El incendio de la disco “Divine”: un caso de posible corrupción encubierta, manipulación de la información y discriminación sexual. El 4 de septiembre de 1993 se produjo un incendio en una discoteca de Valparaíso, Santiago de Chile, por el cual produjeron 20 muertos. En efecto, en este caso confluyen diversas hipótesis nunca probadas, una extraña compra venta y consecuente seguro poco tiempo antes de la tragedia y la represión y silencio ante el pedido de justicia de las víctimas homo y heterosexuales que estaban en el local.

Las múltiples hipótesis mostraron un enfrentamiento entre el administrador del local y la empresario capitalista, sin embargo ninguna de ellas fue investigada.
Instalada en el segundo y tercer piso de un edificio de tres plantas, una de las hipótesis -lanzada por el administrador- expuso que se trataba de un atentado generado por un vietnamita que habría lanzado un artefacto incendiario en las puertas de entrada del primer piso. El capitalista, en cambio, abonó la idea de un incendio por un desperfecto eléctrico.
Lo cierto es que ninguna de las dos visiones fue probada porque desapareció la puerta de entrada del local, de gran porte, cuyo peritaje hubiese permitido corroborar lo realmente sucedido.
Un hecho sorprendente que tampoco fue investigado, fue la adquisición del local por parte del capitalista, solamente dos meses antes de la tragedia atrás y su seguro por un valor de más de tres veces el precio compra. Este empresario percibió el reembolso del seguro. Nunca fue considerada por la justicia la conexión de este hecho con las responsabilidades, a pesar de que dicho capitalista contaba con antecedentes de incendios en otros locales de su propiedad.
La concurrencia de intereses y responsabilidades seguramente hizo que no se avanzara en la causa, toda vez que tanto los asistentes como diversas organizaciones, denunciaron reiteradamente la responsabilidad por no contar con elementos de calidad eléctrica suficiente y seguridad, que hubieran evitado la tragedia.
Sin embargo, estas voces fueron acalladas por la investigación, por cuanto el juez a cargo de la causa se preocupó en estudiar detalladamente en los interrogatorios la orientación sexual de las víctimas, antes que las circunstancias que generaron la tragedia. Paralelamente, algunos de los testigos de la causa fueron atacados y debieron ser hospitalizados con lesiones y hematomas en el tórax y el cráneo.
Al día de hoy continúan los reclamos que llevaron a exigir una reapertura del caso ante la Corte Suprema de Justicia de Chile y el Quinto Juzgado del Crimen, para realizar luego la elevación del caso, si resultara rechazado a Organismos Internacionales. La falta de respuesta de la Justicia Chilena bloquea el envío del caso a Organismos Internacionales.
Dos parlamentarios que patrocinan la acción legal requieren que se aclaren las causas del siniestro y se cite a declarar a 11 personas que fueron testigos o investigadores del proceso. Ello, por cuanto a diez años del hecho “no están claras las causas ni existen sanciones”. En el expediente, ni siquiera se tiene precisión respecto al número exacto de víctimas (entre 16 y 20 personas) y tampoco existieron sanciones contra funcionarios de la Policía Civil que maltrataron y torturaron a testigos. El proceso judicial cuestionado terminó diez años después de la tragedia, dictando el sobreseimiento (sin culpables, ni procesados) el 17 de marzo de 1994.
Cabe resaltar las palabras de uno de los legisladores querellantes: "El objetivo de todas estas diligencias es determinar las causas del incendio y sancionar a los responsables, porque sea o no un atentado el motivo del siniestro aquí hay culpables. Si el incendio se produjo por un desperfecto eléctrico los responsables podrían ser los dueños de la discoteca o las autoridades de Valparaíso que permitieron el funcionamiento del local que no garantizaba seguridad a sus clientes".