la Cámara de Casación Penal ya estableció que lo sucedido en Cromañon se trató de un hecho "culposo" (sin intención). El juicio, que se realiza en el sexto piso del Palacio de Tribunales, continuará el jueves con el alegato de la defensa de Calderini y la semana siguiente se dará a conocer el veredicto.

El incendio ocurrió la noche del 30 de diciembre de 2004, cuando comenzaba el recital del grupo de rock Callejeros en el boliche, habilitado para un millar de personas pero donde había alrededor de 5000. Mientras se entonaban los acordes del primer tema, decenas de jóvenes encendieron bengalas y pirotecnia denominada "tres tiros" que provocaron un incendio en la media sombra que recubrí­a el techo del local, lo que generó un humo tóxico que terminó con la vida de 194 personas. Esto convirtió a Cromañón en el hecho con más muertos en la historia argentina por causas no naturales. En 2007, se realizó el primer juicio oral conexo a la causa principal, en el que fueron condenados tres jefes de Bomberos y dos empresarios.

El martes, la Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas del segundo y principal juicio, en el que fueron hallados responsables del hecho el gerenciador Omar Chabán (62) (ya fallecido); su mano derecha; los músicos de Callejeros y tres funcionarios porteños. Por eso, desde el miércoles están otra vez detenidos Patricio Santos Fontanet (36), lí­der de la banda, y los músicos Christián Eleazar Torrejón (42), Maximiliano Djerfy (40), Juan Alberto Carbone (46) y Elio Rodrigo Delgado (30).

También están presos Raúl Alcides Villarreal (58), quien fuera mano derecha de Chabán, y la ex funcionaria porteña Fabiana Fiszbin (51), mientras que Gustavo Torres (57), que también trabajaba en el Gobierno porteño, se encuentra internado con custodia policial. En tanto, el baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, está detenido cumpliendo prisión perpetua por el femicidio de su esposa Wanda Taddei, a quien prendió fuego en la casa que compartí­an en el barrio porteño de Mataderos. Por su parte, el escenógrafo Daniel Cardell (37) y la ex funcionaria porteña Ana Marí­a Fernández (50) gozan de libertad condicional porque fueron condenados a 3 años de prisión. Ya estaban presos el ex subcomisario Carlos Díaz y el ex manager de la banda, Diego Argañaraz, cuyos recursos se revisan por separado.

En el tercer juicio que se hizo por el caso en 2012, fue condenado el empresario Rafael Levy, dueño del predio donde funcionaba el boliche, mientras que fueron absueltos el ex secretario de Seguridad porteño Juan Carlos López, el ex comisario Gabriel Sevald y los ex funcionarios Enrique Carelli y Vicente Rizzo.

http://www.telam.com.ar/notas/201604/142716-el-cuarto-y-ultimo-juicio-oral-por-cromanon-ingresa-en-etapa-de-alegatos.html

http://www.lanacion.com.ar/1887932-un-inspector-el-ultimo-acusado-en-ser-juzgado-por-cromagnon

Audiencia alegatos de la querella y el fiscal: Martes 12 de abril a las 10hs.

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Enviado por QNSR el Dom, 2016-04-10 08:08

4to y último juicio oral contra el funcionario del Gobierno de la Ciudad, Roberto Calderini.

Zapatillas
 

En estos momentos se está realizando el 4to y último juicio oral y público contra el funcionario del Gobierno de la Ciudad, Roberto Calderini quien firmó la documentación que en 1997 posibilitó la habilitación del local República Cromañón, se trata de establecer si hubo "corrupción en la habilitación del local ".

En el juicio se evalúa por qué el funcionario Calderini, en abril de 1997, "rechazó la habilitación del local y cuatro meses después, en junio, en idénticas circunstancias, la aprobó". Calderini está acusado por los delitos de “falsedad ideológica de documento público, cohecho y estrago doloso seguido de muerte” , aunque esta última calificación ya fue descartada en los anteriores juicios, en los que quedó consolidado que se trató de un estrago “culposo”.

En la causa intervienen, además del fiscal Fabián Celiz y la defensa de Calderini, "una querella encabezada por José Iglesias, abogado y padre de una de las víctimas del local de Once" El juicio se está llevando a cabo en el Palacio de Tribunales, Talcahuano 550, en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 a cargo de los jueces Gustavo Rofrano, Miguel Ángel Caminos y Gustavo Valle. Dicho tribunal decidió en el día de hoy ver y revisar los CD o DVD del juicio oral del año 2008, donde "7 peritos mostraron y demostraron cómo era Cromañón, las diferencias entre los planos que fueron fraguados varias veces". Las audiencias continuarán la semana próxima, con los alegatos del fiscal, la querella y la defensa de Calderini.

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Enviado por QNSR el Jue, 2016-04-07 15:59

La noticia tan esperada: La Corte rechazó los recursos de queja de los condenados y deben volver a prisión.

Logo
 

En el día de hoy, la Corte Suprema de Justicia ha rechazado todos los recursos de queja presentados por los condenados, mañana o, a más tardar, pasado, deberán regresar a prisión a terminar toda la condena . El TOC 24 aguardará que mañana se presenten y si así no fuera cursará las ordenes de captura.

http://www.cij.gov.ar/nota-20763-La-Corte-rechaz--los-planteos-de-ex-integrantes-de-Callejeros-y-exfuncionarios-contra-la-sentencia-que-los-condenara-por-la-causa-Croma--n.html

SE HIZO "JUSTICIA"!!!

Justicia
 

" Alejandra, Ezequiel, Fernando, Juan Pablo, Gastón, Agus, Pau, Mili, Martín, Mariela, Maxi, Jose Leandro, Sergio, Vicki, Soledad, Gisela, Carol, Alberto, Maria Laura, Rubens, Mariano, Lauty, Sebastián, Nahum, Solange, Gabriela, Romina, Erika, Zaida, Maria Angélica, Gloria, Silvia, Matías, Roberto, Abel, Sol, Cristian, Pablo, Oscar, Mercedes, José Luis, Bore, Matías, Lucas, Claudia, Carla, Emiliano, Analia, Pablo, Abel, Topo, Patricia, Alicia, Edwin, Yamila, Lucas, Roberto, Pe, Romi, Juli, Leonardo, Nicolás, Martín, Eduardo, Ignacio, Ricardo, Juan Carlos, Paola, Leonardo, Macarena, Sebastián, Mayra, Mariana, Liliana, Guido, Marisa, Florencia Soledad, Florencia Laura, Liliana Noemí, Sergio, Derliis, Sebastián, Diego, Laurita, Nayla, Sebastián, Franco, Florencia Soledad, Nicolás, Noemí, Romina, Credro, Marta, Sebastián, Pablo, Matías, Adriana, Marce, Noelia, Juan Ignacio, Nico, Jonathan, Luisiana, Julito, Paola, Erica, Pedro, Esteban, Maximiliano, Diego, Ariel, Jorge, Gustavo, Federico, Mario, Eli, Fernando, Mariano, Evaristo, Estefi, Leandro, Federico, Sofi, Guido, Nicolás, Cecilia, Daiana, Mauro, Deborah, Ana Laura, Walter, Maria Celeste, Jorge, Nelson, Monsi, Lucas, Lucia, Carolina, Griselda, Silvina, Cristian, Emiliano, Eduardo, Hernán, Fer, Luis, Marianela, Gerardo, Ceci, Juli, Sergio, Osvaldo, Agustina, Silvia, Rosa, Luis Alberto, Alicia, Maria Belen, Jacquelin, Valeria, Leandro, Sofía, Nicolás, Alejandra, Mariana, Walter, Pablo, Romina, Marcelo, Roberto, Pablo, Jonatan, Mario Abel, Mario Ramón, Alejandra, Maria Sol, Mariano, Verónica, Facundo, Javier, Cristian, Viviana, Maria Lilia, Bárbara, Dario, Walter, Pablo, Hugo, Valdi, Jose Luis, Gustavo".

"Los chicos de Cromañón, Presentes.
Los sobrevivientes, Presentes.
Ahora y Siempre!!!"

QUE NO SE REPITA
Asociación Civil.

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Enviado por QNSR el Mar, 2016-04-05 20:02