La historia que contaremos permite evocar una genial y vieja película de Fernando Birri, “Los inundados” , donde uno de los personajes reivindicaba con fuerza su condición: somos inundados, señor.

El 29 de abril de 2003 el desborde del Rio Salado, terminó con un tercio de la ciudad de Santa Fe bajo agua, 25 muertos, más de 150 mil afectados y daños por más de 300 millones de dólares. Tras el desastre 500 personas estaban “desencontradas”.

Como dice la sentencia del Juez Patrizzi, dictada el 21 de abril de 2006, La creciente del río salado se debió fundamentalmente a las intensas precipitaciones que hubo entre los días 23 al 29 de abril, en la Provincia de Santa Fe, en la cuenca inferior del Río Salado que aumentaron considerablemente su caudal. La crecida del Río Salado superó ampliamente en caudal y velocidad de crecimiento las máximas históricas conocidas: por la ruta provincial 70 pasaron en 1973 y 1998 un caudal pico de 2600 m3/s y en abril de 2003 pasaron 4000 m3/s. El jueves 24, el río Salado transportaba en Esperanza 750 m3/s, y las lluvias de los días 23 a 29 de abril hicieron que creciera hasta 4000 m3/s el martes 29 de abril" (fs. 1 de Aspectos más relevantes de lo actuado como Director Provincial de Obras Hidráulicas - Crecida del Río Salado en Santa Fe en abril de 2003).
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En su fría descripción técnica, la citada sentencia también dice que “la inundación de la ciudad de Santa Fe que en líneas generales puede resumirse del siguiente modo: el día 27 de abril los niveles del río Salado superaron la cota mínima de la defensa, por la brecha existente entre el extremo norte del tramo II y las instalaciones del Hipódromo, en forma de manto a partir de la calle Gorostiaga; el 28 de abril ya el ingreso de las aguas por calle Gorostiaga resulta más importante. El agua ocupa terrenos aledaños al Hipódromo, encauzándose aguas abajo por la traza de la Avda. Circunvalación Oeste. En horas de la tarde se inicia un proceso de erosión sobre el extremo norte del terraplén de defensa (tramo II), con el consecuente incremento del ancho de ingreso del flujo a la ciudad. Se ocupan sectores aledaños a la autopista y la Avda. Perón; el día 29 de abril se produce un progresivo avance de las aguas hacia la zona sur de la ciudad con un importante nivel de anegamiento en el frente norte de la autopista Santa Fe - Rosario e ingreso de excedentes desde el norte hacia el sur en la intersección de la Avda. Pte. Perón y calle Iturraspe; al mediodía las aguas avanzan ocupando parte del Bo. Villa del Parque, llegando el agua pasadas las 14,00 hs. al Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia". Al promediar la tarde el agua había alcanzado sectores de los barrios Chalet y Centenario; el día 30 de abril en la madrugada, los niveles de agua en la zona de calle Mendoza y en sectores del radio céntrico, se encontraban por encima de los 2,50 mts.; en la mañana hay importantes anegamientos en la zona del Bo. Centenario, encontrándose cortada la Avda. Circunvalación en varios puntos. Se efectúan cortes en la Avda. Mar Argentino y en el tramo I del Terraplén de defensa Oeste (Irigoyen); hay anegamientos en la zona céntrica de la ciudad; el jueves 1º de mayo se continúa con las tareas de apertura de las defensas de la ciudad. Los cortes de los terraplenes sobre Avda. Mar Argentino, a la altura de Puerto Piojo, y el terraplén Irigoyen, generaron una condición de escurrimiento desde el casco urbano hacia el río, permitiendo que gradualmente descendieran los niveles en el interior del recinto conformado por los terraplenes de defensa (Perica de Bacchiega, Bertoni y Maza págs. 17/19 del resumen ejecutivo)”.

Además del agua, ¿hay algún responsable?

“El Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda se ha propuesto como objetivo replantear la planificación general de los estudios y de las obras a ejecutar, para definir, en una visión más amplia, el conjunto de las prioridades existentes en función de las necesidades, de los recursos disponibles y de su programación en el tiempo” , decía el Informe a la Asamblea Legislativa de Santa Fe, en la inauguración del 119º período de sesiones ordinarias el primero de mayo de 2001.

El gobernador era Carlos Reutemann y en el subtítulo dedicado a “obras hidráulicas” se destacaba que “la definición del proyecto ejecutivo para resolver, en forma definitiva, el abastecimiento de agua potable en 151 localidades del oeste provincial a través de la alternativa que resulte de un análisis comparativo técnico, económico y ambiental”.

También se anunciaba “la continuación del programa de saneamiento y de defensas hídricas para resolver los inconvenientes que afectan las áreas productivas y urbanas de la provincia. En esa línea se inscribe la reglamentación de la ley 11.730, de regulación de uso del suelo en áreas inundables”.

En el apartado dedicado a la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas Servicio Provincial de Agua Rural se afirmaba que “un aspecto fundamental para el desempeño de este organismo son las condiciones imperantes que afectan no solo al territorio provincial sino también al país. La gran variabilidad en la distribución -en cantidad y tiempo- de las precipitaciones ha provocado situaciones extremas -inundaciones y sequías- en numerosas regiones del ámbito provincial, en ciertos casos en forma simultánea, que obliga a actuar en una permanente situación de emergencia hídrica”.

Tal situación, seguía el informe presentado por el gobernador a la Asamblea Legislativa, “provoca un continuo ajuste de las medidas destinadas al manejo y control de excedentes y déficit hídrico, de allí que para lograr una mayor efectividad de las diferentes líneas de acción se trabajó y se trabajará” en distintos puntos que entonces fueron descriptos.

Entre otros: “Se activaron las tareas a través de los Comités de Cuencas interjurisdiccionales y con las provincias vecinas, como ejemplo de ello se puede citar: Comité Interjurisdiccional del río Pasaje-Juramento-Salado: el tema básico representa la compleja distribución de caudales para cada provincia y con usos múltiples. Se logró un significativo avance sobre el estudio de pérdidas de caudales, con la participación de la Universidad Nacional de Córdoba”.

Tres años después el Salado se llevó cada una de estas palabras al fondo de la ciudad inundada.

No se supo dónde fue a parar aquel “significativo avance sobre el estudio de pérdida de caudales” que se hizo con los investigadores de la universidad cordobesa.

Tampoco se encontró el relevamiento de los trabajos que supuestamente se hicieron en la zona oeste de la provincia, territorio atravesado por las aguas del Salado.

En diciembre de 2002, el gobierno de Reutemann redobló la apuesta informativa sobre las obras realizadas desde 1999 y presentó un balance de gestión.

Dentro del segmento dedicado a las “obras hidráulicas” lo único que se destaca en relación a lo citado en el informe de 2001 con respecto a las inundaciones en lugares cercanos a la ciudad capital es el “refuerzo de defensas en las localidades de Saladero Cabal, Helvecia, San José del Rincón y La Guardia Centro” y la “canalización y obras de artes en Cuenca del Arroyo de las Conchas”. Entre las obras ejecutadas se señalaba la “reconstrucción Puente Colgante y obras complementarias”.

En el capítulo dedicado a Medio Ambiente se lee que se trabajó “en el diseño de una política de planificación ambiental, entendida como punto de partida en el camino hacia el desarrollo sustentable y como un proceso participativo e integrador que opera sobre lo económico, lo social y lo ambiental”.

Ni una sola línea vinculada a las inundaciones. Aunque hay un párrafo que sobresale por su desparpajo: “Hemos realizado numerosos ensayos en nuestro laboratorio, tendientes al control ambiental de calidad de suelo, agua, efluentes industriales y control de la contaminación de cursos superficiales y profundos de agua. También brindamos asesoramiento y efectuamos tareas para terceros como un servicio sin cargo para la comunidad, alcanzando a hospitales, escuelas, municipios y comunas y distintas dependencias oficiales”.

Si los laboratorios estudiaban la calidad del agua alguien debió darse cuenta del caudal de los ríos que recorren la geografía provincial.

Si alguien asesoró durante tres años a las distintas instituciones mencionadas es porque se tenía un permanente relevamiento informativo sobre lo que ocurría con y en los recursos y accidentes naturales de la provincia.

Pero además de las conjeturas hubo advertencias ciertas. La sentencia citada trascribe las constancias de un expediente: “Desde el último trimestre de 2002 se produjeron lluvias en la provincia de Santa Fe, superiores a las medias históricas, y que requirieron atención de emergencia por la afectación económica y social que generaron. La situación comenzó a agravarse en el mes de abril cuando las intensas precipitaciones no solo anegaron campos en la parte norte de la Provincia, particularmente el arco ribereño de la cuenca del Río Salado y los afluentes a ésta, llegando a inundar zonas urbanas, aislando comunidades al hacerse intransitables los caminos, cortarse rutas primarias y secundarias, dañarse puentes y desbordarse los cauces" ; en el Expte 653/03 "Ministerio Público Fiscal s/ Eleva actuaciones preliminares en Emergencia Hídrica" (Río Salado)" del Juzgado Federal Nº: 1 Santa Fe - Secretaría Penal).

Y el riesgo no era inadvertido. Singularmente en un video del 26 de abril de 2003 (tres días antes de la catástrofe) Reutemann dice que se iban a producir 'miles de evacuados' en los barrios del oeste de la ciudad de Santa Fe. De igual modo, el entonces intendente Álvarez en la emisora LT10 formulo declaraciones (en el amanecer del 29 de abril de 2003) que nadie desmintió. Álvarez pidió a la gente se quedara en su casa (por que los barrios del suroeste no se iban a inundar) y nadie lo desmintió. Y eso fue refrendado a las 6 de la tarde por el mismo Reutemann cuando lanzó un comunicado del gobierno de la provincia, que la gente se tenía que quedar en su domicilio. El primer muerto se produjo a las 16.30. Y a partir de las 20.30, los muertos se sumaron en los barrios Centenario, Chalet y San Lorenzo que recibieron el golpe más fuerte de la inundación.

Una cuestión de metros

Pero además del displicente desprecio por los ciudadanos, otro factor fue terminante.

Como destacaba esa sentencia: el principal factor de riesgo lo configuró la falta de terminación de la obra de defensa de la Circunvalación Oeste la que fuera cumplimentada hasta el denominado Tramo II, quedando por realizar el Tramo III. El tramo II finalizaba la obra de defensa abruptamente en calle Gorostiaga, con un muro de empalme para cierre provisorio que debía "cerrarse en caso de crecidas extraordinarias y con interrupción de tránsito".

Esta brecha, dejada hasta la conclusión de la Avda. Circunvalación, ofrecía la posibilidad de entrada de agua ante una crecida del río Salado y originó que en Octubre de 1999 la Secretaría de Asuntos Hídricos de la Municipalidad elaborara un anteproyecto Hidráulico de Defensa del sector Oeste de la ciudad, que se denominó "Cierre Oeste”. Este proyecto fue superado por el proyecto de la "Obra III - Circunvalación oeste", que fuera incluida en el Plan de Infraestructura del Gobierno del Presidente De La Rúa, en el anexo II del decreto nacional 1299/2000, dentro de la Red de Acceso a la Ciudad de Santa Fe, suscribiéndose el convenio 1274 (2/02/2001), obra que finalmente quedó a cargo de Dirección Nacional de Vialidad. El Ing. Jonás, que estuviera como inspector de obra en el proyecto del tramo II, en fecha 06/09/96 mediante nota 190 dirigida al Director Provincial de Vialidad, Claudio Tibaldo, solicitaba incluir dentro de las obras que se estaban realizando en el sector oeste una serie de obras, entre las que estaba, la de: "Concluir la obra de defensa contra inundaciones del sector Oeste. Esta obra resulta de vital importancia para toda la ciudad. Es el único sector por el cual podría ingresar el agua proveniente de una crecida de mediana recurrencia. Si no se procede a la ejecución de dicho cierre, la obra que se está ejecutando podría verse seriamente comprometida. No sólo la obra, sino la ciudad toda. El tramo en cuestión es el que se desarrolla desde calle Gorostiaga, discurre por detrás del Golf y culmina en inmediaciones de la calle Estado de Israel" (La catástrofe en Santa Fe. Informe inundaciones 2003, presentado por el diputado Marcucci, reservado en Secretaría), lo que es ratificado por el ing. Jonas en su declaración testimonial de fs. 502.

“De haber seguido la construcción aunque sea un kilómetro más, se hubiera evitado el ingreso de la masa hídrica que inundó la mayor parte de la ciudad” , dijo la revista Tercermundo en relación a la interrupción de la defensa del Salado a la altura del hipódromo santafesino. “El agua que inundó casi un tercio del caso urbano de la ciudad ingresó exclusivamente por ese lugar. Más allá de que si hubo o no presiones de interesados o de propietarios de los terrenos por los que tenía que pasar la defensa eso no deja de lado la responsabilidad del Estado, que debía hacer esa defensa de la forma que fuera porque la utilidad pública que tiene excede los intereses personales. El problema es que allí pasa el caño que alimenta de gas natural a la ciudad, así que se decidió no hacerlo, cuestión discutible porque si ponemos en la balanza la catástrofe que tuvimos, al lado de haber quedado sin gas la ciudad, el problema hubiese sido menor”. Se desconoce porque quedó esa brecha y no se ha dado explicación fehaciente de porque se dejó esa brecha cuando el río había avisado en el `98 de que Santa Fé se iba a inundar por ese sector y la misma autoridad del gobierno provincial y municipal hicieron un terraplén provisorio en 1998 que evitó en ese momento que el agua entre a la ciudad. Dos años antes, se había iniciado un expediente ante la dirección de viabilidad por esos funcionarios que justamente alertaron que la ciudad podría inundarse toda por esa brecha que había quedado abierta.

Es de señalarse que luego de ocurrida la inundación, l a contención de emergencia de casi 600 metros se hizo en cinco días por lo que quedó en evidencia la desidia del gobierno en no haber construido las obras de defensa en tiempo y forma y no después de la invasión de las aguas.

En la sentencia que venimos citando, también se mencionan los defectos de actuación con posterioridad a la emergencia misma, realizando eruditas disquisiciones sobre la competencia en esa función y a cargo de quien estaba la evacuación. Más allá de esta vergonzosa digresión judicial, el salvamento y la asistencia fueron desastrosas y agravaron los resultados.

En esa sentencia se procesan tres ministros, como responsables del delito de estrago doloso y expresamente se funda el no llamado a declaración indagatoria de Carlos Alberto Reutemann.

La lucha contra el poder judicial provincial y nacional

Dos víctimas han tenido actuación relevante y ante ellos han trascurrido desvergonzadas instancias judiciales, destinadas a construir impunidad.

Los actores civiles en el proceso, Jorge Castro y su esposa Milagros Demiryi, formularon diversas peticiones en la causa relacionada, que se inició a los pocos días del 29 de abril, por la acumulación de varias denuncias que llegaron a manos del entonces fiscal Nº 2, Ricardo Favaretto, hoy ascendido a juez.

En esa causa se dictó el procesamiento antes relatado. Desde entonces y hasta llegar ahora a la Corte nacional, vale repasar algunos antecedentes:

- El 3 de julio de 2006, los citados actores civiles ofrecieron seis pruebas nuevas contra Reutemann y pidieron su indagatoria.

- El 16 de agosto de 2006, el juez Patrizi rechazó ese ofrecimiento de pruebas.

- El 10 de octubre, los Castro plantearon un recurso de revocatoria de la resolución de Patrizi.

- Un mes y medio después, el 27 de noviembre de 2006, el juez rechazó la revocatoria.

- El 18 de diciembre de 2006, plantearon entonces el recurso de inconstitucionalidad que el juez Patrizi concedió el 26 de diciembre.

- El 23 de mayo de 2007, la Corte Suprema de Justicia de la provincia revocó la resolución del juez y declaró "mal concedido el recurso de inconstitucionalidad por ausencia del recaudo de sentencia definitiva" .

- El 14 de junio de 2007 plantearon entonces el recurso extraordinario que la Corte santafesina también rechazó el 23 de abril de 2008. El fallo se firmó una semana antes de que se cumplieran cinco años de la catástrofe, pero fue notificado varios días después.

Estos abnegados justiciables acudieron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con un recurso de queja por no habérseles concedido el recurso extraordinario. Su esperanza (agotada) viajaba a la ciudad de Buenos Aires y al Palacio de Tribunales.

Sin embargo, los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni consideraron que "el recurso extraordinario promovido no estaba dirigido contra una sentencia definitiva o un supuesto equiparable" . En consecuencia, ratificaron la sentencia del superior tribunal de Santa Fe, y dejaron definitivamente fuera de esta historia a Carlos Alberto Reutemann.
El peregrinar no concluyo allí, ya que debe obtenerse sentencia al menos contra aquellos que están procesados y cuyo juzgamiento ha sido elevado a sentencia.

El sistema procesal santafesino es escrito y el juicio y la sentencia se adoptaran en un proceso escrito, secreto, reservado a las partes.

Pero este no ha sido el único inconveniente. Como ya alguna vez informáramos en este Newsletter, el proceso transitó por vergonzosos meandros judiciales.

Primero hubo que enfrentar planteos de nulidad de los únicos tres procesados, intentando llevar el juicio a fojas cero. La resolución del juez Enrique Álvarez (Sentencia 5ª) que rechazó el intento de la defensa es una radiografía de la justicia santafesina. Álvarez dedicó casi dos páginas de su dictamen para advertir que las vacantes de dos juzgados de sentencia de Santa Fe -a las que se agregará un tercero en los próximos días- ha provocado una situación "realmente grave" en el fuero, que tendrá "consecuencias nefastas para los justiciables, las víctimas, y en general, para la sociedad que clama por una resolución rápida de las causas", entre ellas ésta que tiene una "gran trascendencia social" , dijo.

Álvarez es el cuarto juez que interviene en la causa. En primera instancia, la investigación estuvo a cargo de sus colegas Diego de la Torre (Instrucción 7ª) y Jorge Patrizi (Instrucción 8ª), quien procesó al ex ministro de Obras Públicas, Edgardo Berli; al ex director de Hidráulica, Ricardo Fratti y al ex intendente de Santa Fe, Marcelo Alvarez por "estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas" y el año pasado elevó el expediente a juicio, que es escrito y secreto. El caso quedó entonces en manos del juez Mauricio Frois (Sentencia 4ª) hasta que el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados lo suspendió en el cargo y abrió un jury que ahora lo investiga por la prescripción de decenas de causas.

Así, Alvarez se tuvo que hacer cargo del juzgado vacante de Frois y, por lo tanto, del juicio por la catástrofe del Salado, donde esta semana rechazó cuatro pedidos de la defensa para anular las indagatorias y el procesamiento de los tres ex funcionarios de Reutemann, la pericia que en su momento ordenó el juez De la Torre y la elevación a juicio dispuesta por Patrizi.

"El presidente de la Cámara Penal, Sebastián Creus, ha resuelto transitoriamente la cobertura de los juzgados de Sentencia 2ª y 4ª que no tienen jueces titulares a cargo, por lo que posteriormente habría que verificar" quién seguirá el juicio por las inundaciones del 29 de abril de 2003, si Alvarez u otro magistrado. "Esta situación irregular" se complicará aún más "dentro unos días con la jubilación de otro juez" del fuero, Luis Juan Rodríguez (Sentencia 3ª), escribió Alvarez.

"Las vacantes de los dos juzgados (2ª y 4ª) ha incrementado en forma alarmante la cantidad de causas que tienen que tramitar y resolver cada uno de los jueces penales de sentencia que continúan en sus cargos. Y esto es realmente grave, perdón por la reiteración de conceptos, por el retardo en el trámite de los expedientes, lo que derivará en consecuencias nefastas para los justiciables, víctimas y en general para la sociedad que clama una resolución rápida de causas con gran trascendencia social (como la catástrofe del Salado) y otras, en las que simples intereses personales deben tener el mismo amparo respecto a una pronta resolución" , dijo el juez.

Y advirtió: "Verificamos que en casos de extrema gravedad, los familiares y víctimas de hechos aberrantes deben peregrinar durante un lapso prolongado para tener el consuelo de una sentencia que les brinde paz espiritual. (Pero) si ese deambular se prolonga durante tanto tiempo, obviamente termina siendo un calvario y una mortificación infinito, donde cada uno debe asumir las responsabilidades en la medida de la función que desempeñe".

"En muchos análisis retóricos se sostiene que la 'justicia lenta no es justicia' , insistió Alvarez. "Y si bien en parte este adagio puede tener algún sustento, no es menos cierto que en causas complejas como la presente la demora es lógica. Amén de ello la logística que se nos brinda, excede en muchos casos la capacidad de los magistrados para dictar una sentencia en tiempo y forma. No con ello hay que dispersar las responsabilidades, pero sí admitir que la sociedad nos reclama, en muchos casos, resultados instantáneos, cuando todo ser humano sometido a proceso debe tener la posibilidad de agotar sus derechos para un correcto escudriñamiento de su conducta. Ello, en casos como el presente lleva un tiempo prolongado, por lo que también debemos hacer conocer a la sociedad las deficiencias que tenemos para que cada uno de los ciudadanos que acude a nuestros Tribunales, sepa que en gran parte la capacidad de trabajo se encuentra al límite.

Por lo tanto, "casos como el presente, donde el 33 por ciento de los juzgados penales de sentencia de Santa Fe se encuentran vacantes y dentro de unos pocos días ese porcentaje ascenderá al 50 por ciento, son parámetros que deben ser conocidos por todos. Y si a ello le sumamos que también transitoriamente los jueces de sentencia nos encontramos a cargo temporariamente de los juzgados de Menores -por resolución de la Presidencia de la Cámara Penal-, evidentemente, el caos en el que nos encontramos sólo lo podemos transcribir en una pocas líneas, pero es suficiente para que tenga algún eco en la sociedad respecto al atraso en el trámite de las causas" , concluyó el juez Álvarez.

Resultados

Esta descripción preanuncia lo que ha ocurrido con la causa: NADA.

Nada, salvo la instalación de una carpa negra por la memoria y la dignidad, organizada por 5000 afectados por las inundaciones del 2003, reclamando justicia. Carpa que a siete años sobrevive, lo que quiere decir que los afectados siguen siendo víctimas.

Nada, salvo las inundaciones de 2007. En efecto, El fenómeno pluvial transformó en un símil de piscina a un tercio de la ciudad de Santa Fe, ubicada 450 kilómetros al noroeste de la capital argentina (Buenos Aires) y que alberga a 400.000 de los 2,8 millones de habitantes que tiene la provincia de la cual es su capital. Paradojalmente, las murallas de contención convirtieron a la ciudad en un inmenso tanque, rodeado por ríos, arroyos y lagunas que la acechan. Parece una broma trágica, pero Santa Fe podría figurar a la cabeza de las ciudades con mayor índice de ingenieros hidráulicos. Pero aún así el desastre no se pudo evitar. Cuando ocurrió esta nueva inundación, el intendente Balbarrey (también ingeniero hidráulico), en su intento de que no se repitiera la tragedia de 2003 recomendó a los pobladores no esperar a que el agua subiera más de un metro para salir de los hogares en la zona de riesgo, admitiendo no saber con cuántas bombas de extracción cuenta la ciudad. " Hay muchas, no sé exactamente" , confesó a la prensa, tras recibir 20 bombas de refuerzo. Sin embargo en ese momento se constató que: "Hay un plan de contingencia, pero se trata de un papel; nadie sabe qué tiene que hacer"; "Los sistemas de bombeo (de extracción de agua) no funcionan por falta de mantenimiento y saqueos".

Sin embargo....

para confirmar que todos estos casos tienen un miserable parentesco: Carlos Reutemann es candidato a presidente…