3.2.

El local “República de Cromañón”. Sus características y condiciones

El inmueble donde funcionaba “República de Cromañón” se encuentra ubicado en la calle Bartolomé Mitre entre las de Ecuador y Jean Jaures, consta de planta baja y un piso. La estructura y la losa son de hormigón armado, con paredes perimetrales y divisorias de mampostería de ladrillos. Posee una planta total de aproximadamente 30 metros de frente por 60 metros de fondo.

En el sector medio del salón, se ubican dos escaleras enfrentadas, las que comunican con el plano superior, y que poseen dos accesos de tramos rectos. En la planta alta, existen dos bandejas ubicadas en el área frontal y contrafrental (mirando desde la puerta de acceso hacia el fondo) respectivamente. En la primera se ubicaba el denominado sector VIP, en tanto que la otra era utilizada por el público en general. En el extremo izquierdo de esta última se emplazan los sanitarios. Ambas bandejas se encuentran unidas por una tercera de similares características, ubicada a la derecha del local. En el centro de ésta está emplazada la cabina de luces y sonido. Detrás de esta cabina se encuentra colocado un cerramiento que impide el paso de una bandeja hacia la otra. Por otra parte, en la bandeja perteneciente al sector VIP hay una puerta metálica que comunica con el primer piso del hotel “Central Park”, y que la noche del incendio se encontraba cerrada con llave, por lo que no pudo ser utilizada como vía de evacuación.
Sobre el lateral derecho se ubicaba el escenario, cuyas paredes se hallaban recubiertas de guata y de espuma de poliuretano, al igual que el techo (revestimiento al que nos referiremos en detalle en el apartado…). Por encima de esa cubierta, las paredes del escenario se encontraban revestidas con una tela a modo de escenografía.
Al costado del escenario que se encuentra en el sector contrafrontal del local, se encuentran los camarines. Estos tienen, a su vez, una puerta que comunica con el garaje del hotel lindero “Central Park”.

El local cuenta con varios accesos. Dada la importancia que revisten a efectos de comprender la realidad de los hechos, destinaremos a la descripción de esos accesos un apartado especial, a continuación del presente.

3.2.1.

Las vías de egreso

Sobre este aspecto del local, ya nos hemos referido en el apartado 3.1.1.3.2., al que nos remitimos

3.2.2.

El revestimiento de los techos y paredes del local

También sobre este aspecto del local, nos hemos referido en el apartado 3.1.1.2.

3.2.3.

El estado de los matafuegos

Otro factor que contribuyó para la producción de las muertes y las lesiones como consecuencia del incendio, fue el hecho de que los matafuegos no estaban en condiciones de ser utilizados para su función específica. En efecto, de los 15 extinguidores manuales existentes en el local, diez de ellos se encontraban despresurizados, y sólo cinco tenían carga. De éstos últimos sólo tres tenían el precinto plástico obligatorio, y dos se encontraban vencidos desde octubre de 2004. Asimismo los quince matafuegos carecían de la pertinente tarjeta municipal de control de carga.
En definitiva de los quince matafuegos sólo tres se encontraban en condiciones de ser utilizados.

Por otra parte, más allá de las graves falencias evidenciadas con relación a los elementos obligatorios para prevención de incendios, al momento de los hechos, el certificado de prevención contra incendios expedido por la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal se encontraba vencido desde hacía casi dos meses. En efecto, del expediente nro. 12.430, caratulado “Bartolomé Mitre 3060/72, uso: local de baile Clase C”, labrado por la División Prevención de la Superintendencia Federal de Bomberos, surge que el último certificado expedido era el emitido el 24 de noviembre de 2003. En consecuencia, y siendo la validez de dicho certificado de un año, se encontraba vencido desde el 24 de noviembre de 2004, es decir, más de un mes antes del acaecimiento del incendio, sin que esta irregular situación motivara ninguna medida por parte de las autoridades comunales y policiales competentes.

3.2.4.

La habilitación del local

“República de Cromañón” estaba, al momento de los hechos habilitado como local de baile “clase C. La habilitación había sido otorgada el 1 de agosto de 1997, mediante disposición 06060/DGRyC/97, suscripta por Jorge E. Gatucci y Enrique Reinaldo López en el expediente de habilitación GCBA nro. 42855/97, La habilitación estaba concedida a nombre de “Lagarto S.A.” desde el 1 de agosto del año 1997, estableciéndose como capacidad máxima de concurrentes 1.031, y como superficie habilitada 1447,50 mts. cuadrados.

En la plancheta de habilitación –que obra en la primera hoja del libro de inspecciones y que contiene una síntesis de los términos de la habilitación, se consigna lo siguiente: "Déjase expresa constancia que de conformidad con la aprobación efectuada por la división seguridad contra incendio de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro y la Superintendencia de Bomberos el local posee una salida alternativa que se activa solamente en caso de producirse un siniestro permitiendo la evacuación del público concurrente por un corredor que sirve en casos normales para la entrada y salida de vehículos considerándose cumplimentado el artículo 10.2.3 inc. d) del Código de Habilitaciones y verificaciones dado que por sus características el sistema de seguridad alternativo reduce los riesgos en forma cualitativa del público concurrente no considerándose de esta forma una comunicación permanente con las otras actividades del complejo".

Las actividades permitidas en los locales de baile clase C son las siguientes:

a) Se ejecuta música y/o canto hasta las 4 horas.
a) Se ofrecen bailes públicos.
b) Se expenden bebidas, que pueden ser alcohólicas, y se pueden servir comidas
c) Se permiten los números de variedades con o sin transformación.
d) Se permite el ingreso de menores entre 15 y 18 años de edad solamente los sábados, domingos y feriados entre las 16 y 22 horas. Fuera de ese horario, entre las 23:00 y las 06:00 horas, solamente se permite el ingreso de menores de 18 años acompañados por sus padres.

Nada dicen las normas respectivas respecto de la posibilidad de estos locales de de realizar recitales en vivo, aún cuando la norma permita la ejecución de música y/o canto en vivo. Es que en el caso de estos lugares habilitados para baile, el espectáculo de variedades que se permite, debe ser un complemento del baile que constituye el objeto principal. Por otra parte, los espectáculos de variedades están pensados como entretenimientos de corta duración, que hacen que la gente baile -como, por ejemplo, las orquestas de tango- o que sirven para variar durante unos instantes el tipo de actividad que se lleva a cabo durante el resto de la noche.
Sin embargo, y a pesar de que al momento del hecho, "República Cromañón" estaba habilitado como un local de baile clase "C", la única actividad desarrollada en “República de Cromañón” era la de dar recitales, actividad no permitida en ese tipo de comercios, y que se encontraba regida específicamente por la resolución 996/SSIG/1994 modificada por la disposición nº 2746/DGRYCE/1998.
Por otra parte el local “República de Cromañón”, se encontraba habilitado como local de baile independiente, no como anexo del hotel lindero, por lo que debía cumplir particularmente con los requisitos de los incisos c) y d) del art. 10.2.3 del Código de Habilitaciones y Verificaciones que prescribe que dichos comercios “… tendrán medio de salida propio e independiente a la vía pública” y “… no contarán con comunicación de ninguna naturaleza con otros locales”. Esos extremos no hubieran sido exigibles si “República de Cromañón” hubiera funcionado como anexo del hotel y no en forma independiente a él.
Sin embargo, como ya se ha explicado en el apartado 3.1.2.1. de esta presentación, “República de Cromañón” contaba con al menos cuatro puertas que lo comunicaban con el hotel, y no contaba con los medios de salida “propios e independientes a la vía pública” que exige la norma referida, ya que la salida alternativa de emergencia, tenida en cuenta como en la habilitación, daba al garaje del hotel, y no a la vía pública.
En otro orden de cosas, el titular de la habilitación comercial era, al momento de los hechos, la sociedad Lagarto S.A. Si bien Chabán explotaba el local desde hacía por lo menos ocho meses, por lo que se encontraba obligado a efectuar, dentro de los sesenta días, los trámites para cambiar la titularidad de la explotación -conforme se establece en el Capítulo 2, punto 3 del Código de Habilitaciones y Verificaciones-, este trámite nunca fue siquiera iniciado. Lejos de ello, las probanzas obtenidas durante la instrucción dan cuenta de que Chabán le “alquilaba” la habilitación a los hermanos Daniel y Eduardo Ripa a cambio de una suma mensual de dinero.

3.2.3.1.

Expediente de habilitación 10.294/97

La primera solicitud de habilitación de “República de Cromañón” como local bailable fue presentada ante las autoridades correspondientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el 13 de febrero de 1997, por la firma “Once Central Park S.A.”. Dicha solicitud fue efectuada por Tito Maldonado Mereles en representación de la sociedad referida, que había sido constituida el 13 de noviembre de 1996, es decir unos pocos meses antes.
En la presentación la firma invocó ser locataria de todo el predio que integran el hotel, la confitería y el local de baile (correspondiente a los números 3036/38/40/44/50/54/60/72/78 de la calle Bartolomé Mitre, e integrado por planta baja, subsuelo, entrepiso, primer piso, segundo piso, tercer piso y cuarto piso) y se requirió la habilitación del lugar que se solicitó para los siguientes rubros: hotel sin servicio de comida, local de baile clase “C” y actividades complementarias, garaje comercial, café bar, confitería y canchas de mini fútbol, fútbol cinco, hockey, voleyball, y/o handball.
Mereles declaró ante escribano público, y bajo juramento, que el local reunía los requisitos previstos en las ordenanzas municipales vigentes, y acompañó los planos para la habilitación, lo que fue avalado por el arquitecto Francisco Antonio Rizzo quien declaró haber visitado y revisado el local, señalando que se cumplía con las exigencias municipales.
Sin embargo, a fojas 22 de ese expediente hay una nota del 14 de abril de 1997, firmada por Eduardo Vitale y Roberto Calderini quienes dejaron asentado que: “…los planos presentados no se ajustan a lo observado en el terreno toda vez que se deberá graficar en forma correcta medidas, destino de los locales y superficie de la actividad local de baile y hay una comunicación entre los diferentes sectores”. En el apartado dedicado a la actividad de local de baile como uso complementario del hotel, los funcionarios dejaron constancia de que “…el local bailable cuenta con dos medios de egreso: uno que comunica directamente con la vía pública y el otro que comunica con el sector de acceso vehicular al garaje comercial. Dejase expresa constancia que esta actividad ha sido solicitada en el carácter de complementaria del uso hotel, con el cual no posee comunicación, sino a través del garaje comercial, contraviniendo por tal motivo el artículo 10.2.3 inc. c) y d)”.
En base a ello, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le envió al representante de Once Central Park S.A. una nota en la que se le comunicaba que no podían funcionar sin habilitación y que su otorgamiento dependía de que se cumpliera con diferentes requisitos, entre los que estaban el de “excluir del pedido de habilitación el del local bailable porque como actividad complementaria contraviene lo normado en el artículo 10.2.3”.
Contra esa decisión, el 6 de junio de 1997 se interpuso un recurso de reconsideración consintiéndose, sin embargo, lo resuelto en cuanto a la exclusión del local de baile del pedido de habilitación.
Finalmente, el 24 de julio de 1998, la sociedad solicitó que también se dejara sin efecto el pedido de habilitación para el rubro hotel.

3.2.3.1.2.

Expediente 46.309 de la Dirección General de Policía Municipal

Por otra parte, el 25 de abril de 1997, el entonces Interventor de la Dirección General de Policía Municipal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Norberto Varela, dispuso la clausura del local bailable, por carecer de la correspondiente habilitación, efectivizándose la orden con fecha 30 de abril de 1997. Esto dio lugar a la iniciación del expediente nro. 46.309, iniciado por la referida Dirección Policía Municipal.
El 4 de junio de 1997 el entonces jefe del Departamento de Espectáculos, Recreación y Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó una inspección en el lugar y comprobó que funcionaba un hotel, un estacionamiento y un local de baile clase C, hallándose todas las actividades vinculadas entre sí desde el punto de vista edilicio. En esa oportunidad comprobó también que el garaje no funcionaba en forma anexa al hotel sino que era independiente, y que el local de baile que tenía entrada por Mitre 3050/76 se comunicaba con el garaje a través de dos puertas.
El expediente se había iniciado por disposición del Interventor de la Dirección General de Policía Municipal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Norberto Varela, quien con fecha 25 de abril de 1997, resolvió proceder a la clausura del local bailable, por carecer de la correspondiente habilitación, efectivizándose la orden con fecha 30 de abril de 1997.
El 4 de junio de 1997 el entonces jefe del Departamento de Espectáculos, Recreación y Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó una inspección en el lugar y comprobó que allí funcionaban un hotel, un estacionamiento y un local de baile clase C, hallándose todas las actividades vinculadas entre sí desde el punto de vista edilicio. En esa oportunidad comprobó también que el garaje no funcionaba en forma anexa al hotel sino que era independiente, y que el local de baile que tenía entrada por Mitre 3050/76 se comunicaba con el garaje a través de dos puertas.
Al día siguiente de esta constatación, el entonces titular de la Comisaría 7ª, Comisario Juan Damis, le envió una nota al interventor Norberto Varela diciéndole que, conforme lo requerido por él por nota del 25 de abril de 1997, referente a la clausura del local de baile “El Reventón” (nombre con que se explotaba el que luego fuera “República de Cromañón” ) “desde las 18.00 del día 4 de julio de 1997 hasta las 06.00 horas del día siguiente se implantó consigna policial con un hombre, quien impidió el ingreso del público por las puertas de ingreso del local que constan en la disposición de clausura”. Empero, aclaró el Comisario que: “los propietarios o encargados del local, utilizando un garaje con acceso a Mitre 3046 hicieron ingresar público al comercio por una puerta que los intercomunica desde el interior del garaje, violando la medida dispuesta”. Cabe recordar que la mencionada entrada mencionada de Bartolomé Mitre n° 3046 no es otra que aquella por la que, luego de ingresar al sector del garaje, permite acceder al local de baile a través de la puerta alternativa de emergencia, de la que nos ocupamos en la resolución donde analizamos la responsabilidad de los que organizaron el recital de “Callejeros” del 30 de diciembre de 2004.
A raíz de esta burla a la orden impartida, ese mismo día personal de la Dirección General de Policía Municipal del Departamento sábados, Domingos y Feriados, Sección Noche, se constituyó en el lugar y determinó que el garaje poseía un importante portón metálico que comunicaba con el local de baile (la salida alternativa de emergencia). También se verificó que había comunicación con el hotel por el primer piso. A raíz de ello, los funcionarios labraron un acta de infracción en la que detallaron varias irregularidades, entre las que se encontraba la de utilizar la cochera como depósito de material altamente combustible, dado que detectaron catorce rollos de guata, aparentemente de propiedad de una fábrica de ropa que también funcionaba en una parte del complejo. A raíz de ello, se procedió a la clausura del garaje.
Al otro día, se presentaron otros tres inspectores para evaluar las instalaciones del hotel “Central Park”, verificando que éste se comunicaba con el garaje y con el bar, y que poseía una tarjeta de iniciación de trámite de habilitación diferente a la del hotel, pese a que era ostensible, y evidente, que tanto uno como otro estaban ediliciamente vinculados y eran explotados por la misma persona o, por lo menos, por la misma razón social. Todo ello, a su vez, sostenían los inspectores, se comunicaba con el local de baile que estaba clausurado.
Se constató asimismo que no había habilitación, que no había planos de obra ni de instalación eléctrica y de gas que estuvieran aprobados para una única y gran unidad de uso, por lo que sugirieron que se dispusiera nuevamente la clausura del hotel y sus anexos desde Bartolomé Mitre 3036/86 y Jean Jaures 51 inclusive “con lo que se evitaría el ingreso a todas las actividades que claramente constituyen una unidad de uso”. Asimismo se consignó que los titulares del comercio estaban tratando “de hacerlo pasar por distintas unidades para evadir normas de seguridad y funcionamiento como uso común”. La nota respectiva estaba firmada por Saverio Nicolás Elía.
El 6 de julio de 1997 se clausuró el hotel. Cuatro días después, el 10 de julio de 1997, Aníbal Miguelez, entonces Director de Actividades Especiales, le envió una nota al Director del Departamento de Clausuras en la que le aclaraba, a efectos ilustrativos, que: “el establecimiento resulta una unidad integral de uso, conformada por un hotel, un garaje, un local de baile, canchas de fútbol y un café bar, encontrándose comunicados entre sí y manteniendo independencia en el desarrollo comercial de sus actividades”.
Finalmente, el 11 de julio de 1997, el interventor Roberto Varela ordenó, en base a los informes precedentes, clausurar la totalidad del complejo. Tres días después, la sociedad “Lagarto SA”, en su carácter de locataria del local de baile, solicitó la suspensión de la clausura, manifestando que los trámites para su habilitación habían sido encargados al arquitecto Francisco Rizzo. En la petición se alegaba que se le habían abonado aproximadamente $5.000 al mencionado Rizzo para que se encargara de las gestiones necesarias, y que ante el incumplimiento de éste, los responsables de la sociedad se veían obligados a efectuar el trámite personalmente. Aclararon en el pedido que, al momento de solicitar la suspensión de la clausura la presentación, ya había culminado la realización de la totalidad de los trámites correspondientes ante el GCBA, y que estaban a la espera de que la Superintendencia de Bomberos de la P.F.A. les expidiera el certificado exigido para la habilitación del local bailable.
Es decir que mientras en un expediente se constataba la existencia de irregularidades que motivaban la clausura no solamente por la falta de habilitación, sino por las circunstancias que hacían imposible e ilegal que fuera otorgada -en el caso, la comunicación entre distintas actividades que no funcionaban de modo complementario se encontraba prohibida-, en otro expediente, iniciado después de concluido uno anterior donde se había denegado la habilitación por los mismos motivos por los que se dictó la clausura, se resolvía que el local estaba en condiciones de ser habilitado como local de baile clase “C”.
El 18 de julio Varela ratificó la clausura y no hizo lugar al pedido de suspensión efectuado.
Con fecha 4 de agosto de 1997, “Lagarto S.A.” insistió en su pedido de que se levantara la clausura, acompañando un primer testimonio de habilitación municipal de Bartolomé Mitre 3060/66/70/72, de fecha 20 de junio de 1997, otorgado en un expediente que tramitaba de manera independiente al de las clausuras, que lleva el número 42.855/97, al que nos referimos en detalle más adelante.
Antes de adoptar cualquier decisión respecto al levantamiento de la clausura dispuesta, Roberto Varela remitió las actuaciones al jefe del Departamento de Espectáculos, Recreación y Educación, Dirección Actividades Especiales, a fin de que se expidiera sobre las observaciones de condición emitida en la habilitación, y en particular, sobre la puerta alternativa de emergencia.
Sin embargo el expediente quedó sin remitir a su lugar de destino desde el 8 de agosto de 1997 hasta el 7 de octubre de 2002, por lo cual también quedó sin modificarse la clausura que recaía sobre el local y sin que ningún funcionario responsable respondiera o se hiciera responsable de si podía, o no, habilitarse el lugar en los términos en que se pretendía. Una vez recibido el expediente, cinco años y dos meses después de su remisión, el entonces jefe del Departamento de Actividades Nocturnas, para deslindar responsabilidades, firmó un constancia en la que decía que el expediente había sido recibido en su departamento por un remito manual en el estado en que estaba en la última de las fechas mencionadas. El expediente finalizó con una constancia de inspección del 29 de marzo de 2003 en la que consta que todo está en regla. Esta fue la última inspección que se hizo sobre el lugar donde funcionaba “República Cromañón”, sin que existan constancias anteriores a esa fecha que acrediten algún tipo de movimiento o actividad por parte de las reparticiones responsables.
En consecuencia no se sabe qué pasó con el levantamiento de la clausura ni con el pedido de informes de Varela. Sí se sabe, en cambio, que pese a los incumplimientos de la normativa vigente que se desprendían de los dos expedientes hasta ahora analizados, el local de baile fue habilitado, y de ello habla el expediente 42.855.

3.2.3.1.3.

El expediente 42.855/97

Este es el expediente en el que fue otorgada con fecha 1 de agosto de 1997, a nombre de Lagarto S.A., la habilitación para funcionar como local de baile Clase C, independiente del hotel Once Central Park, que estaba vigente al momento del incendio que se investiga.
Las actuaciones fueron iniciadas con fecha 23 de junio de 1997, es decir, durante el período en que el local bailable estuvo clausurado por orden del interventor Norberto Varela y se encontraba en trámite el expediente n° 10.294/97 por el cual se promovía habilitar la totalidad del complejo a nombre de la sociedad Central Park Once S.A..
Obran en él, en primer lugar, tres planos de habilitación firmados por el arquitecto Horacio Campesi y un plano de prevención contra incendio firmado por el Comisario Inspector Aldo Jorge Alaniz. A fojas 16 y 17 obran dos planos firmados por el arquitecto Campesi, con una leyenda, fechada el 28 de julio de 1997, firmada por Roberto Calderini, en la que se consigna que los planos se ajustan a lo observado en el terreno”. Es importante destacar que Calderini, por su actividad en el primer intento de habilitación sabía que, además de la puerta alternativa de emergencia, había conexión con el hotel por el primer piso. Por otra parte, en el mismo expediente obran a fojas 25 los planos ya utilizados para el intento de habilitación del inmueble como un complejo en el expediente n° 10.294/97, que están firmados por la arquitecta Mabel Carnevale. A fojas 4 obra una declaración jurada de habilitación de usos y certificación de uso, suscripta por el arquitecto Campesi, quien afirma que el local reúne todos los requisitos para ser habilitado. A fojas 25 hay un plano de condiciones contra incendio de todo el complejo que para el plano aparece como propiedad de “Nacional Uranums Corporation”, en el que figura como destino del establecimiento los siguientes usos: hotel sin servicio de comida; espectáculos y diversiones públicas; local de baile clase “C”; actividades complementarias (sin especificar respecto a qué es el complemento); garaje comercial; café, bar, confitería; cancha de mini fútbol o fútbol cinco.
Hay además un plano por cada planta del lugar, hallándose todo integrado. Los arquitectos que intervinieron en la realización de esos planos son Juan Mario Lerner y Mabel H. Carnevale, con domicilio en Avellaneda 4428. También hay un sello de la Dirección General de Obras y Catastro donde se lee: “Registrado, condiciones contra incendio s/capítulo 4.12 del CE”. Abajo, en el mismo sello dice: “no verifica el cumplimiento de las demás disposiciones del CE y CPU; no autoriza el comienzo de obra civil. Fecha: 4 de junio de 1997. Arquitecto Walter Sergio Chiodini, División Seguridad contra Incendio del GCBA”.
A fojas 26 obra un memo que tiene como indicación de asunto: “condiciones contra incendio” y se lee lo siguiente:
La Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro del GCBA certifica que: a fojas 62 del expediente nro. 40.511/97 (referido a las condiciones contra incendio del predio) se halla la siguiente información: “Buenos Aires, 19/06/97.

1. Por estos actuados se gestionó y se obtuvo el registro de planos de condiciones contra incendio de la finca sita en Bartolomé Mitre 3036/78.
2. Por antecedente nro. 1 a fojas 61 los interesados solicitan un testimonio por las obras que se hallan ejecutadas y pendiente de habilitación.
3. Al respecto se informa que se trata de un edificio destinado a hotel con espectáculos y diversiones que consta de subsuelo con destino estacionamiento, planta baja con entrada hall hotel, entradas vehiculares –locales negocio y confitería bailable.1er. piso con un local aún sin destino y entrepiso con gimnasio y vestuario con sus servicios sanitarios, 2do. Piso habitaciones del hotel y canchas de mini fútbol o fútbol de salón, 3ro y 4to habitaciones del hotel
4. Practicada una inspección se comprobó que la confitería bailable ubicada en planta baja cumple con los requisitos exigidos por el capítulo 4.12 del C. Edif. y que la instalación hídrica, resultante de la aplicación de la condición específica de extinción E1, se halla en buenas condiciones de funcionamiento por lo que puede extenderse el testimonio correspondiente para su habilitación por cumplir los requisitos reglamentarios correspondientes.
Firmado: Norberto A. Pessi, Jefe División contra Incendio.”

Abajo hay una leyenda que dice: “Hácese constar que el expediente 40.511/97 está caratulado Registro normas c/incendio Bmé. Mitre 3036/78 y que el testimonio al que se alude en el informe transcripto fue peticionado por la sociedad ´National Uranums Corporation´ (propietaria) y la Arquitecta Mabel H. Carnevale (profesional), extendiéndose el certificado a los 30 días de junio de 1997.”
A fojas 29 obra el certificado de inspección final, firmado por el Comisario Roberto Oscar Corsetti. A fojas 30/1 hay copias certificadas de parte del expediente 40.511/97 donde obra una verificación firmada por Alaniz del cumplimiento de las condiciones contra incendio, y se hace referencia a la necesidad de ajustarse, en lo que a medios de egreso se refiere, a lo establecido por el artículo 4.7.
A fojas 33 obra una resolución, firmada por Roberto Calderini, en la que sostiene que el local está preparado para desarrollar varias funciones y que no existe conexión entre ellas; además dice por primera vez lo de la puerta alternativa, pero relativizando su función e importancia de manera tal de evitar el impedimento representado por la conexión con el resto del establecimiento. Debe recordarse aquí que este es el mismo Calderini que había sostenido, el 14 de abril de 1997, en el expediente 10.294/97 que el complejo no podía ser habilitado porque existía una conexión entre los diferentes lugares que violaría las normas vigentes.
A fojas 35 obran diversas impresiones pedidas con fecha 23 de julio de 1997 por Roberto Calderini con respecto a los expedientes en trámite relacionados con el local a habilitar. Entre estos expedientes está el de clausura del local, que se supone habría sido consultado por el funcionario entre el 23 y el 28 de julio de 1997 (fechas en que solicitó los informes y efectuó el dictamen respectivamente).
A fojas 37 hay una nota dirigida al Director de Recepciones y verificaciones, firmada por Margarita T. de Ramar, arquitecta de la dirección de habilitaciones especiales, que le sugirió a aquél, en base a todo lo dicho por Calderini, que habilite el local. La nota fue remitida con fecha 29-7-97 por Claudio Niño a la dirección de certificaciones.
Finalmente, conforme surge de fojas 41, el 1° de agosto de 1997 se otorgó la habilitación mediante disposición nro.06060 DGRYC/97, firmada por Jorge E. Gatucci (a/c de la dirección de certificaciones) y Enrique Reinaldo López (interventor de la Dirección Gral. De Registros y Certificaciones).

3.2.3.2.

Irregularidades de la habilitación

Las irregularidades que presentaba la habilitación del local “República de Cromañón” al momento de los hechos son graves y numerosas. Algunas se evidencian de forma manifiesta en la síntesis elaborada en el apartado anterior.
En efecto, el local, teniendo en cuenta su superficie y capacidad (1031 personas), debía contar con 9,21 metros de salida propio e independiente a la vía pública (Artículo 10.2.20 y 10.2.3., inc. c del Código de Habilitaciones y Verificaciones). La única excepción establecida a estas reglas, se da para el caso en que el local de baile funcione como anexo o complemento a hoteles.
Como surge del trámite de habilitación que lleva el número 42.855/97, al comienzo se intentó habilitar al local bailable como anexo al hotel, pero ello no pudo ser llevado a cabo porque los inspectores verificaron en el lugar que los diferentes locales no se relacionaban funcionalmente entre sí, sino que funcionaban de manera independiente, salvo algunas excepciones (casa de servicio de lunch y hotel).
Una vez rechazado el intento de habilitar el complejo como tal, el otorgamiento de la habilitación como local separado (no anexo al hotel), estaba supeditada a que no existiera ningún tipo de comunicación entre los diferentes locales que componen el complejo y el local bailable.
Sin embargo, luego de varias clausuras que en la práctica quedaron sin efecto, la puerta alternativa nunca se eliminó y el lugar se habilitó con ella pese a la irregularidad que implicaba, como surge de la “plancheta de habilitación”, en la que se consigna “una salida alternativa que se activa solamente en caso de un siniestro permitiendo al evacuación del público concurrente que sirve en casos normales para la entrada y salida de vehículos”.
Según lo detallara el testigo Jorge Luis Pérez, ex Director Adjunto de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en su declaración obrante a fs. 17.052/17053, de acuerdo a la normativa vigente, República Cromañón no podía tener comunicación alguna con otros locales dentro del complejo. El nombrado aclaró que si bien se hallaba prevista la posibilidad de que los comercios de esa índole funcionaran como actividad complementaria o anexa a otros rubros, éste no era el caso porque el local bailable era una actividad principal. Agregó que al momento de la inspección previa por parte del Gobierno de la Ciudad, necesariamente la puerta ubicada junto al escenario debió haber estado cerrada, ya que de lo contrario no debía haber sido habilitado. En cuanto a las vías de salida expuso que, a su entender, la que tenía comunicación directa con la calle Bartolomé Mitre, no podría ser considerada puerta de emergencia, puesto que no comunicaba directamente con el salón de baile sino con su hall de acceso. En cambio la denominada salida alternativa de emergencia, que tenía contacto directo con el local de baile tampoco podía ser considerada como medio de escape, dado que no era exclusiva del local bailable, sino que era compartida con otros establecimientos.
Cabe destacar también sobre la cuestión que, si bien en el contrato de locación, firmado entre “National Uranums” y “Lagarto S.A.” el 2 de febrero de 1997 –antes de que fuera concedida la habilitación- nada se decía acerca del uso del sector de garaje que está delante de la puerta alternativa de emergencia, el contrato de locación efectuado entre “Nueva Zarelux S.A.” y “Lagarto S.A.” el 30 de abril de 1998 sí contiene una cláusula especial al respecto. En efecto, en la cláusula vigésimo tercera se autoriza el uso, por parte del locatario como salida de emergencia, la entrada sita en Bartolomé Mitre 3044/50 que forma parte del mismo edificio de propiedad del locador.
Ahora bien, más allá de los motivos por los cuales se autorizó el funcionamiento del local con la salida “alternativa de emergencia”, lo cierto es que estaba habilitado con ella, y su presencia era tan importante que mereció una referencia expresa en la referida plancheta, documento en el que sólo se mencionan las características más relevantes de la habilitación. Asimismo, en la tramitación del certificado exigido por la ordenanza 50.250, la Superintendencia de Bomberos dictó un acto administrativo en el que aprobó las condiciones del local y notificó al entonces explotador de que las puertas de acceso y egreso para evacuación, deben permanecer durante la actividad del local expeditas, es decir, en condiciones de ser franqueadas y libres de todo obstáculo.
Es decir más allá de las irregularidades del trámite de habilitación del local bailable clase “C”, que en 1997 era conocido como "El Reventón", su habilitación se hizo considerando la existencia de la puerta alternativa de emergencia, en forma expresa, y como tal, debía estar abierta y expedita durante el momento del desarrollo del espectáculo. En suma, existe una importante contradicción entre las condiciones en que fue habilitado el local, si bien la puerta alternativa de emergencia no podía existir, ella fue tomada en cuenta a los efectos de cumplir con los requisitos para la habilitación.
Y las pruebas obtenidas en la causa han permitido determinar que si esa puerta no hubiera estado clausurada, la evacuación del local se habría efectuado con mucha mayor rapidez, y seguramente hubiera disminuido considerablemente el número de víctimás.
Otra grave irregularidad, que tuvo incidencia en el desenlace fatal y lesivo del incendio del 30 de diciembre de 2004, es la inexistencia de una vía de egreso independiente para el sector ubicado en el primer piso. En efecto, según el Código de Habilitaciones y Verificaciones, el local República de Cromañón debía contar con la salida ates referida, en función de la superficie del sector del primer piso, que excedía el máximo permitido sin salida independiente para la planta. Dicha salida nunca existió y tampoco fue exigida, dado que en los planos presentados para obtener la habilitación se hizo constar que el primer piso tenía una superficie menor que la real, tal como quedó determinado en la pericia planimétrica efectuada a solicitud del Tribunal de Instrucción.
Resulta obvio destacar que, de haberse contado con la salida independiente para el primer piso que era exigible en función de la superficie, muy distinto hubiera sido el desenlace del recital, puesto que las personas que estaban en esa planta, que en su gran mayoría no pudieron salir debido a que las escaleras existentes no eran suficientes –ya que ambas conducían al centro del salón, donde había el aglomeramiento de gente era tal que impedía avanzar hacia las salidas-, hubieran podido salir prontamente del lugar, y no hubieran sufrido las terribles consecuencias del humo tóxico, que resultaron ser mayormente fatales.
Finalmente, cabe destacar que la construcción efectuada con tabiques de madera que se encontraba en el primer piso detrás de la cabina de sonido, que no está incluida en los planos aprobados, impedía irregularmente el paso entre los dos sectores de esa planta (el contrafrontal, y el VIP). Es de destacar que en la parte derecha del sector contrafrontal, sobre la pared lateral derecha del local, hay un cartel que dice salida y que esa noche se encontraba encendido. Ese cartel, que además tiene una flecha hacia la derecha, no conduce a ningún lado, ya que el pasillo respetivo se encuentra bloqueado con la construcción de tabiques de madera que está detrás de la cabina de sonido.
Así ese lugar funcionó como una verdadera trampa mortal, ya que hubo quienes, una vez iniciado el incendio se dirigieron hacia ese lugar creyendo que por allí podrían salir, y al encontrarse con el pasillo sin salida quedaron “atascados” en el aglomeramiento de personas sin poder volver hacia la escalera.
Más allá de lo expuesto en el presente apartado, que pretende ser una breve síntesis de las irregularidades que presentaba el local República de Cromañón al momento de los hechos, resultan sumamente ilustrativas sobre la cuestión las conclusiones obrante en el informe suscripto por los expertos que tuvieron a su cargo la realización de la pericia planimétrica y arquitectónica ordenada por el Juzgado de Instrucción (que obra en legajo reservado en la Secretaría del Tribunal) .

3.2.5.

El estado del local al tiempo de los hechos

Al tiempo de los hechos, el local presentaba una enorme cantidad de irregularidades, de tal entidad que cualquier inspección regular que recibiera hubiera determinado su inmediata clausura. Ello obstaría a su reapertura ya que esta solo sería posible superando la mayoría de tales situaciones en infracción.
Así, en esa hipotética inspección se hubiera constatado que:

- Carecía de planos aprobados por las autoridades comunales. La instalación de provisión de agua con cañerías de polipropileno, cuenta sólo con planos de 1930, en que ese material era desconocido para los instaladores sanitarios (Pericia Arquitectónica, Legajo de Pericia, tercer cuerpo).
- El inmueble carece de planos de obra o de construcciones. A pesar de ello la documentación examinada por el cuerpo de peritos, que es toda la existente en el Gobierno de la Ciudad, denota que el edificio sufrió diversas reformas en período comprendido entre 1930 y 1997 de las que no existe constancia alguna ni presentaciones de planos municipales de arquitectura ni de estructura, ni de algunas de las instalaciones, ni los cálculos o planillas de cálculo respectivas.
- El inmueble presenta muy marcadas diferencias de dimensiones respecto a los medios de salida, entre los planos y la realidad (Pericia Arquitectónica, Legajo de Pericia, tercer cuerpo), que afectan las condiciones de seguridad y prevención.
- El inmueble presenta groseras diferencias respecto a la superficie cubierta, entre los planos y la realidad (Pericia Arquitectónica, Legajo de Pericia, tercer cuerpo), que convierten en ilegal su habilitación como local de baile clase “C”.
- Existen diferencias respecto a la denominada superficie del piso de la que depende el número de ocupantes que puede albergar el lugar (Pericia Arquitectónica, Legajo de Pericia, tercer cuerpo)
- El inmueble presenta, por detrás de la cabina de control de luces y sonido una tabiquería muy precaria y un sector de depósito de elementos en desuso, al que se tiene acceso desde los lugares que normalmente ocuparía el público asistente. Hay un pequeño espacio de paso, — bastante forzado por detrás de la cabina- y todo ello, no figura en los planos. El emplazamiento obstruye los caminos de evacuación (Pericia Arquitectónica, Legajo de Pericia, tercer cuerpo).
- El local presenta una serie de diferencias respecto al cumplimiento del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma. En la pericia se listan esas diferencias, todas las cuales constituyen incumplimientos al citado código (Pericia Arquitectónica, Legajo de Pericia, tercer cuerpo).
- Dos columnas existentes en el sector Vip, están representadas en el Plano de Habilitación giradas a 90 ° de lo existente en el local. Esa orientación simulada en el plano persigue evitar una objeción técnica respecto de la evacuación de las personas existentes en ese sector.
- En los planos, no aparecen consignadas diversas puertas: sin embargo, el local tiene cuatro comunicaciones con lugares aledaños, que impiden su habilitación como local independiente, que es la obtenida. Esas comunicaciones están desde hace años en el establecimiento (Pericia Arquitectónica, Legajo de Pericia, tercer cuerpo).
- Los portones correspondientes a los números 3060/66 son de una hoja, abren hacia adentro y conducen al vestíbulo de acceso en donde se encuentran las boleterías. Su apertura hacia adentro y en sentido inverso al del flujo de personas, obstruye cualquier evacuación y constituye un incumplimiento (Pericia Arquitectónica, Legajo de Pericia, tercer cuerpo)
- Como las 12 hojas de la entrada al salón no tienen límite en sus respectivos desplazamientos angulares, al abrir cualquiera de ellas, baten sobre la que se encuentra al lado, de modo que invaden parte del espacio que les corresponde reduciendo su ancho útil y salida (Pericia Arquitectónica, Legajo de Pericia, tercer cuerpo). Lo cual constituye un grosero incumplimiento a las condiciones normativas de seguridad y prevención.
- Las seis puertas de entrada no tienen ni barrales antipánico, ni cierra puertas, ni huellas de haberlos tenido. Tienen en cambio todas ellas, pasadores, en su mayoría con signos de haber sido forzados (Pericia Arquitectónica, Legajo de Pericia, tercer cuerpo)
- El salón cuenta con SEIS (6) puertas de dos hojas cada una que en el plano se consignan como de 1,50 mt. de ancho cada una, lo que hace un total de 9,50 mt. Esta sumatoria se encuentra falsamente efectuada ya que la simple operación matemática de multiplicación demuestra que 6 x 1,5 mt = 9 mt., amplitud inferior a los 9,21 mt. requerido por la normativa vigente, aspecto que de por sí debería haber sido evaluado rechazando la habilitación (Pericia Arquitectónica, Legajo de Pericia, tercer cuerpo)
- Las referidas seis puertas poseen un ancho útil de 1,26 mt. cada una, lo que reduce los medios de salida alcanzando un total de 7,56 mt, ancho muy inferior al exigido (Aproximadamente un 30 % menor). Debe tenerse asimismo en cuenta que el Art. 4.7.6.1. del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires exige un ancho libre no menor a 1,50 mt. para cada puerta, por lo que las existentes corresponden a un 20 % menos del ancho (Pericia Arquitectónica, Legajo de Pericia, tercer cuerpo)
- El informe de Bomberos consigna asimismo que los medios de salida se ven incrementados por la presencia de una “Salida Alternativa para casos de Emergencia” constituida por un portón de doble hoja accionado por medios electromecánicos. Debe destacarse que dicho portón carece de medios electromecánicos de apertura, por lo que lo consignado en el informe de referencia es falso, ya que no hay signos de que esa activación existiera alguna vez. El portón en cuestión comunica el Salón de Baile Clase “C” con el ingreso de vehículos perteneciente al hotel por lo que no facilita el egreso del público a la vía pública (Pericia Arquitectónica, Legajo de Pericia, tercer cuerpo). En la disposición 6060/97 de carpeta 42.855/97 se admite una “salida alternativa y no de emergencia aprobada por la División Seguridad contra incendios y la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal”, que según dice, “activada electromecánicamente, permite la evacuación del público en caso de siniestro” por el pasillo de circulación vehicular del hotel (Legajo de Pericia Arquitectónica).
- Dicho portón no aparece individualizado como tal en el plano de habilitación (Pericia Arquitectónica, Legajo de Pericia, tercer cuerpo).
- La habilitación como local clase “C”, se otorgó como local independiente y no anexo al hotel lindero, pero en la realidad incumplía las exigencias normativas para un local de esas características, dadas las numerosas comunicaciones con el lindero (Pericia Arquitectónica, Legajo de Pericia, tercer cuerpo).
- El entresuelo del Local clase “C” tiene una superficie de piso de 409,09 m2 (excluidos muros y tabiques) y una superficie de 528,26 m2 total, por lo tanto debió haber cumplido con el Art. 4. 13.2 inciso 4) del Código de Edificación, que dice “Cada unidad de uso tendrá acceso directo a los medios generales exigidos de egreso” “Todo local que tenga una ocupación mayor que 200 personas, contará por lo menos con dos puertas, lo más alejadas posible una de otra; que conduzcan a una salida general exigida “. “La distancia máxima desde un punto dentro de un local a una puerta o abertura exigida sobre un vestíbulo o pasaje general o público, que conduzca a la vía pública a través de la línea natural de libre trayectoria; será cte 40 metros ‘, Por tanto el entresuelo del local de baile clase “C” no cumple con las normativas vigentes desde el momento de la habilitación, por tener dos escaleras que desembocan en el espacio de la actividad principal y no disponer de salida a un medio general exigido de egreso vinculado con la vía Pública (Legajo de Pericia Arquitectónica).
- El entresuelo referido supera los 40 metros desde el punto más alejado a las salidas existentes, violentando otra exigencia normativa vigente desde la habilitación. (Pericia Arquitectónica, Legajo de Pericia, tercer cuerpo).
- En los distintos sectores del Local clase “C” no se visualizaron placas de identificación de los matafuegos. La ubicación y cantidad de los mismos, difieren entre sí en los planos (Pericia Arquitectónica, Legajo de Pericia, tercer cuerpo).
- El local exhibe una enorme cantidad de cableados a la vista, muchos instalados en la época de la habilitación (Pericia Arquitectónica, Legajo de Pericia, tercer cuerpo), lo que constituye un incumplimiento suficiente para causar su clausura en caso de inspección.
- Las señales de salida carecían y carecen de flechas indicadoras de dirección (Pericia Arquitectónica, Legajo de Pericia, tercer cuerpo).
- El local no tiene el número de hidrantes exigido por la normativa (Pericia Arquitectónica, Legajo de Pericia, tercer cuerpo).
- En el sector Vip, uno de los hidrantes colocados sobre las columnas, interrumpe la evacuación, ya que al abrirse su puesta metálica, ella obstaculiza el paso entre columna-baranda. La medida real es entonces menor a la representada en el plano.
- El Local clase “C” tiene sólo tres entradas (Bartolomé Mitre 3060/66/72) y se menciona una cuarta 3070 en la disposición N° 06060 ILG.R.YC., de fecha 1/8/9 7 dictada en el Expte. 42.855/97, que ni siquiera existe en la plancheta de Catastro (Pericia Arquitectónica, Legajo de Pericia, tercer cuerpo).
- En el Expte. 42. 655/97 obra un Informe a fs. 33, 34 y37 que en su puntos menciona “De la inspección realizada y de la lectura...”. Dicho informe menciona para la salida alternativa un “portón doble fuego automático“, que figura en algunos planos de instalación contra incendio, descripción que no condice con la realidad por tratarse de un portón simple (Pericia Arquitectónica, Legajo de Pericia, tercer cuerpo).
- En el local se incumple la exigencia de no iluminar en los sectores de público con una intensidad menor a 10 luxes; también se incumple con la obligación de que, en los servicios sanitarios, cocinas pasillos, escaleras de acceso al local o sus niveles superiores e inferiores, la iluminación no sea menor de 20 luxes;
- No están marcados los pasillos y circulaciones de transito, ni los caminos de evacuación en caso de peligro, así como todas las salidas normales y de emergencia (arts. 79 y 80 del decreto reglamentario de la ley 19.587)
- La instalación eléctrica no está protegida contra incendio (art. 163 del decreto reglamentario de la ley 19.587).
- El trayecto a través de los medios de escape no se realiza por pasos comunes libres de obstrucciones y está entorpecido por lugares o construcciones de uso diferenciado (kiosco) (art. 172 del decreto reglamentario de la ley 19.587). En los planos no se representan las barras que existen en el local y que dificultan la evacuación (informe del Consultor Técnico, Ingeniero Ricardo Miguel Siciliano).
- El establecimiento no cuenta con sensores aptos para el tipo de volumen ubicación y destino comercial del local. Los cuarenta y cinco detectores son térmicos no direccionables. Los cinco detectores de humo no direccionables son del tipo iónico.
- Esos detectores inapropiados, además, están mal instalados, mal elegidos, algunos colocados para censar volúmenes mayores para los que fueron diseñados, interconectados con cables inadecuados.
- El local de cabina de sonido, que contiene equipos eléctricos y electrónicos, no cuenta con extintores de CO2 y/o polvo químico Triclase ABC, que son los apropiados para extinguir un incendio en esas instalaciones.
- El local de cabina de sonido, cuenta con dos detectores, uno de humo y el otro térmico. El de humo esta indebidamente colocado por arriba del ventilador de techo, por lo cual nunca podría operar. El térmico también está colocado por arriba del ventilador de techo, por lo cual no operaría en tiempo y forma dado que estaría ventilado, refrigerado por el ventilador y saturado de polvo.
- El establecimiento cuenta con una central marca Simplex, modelo 4004, fabricada en septiembre de 1996 que no es apta para la aplicación de detección y supervisión de incendio en local comercial, según informa su propio fabricante. En condiciones de alarma, la central no tiene capacidad para producir los hechos que se le requieren a una alarma profesional, que es la que debía estar instalada.
- La central está mal localizada, en un recinto inseguro, de alto nivel sonoro insuperable por carecer de avisador visual y sonoro.
- El zumbador de la central de alarmas, con membrana productora de sonido, está bloqueado. A ese fin tiene colocada una pasta color claro, que aparenta ser “chicle de mascar”. La citada pasta impide la vibración del zumbador y en consecuencia elimina la alarma sonora. Ella puede advertirse en la fotografía de la central agregada a la Pericia de Bomberos (folio 14 o fs. 74).
- No se censan los humos en los ductos de alimentación del aire acondicionado.
- Los detectores térmicos están mal ubicados para cumplir su función.
- Los avisadores de incendio están emplazados en forma no accesible.
- La ubicación de la Iluminación de Emergencia Autónoma están situadas mayoritariamente para garantizar la iluminación en las áreas de cobro (caja) de las barras y solo dos en sendas de circulación-escape. Algunos están contra paredes totalmente alejados de puertas o escaleras que en lugar de conducir a una salida o senda de escape, terminan en pared.
- Los carteles indicadores de salida, mayoritariamente no están completados con flechas indicadoras del sentido de escape.

3.2.6.

Utilización del local para un fin distinto del de la habilitación

El local donde funcionaba "República de Cromañón" estaba habilitado como local de baile clase "C", y por tanto, su funcionamiento estaba sometido a las normas que regían este tipo de locales. El hecho de que se le haya dado otro destino, sin cambiar los términos de la habilitación para adaptarlos a él, no implicaba la inexistencia de normas que regían la actividad que efectivamente se llevaba a cabo en el local, sino que implicaba, lisa y llanamente, la violación de ambos regímenes normativos: el que regulaba el funcionamiento de los locales se baile, y el aplicable a la realización de recitales, que contempla una serie de medidas de seguridad que no se le exigen a los locales de baile clase "C".
En efecto, para la realización de recitales en locales que no estaban expresamente destinados a tal fin, se debía obtener lo que se conoce como una “compatibilidad de uso y permiso especial previo”, que era otorgada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a partir de una solicitud que el interesado debía presentar con treinta días de anticipación a la realización del evento. En esa presentación, que tiene el carácter de declaración jurada, debía especificarse el tipo de evento, la fecha y el horario programado, un croquis de las instalaciones a habilitar, el detalle del operativo preventivo de seguridad y de asistencia médica, copia de la póliza de seguro contratada, una certificación firmada por el responsable de las instalaciones eléctricas, convenio celebrado entre el organizador del espectáculo y la Policía Federal Argentina por custodia adicional a efectos de garantizar la seguridad. Para conceder la autorización se debía iniciar un expediente destinado a verificar las condiciones del local, en particular, la ubicación del escenario, de las salidas, de las butacas si las hay, entre otros factores. El día del recital, inspectores del área Contralor de Espectáculos debían concurrir para hacer un nuevo control y permanecer allí durante el transcurso del evento. También debían concurrir al recital fiscales contravencionales.
Si un lugar que no estaba al momento del hecho habilitado específicamente para ello pretendiera llevar a cabo un recital como el que motivó el hecho que nos ocupa, debería obtener, en primer lugar, lo que se conoce como una “compatibilidad de uso y permiso especial previo” que era otorgado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a partir de una solicitud del interesado presentada con treinta días de anticipación a la realización del evento.
Para el otorgamiento de ese permiso, regulado por la Resolución N°996/94 de la Subsecretaría de Inspección General, de la entonces Dirección General de Habilitaciones y Permisos y luego por la Resolución 1010/GCABA/SSEGU/05 del 8 de noviembre de 2005 que lo repitió casi en la totalidad de sus términos, debían cumplirse ya desde el año 1994 exactamente los mismos requisitos establecidos a partir del mes de febrero de 2005 por el Decreto 2/GCABA/2005:

- Una solicitud detallando el tipo de evento, la fecha y el horario programado;
- Seguro de responsabilidad civil que cubra todos los riesgos por posibles siniestros;
- Copia del contrato realizado con la empresa de asistencia médica donde quede expresamente aclarado que el servicio será prestado en Grado 1;
- Copia del servicio de seguridad y vigilancia contratado de acuerdo con la ley 118;
- Informe firmado por profesional responsable matriculado mediante el cual se haga responsable de que la totalidad de las instalaciones eléctricas fijas y transitorias han sido realizadas en forma reglamentaria conforme lo establecido en el Código de la Edificación;
- Informe técnico profesional firmado por profesional idóneo y matriculado, donde se garantice que la totalidad de las estructuras realizadas en forma transitoria y las fijas presentan condiciones de seguridad para su uso;
- Copia certificada de la contratación realizada ante la División Reuniones Públicas de la Policía Federal Argentina u organismo con jurisdicción en el lugar donde se desarrollará el evento, en la modalidad de policía adicional;
- Copia de la contratación de un servicio de bomberos, entendiéndose por tal al prestado exclusivamente por la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina o bomberos voluntarios con asiento en el ejido de la Ciudad de Buenos Aires. El organismo encargado de brindar el servicio de bomberos deberá acompañar un informe donde se garantice que el servicio brindado cubre las condiciones de seguridad en caso de producirse un siniestro y que se ha verificado el correcto funcionamiento de las instalaciones de extinción con que cuenta el predio afectado al evento;
- Plan de simulacro y evacuación para casos de incendio, explosión o advertencia de explosión.
-
A los efectos de otorgar la autorización, se inicia un expediente en el cual se piden informes del lugar, se verifican extremos tales como la ubicación del escenario, de las salidas, de las butacas si las hay, etc., se determina la cantidad de personas que pueden ingresar, la disposición de los medios de salida y de los pasillos que deben quedar libres para una rápida evacuación.
El día del espectáculo, para el control durante su funcionamiento, deben concurrir agentes del organismo de control competente, más allá de las instrucciones que a las áreas intervinientes pudiera dar la Secretaría de Seguridad a fin de llevar a cabo los distintos operativos dentro y fuera del predio.
En los hechos, al menos desde el mes de abril de 2004, fecha en que Chabán comenzó a hacerse cargo de la explotación, nunca fue utilizado para el fin que constituía el objeto de la habilitación, sino que fue empleado como lo que se conoce como “microestadio”, en el que se realizaban recitales musicales, especialmente de rock.
Esta distorsión entre la habilitación y el uso concreto que se daba al local, implica una gravísima irregularidad, ya que existen grandes diferencias entre las normas que regulan uno y otro tipo de actividad comercial.
De tal suerte que, en el caso de “República de Cromañón” se violaban tanto las normas que rigen el funcionamiento de los locales de baile clase C, como las relativas a los controles especiales para los recitales en vivo, que tienen por fin evitar riesgos para la vida e integridad física de los concurrentes.
La desnaturalización del objeto de la habilitación fue llevada a cabo principalmente por Omar Emir Chabán, con la colaboración y el aporte de todas las demás personas que se encuentra imputadas en esta causa.
En definitiva, “República de Cromañón” funcionaba sin sujetarse a ninguno de los dos regímenes normativos, ya que además de no requerirse el permiso especial exigido por la normativa respectiva, se vendía alcohol, y además se permitía el ingreso de menores. Es decir que se tomó lo más conveniente de cada rubro para poder funcionar tal como lo hacía, pero sin respetar paralelamente aquellos deberes emergentes de las diversas actividades. Por otra parte, en la práctica era un anexo de un hotel (con lo cual se exceptuaba de tener una salida directa hacia el exterior) pero se le había otorgado una habilitación como local de baile independiente y funcionaba como un lugar destinado a recitales pero sin cumplir con todos los requisitos que se deben cumplir en la materia, valiéndose para ello de una habilitación que en modo alguno respondía a las características del local y a la utilización que se hacía de él.
Como conclusión puede afirmarse que el día del incendio “República de Cromañón” funcionaba como un microestadio, realizando recitales sin estar habilitado para ello, sin autorización previa, sin controles y permitiendo el ingreso de menores y la venta de alcohol. Ello se hacía superando su capacidad en más de 300% y sin mencionar el uso de pirotecnia en su interior.
Los requisitos para cada tipo de actividad comercial tienen relación directa con las medidas de seguridad necesarias para minimizar los riesgos específicos de la actividad. Eso obviamente ocurre en el caso de los locales de baile clase C, los que están regidos por normas de seguridad pensadas para minimizar los riesgos inherentes a la actividad de baile, y no otros mayores o distintos de éstos.
Así, la desnaturalización del objeto de la habilitación, implicó una considerable elevación de los riesgos existentes para los concurrentes al evento.

3.3.

La organización de los recitales de diciembre de 2004

Este aspecto de relevancia para la determinación de la responsabilidad penal, también fue considerado en la sentencia del Tribunal Oral 24, con una fundamentación que esta acusación no comparte y que ha sometido a revisión de la Cámara Nacional de Casación Penal. Sin embargo, dado que el cuestionamiento no atañe a quienes efectivamente considera organizadores, sino a que además deben juzgarse tales a los restantes integrantes del grupo de música, trascribiremos la parte pertinente del fallo ya que resulta atinente a esta acusación.
Dice el pronunciamiento: “En este sentido, el Tribunal tiene por probado que los organizadores del evento fueron, concretamente, Omar Emir Chabán y Diego Marcelo Argañaraz. El primero, en razón de su condición de explotador del local donde se efectuó el recital; mientras que el segundo, a la luz de sus tareas realizadas como manager del conjunto “Callejeros”.
En lo inherente a Omar Chabán como explotador comercial del predio denominado “República Cromañón”, existe un número considerable de testimonios que lo ubican en esa posición.
Julio César Garola, Flavio Jesús Heredia, Maximiliano Ramón Chaparro, Mariano Bouhier y Gregorio Panuzca Sotomayor, todos ellos empleados del hotel “Central Park”, reconocieron la figura de Omar Emir Chabán a cargo del salón bailable.
Incluso el primero de los nombrados declaró que las tratativas para ingresar al lugar las comenzó con él, y luego lo contactó con Rafael Levy –a quien identificó como socio de la firma “Neuva Zarelux S.A.”-, titular del complejo del que formaba parte el salón bailable-. Añadió que Levy le alquiló en el mes de febrero de 2004.
Comulgan con los extremos aludidos por Garola, las constancias descriptas en el índice de prueba con el número 97.1.
Una de ellas reza “inventario Maxi Disco” y describe, en dos fojas –ambas suscriptas por el acusado-, los objetos que se encontraban en el interior del local al momento de tomar posesión Omar Chabán.
Resulta oportuno mencionar que Julio Garola, al prestar declaración, recordó que cuando Rafael Levy le dijo que el local había sido alquilado a Omar Chabán, le ordenó realizar un inventario. El citado documento es la concreción de ese pedido.
Por otra parte, el mismo punto de prueba alude a un manuscrito que reza “República Cromañón”, del cual surge que la inauguración sería el 31 de marzo –como efectivamente ocurrió-, y que el vínculo se extendería mientras se sucedan los pagos “(contrato indefinido mientras se pague)”.
Aquí corresponde detenernos para efectuar una aclaración. Si bien el testigo Julio Garola hizo hincapié en que Rafael Levy le alquiló el local a Chabán, lo cierto es que el tribunal no habrá de expedirse acerca de sí, efectivamente, era esa realmente la relación jurídica que unía a los nombrados.
Ello así, porque sabemos que actualmente existe una investigación en trámite por ante la etapa instructoria, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal dejó sin efecto el sobreseimiento de Rafael Levy, argumentado que la prueba allí valorada permitía sostener una relación societaria entre el nombrado y Omar Chabán, siempre con el grado de provisoriedad que caracteriza a esa instancia. (Conf. Causa 9912 “Levy Rafael s/recurso de casación”, de fecha 1/7/09).
Lo que debe quedar en claro es, que más allá del tipo de vínculo formal que unía a Levy y a Chabán, es decir, una sociedad o un contrato de locación, la prueba producida en el juicio resultó inequívoca en cuanto a que Omar Chabán explotaba el predio al momento de los hechos.”
Esta acusación atribuye al imputado el rol de coorganizador de los citados recitales, en base a los elementos facticos que se analizan en los apartados siguientes.

3.3.1.

De modo previo a examinar el rol del acusado con relación a los recitales, es necesario abordar su vínculo con el local y las diversas explotaciones.

3.3.1.1.

El real titular de la propiedad y de las explotaciones

Anticipamos en el titulo la búsqueda del propietario del inmueble donde funciono el local República de Cromañón, no porque esa condición atribuya de por si responsabilidad penal, sino porque ella es previa para entender otras posiciones que también asumió el imputado y que si son fuente de responsabilización.
Rafael Levy no aparece en los títulos de propiedad del inmueble como el titular de dominio. Tampoco aparece en los papeles como el empresario a cargo de la explotación de los distintos negocios que se desarrollaban en ese ámbito.
Sin embargo, diversos testimonios presentan a Rafael Levy como el propietario de todo el complejo, incluyendo el local donde funcionaba República de Cromañón.
En fs. 40 de esta causa, declaró Juan Carlos Olmos, empleado de ventas del Central Park Hotel, quien dijo que Rafael Levy es el dueño del hotel y que también es el propietario legal del local donde funcionó República de Cromañón. En igual sentido se expresó Mariano Ezequiel Bouhmer, que declaró en fs. 42 vta., atribuyéndole a Rafael Levy la propiedad de República de Cromañón. Rafael Alcides Villareal, declarante en fs. 191, dijo que el propietario del local República de Cromañón por comentarios seria el dueño del hotel Central Park. En fs. 382, Gerardo Costabelo dijo que Rafael Levy es el propietario del lugar, de la propiedad donde funciona el boliche, como así también del hotel contiguo y cree de dos canchas de fútbol que se ubican en el mismo predio.
Por su parte, la Inspección General de Justicia instruyó un expediente administrativo, con relación a las sociedades comerciales que aparecen en torno del local República de Cromañón, cuya copia obra en esta causa. Se trata del expediente en el que finalmente se dictó la Resolución I.G.J. Nº: 431/05, que también obra incorporada en la causa. En dicha resolución se relacionaron varios testimonios adquiridos por la Inspección (que tiene facultades legales para producirlos, siendo tales declaraciones plenamente validas legalmente). En lo particular, la resolución refiere el testimonio de Gabriel Amador García Aidenbaum, persona contratada por Chabán para publicitar el recital de Callejeros. Entre otras cosas, el testigo dijo que “También conoció al dueño de todo el complejo, de apellido LEVY, quien, en consecuencia, era el propietario de las canchas de fútbol, del estacionamiento, del hotel y por supuesto, del salón en cuestión”. Expresó además que todo lo relacionado a la organización de “REPÚBLICA CROMAÑÓN” siempre estuvo a cargo de CHABÁN, “pero para cualquier cambio, se necesitaba autorización de Levy”.
También en dicha resolución se destaca “que ha sido siempre el Sr. Rafael Levy a quien innumerable cantidad de testigos identificaron como el verdadero “dueño” del inmueble. En tal sentido, el abogado Carlos Darío Litvin declaró que fue el Sr. Rafael Levy quien le encargó hacer el trámite de inscripción de aquella sociedad extranjera en el Registro Público de Comercio a cargo de esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, debiendo recordarse que el citado Levy no aparece mencionado en el trámite de inscripción de la misma, ni como socio, director, representante en la República Argentina ni autorizado para concluir ningún trámite (fs. 104/105). En el mismo sentido, sostuvo el Sr. Gerardo Ariel Costabello, quien fue socio fundador de “Lagarto Sociedad Anónima”, que si bien dicha sociedad trataba con la Dra. Ana Rothfeld en lo que se refería a las relaciones con el locador del inmueble, “se sabía que el dueño del local era Rafael Levy…” (fs. 115/117). Por su parte, el testigo Rafael Oscar Lorenzo (fs. 132/134), quien fue integrante de la sociedad “Lagarto Sociedad Anónima” en la última época, declaró conocer también a Rafael Levy, porque era la persona que hablaba por Nueva Zarelux Sociedad Anónima los temas relativos al alquiler del inmueble, y exactamente lo mismo declararon los testigos Daniel Marcelo Ripa y Eduardo Enrique Ripa (fs. 140/144). El testigo Alejandro César Trías, quien al igual de los dos anteriores, integraron la sociedad “Lagarto Sociedad Anónima”, declaró a fs. 149/51 que conocía al Sr. Rafael Levy por ser el dueño de la propiedad, y porque cada vez que debían hacer algo relacionado con la propiedad, le decían que debía hablar con “Lito”, apodo que hacía referencia al referido Levy.”
Como decíamos, esta realidad aparecía encubierta tras una red de sociedades comerciales. Sin embargo, la Inspección General de Justicia desentrañó esas apariencias, con destacable eficacia, en las actuaciones y resolución mencionadas.
En dichas actuaciones administrativas, la Inspección examinó la abundante prueba allí adquirida y anticipó una conclusión, luego concretada en la parte resolutiva. Dijo la IGJ con toda claridad: “Analizadas las pruebas documentales, testimoniales y oculares reunidas en este expediente administrativo, se llega a la conclusión que todas las personas jurídicas que se encuentran relacionadas, de una manera u otra, con el establecimiento denominado “República de Cromañón” (“Nacional Uranums Corporation”, “Nueva Zarelux Sociedad Anónima” “ Compañía Argentina de Emprendimientos Comerciales” ( CAECSA ), “Financiera Rucas Sociedad Anónima” y “Eficrown Sociedad Anónima”, constituyen sociedades ficticias y simuladas, constituidas a los fines de encubrir fines extrasocietarios, violar la ley y frustrar los derechos de terceros, intentándose, a través de la tan conocida maniobra del “enmascaramiento”, impedir el efectivo conocimiento de las personas físicas que se encuentran detrás de esas compañías, constituidas la mayor parte de ellas en paraísos fiscales, con las conocidas “ventajas” que ellas ofrecen”.
De modo concluyente, la Inspección afirmó: “En definitiva y como conclusión de la lectura de todo cuanto se ha expuesto hasta el presente, pocas dudas pueden caber en cuanto a que la titularidad real del inmueble de la calle Bartolomé Mitre 3038/78, más allá de los asientos registrales correspondientes, pertenece a los Sres. Rafael Levy y Rafael Vengrover, siendo también conclusión obligada que las sociedades “Nueva Zarelux Sociedad Anónima”, “National Uranums Corporation”, “Central Park Sociedad de Responsabilidad Limitada”, “Compañía Argentina de Emprendimientos Comerciales Sociedad Anónima” ( C.A.E.C.S.A.) y “Financiera Rucas Sociedad Anónima” y no constituyen otra cosa más que meras pantallas detrás de las cuales se esconden Rafael Vengrover y Rafael Levy , conclusión que se robustece ni bien se advierta que las dos últimas sociedades no han presentado ninguna documentación en el Registro Público de Comercio desde el año 1990, omisión que es particularmente grave en el caso de la sociedad “Compañía Argentina de Emprendimientos Comerciales Sociedad Anónima” ( C.A.E.C.S.A.), en tanto ella ha incumplido su obligación de presentar sus estados contables desde su misma constitución, lo cual configura una presunción en contra en torno a su normal funcionamiento. …Ha quedado sobradamente demostrado que las sociedades extranjeras “Nacional Uranums Corporation”, “Nueva Zarelux Sociedad Anónima”, “Central Park Sociedad de Responsabilidad Limitada”, “ Compañía Argentina de Emprendimientos Comerciales” y “Financiera Rucas Sociedad Anónima” han sido meras estructuras, vacías de todo contenido empresario, a los fines de esconder la verdadera titularidad de valiosos inmuebles sitos en la ciudad de Buenos Aires, entre ellos el ubicado en la calle Bartolomé Mitre 3038/78, evitando con ello que los riesgos propios de la actividad desarrollada por dichas compañías recaigan sobre sus verdaderos propietarios, que no son otros, como hemos visto, que los Sres. Rafael Vengrover y Rafael Levy. Tal manera de actuar supone un claro ejemplo de simulación absoluta: la creación de entes ficticios para fines fraudulentos, que en el caso se concreta mediante el ocultamiento de la responsabilidad patrimonial de los verdaderos dueños de los referidos entes societarios, siendo procedente la acción de nulidad contra ellos por defecto de los elementos esenciales para su existencia ( Halperin Isaac, “Curso de Derecho Comercial”, Ed. Depalma, 1982, Sexta reimpresión, página 338; ídem CNCom, Sala C, Mayo 21 de 1979, “Macoa Sociedad Anónima y otras” ). Es de toda evidencia concluir que frente a una actuación que con presunción o apariencia de legítima, causa a terceros un perjuicio injustificado, no se puede más que reaccionar para impedirla o ponerle fin, porque el Derecho no tolera que alguien afecte los derechos de otros sin justificación suficiente y aquellos a los que se confiere potestad para aplicar las normas y valorar lo que se ajusta a derecho en los casos de su competencia, deben ponerlo de resalto de inmediato, impidiendo lo irrazonable o inequitativo”.

3.3.2.

La estructura simulada y los negocios reales

Como resulta de las varias veces citada resolución de la Inspección General de Justicia, Levy y Vengrover montaron una estructura de sociedades ficticias compuestas por:

- Central Park Hotel S.R.L.
- Abax travel S.R.L.
- Lagarto S.A.
- Nueva Zarelux S.A.
- Natural Uranums Corporation
- Compañía Argentina de Emprendimientos Comerciales S.A.
- Financiera Rucas S.A.

3.3.2.1.

Los roles aparentes de las sociedades y los personajes reales

Central Park Hotel S.R.L. era la explotadora del hotel lindante a República de Cromañón. Sobre ella, la Inspección fue concluyente:

“el carácter simulado de su composición societaria es conclusión insoslayable, no solo por las declaraciones testimoniales mediante las cuales fue unánime la consideración del Sr. Rafael Levy como el “dueño” del hotel, sino por la circunstancia de que sus únicos socios, los Sres. Juan Chabelsky y Juana Volcovich son los suegros de Rafael Levy y personas de avanzada edad, que contaban, a la fecha de constitución de dicha sociedad, el día 3 de Junio de 1998, la edad de 73 y 71 años respectivamente, habiendo incluso consignado, al momento de formar la sociedad, que revestían la condición de jubilado y ama de casa respectivamente. Si a ello se le suma que la Sra. Juana Volcovich, al declarar en la causa el día 3 de Febrero de 2005 (fs. 97/98), reconoció que si bien ella era socia de “Central Park Sociedad de Responsabilidad Limitada”, estaba totalmente desvinculada del funcionamiento y dirección del negocio, y que su marido, Juan Chabelsky, muy afectado en su salud, declaró en el escrito presentado a fs. 426, que al constituir dicha sociedad, carecía de experiencia en el rubro hotelero, debiendo recurrir a los servicios de su yerno para el asesoramiento comercial y demás temas de organización, todo ello conduce a la evidente conclusión que se trata de meros testaferros a los cuales apeló el Sr. Rafael Levy para llevar a cabo ese emprendimiento, recurriendo una vez más a su clandestina manera de actuar, escondiendo se actividad comercial detrás de la fachada de sociedades, a los únicos efectos de eludir cualquier responsabilidad por los riesgos de tales actividades.”