Alberto Ángel Fernández (AF): un simple repaso de su actuación pública a partir del Gobierno de Alfonsín y su posterior gestión como Superintendente de Seguros durante el mandato de Menem, como administrador financiero de la campaña de Duhalde, su paso por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y su actual posición de Ministro Coordinador del Gobierno de Kirchner, junto a las innumerables causas judiciales que ha acumulado, las características y actos de las personas que lo han acompañado y acompañan en todo este proceso -lamentablemente presentes al día de hoy en funciones de alta responsabilidad o contratistas- , así como de su manejo de los medios de comunicación, dan cuenta de un personaje donde su única lealtad ha sido con la oscuridad de sus actos, su presencia donde existieron actos de corrupción y la ineptitud.
1. Su historia sintética
Haremos una breve historia de su actuación pública, para luego pasar a analizar en detalle su obrar, las consecuencias de su gestión y su historia judicial.
Comienza AF su vida pública como funcionario del gobierno de Alfonsín, como director de Sumarios y subdirector General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y con el impulso de Jorge Gándara Secretario del Hacienda del Palacio de Hacienda.
En una vida plagada de relaciones, no es menor que este últimofuncionario ubique a su ex mujer Rafuls, en el área de prensa y comunicación de Víctor Alderete interventor de la obra social bancaria y, luego, titular del Pami.
Esta mujer, tendrá una importancia creciente y decisiva en materia de comunicación en el ámbito político y especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, logrando junto a otra consultora de medios A&C importantísimos contratos, entre los cuales figuró el manejo de medios de comunicación del caso Cromañón. Por los últimos gastos en publicidad durante el proceso de destitución de Ibarra, la Ciudad de Buenos Aires afronta la deuda m´ñas importante actualmente y, por ello, existe una causa abierta en la Legislatura.
Estos hechos y vinculaciones son un tema en sí mismo reflejando todo a la vez: nepotismo, tráfico de influencias, involucramiento de altos funcionarios de la Ciudad, negligencia y corrupción y fueron denunciados por el periodista Horacio Verbitsky en su nota “Nuestros Valores” publicada en el año 2005. (Link Ver Más 1).
Entre las virtudes de AF, la primera es la capacidad de trasmutación, por ello ya con Domingo Cavallo al frente de Economía en 1991, fue confirmado en su cargo.
Posteriormente se transformó durante gran parte de los 90 en Superintendente de Seguros de la Nación, la empresa que finalmente fue llevada a una de las quiebras más onerosas de la historia argentina.
Luego en 2995, bajo el entonces viceministro de Economía - Carlos Sánchez- , fue Secretario de Comercio e Inversiones y titular de la Dirección General Impositiva, supliendo a Hugo Gaggero que como director del Banco Nación fue involucrado en el escándalo con IBM.
En 1996, cuando Sánchez reemplazó a Rodolfo Frigeri en la presidencia del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Fernández mutó al ámbito financiero y fue una usina de ideas de nuevos “negocios”, utilizando el “privilegio” del Pacto de San José de Flores de ese Banco.
De la mano de Duhalde, desde 1996 AF desarrolló un muy cuestionable grupo de empresas que se denominó Grupo Bapro, por ser el accionista y gerenciador el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
En 1998, Duhalde lo puso a cargo de la administración financiera de su campaña presidencial. Durante esa gestión se produjo los gravísimos hechos que investigó la Procuración de México (el ingreso del cártel de Juárez a la provincia de Buenos Aires, a través de Mercado Abierto Bank, de Aldo Ducler, muy cercano a Ramón Bautista Ortega). En los documentos secuestrados a narcotraficantes mencionaron la donación de US$ 1 millón a la campaña de Duhalde Presidente, que administraba AF.
En ese mismo año 1998, comienza su relación con Kirchner, fundando junto a otros en octubre de 1998, el Grupo Calafate.
AF se encargó de coordinar el pacto Duhalde - Cavallo, por el conocimiento de ambos, logrando el respaldo a la candidatura de Carlos Ruckauf en Buenos Aires y el reemplaza de Sánches en el Banco Provincia por otro colaborador de Cavallo: Ricardo Gutiérrez.
Como nada es casual, es destacable que Gutierrez haya sido director de Papel Prensa (controlada por el Grupo Clarín) en el gobierno de Menem, y por ello ingresó al Grupo Bapro la empresa informática de Clarín: Prima. También, en el Bapro estaban Alberto Abad y Alberto Iribarne. Los 3 Albertos que fueron y aún son dos de ellos una clave en el poder K.
En el año 2000, Alberto Fernández fue elegido legislador de la Ciudad de Buenos Aires en la lista de Acción por la República que conducía Cavallo.
Ante la pérdida de de la candidatura de Duhalde y con Cavallo en caída, nuevamente mutó hacia nuevos horizontes, estrechando su relación con el entonces Gobernador Néstor Carlos Kirchner.
La posterior función de AF es conocida, aunque no lo es la cantidad de causas que ha logrado acumular y la debilidad intrínseca que posee a `pesar del uso del poder y las facultades extraordinarias, que lo llevó a abanderarse con Ibarra en la tragedia de Cromañón, porque el entramado de relaciones forma parte de intereses concurrentes, que involucran también a su mujer actual, la senadora Vilma Ibarra, hermana de Aníbal e íntima amiga de la procesada Fabiana Fitzbin, Subsecretaria de Verificación y Control de la Ciudad de Buenos Aires el 30 de diciembre de 2004.
2. AF: su gestión como Superintendente de Seguros de la Nación
Del paso de AF y su amigo de la infancia Claudio Moroni, actual Síndico General de la Nación, surgen las actuaciones investigaciones que estudian la posibilidad que funcionarios de Superintendencia durante las gestiones de Menem y De la Rúa hubieran actuado en connivencia con las compañías. Lo mismo sucede con la vinculación entre los directivos de las empresas quebradas.
A fines de 2001, el ombudsman Eduardo Mondino, denunció ante el Procurador General de la Nación para que se investigara si habían existido hechos delictivos en la actuación de la Superintendencia durante las quiebras de Omega y LUA.
A Mondino le llamó la atención el manejo financiero que pudieron realizar estas fimas antes de llegar a la quiebra y la liquidación. La Superintendencia informó que los funcionarios dijeron haber modificado algunos procedimientos de control pero que no poseían los fondos necesarios para implementar las medidas. Sin embargo, el organismo se financiaba con un recurso propios que grava al sector asegurador, sin embargo el dinero pasaría al Tesoro Nacional.
¿Ineficiencia, perjuicio por la absorción de fondos porel estado o complicidades las estafas?
Mondino sospechó cuando recibió numerosas denuncias de asegurados con pólizas de compañías que al poco tiempo quebraban y además descubrió que a pesar de sus recomendaciones no se modificaban los procedimientos de control sobre la solvencia de las compañías de seguros.
Entonces presentó la denuncia para que se investigaran las responsabilidades penales o hechos delictivos, dando comienzo al trabajo de los fiscales federales
Moroni, Síndico General de la Nación actual, también está involucrado en una investigación sobre el presunto vaciamiento de Sud América Compañía de Seguros (entre 1997-2000), mediante la omisión y/o participación de los funcionarios de la Superintendencia desde varios ejercicios anteriores.
En 1997, esta empresa ante un déficit de capital mínimo de $/U$S 50 millones fue intimada por la Superintendencia, entonces cubrió la situación mediante una venta de propiedades a cambio de un ¡crédito litigioso contra el Instituto Nacional de Reaseguros en Liquidación (US$ 13,6 millones)! y la transferencia de US$ 34 millones al exterior. Los inmuebles, lógicamente, fueron luego vendidos a terceros.
Luego, transfirió sus acciones a la compañía Suizo Argentina y en 1998, la Superintendencia autorizo que se convirtiera en IAB Compañía de Seguros. Un mes más tarde autorizó la autoliquidación de IAB. En 1999, los directivos de IAB solicitaron la apertura de un concurso preventivo de cesación de pagos.
Existen hechos y trascendidos del resultado preliminar de un proceso de instrucción que comenzó en el año 2004 y que compromete a unas 15 compañías de seguros y a varios ex funcionarios de los organismos de control, básicamente la Superintendencia de Seguros.
En la llamada ‘megacausa’, primero fue procesado Ignacio Warnes, colaborador del ex Secretario de Finanzas de la Nación, Guillermo Nielsen. Warnes fue superintendente de Seguros entre febrero de 2000 y abril de 2001. Otros procesamientos involucraron a los hermanos Carlos Miguel Bucito y Eduardo Ernesto Bucito, socios y directivos de las ya liquidadas aseguradoras Omega Cooperativa y Omega S.A.
Se dictó el falta de mérito (no hay pruebas para condenar pero hay sospechas que impiden dictar la inocencia) arios responsables, entre ellos, para Mario Cirigliano, accionista y presidente de la aseguradora LUA, del Grupo Plaza y de Cometrans (concesionario de Trenes de Buenos Aires) y a Pablo Dukarevich, del estudio jurídico Baker & Mc Kenzie, que patrocina en la Argentina a Century, el fondo de inversiones que en 1998 participó del 42% de las acciones de LUA Seguros, entre otros. Esta última empresa resultará de relevancia al analizar su relación con la causa Cromañón en el último punto del presente. El asunto llegó a la Cámara Federal de Apelaciones, donde se encontraba a fines de noviembre de 2005.
El INdeR finalmente desapareció bajo el silencio común de la impunidad
Hechos relacionados con este tema de seguros se tratan en el punto siguiente y el detalle de las causas que lo involucran en este tema junto a otras de similar importancia, se analizan en el punto nro. 5.
3. AF y su paso `por el Banco de la Provincia de Buenos Aires
¿Cuál fue el holding que ayudó a generar Alberto Fernández en el Banco de la Provincia de Buenos Aires y del cual fue vicepresidente entre 1996 y 2000, además de ser presidente de Gerenciar S.A., de Génesis Seguros de Retiro, y de Provincia Salud y que fueran formalizadas comoGrupo en 1997?:
Una verdadera maraña de 21 empresas que permitían su discrecional manejo:
Algunos resultados de su gestión al frente de estas empresas dio como resultado desde la compra de inmuebles propiedad de Gatic S.A. por la suma de US$ 4,5 millones, en junio de 1996; a la compra del emblemático inmueble en el partido de Florencio Varela, (Pcia. de Bs. As.), ‘la rotonda de Alpargatas’, propiedad de Alpargatas Calzados SA , en US$ 10,0 millones.
Como era de esperar, el Bapro terminó requiriendo del Estado Provincial un salvataje multimillonario que realizaron los contribuyentes bonaerenses. Así es, durante esos años, el Banco otorgó US$ 2.400 millones en préstamos, los que a pesar de haber sido pesificados en 2002, mantuvieron una muy alta incobrabilidad. Esta situación dejó en cesación de pagos al Provincia, imposibilitado de devolver sus depósitos, y lo transformó en un necesitado del ‘corralito’ y ‘corralón’.
El desacertado manejo de las empresas no fue óbice para que en 1998 recibiera en Security el premio al Empresario del Año. Sin comentarios sobre los “premios” de Segurity..
Mediante su paso por Bapro Seguros, fue asentando una relación patagónica con Vanguardia Compañía Argentina de Seguros S.A., que presidía Juan Carlos Lagar, con sede en Río Grande, Tierra del Fuego, relacionado con de Vido. Casualmente un siniestro en esta última entidad perdió la documentación de la compañía y llevó a su autoliquidación.
¿Éste es el único siniestro ocurrido en tiempos de Fernández?.La respuesta no puede ser más que un demoledor no. Un caso famoso fue el “robo” de documentación del despacho del juez federal Jorge Urso, relacionadas a los casetes con escuchas telefónicas sobre tráfico de influencias entre funcionarios del Gobierno nacional, el ex Instituto Nacional de Reaseguros y ejecutivos de aseguradoras privadas.
Las denuncias sobre sobornos del INdeR en sus liquidaciones en el país, hicieron que varios aseguradoras buscaran a Luis Moreno Ocampo como abogado, quien terminó siendo contratado por Cavallo para realizar desde el INdeR la relación de sus ex clientes con el Estado nacional. Alberto Fernández vinculó entonces a esta acción con la Superintendencia de Seguros. Hasta se dio el lujo de anticipar radialmente qué aseguradora debía investigarse.
Por otra parte, el Banco Provincia buscar ceder a un fideicomiso casi $ 6.000 millones en bonos para cumplir con las normas del Banco Central. Para ello, se requiere que la Provincia de Buenos Aires tome un crédito con un organismo multilateral y destine esos fondos al fideicomiso. Nuevamente, el pueblo de la Provincia de Buenos Aires terminará pagando por las deudas ajenas.
4. AF: su paso por la Administración Financiera de la Campaña de Duhalde
En Argentina sigue oculto el financiamiento de la actividad política a pesar de las reiteradas declamaciones desregulación, ante las implicancias de poner al descubierto aquellos los posibles condicionamientos de las campañas electorales
Cuando AF fue encargado de la Fundación Duhalde Presidente enfatizó: “Si lo que les interesa saber es si Victorio Gualtieri aporta, puedo asegurarles que no”. Gualtieri es el mayor contratista de obras públicas en la provincia y deudor incobrable consuetudinario de los bancos oficiales.
Baste recordar respecto a estas afirmaciones que durante su gestión en esta administración financiera, ocurrieron los hechos que luego investigó la Procuración de México como ‘caso Inversiones del Sur’ (el ingreso del cártel de Juárez a la provincia de Buenos Aires, a través de Mercado Abierto Bank, de Aldo Ducler). Documentos secuestrados a narcotraficantes mencionaron la donación de US$ 1 millón a la campaña de Duhalde Presidente, que administraba Alberto F.
A su vez, estudios realizados de Poder Ciudadano, Roberto Olivero y Juan Tonelli, estimaron que bajo la presidencia de Menem los gastos publicitarios del partido del gobierno y los de la oposición triplicaron los ingresos declarados.
En las siguientes elecciones, De la Rúa mezquinó su oferta a los auditores, pero luego la honró en fecha. Duhalde se comprometió a informar su monto y origen, pero finamente no entregó nada. AF era el administrador financiero de esa campaña.
AF afirmó que no recibía efectivo, sino cheques no a la orden, pero los desembolsos estimadores por las organizaciones mencionadas, estimaron gastos de $ 22 millones de Duhalde (AF), u$s 19 millones de Menem y u$S 7 millones de De la Rúa.
5. AF y Kirchner o cuando las acciones tienen concordancia con los intereses y los intereses con la evolución de las causas judiciales
Al inicio de la gestión de Kirchner pareció que quería modificar la situación con los jueces federales y su Ministro de Justicia Gustavo Béliz, propuso que los jueces ordinarios pudiesen decidir asuntos federales, para desplazar a los jueces ‘de la servilleta’ famosa que Carlos Corach le obsequió a Domingo Cavallo, con los nombres de los jueces que respondían a Menem.
Parecía que Fernández impulsaba este accionar de Béliz, con el nombramiento de los fiscalesllamados ‘Centauros’ (Quantín, Lanusse y Campagnoli).
Por este error (como tantos otros cometidos por AF), Fernandez y Moroni, su amigo de la infancia y ambos Superintendentes de Seguros sucesivos, acumularon 11 de las 20 causas judiciales.
En esa época, AF trató de desgastar a Galeano juez del atentado contra la AMIA, hasta justificar su destitución.
Galeano quiso renunciar y utilizó como canal a Righi, Procurador General de la Nación, quien llevó la propuesta a Fernández. Sin embargo, Fernández se entrevistó a los pocos días con el periodista Lucio Fernandez Moores, del diario Clarín y dos días después se publicó una nota que desnudó la estrategia de Galeano El hermano del citadoperiodista es un ex juez, secretario de Justicia y Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y también muy vinculado a AF. Idéntico proceder sucedió ante una intervención del senador nacional Miguel Ángel Pichetto, esta vez ante el propio Kirchner, publicada rápidamente por Infobae.
AF, mientas tanto, aceleraba los tiempos en el Consejo de la Magistratura para designar a los jueces de los cuatro juzgados federales de instrucción vacantes en la Ciudad de Buenos Aires, hasta entonces dominados por magistrados que detestaban a AF y sus métodos.
Herido, Galeano aceleró un par de causas que comprometían a Néstor Kirchner, a saber: la
investigación sobre las máquinas tragamonedas que Cristóbal López, empresario de Comodoro Rivadavia, Chubut, amigo de Kirchner, había instalado en el Hipódromo de Palermo. También una investigación sobre si el dinero de la Provincia de Santa Cruz girado al extranjero había incrementado la riqueza personal de los Kirchner.
La reacción de Kirchner fue acelerar la designación de jueces, y así llegaron Daniel Rafecas al Juzgado Federal Nº 3 (muy cercano a Raúl Zaffaroni), Ariel Lijo al Juzgado Federal Nº 4; Guillermo Montenegro al Juzgado Federal Nº 8 (relacionado al Grupo Hadad); y Julián Ercolini al Juzgado Federal Nº 10, vinculado a Esteban Righi.
En esemomento reprodujo el famoso escándalo en el fuero federal ante la declaración de Rafecas de que llegaba allí para “limpiar el fuero”. El error fue que AF está involucrado en varias causas aunque no se lo mencione en la carátula. Entre otras:
‘Olivera Enrique s/ párrafo 3 art. 36 CN’, Juzgado 2 Secretaria 4, expediente Nº 1.306/04.> ‘Alberto Fernández s/ incumplimiento de autor y violación de deberes de funcionario público’, Juzgado 2 Secretaria 4, expediente Nº 2.191/04.
‘Roberto Lavagna s/ estafa’, Juzgado 8 Sec 16, expediente Nº 8.563/04.
‘Béliz Gustavo s/ violación de secretos’, Juzgado 1 Sec. 2, expediente Nº 11.086/04.
‘Kirchner s/ malversación de caudales públicos’, Juzgado 11 Sec. 21, expediente Nº 12.312/04.
‘Ibarra Aníbal s/ atentado contra más de 3 personas’, Juzgado 9 Sec. 18, expediente Nº 1.839/05.
‘Alberto Fernández s/ abuso de autoridad y violación de deber de funcionario público’, Juzgado 3 Sec. 5, expediente nº 3.269/05.
‘Kirchner s/ violación de correspondencia’, Juzgado 3 Sec., expediente Nº 5027/05
‘Kirchner s/ malversación de caudales públicos’, Juzgado 6 Sec. 11, expediente Nº 15093/05
‘Kirchner Néstor art. 140 Código Electoral’, Juzgado 12 Sec. 23, expediente Nº15.497/05
‘Fernández Alberto s/ incumplimiento y violación de deber de funcionario público’, Juzgado 4 Sec. 8, expediente Nº 15.878/05.
Además, AF está imputado en una causa del juez Urso por la denuncia de corrupción por sobreprecios y compra directa en Europa de material ferroviario de 2da. mano.
Desde ese momento, cesaron las ofensivas contra Urso similares a las de Galeano.
La causa de Urso comenzó en 2005 por una denuncia contra el ministro Julio De Vido, y el Secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Se investiga si se pagaron sobreprecios en la compra de locomotoras a una empresa japonesa. Los vehículos, adquiridos en los años '90 por Transportes Metropolitanos, fueron objeto de juicio por los japoneses luego de 2002,ante la falta de pago. La Secretaría de Transporte efectuó la compra y alegó que así evitó la paralización del servicio.
AF sabe que tiene de su lado al Juzgado 2, de Jorge Ballestero, cuya hija Josefina es empleada del auditor Francisco Fernandez, imputado en la causa cuando De la Rúa asumió el Ejecutivo Nacional en 1999 y cuando AFera legislador porteño.
a) AF y otros seis legisladores fueron imputados por atentar contra el sistema democrático por haber cometido “graves delitos dolosos contra el Estado que conllevaron enriquecimiento”. La causa se inició en 2004.
b) Otro expediente ilustrativo imputa al Jefe de Gabinete el no haber rendido cuenta de todas las operaciones económicas realizadas con la delegación extraordinaria de facultades que le concedió el Congreso de la Nación, durante 2003 y 2004.
c) Otro expediente lo involucra, junto con el ministro de Economía, Roberto Lavagna. Esta imputación comprende el canje de deuda pública a acreedores nacionales, y son co-querellantes afiliados a las AFJP perjudicados con quitas extraordinarias. La causa se relaciona también con otra reorientación de partidas de dinero que en la Ley de Presupuesto Nacional estaban destinadas a determinadas funciones, hacia otras reparticiones o destinos no previstos y en la mayoría de los casos poco claros. El otro imputado es el presidente Kirchner.
d) Daniel Rafecas tiene dos causas adicionales y ha dicho según lopublicadomporalgunos medios que “Me tienen la bolas al plato, no se más que hacer para complacerlos, cierro causas que debieran estar abiertas, abro expedientes sin sentido y cajoneo otros, y todos los días me están apretando con algo distinto, no tienen límites, si esto sigue así, el año que viene renuncio”.
e) La más avanzada de las causas es de fines del 2005 y está en poder de Rodolfo Canicoba Corral quine se encuentra en condiciones de tomar las primeras declaraciones. Ésta imputa a Kirchner también y trata del desvío de fondos hacia la SIDE. El desvío de partidas esta documentalmente probado y las hipótesis sobre su destino incluye la famosa operación relacionada con las recientes elecciones legislativas.
f) Otra causa llamativa imputa a Fernández y a Kirchner el delito previsto por el artículo 140 del Código Electoral que dice que “se impondrá prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o abstenerse de hacerlo”. Esto está ligado al reparto de planes sociales y electrodomésticos a los votantes. La causa avanza con lentitud en el juzgado de Sergio Torres a la espera de que cambien los vientos porque nadie se mete con los muy poderosos mientras está en el poder. Sí cuando lo han perdido.
g) El mismo juez recibió desde la justicia de Santa Fe la causa que investiga el uso irregular del helicóptero presidencial por el matrimonio Kirchner, para concurrir al lanzamiento de la campaña del Frente para la Victoria, en Rosario, en agosto de 2005.
h) Otra imputación la tiene el Juez Julián Ercolini, quien no adopta decisión desde septiembre de 2005 respecto a las irregularidades denunciadas en los procesos de licitación para la construcción de tres cárceles federales, escándalo que provocó la anulación de la licitación, luego de la publica denuncia del Ministro Lavagna.
i) También está vigente la causa de la Oficina Anticorrupción sobre el traspaso de fondos reservados a la SIDE a mediados de 2004, que se encuentra en el Juzgado Federal Nº 9, hoy a cargo del juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid. Los fondos transferidos ascienden a $ 111 millones durante 2003 y se realizó mediante tres decretos secretos. Cuando denunció este hecho el ex ministro de Justicia Gustavo Béliz, puntualizó que el dinero fue utilizado por Eduardo Alberto Duhalde para sustentar la campaña electoral de Néstor Carlos Kirchner.
Como puede observase, ésta es una megacausa que concentra varios sumarios de diversos tribunales ordinarios y federales, finalmente aglutinados en la Justicia federal, por la falta de control de los funcionarios de la Superintendencia de Seguros, incluyendo entre otras a la transferencia ilegítima de activos de LUA Seguros La Porteña, dejando los pasivos en la compañía originaria a la que se sometió a proceso de autoliquidación (La Uruguaya Argentina, ex LUA Seguros). La Uruguaya Argentina S.A. se convirtió en LUA S.A. Protección Mutual, luego La Uruguaya Argentina S.A., más tarde LUA La Porteña Seguros S.A.
Este vaciamiento investigado inicialmente por el fiscal Gerardo Pollicita, sorprendido por más de una decena de denuncias similares a la de Eva Oroza. Allibrar medio centenar de oficios para obtener información concluyó que fueron: cinco en 1989, seis en 1990, cinco en 1991, 12 en 1992, 4 en 1993, 11 en 1994 y 11 en 1995; 4 en 1996, 13 en 1997, 12 en 1998, 8 en 1999 y 10 en 2000.
La fragilidad de AF es mucha más grande de lo que uno pueda imaginarse y las “torpezas” cometidas, de la misca magnitud al proceso de Borocotización en el caso Cromañón,entre otras muchas más. .
6. AF: el manejo y censura de los medios de comunicación.
El Diario Página 12 se terminó el día que censuró a Julio Nudler porque una columna suya contenía críticas contra los principales funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner. Seguramente su absorción por el Grupo Clarín es parte del “cambio”.
Nudler debió denunciar esta censura mediante un correo electrónico enviado por él mismo, fijando que el hecho que la motivó fueron sus críticas y acusaciones de corrupción sobre los nombres más importantes del gobierno de Néstor Kirchner.
Como siempre sucede en estos casos, el editor responsable de Página 12, Ernesto Tiffenberg, respondió con falacias “el trabajo fue entregado fuera del horario permitido” (¿por qué nolo publicóaldía siguiente?), “había que verificar algunos datos” (desmentido porel propioNudler, según se comenta luego), “Nudler había arreglado un contrato de trabajo para desempeñarse en la revista Veintitrés y la denuncia formaba parte de una campaña de desprestigio contra el diario” (Sic).
Ante esto, Nudler rompió su silencio y consignó que esa columna resumía informaciones que ya había brindado en otras notas hechas en otros espacios a lo largo de la última década. Por lo tanto, no se trataba de ninguna primicia a chequear, como da a entender la empresa.
Los trabajadores de Página/12 emitieron un comunicado respaldando a Julio Nudler y repudiando a Tiffenberg, y señalaron que no se trató de una censura aislada sino que forma parte de “una sucesión de episodios similares.
La Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente (PERIODISTAS), conformada por profesionales de larga (y en algunos casos intachable) trayectoria, emitió un comunicado en el que desestimó que se hubiera tratado de censura.
Por esta declaración nueve profesionales abandonaron PERIODISTAS: Claudia Acuña, María Laura Avignolo, Carlos Gabetta, Uki Goñi, Jorge Lanata, Tomás Eloy Martínez, Norma Morandini, Silvia Naishtat y Claudia Selser.
¿Qué dijo Julio Nudler que tanto alboroto provocó?
Se refirió al nombramiento de Claudio Moroni al frente de la Sindicatura General de la Nación y en dicha nota resumen los episodios de corrupción en elsector Seguros. En esta nota denominada “De títeres y titiriteros“ (Link VER MAS 2) se detalla la relación entre AF, Moroni y la situación de corrupción estructural actual, involucrando a múltiples funcionarios desgobierno y al propio presidente de la Nación.
Respecto al manejo de los medios de comunicación, también son válidas las afirmaciones del articulo ya mencionado de Verbitsky “Su merecido” (LINK 1 VER MÁS). Baste recordar su relación con su ex mujer y su relación con Ibarra y su hermana Vilma (hoy en día su mujer), así como las continuas defensas de Ibarra mediante declaraciones de prensa, su relanzamiento reciente y los procesos de Borocotización para impedir el Juicio Político, por el que finalmente fue destituido.
6. AF: los vericuetos de las relaciones, el poder y Cromañón
Durante los90 AFfue ejemplo de “eficiencia” para desregular la economía, pero “inexistente” para evitar la concentración del poder empresario, defender a los consumidores y realizar políticas sociales.
He aquí las relaciones entre AF, personajes relacionados, el Poder Judicial y la tragedia de Cromañón
En los90 Pablo Jacoby era uno de los abogados más influyentes de la Ciudad de Buenos Aires y patrocinó a muchos periodistas y organizaciones sociales “progresistas”. Con Alberto Zuppi (ministro de Justicia en en el breve paso de Rodríguez Saa y mencionado más adelante en las denuncias del periodista ya fallecido Julio Nudler) patrocinó a Memoria Activa ( organización no gubernamental creada luego del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina).
Esa red progresista entró en crisis la noche del jueves 30 de diciembre de 2004, porque Omar Chabán, administrador del local era un integrante la corriente cultural que compartía a través de la Fundación Sociedad Tecnología Arte (Start).
Al momento de su excarcelación de Chabán, dispuesta por la Cámara Quinta, cuyo fallo plagado de dislates jurídicos correspondió al camarista Gustavo Bruzzone, Jacoby firmó un comunicado de Fundación Star a a su favor.
Pero es un hecho que Gustavo Bruzzone es editor fundador de la revista de artes visuales Ramona, que también es miembro de la microsociedad Proyecto Venus, que ha informado en varias oportunidades que no conoce personalmente a Omar Chabán, razón por la cual integró sin excusarse el tribunal que se ocupa del caso, que el Dr. Pablo Jacoby es secretario de la Fundación Start, que este último es abogado de algunas víctimas sobrevivientes de la catástrofe del recital de Callejeros, que forma parte del Proyecto Venus y conoce al Dr. Gustavo Bruzzone porque ejerce la profesión de abogado desde hace muchos años, que Omar Chabán participó de una mesa redonda sobre el tema “El arte es una mierda” publicada en la revista Ramona, que Omar Chabán forma parte del Proyecto Venus, que Roberto Jacoby y otras personas del Proyecto Venus, conocen a Chabán desde hace muchos años por ser un promotor cultural muy activo en la vida de la ciudad, en el rock, el teatro, etc. , que en 2002 Chabán prestó gratuitamente su espacio de la calle Salta para desarrollar durante seis meses actividades del Proyecto Venus.
Rebobinando en el tiempo, junto a Daniel González, otro abogado de su confianza, Jacoby patrocina a Eva Bernardette Oroza, quien en julio de 1998 ganó un juicio civil por U$S 650.000 contra la aseguradora Federación Agraria Cooperativa de Seguros Limitada. El propio Jacoby explicó lo ocurrido al mensuario Estrategas. En la década de los ’90, cuando las aseguradoras comenzaban a tener dificultades financieras, por la alta siniestralidad y los juicios, se presentaban en liquidación y transferían su principal activo, que es su cartera de clientes, a otra nueva empresa transformada, quizá con el mismo nombre pero con forma de sociedad anónima. Entonces, la vieja empresa iba a liquidación y la nueva se quedaba con el activo, la cartera de clientes. Esto se repitió en muchas empresas mientras los organismos de control no tomaban medidas.
¿Y quién era la autoridad de aplicación durante ese período y gran parte de los 90? Alberto Fernández, Superintendente de Seguros,
La denuncia judicial realizada por los Oroza permitió que la Justicia corroborase que Federación Agraria Cooperativa de Seguros Limitada traspasó su activo a Federación Agraria Sociedad Anónima y luego a LUA Seguros La Porteña, para no afrontar las sentencias.
Este ultimo tema guarda relación con lo desarrollado en el punto 2. respecto al paso de AFporla Superintendencia de Seguros de la Nación, donde se mencionó especialmente al caso de LUA Seguros La Porteña.
Jacoby afirmó: -Todo ello fue posible merced a la falta de control de la Superintendencia de Seguros y su socio Daniel González agregó:-Federación Agraria hizo un traspaso de fondo de comercio que debía supervisar la Superintendencia de Seguros. Esto no ocurrió. Entonces, al no haber edictos y no haber pasado por el órgano de supervisión, quien compra esa cartera es solidariamente responsable.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral aún no ha citado a declarar a quien fuera Superintendente de Seguros durante gran parte de la década de los ’90, sí citó a otros responsables de la política de seguros. En los Tribunales federales, se afirma que carece de sentido citar a AF porque cualquier imputación en su contra debería afrontar la prescripción de la acción penal, pero no ocurre lo mismo con Claudio Moroni, sucesor de Fernández en la Superintendencia y amigo desde la juventud, hoy nada menos que Síndico General de la Nación.
Como ya se mencionó existe una megacausa que incolucra además 40.000 demandas de asegurados que pertenecen a 160 compañías que no pagaron sus coberturas de siniestros.
¿Cómo pretender que se cite a sus imputados entre los cuales están el Ministro Coordinador del Gobierno de Kirchner y el Síndico General de la Nación.
¿Puede un amigo de la infancia e imputado en la misma causa que Fernández, a quien además sucedió ejercer el cargo de Síndico General y controlar a su co-imputado?
¿Es conveniente que un político en ejercicio de atribuciones como las de Jefe de Gobierno de la Ciudad quede involucrado en un caso de corrupción ante estos antecedentes?
La contundente respuesta es no, porque quedaría en riesgo la clase política y uno delos primeros relacionados es el propio AF.
Nuestros valores
Final del formulario
Por Horacio Verbitsky
Amigos
El Colorado Fernández, Desperbasques, Pino y los otros directivos de Bordó, Alberto Nores y Andrea Ramos, militaron juntos en el Partido Intransigente de la Capital. Las generosas cuentas publicitarias de la Ciudad convirtieron a ese pequeñísimo grupo de trabajo de supervivencia para tres personas en una agencia mediana que sobre esa base ha logrado expandirse también hacia clientes privados, entre otros el supermercado Easy, Compañía General de Combustibles y Edenor. Bordó ofrece Estrategias de Comunicación y Marketing, imagen corporativa y desarrollos digitales multimedia. Desperbasques fue subsecretaria de Gestión Social y Comunitaria en el gobierno de Ibarra. Desde allí puso en funcionamiento dos programas para la Atención de Familias Sin Techo, que consistían en el pago de alojamiento en hoteles y pensiones de la ciudad a personas que habían perdido el empleo o la capacidad económica para pagar un alquiler, debido a la crisis de 2001/2002. Según la información oficial suministrada a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, esos programas abarcaban a ocho mil personas. La Defensoría produjo una serie de actuaciones a raíz de denuncias sobre las malas condiciones de esos alojamientos y la falta de control: cables eléctricos a la vista, escaleras sin baranda ni protección por donde cayó un niño, terrazas sin rejas, matafuegos guardados bajo llave, pérdidas de gas en cocinas sin llave de paso, suciedad en baños y cocinas, ventanas sin vidrios, falta de recibos de pago.
La Defensoría del Pueblo documentó el escaso control realizado por la Ciudad sobre la actividad hotelera. Según una actuación del 11 de febrero de 2004, sobre 134 hoteles relevados uno había recibido la última inspección en 1995, dos en 1997, once en 1998 y siete en 1999. Es decir que más del 15 por ciento de esos hoteles no habían sido controlados durante toda la gestión de Ibarra. La Defensoría también verificó la poca presencia de asistentes sociales que contribuyeran a mejorar la situación de esas familias. Las denuncias sobre la situación de los hoteles forzaron la renuncia de Desperbasques.
De inmediato, Fernández la designó como jefa de su gabinete de asesores en la jefatura de gabinete del gobierno de la Ciudad. Antes, Desperbasques tuvo el encargo de vigilar al fugaz secretario de Desarrollo Social Rafael Balito Romá, el ex hombre de confianza de Eduardo Duhalde y Elisa Carrió. Incorporado al gabinete luego de las elecciones de 2003, Romá se ganó el mote de Astronauta Cubano, porque el comandante soviético no le dejaba tocar ningún control. Su alejamiento fue un temprano testimonio de la fragilidad de la construcción política de Ibarra, quien se repliega para gobernar sobre un reducido grupo de amigos y parientes. La secretaria de Hacienda y Finanzas es la esposa de Raúl Fernández, Marta Albamonte. El gobierno de Ibarra supera el ya elevado índice promedio de nepotismo del país y este ha sido uno de los motivos de su colapso: las estructuras de control que fallaron en el caso de Cromañón habían sido entregadas a parientes y amigos íntimos, como Juan Carlos López y Fabiana Fiszbin.
Operadores
Alejandra Raful es una bolsera de medios especializada en operaciones de prensa. Su carrera cobró impulso cuando su esposo, Jorge Gándara, integró el equipo económico durante la presidencia de Raúl Alfonsín y la privanza de Enrique Nosiglia. Ya durante el gobierno de Carlos Menem, Raful se hizo cargo de la tarea de difusión del PAMI cuando lo presidía Víctor Alderete. El pago de sobreprecios en las publicaciones del PAMI fue investigado por el juez federal Claudio Bonadío, quien procesó a Alderete pero no a Raful, que subcontrató trabajos con otras empresas. Esa estructura operativa fue contratada por el jefe de la SIDE, Fernando de Santibáñes, cuando el gobierno de Fernando de la Rúa se sintió acosado por las investigaciones sobre el pago de sobornos en el Senado por la ley de precarización laboral. También prestó servicios al ministerio de Acción Social durante las gestiones del radical rionegrino Daniel Sartor y de la peronista federal bonaerense Hilda González de Duhalde.
Experta en misiones imposibles, Raful también se encarga de promover al precandidato presidencial Jorge Sobisch. Además de trabajos de creación y destrucción de imagen, Raful vende contactos con periodistas de distintos medios y mantiene una relación especial con aquellos que giran en la órbita de Daniel Hadad y el escribano Raúl Juan Pedro Moneta. Dirigentes políticos de la Ciudad que no responden a la línea interna de Raúl Fernández afirman que una de las funciones de confianza más delicadas de Raful es el enlace mensual entre el Casino flotante y Pablo Enrique Maggioli, en quien Ibarra confía las cuestiones de números. Maggioli fue designado director del Banco Ciudad cuando Ibarra llegó a la jefatura de gobierno y el año pasado ascendió a su vicepresidencia.
Presupuestos
Los gastos en publicidad y propaganda crecen en progresión geométrica desde que Ibarra imaginó que luego de sobrevivir a la hecatombe de la Alianza se le abría un futuro presidencial. Mientras la mayor parte de las partidas son subejecutadas, la de propaganda se sobreejecuta. En 2003 se gastaron en publicidad y propaganda menos de diez millones de pesos. En 2004 se presupuestaron veinte millones pero se ejecutó el doble. Este año se presupuestaron cuarenta y cinco millones y cuando se conozca el resultado final de 2005 es improbable que sea menor a noventa millones. El proyecto de presupuesto para 2006 contempla cincuenta y siete millones y si el hábito se repite pasará de cien. La imprecisión se debe a la dificultad para reconstruir esas partidas, que sin atisbo de ironía se denominan transversales. Esto quiere decir que cada jurisdicción del gobierno de la Ciudad tiene una partida asignada para propaganda pero no puede utilizarla, ya que su ejecución está centralizada en la Secretaría de Comunicación, a cargo de Daniel Rosso. Esto obliga a sumar la partida de comunicación de cada secretaría.
Pero a partir de este año, el gobierno incluyó dificultades adicionales para quien intente saber cuánto se gastará en esas actividades. De ahora en adelante las partidas no se asignarán por jurisdicción sino por programa, lo cual hará mucho más difícil seguir la pista. La Constitución de la Ciudad dice que los sistemas de administración financiera y gestión de gobierno “deben propender a la descentralización de la ejecución presupuestaria”, y el decreto 1000/99 especifica que cada programa es la unidad de programación, asignación, registración, seguimiento, evaluación y control. La Constitución también dice que “todos los actos que impliquen administración de recursos son públicos y se difunden sin restricción. No hay gastos reservados, secretos o análogos, cualquiera sea su denominación”. En la realidad ocurre lo contrario: los montos por comunicación son decididos y ejecutados por el gobierno de la Ciudad sin consulta con cada programa. En un programa en el que participan organismos de la sociedad civil este sistema fue rechazado, porque implica una responsabilidad sobre la aplicación de fondos sobre los cuales el programa no tiene el menor control. La partida asignada superaba las necesidades del programa, que no la había solicitado. En ese caso al menos la jefatura de gabinete deberá buscarse otra cobertura.
Además, el Poder Ejecutivo presenta las planillas del presupuesto como archivos de imagen PDF. Esto impide trabajar sobre los números salvo que sean vertidos al programa Excel, lo cual requiere darse cierta maña informática. Otra argucia consiste en cambiar el nombre de los programas, de modo de impedir el seguimiento año tras año. Todo esto se realiza en forma deliberada para retacear la información y convertir el control en una tarea ímproba.
Mientras Raful realiza discretos contactos y operaciones que incluyen influencia directa sobre la voluntad de determinadas personas, Bordó Comunicación concentra toda la tarea de publicidad que osa decir su nombre, con excepción de avisos en radio y películas en televisión. Esto incluye avisos en gráfica, impresos institucionales, afiches, libros, catálogos, folletos e incluso la papelería de los distintos programas del gobierno de la Ciudad. Tanto el gráfico como el cuadro numérico que se publican en esta página comparan los gastos en publicidad en el presupuesto de este año y del próximo. Si se considera lo presupuestado el incremento supera el 25 por ciento. Se advierte con nitidez que el mayor crecimiento corresponde a los gastos de propaganda de la Jefatura de Gobierno, que consumirá ella sola más que toda la Ciudad antes de que Ibarra y Fernández contrataran a las dos consultoras. El monto presupuestado de esa jurisdicción es de once millones de pesos. Léase veinte al terminar el año. Pero aun si se ejecutara sólo lo presupuestado, esto implicaría casi cuadruplicar los tres millones del año anterior. La única partida con un crecimiento superior es la de la Auditoría, pero en valores absolutos insignificantes: pasará de 2.800 a 55.000 pesos.
La voluntad popular
Otra de las ideas que esa maquinaria comunicacional puso en circulación es que el juicio político contra el jefe de Gobierno constituye un golpe institucional y un intento de torcer la voluntad popular, del que acusa al hombre de negocios con el Estado Maurizio Macri. Una variante de esa visión fue suministrada por el dramaturgo Roberto Tito Cossa en una columna periodística. Su buena fe e independencia, ajena a cualquier manipulación, están fuera de duda. Pero su idea de que la decisión legislativa de abrir el juicio político convirtió a Ibarra “en el judío de la Alemania de los años 30” y que “el odio indiscriminado de la gente común” puede hacer que vengan “los cromañones de siempre” para perseguir a la gente progresista como el propio Cossa, no se sostiene en ningún dato de la realidad. La comparación de Ibarra con los perseguidos del nazismo no es una “exageración poética” sino un disparate ofensivo del que Tito ya debe haberse arrepentido. Todo igual, con una pequeña diferencia: en Alemania hubo trenes que conducían a víctimas indefensas a campos de concentración; aquí ómnibus para trasladar empleados y contratados del gobierno hasta el palco en el que se vivó a Ibarra y se leyó la nota de Cossa.
Algunos padres de chicos muertos en Cromañón respondieron con una verdad de perogrullo: que también son representantes de la voluntad popular los legisladores que llevan adelante el juicio político, y que ése es un mecanismo previsto en el estatuto institucional de la Ciudad para casos de mal desempeño. Además, Ibarra fue electo como jefe de una fórmula, de modo que si resultara destituido completaría el mandato su vicejefe, Jorge Telerman. La posibilidad de Macri de acceder al gobierno de la Ciudad no es mejor hoy que hace dos años, cuando se impuso en la primera vuelta pero fue batido en la segunda. En las elecciones de octubre de este año, Macri obtuvo menos votos que en las de octubre de 2003, lo cual muestra un techo difícil de levantar para su proyecto. El porcentaje de opiniones negativas que atrae no se ha reducido, porque se basa en una aguda percepción social sobre la relación con el Estado del capitalismo prebendario del que es arquetipo, bastante más gravoso que todo lo que pueda hacer el anodino Ibarra, cuya corruptela es peor por la defraudación de expectativas que por la magnitud. Nadie podría acusar a Macri de traición, porque nada se espera de él. “Vos sos una anécdota. Esto también hubiera pasado con Macri”, le gritó a Ibarra en la Legislatura la madre de una chica muerta en Cromañón, la noche en que el jefe de gobierno admitió que el área de control era “un focazo de corrupción” en el que, sin embargo, no hubo sumarios ni sanciones. Los decorativos cinturores de seguridad en los taxis, que se clavan en los riñones de los pasajeros o se enganchan en las puertas, son una buena muestra del reglamentarismo ciego que hace erupción de tanto en tanto para fingir una actividad de control.
Más allá de Ibarra y de Macri, todo lo sucedido en estos once meses mostró la endeblez de las instituciones porteñas y la inexistencia de su sistema político. A falta de política todo tiende a resolverse por juicio político, que suena parecido pero no es lo mismo, sino un recurso extremo. Juicio político al jefe de gobierno, juicio político al juez que ordenó que las sesiones del juicio político fueran públicas, juicio político al Consejo de la Magistratura (que se desechó hace apenas dos meses). Después de casi una década no había ninguna previsión sobre circunstancias como las actuales: con qué reglamento debe sesionar la comisión juzgadora y quiénes pueden integrarla si el juicio cae a caballo de dos legislaturas. Cuando la imposibilidad de entenderse se extiende a la relación entre el presidente del Superior Tribunal de justicia y los legisladores, que en vez de acuerdos institucionales entablan un diálogo de sordos pero gritones, es difícil no ser decididamente pesimista. El asombroso ex senador Eduardo Duhalde dio su apoyo a Ibarra con una idea grata a la corporación de políticos de la que no quiere retirarse: que un jefe de gobierno no puede ser responsable por lo que haga cada agente de su administración. Este sofisma oculta que la responsabilidad de Ibarra se debe a su desatención a todas las advertencias que recibió acerca de los riesgos inminentes por los incumplimientos en que incurrían aquellos funcionarios de su confianza personal y familiar a quienes había delegado la tarea de control y que esa desatención obedecía a intereses espurios. Es más difícil que eso llegue a acreditarse en una causa penal, pero resulta evidente en el análisis político que está realizando la Legislatura. Cuando terminó de atender a los propietarios de boliches y se dignó a responder a los legisladores, el propio Ibarra dijo que se hacía cargo de su responsabilidad, pero sin meditar qué quería decir esa frase efectista recomendada por su aparato publicitario. Desde miles de kilómetros de distancia, el teólogo brasileño Leonardo Boff, quien no hablaba de Ibarra sino de Lula, fustigó a quienes “sucumbieron a los cantos del gran tentador, el poder como ventaja personal y partidaria, el retroceso de la ética del interés general. La decepción creada es, en términos políticos, ilevantable. Hay que repararla. O los dirigentes recibirán la maldición del pueblo y el desprecio de los militantes”.
Sin articulación social ni construcción política, Ibarra sigue dependiendo sólo del aparato y la propaganda. Ni siquiera ahora sus operadores atinan a buscar una salida política para la crisis. Las propuestas con que llegan a los otros bloques en busca de apoyo basado en afinidades ideológicas y/o personales se reducen a la salvación de Ibarra y su sistema de amigos, parientes y negocios y no contemplan acuerdos políticos que permitan alguna forma de gobernabilidad en la Ciudad. Sin eso, la atomización, el encono y la necedad generalizados pueden conducir aunque nadie lo quiera no al regreso de los cromañones que teme Cossa, sino a una intervención federal que haga retroceder diez años la madurez institucional de la orgullosa Buenos Aires.
De títeres y titiriteros
Por Julio Nudler
Para la congoja causada por la reciente muerte del salteño Roberto Guzmán hay ahora un triste consuelo: al menos no alcanzó a enterarse del nombramiento de Claudio Moroni al frente de la Sindicatura General de la Nación, un hecho quizá más escandaloso aun que la designación de Martín Pérez Redrado al frente del Banco Central y de Miguel Pesce en la vicepresidencia. Guzmán, autor del memorable libro "Saqueo asegurado", fue entre 1994 y 1996 liquidador del Instituto Nacional de Reaseguros, enfrentándose desde ese cargo con uno de los sectores más corruptos de la Argentina: el del seguro. Pero Guzmán -nombrado por Domingo Cavallo, que gradualmente pasó a arrepentirse de haber elegido a una persona tan decente e insobornable- no debió lidiar sólo contra los aseguradores privados, que pretendían tener acreencias contra el iNdER por unos 2000 millones de pesos/dólares, sino también contra el tándem que conducía la Superintendencia de Seguros de la Nación: Alberto Fernández y su incondicional y apolítico Moroni. Ellos presionaban para que el IndER "reconociera" una deuda de casi 1200 millones con el sector, cuando Guzmán (que denominaba a ese delirio "un cut off a la criolla") demostró fehacientemente que el pasivo a lo sumo llegaba a 500 millones. Frustró así uno de los mayores robos contra el Estado. Persona bien educada al fin, cuando debió dejar su cargo en diciembre de 1995, el actual Jefe de Gabinete del presidente Kirchner se cruzó hasta el Instituto a presentar sus saludos, declarando en ese momento que, luego de haber conducido la SSN desde la asunción de Carlos Menem, pensaba dedicarse a la política.
En ese cometido lo ayudó Alberto Iribarne, patrón del Justicialismo porteño. En 1999 Fernández, gracias a su estrecha vinculación con las aseguradoras, la mitad de las cuales pertenecían a bancos, pudo ocuparse de la financiación de la campaña del hincha del Taladro. Iribarne fue, precisamente, quien cumplió, desde la llegada de Eduardo Duhalde a la Presidencia, la encomendada tarea de inutilizar la Sigen, peculiar misión en la que luego le sería de gran provecho la designación como Síndica General Adjunta de Alessandra Minnicelli, esposa de Julio De Vido y persona que, según opinión generalizada en el organismo de contralor, ni siquiera conoce lo mínimo como para serle útil a su marido el ministro. Pocas semanas atrás, Página/12 constató que en la página de Internet de la Sindicatura el currículum de la señora seguía "en preparación", luego de meses y meses. ¿Pero es que ni siquiera había presentado su CV para ser designada?
Tras la nota de este diario, alguien se apresuró a subir al sitio los magros antecedentes de la dama. Aunque estos despropósitos, absolutamente impropios de una república, en la que se supone que los servidores públicos deben rendir cuentas, provoquen melancólicas sonrisas, en realidad involucran hechos gravísimos. El bochornoso caso de la cónyuge de De Vido no es la excepción. A ella le asignaron como responsabilidad de síndica el Pami. La consecuencia de su intervención, junto con la escasa solvencia técnica de Graciela Ocaña -porque en estas cuestiones la honestidad es condición necesaria pero no suficiente-, han conducido a que debiera anularse la licitación para la compra de medicamentos para los jubilados. Los experimentados técnicos de la Sigen, hoy completamente desmoralizados al ver que todo sigue igual o peor, les advirtieron, ya ocho meses atrás, que la licitación era un método absolutamente inapropiado para esa finalidad, pero las señoras no les hicieron caso.
Los resultados están a la vista.
La cuestión es obvia: fuera del conjunto de la industria, representada por las cámaras que la agrupan, no existe quien pueda garantizar la provisión en un día, en cualquier rincón de la Argentina, de un medicamento a determinar, que a un médico se le ocurra prescribirle de pronto a un anciano, el Enalapril para la presión, por ejemplo, y que difícilmente el afiliado acepte ver sustituido por otra marca.
Consiguientemente, en medicamentos de uso general se presentó una sola oferta: la del conjunto de las cámaras. En oncológicos ocurrió lo propio, aunque con una segunda oferta de la droguería San Javier, pero que no garantizada el abastecimiento en 24 horas. Por tanto, la licitación se cayó, perdiéndose así la oportunidad de conseguir que los afiliados paguen menos por sus medicinas, ya que ellos abonan en promedio el 50 por ciento. En una palabra: la irresponsable designación de Minnicelli, inepta para el cargo, terminan pagándola los jubilados.
¿El presidente Kirchner seguirá ignorando el clamor por su destitución y la necesidad de elegir a los funcionarios por su solvencia y no por razones espurias? Los hechos protagonizados por Moroni en la SSN en sus dos gestiones como titular (la inicial sucediendo a Fernández, antes de ser a su vez desplazado en febrero de 1998 por Daniel Di Nucci, hombre del Grupo Juncal, perteneciente a la Banca
Nazionale del Lavoro, con rol protagónico del sindicalista combativo Armando Cavalieri; la segunda, por obra y gracia de Duhalde, con obvia influencia entre bambalinas de Fernández) son de una gravedad poco usual. El diseñó, por ejemplo, un sistema que desamparó totalmente a los pasajeros de medios de transporte. Es, por citar sólo un caso, el fraude que sufrieron los deudos de los nueve estudiantes muertos el 27 de diciembre de 1996 cuando el micro en que viajaban a Bariloche chocó con un camión en el partido de Laprida. Hubo también muchos heridos, algunos graves, que tampoco vieron un peso. Ello pese a que El Rápido Argentino tenía contratado el seguro de rigor con La Uruguaya Argentina, LUA. Pero falta un detalle: mientras Moroni no tuvo cargo en la SSN, entre febrero de 1998 y marzo de 2002, fue sucesivamente asesor y directivo ¡de LUA, precisamente!
Esa compañía, que en realidad eran dos y ninguna, como corresponde a la engañosa arquitectura de un timo, fue utilizada por los hermanos Mario y Sergio Cirigliano, que a comienzos de los '90 sólo eran dueños de las líneas 61 y 62, para construir su imperio, abarcando en él Metrovías, TBA, Transporte Automotor Plaza, las líneas 36, 141 y 64, además, entre otras tenencias, del subte de Río de Janeiro. Moroni y Armando Canosa, ex secretario de Transporte, operaron desde el Estado para el progreso empresario de los Cirigliano.
¿Se mencionó antes a Daniel Di Nucci? Pues bien: su hermano Luis fue director comercial de LUA Seguros La Porteña. En verdad, a La Uruguaya Argentina la habían fundido, pero utilizaban la sigla LUA para confundir, haciendo creer que era la misma. Cuando el superintendente Juan Pablo Chevallier-Boutell decidió prohibir que LUA La Porteña siguiera emitiendo pólizas a pesar de su insolvencia, Duhalde (es decir, Fernández) lo echó para poner en su lugar a Moroni, que obviamente no halló nada malo en que se continuara estafando a los asegurados. Moroni fue quien convirtió al seguro obligatorio en un arma letal contra los transportistas chicos. A fines de 1997 implantó un régimen por el cual las pólizas que estaban forzados a contratar tendrían una franquicia de 40.000 pesos/dólares. En la práctica, esto implicaba que los colectiveros debían afrontar la gran mayoría de los siniestros, a pesar de estar asegurados. Incapaces de soportar el pago de las indemnizaciones, recibían préstamos de un sistema de mutuales armado por Moroni. Por ese medio les generaban deudas impagables, que desembocaban en su expropiación.
Fernández se encargó en su larga gestión al frente de la SSN de amparar el ocultamiento que muchas compañías hacían en sus balances de los juicios que tenían entablados en su contra por siniestros, ello para no tener que constituir las reservas de rigor. Protagonistas extremas de estas maniobras fueron las cooperativas Belgrano y Bernardino Rivadavia, que acaparaban el 70 por ciento de los seguros del transporte público de pasajeros. El hundimiento de la primera dejó colgados del pincel 20 mil juicios y otras tantas víctimas. Como los transportistas -que se creían asegurados- debieron hacer frente a las indemnizaciones, no pocos prefirieron quebrar. Pero los recursos de Moroni eran inagotables: en marzo de 1997 hizo que Menem, con algún argumento poderoso, firmase un inconcebible DNyU suspendiendo por 36 meses todas las ejecuciones de sentencias contra transportistas y aseguradoras, independientemente de su situación patrimonial. La mayoría automática de la Corte Suprema garantizaba estas aberraciones.
Ahora Moroni es el hombre que Kirchner y Fernández presentan a la sociedad como garantía de que la lucha contra la corrupción en el Gobierno es una alta prioridad. ¿Qué suponen acerca de la inteligencia de los argentinos? ¿Creen que este pueblo sigue aceptando el "roban pero hacen"? No: aunque hagan, si roban deben ir presos, hoy, mañana, cuando se los pueda condenar. ¿El títere controlará al titiritero? La Argentina sigue siendo un cambalache