Otra vez tenemos que ocuparnos del tema. Es un tópico en el que solo abundan las palabras, las declamaciones y están ausentes los hechos. La preocupación y el alerta no es por los contenidos de la educación que se les imparte a miles de niños y jóvenes, sino por algo previo y más elemental: su integridad .
El tema es de enorme importancia, ya que a las escuelas asisten 702.821 alumnos (368.232, a las de gestión estatal; 335589, a las de gestión privada), según datos del relevamiento anual del año 2006 efectuado por el Ministerio de Educación de la Ciudad y obrante en la página web de la ciudad (http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/dirinv/publica_estadistica/unidades_educativas_matrcula.pdf). Las cifras seguramente se incrementaron en el 2008.

En la lista de las declamaciones pueden computarse:
- ley 1706, de Escuelas seguras, promulgada el 23 de junio de 2005 , destinada a dotar a los establecimientos educativos de estrategias de prevención de accidentes, atención de emergencias, mejoramiento de infraestructura, de equipamiento y la adopción de sistemas de protección y seguridad escolar en todas sus facetas. Para ello las autoridades comunales de educación debían modernizar los edificios escolares, en infraestructura, instalaciones y equipamiento, en pos de alcanzar estándares actualizados en materia de seguridad.

- Ley 2189, de Escuelas Seguras de Gestión Privada, promulgada el 16 de enero de 2007 . La ley tiene por objeto la implementación de los lineamientos generales de seguridad, destinados a promover en los institutos educativos estrategias de prevención de accidentes, atención de emergencias, mejoramiento y actualización de infraestructura y de equipamiento y la adopción de sistemas de protección y seguridad escolar en todas sus facetas. A ese fin, también se dispone la adecuación de los edificios escolares, ya sea en infraestructura, equipamiento o instalaciones, a los estándares actualizados en materia de seguridad que establezca la autoridad de aplicación.

Sobre la situacion en materia de seguridad en las escuelas de gestión estatal, nada se sabe. Solo que el punto de partida es cero: nada hay hecho . Baste a ese fin recordar el lapidario informe de la Auditoria de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado el 27 de febrero de este año, que examinaba la situación de la seguridad en las escuelas en el período 2005. Ya hemos volcado las conclusiones de ese informe, que examinaba el tema en un período de la gestión de Aníbal Ibarra, y que contradecía con tremendas evidencias la profusión de carteles de obra con las que el destituido pretendía engañar a la población en el marco de su juicio político ( ver: http://www.quenoserepita.com.ar/el_estado_de_las_escuelas_0).

Y nada se sabe, pues el tema no fue incluido en el plan de labor de la Auditoria del Gobierno de la Ciudad. La omisión es grave porque, además, las escuelas de gestión estatal están exentas del control de la Agencia de Control Comunal, como si lo están la totalidad de los establecimientos de la ciudad que se dedican a actividades de otro tipo. Esto quiere decir que la idoneidad de las instalaciones, su eficacia para prevenir accidentes, situaciones de emergencia, incendios, etc., es controlada y verificada por la propia autoridad que es responsable de cumplir las normas. En definitiva, el control no existe o, en todo caso y como siempre, queda librado a la inquietud de los padres que llevan a sus hijos a la escuela o a la iniciativa responsable de algún docente . Pero ni padres ni docentes tienen preparación en higiene y seguridad como para advertir donde hay riesgos, salvo en lo grosero (que no necesariamente es lo más riesgoso).
Tampoco se sabe cual es la situación en las escuelas de gestión privada, pues a pesar de la existencia altisonante de la citada ley 2189, ésta no está reglamentada. Situación que ha sido la excusa suficiente como para que la auditoria de la Ciudad no controlase: así surge del sorprendente informe correspondiente al Proyecto 2.07.11 (http://www.agcba.gov.ar/docs/Info-I%20F%20DGEGP%202.07.11%20Ap.%209-4-08.pdf).

La preocupación se subraya si reparamos en que el 19 de diciembre de 2007, se promulgó la ley 2565 que declaraba la emergencia de la infraestructura de los establecimientos educativos de gestión estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2008, con el objeto de garantizar la seguridad y el desarrollo normal de las actividades de los alumnos, personal docente y auxiliar de los establecimientos escolares en todas sus modalidades y niveles. Esa norma, al menos, reconocía un estado de situación grave en orden a la seguridad .
Sin embargo, luego de ella, y de 438 licitaciones convocadas para reparar parcial o integralmente otros tantos establecimientos (en definitiva, casi el 40 % de las escuelas en situación de emergencia), la seguridad en las escuelas continua siendo una declamación.

Y esta afirmación la hacemos sobre los números oficiales, brindados por la propia administración en su página. Números cuya confiabilidad es dudosa. La Defensoria del Pueblo de la Ciudad dijo respecto de ellos “la información que hasta el momento ha venido brindando el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre el Plan de Infraestructura Escolar y el estado de avance de las obras difiere e, incluso, resulta muchas veces contradictoria. Esta situación genera confusión acerca del grado real de avance de los trabajos y limita las posibilidades de monitorear los procedimientos por parte de los organismos de control del Estado y la ciudadanía” (Resolución 1861/08, publicada en la página del organismo: http://www.defensoria.org.ar/institucional/resoluciones/r1861-08.doc).
Esos números oficiales también revelan que solo en 71 establecimientos han concluido las obras. En el resto el peligro sigue. En el resto, la integridad de los alumnos esta aún librada a la mano de Dios. Integridad que debe cuidarse, tanto dentro como fuera de la escuela El pasado 30 de mayo un niño de tres años falleció al ser embestido por un camión, en las proximidades de una escuela. Paradójicamente su madre era una de las personas que recolectaba firmas reclamando un semáforo. (http://www.lanacion.com.ar/informaciongeneral/nota.asp?nota_id=1016967&origen=cd_google). Inútilmente. Como inútilmente los reclamó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, cuando a través de las Resoluciones 903/05 y 2148/05, solicitó la colocación de 166 semáforos en las proximidades de establecimientos educativos.
En definitiva, los chicos y los jóvenes siguen en riesgo. Las alertas se suceden. De nada sirven los antecedentes curriculares de un ministro (Filmus también exhibía notables meritos académicos…), si las exigencias más elementales de la “ciudad educativa” quedan libradas a su suerte…
Se puso en conocimiento.
Y tan grave como ello, sin control ya que (salvo la Defensoria del Pueblo), los organismos de control han declinado fiscalizar y, en consecuencia, cuidar la integridad de los alumnos .
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/establecimientos/index.php?idgestion=10&idoferta=&idsala=0&idjornada=0&idmodalidad=0&idtitulo=0&idbarrio=&idcgpc=&distrito=&texto=&Buscar2=Buscar&redir=1&menu_id=10194