El diario Clarín de este domingo, nos informa que, en forma unánime, la sala F de la Cámara Civil decidió revocar el fallo de inhibición de bienes que pesaba sobre el ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra por la causa de Cromañón. Esto significa que, a partir de ahora, Ibarra está en condiciones de vender sus bienes y de tomar créditos o hipotecas, además de poder operar libremente sus cuentas bancarias.

La Justicia, en una resolución firmada en primera instancia, había hecho lugar al pedido del abogado Fabián Bergenfeld, representante de la familia del periodista Luis Santana, unas de las 193 víctimas fatales que ocasionó la tragedia de Cromañón, producida el 30 de diciembre de 2004. Bergenfeld se había presentado en Tribunales, de acuerdo con lo que declaró en ese momento, para que "pague con todos sus bienes hasta el último de los responsables de la tragedia".

En el fallo, la Cámara se ocupa de recordar que las medidas cautelares "constituyen un medio tendiente a asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales" y cita entre los argumentos salientes que empleó para revocar la medida que "de prosperar la acción en relación a su actividad como funcionario, en la especie como Jefe de Gobierno, también deberá responder civilmente el propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

En ese sentido, el texto especifica que "es por ello que no estaría configurado el peligro en la demora, toda vez que la solvencia del codemando (Gobierno de la Ciudad) garantizaría de modo suficiente el crédito del actor". Y sostiene que "habrá que admitirse la queja del codemandado Aníbal Ibarra".

El fallo benefició además al ex secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Carlos López, aunque en su caso confirmaron una resolución de primera instancia que ya le había revocado la inhibición.

El fallo en contra de Ibarra había sido decretado por la jueza Silvia Mortara, del juzgado 65, el 2 de marzo de 2005. Con la inhibición se buscaba garantizar que los bienes, en caso de que sus propietarios fueran declarados responsables de la tragedia de Cromañón por la Justicia Civil, fueran destinados a pagar las indemnizaciones por daños y perjuicios. Es decir, lo que se evitaba era que los imputados pudieran alegar insolvencia para no cumplir con sus obligaciones.

"El Tribunal no pierde de vista la amplitud con que deben valorarse las medidas precautorias", cita la Cámara en la resolución, pero advirtió que la obligación del juez es "evaluar y evitar generar innecesarios perjuicios o gravámenes al inhibido".

NUESTRA OPINION

La resolucion es opinable desde lo tecnico y, mas aún, desde la órbita moral. Sin embargo, acostumbrémonos a que este último analisis ni siquiera molesta el pensamiento de los Jueces que, en definitiva, conforman con Aníbal, la corporación de la que ya hemos hablado en nuestra página.

Desde lo técnico, es cuestionable la liberación de restricciones patrimoniales a quien ha sido destituido a traves del Juicio Politico, mecanismo que lo vincula personalmente a los hechos que dieron lugar a su separación.

Por lo demás, es eticamente reprochable esgrimir como argumento la descarga de la responsabilidad propia en otros sujetos del ilicito. La responsabilidad patrimonial de uno de los autores de un hecho ilicito (civilmente hablando), no debería descargarse sobre la solvencia de los restantes responsables. Menos cuando uno de estos es el tesoro de la ciudad, o sea, nuestros impuestos. Para comprender la raiz de esta posición, baste leer la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (proclamada como de neta filiación progresista) que dice. ARTÍCULO 56.- Los funcionarios de la administración pública de la Ciudad, de sus entes autárquicos y descentralizados, son responsables por los daños que ocasionan y por los actos u omisiones en que incurrieran excediéndose en sus facultades legales. Deben presentar una declaración jurada de bienes al momento de asumir el cargo y al tiempo de cesar.

Solo nos cabe decir, paciencia y sigamos en la lucha. Ibarra habrá de terminar inhibido, en quiebra y, esperemos, penalmente reprochado.