Boletín Nº 8
   abril Año 2006
  Asociación Profesionales en Lucha (APEL)

1.     MASACRE DE LUIS VIALE: SIGUE EL ESTADO CROMAÑON CON TELERMAN Y KIRCHNER

MASACRE DE CABALLITO: SIGUE EL ESTADO CROMAÑON CON TELERMAN Y KIRCHNER
            El incendio del taller textil de Caballito ocurrido el último jueves, que terminó con la vida de seis personas (cuatro niños y dos adultos) ha reflejado una vez más que con el “nuevo” gobierno de Telerman en la Ciudad, el Estado Cromañón sigue más vigente que nunca.
      A pocos días de la asunción del “nuevo” gabinete porteño, a pocos días que el empresario de la noche (dueño de La Trastienda) y hoy Jefe de Gobierno dijera que “en su gestión no habrá un nuevo Cromañón”, la Masacre de Caballito a deschavado una red de explotación esclavista que cuenta con la complicidad del Gobierno de la Ciudad y del Gobierno Nacional (que posteriormente al incendio del taller se tiraran la pelota unos a otros para deslindar toda responsabilidad política y criminal).
      Mientras todos los funcionarios porteños y nacionales se encargan de rajarse las vestiduras sobre el “cómo esto puede seguir ocurriendo”, son ellos mismos - junto a un séquito de plumíferos y aduladores alcahuetes de distintos medios de comunicación- quienes afirman “esto se sabía desde hace años”.
      A 24 horas del incendio, el flamante Secretario de Producción de Telerman, Enrique Rodríguez (ex Ministro de Trabajo menemista y actual Presidente de la Corporación del Sur) intervenía el área de la Dirección General de Protección del Trabajo, dejando cesante en su cargo a Florencio Varela, herencia del gabinete ibarrista (al igual que Raúl Fernandez, Daniel Gorgal y Dante Spaccavento entre otros); claro que ante tal bautismo de fuego, algún fusible debía saltar.
      Sin embargo, casi como un calco de la Masacre de Cromañón, se ha dado a conocer que previamente al incendio del taller, eran centenares los informes presentados por la Defensoría del Pueblo a través de Alicia Pierini alertando sobre la situación de esclavitud y precariedad en materia de seguridad y salubridad laboral en la red de talleres textiles (muchos de ellos clandestinos) de la Ciudad de Buenos Aires, donde miles de trabajadores - en su gran mayoría de origen boliviano- desempeñaban sus tareas con jornadas que en algunos casos llegaban a las 20 horas diarias de trabajo.
      En el caso del taller incendiado, el local había sido habilitado en el año 2001 y la última inspección se habría dado en el 2004; el Ministerio de Trabajo informó que el taller no figuraba ni como establecimiento ni como fábrica, sino como “dador de trabajo sin empleados a su cargo”. Mientras Telerman inunda por estas horas la Ciudad de Buenos Aires con afiches del Gobierno porteño informando sobre la línea 0-800 para denunciar los casos de eslclavitud, resulta ser que fueron cuantiosas las denuncias realizadas por vecinos al CGP (Centro de Gestión y Participación del Gobierno de la Ciudad) Nº 11 de la zona del taller por la situación que atravesaban las decenas de trabajadores esclavizados y nada, absolutamente nada se hizo.
      De acuerdo a lo que informa La Nación (01/04/06), “en noviembre del año pasado la Auditoría General de la Ciudad elevó un informe en el que denunciaba que sólo había entre 37 y 49 inspectores que tenían que controlar a 250.000 empleadores”.
      Por su parte, La Unión de Trabajadores Costureros ha denunciado que en Buenos Aires funcionan más de cien talleres ilegales y que se pagan coimas sistemáticas.
      Advertencias de la Defensoría, coimas, informes de la Auditoria “desoídos”… prácticamente dos gotas de agua con la Masacre de Cromañón.
      A pesar que la Masacre de Caballito ha demostrado la vigencia del Estado Cromañon bajo la conducción del “nuevo” gabinete de Telerman, también la red de explotación, corruptela y esclavización salpica desde los pies a la cabeza al Estado nacional y a los funcionarios del Gobierno de Kirchner.
      El fin de semana ha sido un verdadero campo de batalla de chicanas en relación a la potestad de “poder de Policía” sobre los talleres textiles entre los funcionarios porteños y nacionales (en particular el Ministro Aníbal Fernández).
      Cuando en febrero de este año denunciábamos desde este boletín la complicidad del Estado argentino en el asesinato del joven boliviano Beimar Mamani en manos de un patovica del boliche Fantástico Bailable (frente a la zona liberada por la Policía Federal), poníamos en alerta la situación de extrema explotación a los que eran (y son) sometidos miles de trabajadores textiles bolivianos en una gran cantidad de talleres de la Ciudad de Buenos Aires.
      “En este cuadro, estaríamos ante un nuevo Cromañón que se cobrara nuevamente la vida de un joven trabajador. De nada valen los cantos de sirena de Aníbal Fernández a días del homicidio condenando la “discriminación” y “xenofobia” mientras decenas de miles de trabajadores bolivianos trabajan en condiciones de esclavitud en centenares de talleres textiles en la Ciudad gracias a la vista gorda de los Kirchner, Ibarra y Telerman” (Boletín Nº 4 APEL - Febrero 2006)eran nuestras textuales palabras.
      Mientras Aníbal Fernández jocosa, siniestra y sarcásticamente le ofrece a los medios de comunicación el teléfono de Telerman para que averigüen  la responsabilidad en la Masacre de Caballito, nada puede decir sobre su propia responsabilidad en las coimas pagadas por los explotadores y negreros de la industria textil a las comisarías de la Federal, y mucho menos en el tráfico de inmigrantes bolivianos (y de otros países limítrofes) para ser sometidos al trabajo esclavo en nuestro país. En estos días también se ha comprobado el ingreso masivo ilegal de inmigrantes desde hace años por los pasos fronterizos de nuestro país (en especial en el norte) con la complicidad de la misma Gendarmería Nacional que el Ministro del Interior envía a Las Heras para reprimir a los trabajadores petroleros.
      De esta manera, el Estado nacional (y en particular el Ministerio del Interior de la Nación conducido por Fernández) actúa como un verdadero “cafisho” en la red de tráfico de inmigrantes a ser sometidos a la esclavización de la “reactivada” industria nacional (que no se remite solamente al sector textil sino que también se extiende a la construcción, las huertas, etc.)
      Si bien el artículo 140 del Código Penal establece la prisión de tres a quince años al que “redujere a una persona a servidumbre” (que en este caso caería sobre los empresarios negreros), los artículos 116 y 117 de la Ley Nacional de Migraciones castiga con prisión o reclusión de uno a seis años a quien “realizare, promoviere o facilitare el tráfico ilegal de personas…” Las penas se agravan de tres a diez años cuando haya un funcionario público involucrado.
       Así las cosas, habiendo zafado por ahora del castigo por su responsabilidad criminal de la Masacre del Puente Pueyrredón, Aníbal Fernández suma a su prontuario un nuevo capítulo que amerita su reclusión tras las rejas por algunos añitos. Si las lamentables y fascistoides declaraciones posteriores al acto del viernes 24 de Marzo en Plaza de Mayo (donde calificó a los organizadores del mismo como “izquierda siniestra”) del ex puntero duhaldista devenido en mano derecha del gobierno “nacional y popular” de Kirchner no fueron motivo suficiente para ser “renunciado” por el Presidente, la olla destapada por este nuevo Cromañón en Caballito habla por sí sola.
      La reciente Masacre del taller de Caballito es un fiel exponente de una serie de elementos que pintan de cuerpo entero sobre que bases políticas y sociales se desarrolla la continuidad del Estado Cromañón posteriormente a la destitución de Ibarra, junto a la dichosa “reactivación” de la industria argentina festejada por Kirchner, la UIA y la burguesía nacional.
       El trabajo esclavo del que los apologistas de las Leyes Banelco de flexibilización laboral (primero con De la Rúa y después con Kirchner) tanto se escandalizan por haber desembocado en una nueva Masacre que costó seis vida,  es la expresión aguda de las condiciones miserables de explotación en la que se encuentran una gran cantidad de trabajadores (argentinos y extranjeros).
      La campaña por el castigo a todos los responsables de la Masacre del Taller de Caballito condensa y reúne la lucha contra la impunidad de hoy encabezada por los familiares de las víctimas de Cromañón, de Beimar Mamani, de los familiares de Kosteki y Santillán y la AMIA en conjunto con la creciente movilización obrera en lucha por el aumento de salario y el control de los trabajadores de los lugares de trabajo y de la producción.
      La impunidad, el encubrimiento y la superexplotación (trabajo en “negro”, esclavitud, etc.) son las condiciones necesarias para la dichosa “reactivación” K de la economía (superávit fiscal y comercial, reducción de la desocupación, etc.) y expresan una política de Estado abiertamente antiobrera de los Kirchner, Ibarra y Telerman.