Diario del Juicio Oral

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94 meses sin uds. 94 meses de espera, 94 meses de lucha y amor hijos!!!!

Afiche chicos achicada

“Si te pudiera contar como se vive el tiempo acá. Antes, cuando vivía en la vida terrena siempre había un momento para esperar, un viaje, una fiesta, un día por el que cada uno espera. Acá no es necesario esperar, esos días están en el momento. Dios nos hace tan limitados al principio para después mostrarnos lo que es ser libres realmente. Acá podés mirar todo sin límites y no es como allá que al mirar te encontrás con cosas tristes, acá mirás y es todo un placer. Nunca vi nada en La Tierra tan lindo como esto. Yo puedo ver, no solo este paraíso sino a cada uno de ustedes, en el mismo momento, puedo verlos aunque estén en lugares diferentes. Acá cada vez que cada uno de uds. hace un acto de amor florece una flor y yo se cual es de cada uno y las riego, las cuido y las vigilo para que siempre estén ahí y no desaparezcan. Hacé de cuenta que te llamé por teléfono, por el teléfono del alma. Y si alguien cree que todo esto es ridículo, no importa, es tan corto ese tiempo que enseguida van a descubrir la verdad; es una sola: yo sigo viviendo en tí como vos en mí”

A 94 meses de la trágica noche que arrebató de nuestras vidas a 194 jóvenes únicos e irrepetibles, dejando a miles de sobrevivientes con secuelas de por vida, seguimos honrando sus vidas como lo hacemos no solo cada día 30 sino todos los días. Los homenajeamos desde el corazón y el alma, allí donde anidan, los recordamos con la pureza que los caracterizaba, con sus sonrisas eternas, con sus miradas limpias e inocentes, acompañando nuestro camino de lucha para que los responsables de tanta muerte evitable paguen ante la Justicia de los hombres.

Acá estamos, de pie, esperando en paz la decisión de la Corte sobre los 14 condenados; ellos están libres; libres? Solo físicamente porque mentalmente no debe ser fácil vivir sabiendo que tarde o temprano, irán a la cárcel por habernos robado lo más hermoso que Dios nos dio, los hijos. Porque no olvidamos ni olvidaremos, porque siempre vivirán en nuestros corazones; porque todos los responsables pagarán con la Justicia Divina y la de los hombres que es más lenta, les regalamos nuestra mejor sonrisa, levantando nuestra voz para gritar más fuerte aún sus bellos nombres; para que siempre sean recordados.

" Alejandra, Ezequiel, Fernando, Juan Pablo, Gastón, Agus, Pau, Mili, Martín, Mariela, Maxi, Jose Leandro, Sergio, Vicki, Soledad, Gisela, Carol, Alberto, Maria Laura, Rubens, Mariano, Lauty, Sebastián, Nahum, Solange, Gabriela, Romina, Erika, Zaida, Maria Angélica, Gloria, Silvia, Matías, Roberto, Abel, Sole, Romi, Juli, Leonardo, Nicolás, Martín, Eduardo, Ignacio, Ricardo, Juan Carlos, Paola, Leonardo, Macarena, Sebastián, Mayra, Mariana, Liliana, Guido, Marisa, Florencia Soledad, Florencia Laura, Liliana Noemí, Sergio, Derlis, Sebastián, Diego, Laurita, Nayla, Sebastián, Franco, Florencia Soledad, Nicolás, Noemí, Romina, Cristian, Pablo, Oscar, Mercedes, José Luis, Bore, Matías, Lucas, Claudia, Carla, Emiliano, Analia, Pablo, Abel, Topo, Patricia, Alicia, Edwin, Yamila, Lucas, Roberto, Pedro, Marta, Sebastián, Pablo, Matías, Adriana, Marce, Noelia, Juan Ignacio, Nico, Jonathan, Luisiana, Julito, Paola, Erica, Pedro, Esteban, Maximiliano, Diego, Ariel, Jorge, Gustavo, Federico, Mario, Eli, Fernando, Mariano, Evaristo, Estefi, Leandro, Federico, Sofi, Guido, Nicolás, Cecilia, Daiana, Mauro, Deborah, Ana Laura, Walter, Maria Celeste, Jorge, Nelson, Monsi, Lucas, Lucia, Carolina, Griselda, Silvina, Cristian, Emiliano, Eduardo, Hernán, Fer, Luis, Marianela, Gerardo, Ceci, Juli, Sergio, Osvaldo, Agustina, Silvia, Rosa, Luis Alberto, Alicia, Maria Belen, Jacquelin, Valeria, Leandro, Sofía, Nicolás, Alejandra, Mariana, Walter, Pablo, Romina, Marcelo, Roberto, Pablo, Jonatan, Mario Abel, Mario Ramón, Alejandra, Maria Sol, Mariano, Verónica, Facundo, Javier, Cristian, Viviana, Maria Lilia, Bárbara, Dario, Walter, Pablo, Hugo, Valdi, Jose Luis, Gustavo".

"LOS CHICOS DE CROMAÑÓN PRESENTES.
LOS SOBREVIVIENTES DE CROMAÑÓN PRESENTES.
AHORA Y SIEMPRE!!!!"

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Enviado por cb el Lun, 2012-10-29 19:55

En recuerdo de nuestra Norita!!!!

Homenaje a Norita

Hace 2 años atrás se nos fue nuestra querida mami y amiga Norita Méndez; hoy seguimos recordándola con el cariño que ella se supo ganar; fresca, radiante, con sus hermosos ojos que todo lo expresaban; escribimos en su momento que fue raro, singular y lacerante que Nora Méndez se fuera el mismo día que Néstor Kirchner. Para mitigar el enorme dolor, muchos jugamos a imaginarla reprendiéndole al político su actitud frente a lo acontecido en República de Cromañón; creemos que desde el Cielo sigue recordándole su falta de compromiso.

Pero no es esa firmeza ni ese coraje lo que más vamos a extrañarle. Norita hizo de su duelo una pasión para que aquello que le arrebató a su hija no fuera a repetirse. Y entendió que el mejor modo era a través de la educación. Con una tenacidad a toda prueba logró que en el Municipio de Ituizaingó se organizaran cursos de capacitación para docentes. Luego que esto se extendiera a otras jurisdicciones. A ese impulso se debe que la actividad esté germinando en la ciudad de Buenos Aires, donde si aún no ha asumido la relevancia que debe tener lo ha sido por la mezquindad de los funcionarios.

Norita nunca desfalleció, aun cuando se estaba yendo a diario. Conversaba, enseñaba, discutía, polemizaba con las bandas de rock, con los políticos, con los ventajeros. Se emocionaba, lloraba y continuaba. Vivía para que todo cambie. Norita, en realidad, militaba. Cada espacio del centro de su pueblo la recuerda y la respira. La plaza, el colegio, el monumento. Norita está en cada centímetro y en nuestros corazones.

"Norita tu bandera sigue en alto como te lo prometimos, te seguimos teniendo como modelo de lucha. Nuestro mejor homenaje es continuar lo que vos empezaste junto a otros padres; no podremos reemplazarte, como no podremos sustituir a Mariana Márquez; a todas las mamis que partieron y a los 194 hijos de Cromañón; son irremplazables!!"

Pero desde esta página que era muy tuya seguimos recordandote, homenajeandote y sosteniendo:

Nora Méndez, ¡Presente! ¡ahora y siempre!

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Enviado por cb el Sáb, 2012-10-27 09:49

A 8 meses de la Tragedia Ferroviaria de Once.

Santuario Once
 

Mañana lunes 22, se cumplen ocho meses de la Tragedia ferroviaria de Once, tragedia evitable donde perdieran la vida 52 seres únicos e irrepetibles, los familiares y amigos de las víctimas realizarán distintas actividades en homenaje y recuerdo de los que partieron.

El acto central será a las 8.32hs en el "Memorial de los Corazones" del andén 1 de la terminal de Once. Allí tendrá lugar una suelta de globos, y la lectura de un documento referido a la actualidad de la causa penal, y a la realidad de la línea Sarmiento.

Por la tarde, desde las 16hs en la Plaza San Martín de la localidad de Moreno (lado norte) seguirán sacando fotos para la campaña "500.000 Caras por Justicia" que lleva recolectadas 200.000 fotos a lo largo y ancho del país; cerrarán el día con un acto en el mismo lugar a las 19hs. que contará con la participación del canta autor Pablo Merletti.

Están invitados a quienes quieran acompañarlos, sin banderas ni políticas ni sindicales, para continuar juntos este camino de lucha por Justicia y por cambios en el sistema ferroviario. Agradeceremos su presencia y la difusión de la presente gacetilla.

"Familiares y amigos de las Víctimas de la Tragedia de Once"

Víctimas tragedia ferroviaria

Los padres, familiares y amigos de QUE NO SE REPITA Asociación Civil, acompañamos a nuestros queridos hermanos del dolor en su lucha por "Memoria, Verdad y Justicia" por sus seres queridos , mostrando los rostros de los que partieron y pronunciando sus nombres como lo hacemos con nuestros 194 hijos, para decir luego de cada uno de ellos:

"Presentes, Siempre..!!!!!"

" Juan Carlos Alonso, Karina Mariela Altamirano, Jonathan Maximiliano Báez, Dionisia Barros, Claudio F. Belforte, Natalia Benitez, Federico Agustín Bustamante, Micaela Cabrera Machicao, Darío Cellie, Daniel R. Matías Cerricchio, Juan Daniel Cruz, Graciela Beatriz Díaz, Sabrina Florencia Espíndola, Lucía Fernández Chaparro, Florencia Fernández Sugastti, Juan Leonel Frumento, Yolanda Sabrina Galván, Carlos María Garbuio, Alberto David García, Mónica Garzón, Marcela Alejandra Gómez, Ranulfo González Centurión, Verónica González Franco, Claudia Mariel Izzia, Fernando Andrés Lagrotta, Estela Legia (o Lei Jiang Yan), Nayda Tatiana Lezamo, Isabel López, Nancy López, Roberto López Pacheco, Alex Nahuel Martínez, Lucas Menghini Rey, Marina Moreno, Miguel Angel Núñez Vilcapona, Lucas Gabriel Palud Quini, Sofía Peralta, Silvia Gabriela Pereyra, Gloria Cecilia Pinilla León, Tatiana Pontiroli, Esther Sandra Reyes, Braulio Romero, Graciela Romero, María Scidone, Rosa Margarita Tevez, Sonia Torres Rolón, Gloria Alejandra Troncoso, Nicolás Elías Villalba, Pablo Fernando Zanotti, Cristian Zavala, Ana Teresa Zelaya, Ariel Zúñiga."

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Enviado por cb el Dom, 2012-10-21 20:28

Las palabras de Monseñor Jorge Lozano en el día de la Madre.

María para carta de mons. lozano

¡¡¡Felíz Día de la Madre!!!

Qué bueno que haya un Día de la Madre. Nos ayuda a expresar sentimientos que de otra manera quedarían ocultos o guardados.

La maternidad nos remite al origen de la vida. Ella, la vida, es un don de Dios, y “la mamá” también es un regalo. Ser mamá y tener una mamá son regalos. Hay un día en que se empieza a ser madre y esa realidad dura toda la vida; como el Amor de Dios que siempre nos sostiene y se goza en la felicidad y la vida de sus hijos.

Quiero hoy llegar con mi cariño y estas líneas a ustedes: "mamás".

A muchas las veo tironeadas en los tiempos. Porque además de las dedicaciones propias de mamá, tienen otras tareas o exigencias para cumplir: de estudio, trabajo, o junto a otros miembros de la familia.

A veces, vos, mamá que trabajás fuera de casa, me contás que quisieras estar más con tus hijos, que ellos te necesitan, y vos a ellos. Que estos tironeos te hacen sentir algo de culpa. La sociedad misma te empuja a una mirada consumista de la vida, de la cual hay que cuidarse mucho.

Solamente vos podés darle a tus hijos algo que no encontrarán en nadie más: una familia, la escuela, la compañía, el hombro, la ternura confiada, un mate, una charla. Sin tu presencia no hay crecimiento verdadero.

¿Tenés idea — estoy seguro que sí — de lo que el sonido de tu voz produce en tu hijo desde que lo tenés en el vientre? Sin tu ternura todo se vuelve inseguro y oscuro. Vos sos el abrazo más esperado.

Pido a Dios por las mamás que se alegran y emocionan viendo los primeros pasos o escuchando las primeras palabras de sus hijos. Las que van a la escuela y ayudan a hacer los deberes.

Las que no olvidan de enseñar las sencillas oraciones a “Jesusito y su Mamá” y comunicar la confianza en Dios.

Cómo no pedir por las que tienen hijos adolescentes y no saben qué más probar para intentar dialogar.

Las mamás con hijos jóvenes y adultos, y que sufren porque los ven rumbear por sendas distantes a los caminos que les enseñaron de chicos.

Me conmueve cuando veo que sos capaz de darlo todo, todo por el bien de tus hijos.

Rezo por quienes la pelean solas a causa del abandono, la soledad o el desamor. Sé de tus desvelos y desgarros cuando a tu hijo te los roba la droga, la violencia, la muerte absurda.

A la Virgen María, dulce y generosa, confío tus oraciones y anhelos. Tus alegrías y tus lágrimas.
Te abrazo junto a mi corazón.

+ Jorge Lozano
Obispo de Gualeguaychú.

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Enviado por cb el Sáb, 2012-10-20 23:55

A dos años del asesinato de Mariano Ferreyra.

Mariano Ferreyra

La muerte de los jóvenes se disfraza con distintas máscaras, pero siempre persigue aniquilar lo que ellos representan.

En Mariano, la militancia, el coraje, la lucha insobornable contra la injusticia, la fe en el futuro, sus proyectos, sus deseos, su vocación.

En los chicos de Cromañón y las chicas de Beara, la alegría, el idealismo, el derecho a sonreír, a cantar y a bailar, sus proyectos, sus deseos, sus vocaciones.

En las víctimas de la tragedia Ferroviaria de Once, la madurez, el compromiso del día a día, el derecho a la vida, el derecho a trabajar, a viajar dignamente no como ganado.

Como los chicos de Cromañón y las víctimas de Once también somos todos Mariano Ferreyra; como somos todos los muertos que día a día se incorporan a esta deleznable lista. A dos años de su muerte y en pleno juicio oral nos unimos al pedido de Justicia, pronunciando su nombre para decir luego de ello:

Mariano presente, ahora y siempre!!!

Mariano Ferreyra a dos años.
 

http://quenoserepita.com.ar/foro/viewtopic.php?t=2002

http://www.perfil.com/contenidos/2012/10/20/noticia_0024.html

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Enviado por cb el Sáb, 2012-10-20 21:57

Fallo completo de la Sala III de Casación Penal Juicio Cromañón I.

Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
Causa N° 11.684 –Sala III – C.F.C.P. “Chabán, Omar Emir y otros s/recurso de casación”.

///En la Ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de octubre de dos mil doce, se reúnen los miembros de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, doctores
Eduardo R. Riggi, Liliana E. Catucci y Mariano H. Borinsky, bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistidos por el Prosecretario de Cámara, doctor Walter Daniel Magnone,
con el objeto de dictar sentencia en la causa n° 11684 del registro de esta Sala, caratulada “CHABÁN, Omar Emir y otros s/ recurso de casación”.

Representa al Ministerio Público el señor Fiscal General doctor Raúl Omar Pleé. Las acusaciones privadas están a cargo de los grupos encabezados por los doctores
Beatriz Campos y José Antonio Iglesias; Susana Rico, Vanina Molina y Patricio Poplavsky. Ejercen la defensa de Omar Emir Chabán los doctores Pedro y Vicente D´Attoli; de Raúl Alcides Villarreal los doctores Albino Stefanolo y Marisa Darwiche; de Diego Marcelo Argañaraz el doctor Roberto Bois; de Patricio Rogelio Santos Fontanet, Eduardo Arturo Vázquez, Daniel Horacio Cardell y Christian Eleazar Torrejón, los doctores María
Florencia Alonso y Rubén Gustavo Casset; de Elio Rodrigo Delgado, Juan Alberto Carbone y Maximiliano Djerfy, el Defensor Público Oficial doctor Juan Carlos Sambuceti (h); de Carlos Rubén Díaz los doctores Fermín Iturbide y Eduardo Escudero; de Fabiana Gabriela Fiszbin los doctores Marcelo Fainberg y Patricia De Reatti; de Ana María Fernández el doctor Oscar Vignale; y de Gustavo Juan Torres los doctores Carlos Cruz y
Pablo Lafuente.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el siguiente orden: doctor Eduardo Rafael Riggi, doctora Liliana E. Catucci y
doctor Mariano H. Borinsky.
REGISTRO N° 1470/12

VISTOS Y CONSIDERANDO:
El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:

PRIMERO:
Llega nuevamente la causa a conocimiento de esta Alzada a raíz de los recursos de casación interpuestos por las partes que a continuación se detallan, contra la sentencia de
fs.70528/553, dictada por los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal n° 24 que determinó las penas aplicables a cada uno de los acusados en virtud del reenvío oportunamente dispuesto por esta Sala y de conformidad con las escalas penales que
fueron establecidas en nuestra sentencia de fecha 20 de abril de 2011, alcanzadas por el voto de la mayoría. En tales condiciones, todos los recursos versan exclusivamente sobre los montos de las penas que, para cada imputado, fijó el tribunal a quo; ello a excepción de los remedios interpuestos por los Dres. Marcelo Fainberg y Patricia De Reatti, por un lado, y el Dr. Vignale, por otro, que también cuestionan el rechazo de la recusación de los jueces integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal nro. 24. De esta manera, de conformidad con los recursos presentados a fs. 70617/674, 70648/668, 70676/684, 70685/713,
70714/735, 70736/738, 70740/748, 70762/766, 70777/780, 70795/808, 70809/828, 70830/842 y 70847/863, se ha impugnado el fallo en cuanto resolviera: “I. RECHAZAR IN LIMINE el planteo de recusación efectuado por el Dr. Marcelo Fainberg defensor de
Fabiana Gabriela Fiszbin (art. 60 y 62 del C.P.P.N.).

II.-
CONDENAR a OMAR EMIR CHABÁN de filiación ya consignada, A LA PENA de OCHO AÑOS DE PRISIÓN , accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de incendio culposo seguido de muerte en concurso real con el
delito de cohecho activo, conforme lo resuelto por la Sala III C.N.C.P., en causa n° 11.684 “Chabán, Omar Emir y otros s/recurso de casación” del 20/04/2011 (artículos 12, 29 inc.
3°, 45, 55, 189 2° párrafo y 258 del Código Penal, 403, 530 y
531 del Código Procesal Penal de la Nación); (…) I

CONDENAR a RAÚL ALCIDES VILLARREAL de filiación ya consignada, A LA PENA
DE SEIS AÑOS DE PRISIÓN
, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de incendio culposo seguido de muerte en concurso real con cohecho activo en calidad de partícipe necesario, conforme lo resuelto por la
Sala III C.N.C.P., en causa n° 11.684 “Chabán, Omar Emir y otros s/recurso de casación” del 20/04/2011 (artículos 12, 29 inc. 3°, 45, 55, 189 2° párrafo y 258 del Código Penal, 403,
530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación); (…)

CONDENAR a CARLOS RUBÉN DÍAZ, de filiación ya consignada, A LA PENA DE SEIS AÑOS DE PRISIÓN, accesorias legales, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de incendio culposo seguido de muerte en concurso real con el de cohecho pasivo, conforme lo resuelto por la Sala III C.N.C.P., en causa n° 11.684 “Chabán, Omar Emir y otros s/recurso de casación” del
20/04/2011 (artículos 12, 29 inc. 3°, 45, 55, 189 2° párrafo y 256 del Código Penal, 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación); (…)

CONDENAR a DIEGO MARCELO ARGAÑARAZ, de filiación ya consignada, A LA PENA DE CINCO AÑOS DE PRISIÓN , accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de incendio culposo seguido de muerte en
concurso real con cohecho activo en calidad de partícipe necesario, conforme lo resuelto por la Sala III C.N.C.P., en causa n° 11.684 “Chabán, Omar Emir y otros s/recurso de
casación” del 20/04/2011 (artículos 12, 29 inc. 3°, 45, 55, 189 2° párrafo y 258 del Código Penal, 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación); (…)

CONDENAR a PATRICIO ROGELIO SANTOS FONTANET, de filiación ya consignada, A LA PENA DE CINCO AÑOS DE PRISIÓN , accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de incendio culposo seguido de muerte en concurso real con cohecho activo en calidad de partícipe necesario, conforme lo resuelto por la
Sala III C.N.C.P., en causa n° 11.684 “Chabán, Omar Emir y otros s/recurso de casación” del 20/04/2011 (artículos 12, 29 inc. 3°, 45, 55, 189 2° párrafo y 258 del Código Penal, 403,
530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación); (…)

CONDENAR a EDUARDO ARTURO VÁZQUEZ, de filiación ya consignada, A LA PENA DE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN , accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de incendio culposo seguido de muerte en concurso real con cohecho activo en calidad de partícipe necesario, conforme lo resuelto por la Sala III C.N.C.P., en causa n° 11.684 “Chabán, Omar Emir y otros s/recurso de casación” del 20/04/2011(artículos 12, 29 inc. 3°, 45, 55, 189 2° párrafo y 258 del Código Penal, 403,
530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación);

CONDENAR a CHRISTIAN ELEAZAR TORREJÓN, de filiación ya
consignada, A LA PENA DE TRES AÑOS DE PRISIÓN EN SUSPENSO
y al
pago de las costas por resultar autor penalmente responsable
del delito de incendio culposo seguido de muerte en concurso
real con cohecho activo en calidad de partícipe necesario,
conforme lo resuelto por la Sala III C.N.C.P., en causa n°
11.684 “Chabán, Omar Emir y otros s/recurso de casación” del
20/04/2011 (artículos 26, 29 inc. 3°, 45, 55, 189 2° párrafo y
258 del Código Penal, y 403, 530 y 531 del Código Procesal
Penal de la Nación); XV.- IMPONER a CHRISTIAN ELEAZAR TORREJÓN
el cumplimiento de las siguientes reglas acorde a lo previsto
en el art. 27 bis inc. 1° y 8° del C.P. por el lapso de la
condena impuesta: a) Fijar residencia y someterse al cuidado de
un Patronato; b) Realizar trabajos no remunerados a favor del
Estado o de instituciones de bien público fuera de sus horarios
habituales de trabajo, por un total de 240 horas, las que
deberán llevarse a cabo en la sede de Cáritas Argentina más
cercana a su domicilio; c) Realizar un curso de formación
ciudadana destinado a inculcarle los principios básicos que
rigen en una sociedad democrática, para lo que se oficiará a la
Subsecretaría de promoción de Derechos Humanos dependiente del
Ministerio de Justicia de la Nación (art. 27 bis inc. 5° del
Código Penal). XVI.- CONDENAR a JUAN ALBERTO CARBONE, de
filiación ya consignada, A LA PENA DE TRES AÑOS DE PRISIÓN EN
SUSPENSO y al pago de las costas por resultar autor penalmente
responsable del delito de incendio culposo seguido de muerte en
concurso real con cohecho activo en calidad de partícipe
necesario, conforme lo resuelto por la Sala III C.N.C.P., en Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
Causa N° 11.684 –Sala
III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
causa n° 11.684 “Chabán, Omar Emir y otros s/recurso de
casación” del 20/04/2011 (artículos 26, 29 inc. 3°, 45, 55, 189
2° párrafo y 258 del Código Penal, y 403, 530 y 531 del Código
Procesal Penal de la Nación); XVII.- IMPONER a JUAN ALBERTO
CARBONE el cumplimiento de las siguientes reglas acorde a lo
previsto en el art. 27 bis inc. 1° y 8° del C.P. por el lapso
de la condena impuestas: a) Fijar residencia y someterse al
cuidado de un Patronato; b) Realizar trabajos no remunerados a
favor del Estado o de instituciones de bien público fuera de
sus horarios habituales de trabajo, por un total de 240 horas,
las que deberán llevarse a cabo en la sede de Cáritas Argentina
más cercana a su domicilio; c) Realizar un curso de formación
ciudadana destinado a inculcarle los principios básicos que
rigen en una sociedad democrática, para lo que se oficiará a la
Subsecretaría de promoción de Derechos Humanos dependiente del
Ministerio de Justicia de la Nación (art. 27 bis inc. 5° del
Código Penal); XVIII- CONDENAR a MAXIMILIANO DJERFY, de
filiación ya consignada, A LA PENA DE DOS AÑOS Y SEIS MESES DE
PRISIÓN EN SUSPENSO y al pago de las costas por resultar autor
penalmente responsable del delito de incendio culposo seguido
de muerte en concurso real con cohecho activo en calidad de
partícipe necesario, conforme lo resuelto por la Sala III
C.N.C.P., en causa n° 11.684 “Chabán, Omar Emir y otros
s/recurso de casación” del 20/04/2011 (artículos 26, 29 inc.
3°, 45, 55, 189 2° párrafo y 258 del Código Penal, y 403, 530 y
531 del Código Procesal Penal de la Nación); XIX.- IMPONER a
MAXIMILIANO DJERFY el cumplimiento de las siguientes reglas
acorde a lo previsto en el art. 27 bis inc. 1° y 8° del C.P.
por el lapso de la condena impuesta: a) Fijar residencia y
someterse al cuidado de un Patronato; b) Realizar trabajos no
remunerados a favor del Estado o de instituciones de bien
público fuera de sus horarios habituales de trabajo, por un
total de 200 horas, las que deberán llevarse a cabo en la sede
de Cáritas Argentina más cercana a su domicilio; c) Realizar un
curso de formación ciudadana destinado a inculcarle los
principios básicos que rigen en una sociedad democrática, para
lo que se oficiará a la Subsecretaría de promoción de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia de la
Nación(art. 27 bis inc. 5° del Código Penal); XX.- CONDENAR a
ELIO RODRIGO DELGADO, de filiación ya consignada, A LA PENA DE
DOS AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN EN SUSPENSO y al pago de las
costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de
incendio culposo seguido de muerte en concurso real con cohecho
activo en calidad de partícipe necesario, conforme lo resuelto
por la Sala III C.N.C.P., en causa n° 11.684 “Chabán, Omar Emir
y otros s/recurso de casación” del 20/04/2011 (artículos 26, 29
inc. 3°, 45, 55, 189 2° párrafo y 258 del Código Penal, y 403,
530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación); XXI.-
IMPONER a ELIO RODRIGO DELGADO el cumplimiento de las
siguientes reglas acorde a lo previsto en el art. 27 bis inc.
1° y 8° del C.P. por el lapso de la condena impuesta: a) Fijar
residencia y someterse al cuidado de un Patronato; b) Realizar
trabajos no remunerados a favor del Estado o de instituciones
de bien público fuera de sus horarios habituales de trabajo,
por un total de 200 horas, las que deberán llevarse a cabo en
la sede de Cáritas Argentina más cercana a su domicilio; c)
Realizar un curso de formación ciudadana destinado a inculcarle
los principios básicos que rigen en una sociedad democrática,
para lo que se oficiará a la Subsecretaría de promoción de
Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia de la
Nación(art. 27 bis inc. 5° del Código Penal); XXII.- CONDENAR
a DANIEL HORACIO CARDELL, de filiación ya consignada, A LA PENA
DE DOS AÑOS DE PRISIÓN EN SUSPENSO y al pago de las costas por
resultar autor penalmente responsable del delito de incendio
culposo seguido de muerte en concurso real con cohecho activo
en calidad de partícipe necesario, conforme lo resuelto por la
Sala III C.N.C.P. en causa n° 11.684 “Chabán, Omar Emir y otros
s/recurso de casación” del 20/04/2011 (artículos 26, 29 inc.
3°, 45, 55, 189 2° párrafo y 258 del Código Penal, y 403, 530 y
531 del Código Procesal Penal de la Nación); XXIII.- IMPONER a
DANIEL HORACIO CARDELL el cumplimiento de las siguientes reglas
acorde a lo previsto en el art. 27 bis inc. 1° y 8° del C.P.
por el lapso de la condena impuesta: a) Fijar residencia y
someterse al cuidado de un Patronato; b) Realizar trabajos no Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
Causa N° 11.684 –Sala
III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
remunerados a favor del Estado o de instituciones de bien
público fuera de sus horarios habituales de trabajo, por un
total de 160 horas, las que deberán llevarse a cabo en la sede
de Cáritas Argentina más cercana a su domicilio; c) Realizar un
curso de formación ciudadana destinado a inculcarle los
principios básicos que rigen en una sociedad democrática, para
lo que se oficiará a la Subsecretaría de promoción de Derechos
Humanos dependiente del Ministerio de Justicia de la
Nación(art. 27 bis inc. 5° del Código Penal); XXIV.- CONDENAR a
FABIANA GABRIELA FISZBIN, de filiación ya consignada, A LA PENA
DE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, accesorias legales y costas como
autora penalmente responsable de los delitos de omisión deberes
de funcionario público en concurso ideal con incendio culposo
seguido de muerte, conforme lo resuelto por la Sala III
C.N.C.P. en causa n° 11.684 “Chabán, Omar Emir y otros
s/recurso de casación” del 20/04/2011 (artículos 12, 29 inc.
3°, 45, 54, 249 y 189 2° párrafo del Código Penal, y 403, 530 y
531 del Código Procesal Penal de la Nación); (…) XXIV.-
CONDENAR a GUSTAVO JUAN TORRES, de filiación ya consignada, A
LA PENA DE TRES AÑOS Y NUEVE MESES DE PRISIÓN, accesorias
legales y costas como autor penalmente responsable de los
delitos de omisión deberes de funcionario público en concurso
ideal con incendio culposo seguido de muerte, conforme lo
resuelto por la Sala III C.N.C.P. en causa n° 11.684 “Chabán,
Omar Emir y otros s/recurso de casación” del 20/04/2011
(artículos 12, 29 inc. 3°, 45, 54, 249 y 189 2° párrafo del
Código Penal, y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la
Nación); (…) XXVII. CONDENAR a ANA MARÍA FERNÁNDEZ, de
filiación ya consignada, A LA PENA DE TRES AÑOS Y SEIS MESES DE
PRISIÓN, accesorias legales y costas como autora penalmente
responsable de los delitos de omisión deberes de funcionario
público en concurso ideal con incendio culposo seguido de
muerte, conforme lo resuelto por la Sala III C.N.C.P. en causa
n° 11.684 “Chabán, Omar Emir y otros s/recurso de casación” del
20/04/2011 (artículos 12, 29 inc. 3°, 45, 54, 249 y 189 2°
párrafo del Código Penal, y 403, 530 y 531 del Código Procesal
Penal de la Nación)”.- SEGUNDO:
Desarrollo de los agravios:
A. El Ministerio Público Fiscal.
El recurrente encauza sus agravios en los incisos 1° y
2° del Código Procesal Penal de la Nación.
A1. Respecto de la determinación de la pena impuesta a Omar Emir
Chabán.
Con relación al acusado Chaban, el Sr. Fiscal General
comienza diciendo que “…el Tribunal Oral ha incurrido en
arbitrariedad, pues a partir de la escala total que tiene un
mínimo de un año de prisión y un máximo de once años, escoge
ocho años de prisión, cifra que en la misma proporción se había
plasmado en la sentencia que fue casada”.
Expresa que “….la culpabilidad por el hecho no se
agota ni halla fiel reflejo, en el monto punitivo al que ha
arribado el Tribunal, pues los criterios que se esgrimen para
justificarla se apartan de la gravedad del hecho (…) e implican
la tácita derogación (contra legem) del inc. 1° del art. 41”
(sic).
Explica que “…la pena es pena por el hecho, y la
gravedad ‘inconmensurable’ del estrago que ha cobrado la vida
de 193 personas y dejado mal herida a miles, y [la] culpa
temeraria [de Chaban] (…), nos ubica en la cúspide de la escala
penal”.
Agrega que “el intento desesperado, inútil e
inconducente [de Chaban] de apagar el sonido una vez que se
desató el incendio otrora valorado no corresponde ahora darle
la misma entidad porque la imputación ha mutado y ya no lo es a
título doloso”.
Además dice que respecto del cohecho “se debe valorar
de manera concluyente la mutiplicidad de contravenciones que el
pacto espureo garantizaba (…) que puso en riesgo a un sinnúmero
de personas de manera reiterada”.
De igual modo se agravia porque los sentenciantes
“valoran circunstancias que hacen a la prevención especial,
[como ser] las condiciones de vida y familiares (…) sin que se
especifique la incidencia puntual de tales condiciones en la Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
Causa N° 11.684 –Sala
III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
mensuración de la pena”.
En definitiva, plantea que la pena impuesta a Chaban
“[resulta] groseramente desproporcionada con la gravedad de los
hechos y de la culpabilidad, en forma tan palmaria que (…)
lesiona la racionalidad exigida por el principio republicano
consagrado en el art. 1° de la Constitución Nacional”.
A2. Respecto de la pena fijada a Raúl Alcides Villarreal.
Con relación al nombrado, comienza diciendo que “si
bien la pena no puede ser igual a la de Chabán (…) [pues] era
su subordinado, (…) su medida debe expresar la (…) gravedad del
ilícito culpablemente cometido”.
Señala que respecto de Villarreal se debe ponderar
“el manejo personal y efectivo que tuvo la noche del 30 de
diciembre de cada uno de los factores de riesgo, todas las
irregularidades [que] pasaban por sus manos, inclusive las
entregas de dinero a Díaz en el marco del delito de cohecho”.
Se agravia, asimismo, porque se desconoce como
influye para Villarreal la atenuación dispuesta por sus
condiciones personales.
A3. Respecto de Carlos Rubén Díaz.
Considera que la pena impuesta al nombrado no guarda
relación con la gravedad de los hechos que se le atribuyen.
Alega que Díaz “[es] funcionario público y tuvo al
alcance de sus manos la posibilidad de llegar a conocer todas
las condiciones de peligro que presentaba el local”.
Indica que “…la referencia hecha en la sentencia (…)
a sus condiciones personales, no es mas que (…) una descripción
en la que no se valora ni se justiprecia la incidencia concreta
de cada circunstancia en la pena escogida”.
Plantea que “la gravedad del hecho y el máximo
reproche en virtud de la función pública que incumbía a Díaz,
apuntan indefectiblemente hacia el máximo de la escala”, para
los delitos atribuidos.
A4. Respecto del grupo musical “Callejeros”.
En cuanto a la situación general de los integrantes
de la banda musical, señala que “[n]o existe explicación
razonable que pueda justificar ni el alejamiento de las penas impuestas del monto máximo previsto en la escala dentro de la
que debía manejarse el Tribunal Oral para la determinación de
la sanción aplicable a los miembros de ‘Callejeros’; como así
tampoco la excesiva distinción que se ha efectuado entre las
penas que corresponden a uno y a otro”.
Hace alusión a la magnitud del injusto y la extensión
del daño causado como pautas determinantes para la aplicación
de la máxima sanción posible.
Alega, además que “…el Tribunal ha dejado
arbitrariamente de lado las circunstancias relativas al
consensuado modo en el que se tomaban las decisiones dentro del
grupo” como así también “…[el] grado de co-organizadores que
poseen todos los integrantes del grupo musical”.
Yendo concretamente a la situación particular de cada
uno de los músicos, indica que respecto de Diego Argañaraz
“resulta arbitrario considerar como una especie de ‘agravante
atenuada’, que si bien su conducta fue motivada por el ánimo de
lucro, el provecho perseguido no era exclusivamente personal,
sino grupal”.
Agrega que Argañaraz “…tuvo una mayor preponderancia
en lo que respecta al dominio de los factores de riesgo, como
fueron el manejo y contratación del personal de seguridad, y la
contratación y el control del lugar en donde se realizó el
evento fatídico”.
Con relación a Patricio Rogelio Santos Fontanet,
explica que “…el Tribunal no refleja en la pena exigua
impuesta, la preponderancia que tenía el cantante, por sobre el
resto del grupo, el especial ascendente sobre el público (…),
[ni que daba] una impronta favorable a la utilización de
pirotecnia”.
Añade que “[e]l mayor deber de evitación que el
sentenciante refiere haber tenido en consideración, no se ve
reflejado en la pena impuesta”.
Asimismo, dice que el tribunal no explica “la
relación existente con el hecho” y las condiciones personales
ponderadas.
En lo atingente a Eduardo Arturo Vázquez, manifiesta Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
Causa N° 11.684 –Sala
III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
que no se advierte “como ha sido reflejada en la pena, la
magnitud de la culpabilidad que le cabe (…), especialmente
cuanto se menciona haber tenido en cuenta su mayor grado de
intervención en las decisiones del grupo (…) y sus expresas
referencias en los medios de comunicación a favor del uso de
elementos pirotécnicos por parte de los seguidores del grupo”.
Aduce que “la arbitrariedad en la que incurre el
Tribunal”, se ve reflejada cuando “[considera] en su análisis
elementos que guardan estrecha relación con una pena natural,
en el caso, la muerte de su madre”.
Agrega que tampoco se explica como influyen sus
condiciones personales en el monto de la pena.
En lo inherente a las situaciones particulares de
Christian Eleazar Torrejón, Juan Alberto Carbone, Maximiliano
Djerfy, Elio Rodrigo Delgado y Daniel Horacio Cardell, indica
que “han sido ‘beneficiados’ con penas mínimas, al punto que
permite la aplicación de la ejecución condicional (…)”, pues el
a quo omitió considerar “los graves hechos por los que fueron
condenados”.
Efectúa consideraciones relativas a la intervención
en los hechos de estos imputados y dice que no se aprecia cómo
sopesaron algunas cuestiones personales en los montos
punitivos.
A5. Finalmente, hace reserva del caso federal.
B. La querella representada por los Dres. José A.
Iglesias y Batriz Campos.
Los recurrentes encauzan sus agravios en los incisos
1° y 2° del Código Procesal Penal de la Nación.
En primer término, hacen consideraciones generales
aplicables a todos los imputados, indicando que “la gravedad
del hecho es una pauta interpretativa insoslayable” al momento
de graduar las penas.
Expresan, además, que la sentencia omitió considerar
la entidad de las culpas fijadas en esta Alzada, donde “[en]
los fundamentos que concurrieron a consensuar la decisión
mayoritaria, [se] reitera la calidad de temeraria, muy grave,
o gravísima, de la conducta”. B1. Respecto de la pena impuesta a Omar Emir Chaban.
Dicen que la sentencia incurre en una inconexión
lógica, pues “…la consideración de la magnitud del injusto, de
la culpabilidad por la experiencia de Omar Chaban, del concurso
real con el delito de cohecho activo, de que ese cohecho era
reiterado y cuya finalidad era asegurar el funcionamiento de un
local de baile clase C (…) y que su imprudencia fue temeraria,
no pueden lógicamente determinar como consecuencia
racionalmente estructurada y sustentada la fijación de un monto
que reproduce la misma proporción de la sentencia original
casada”. (sic).
Ello, a criterio de los recurrentes, constituye una
“desproporción [que] no está explica[da], ya que la mención de
las pautas de fijación antes detalladas, inclinaban por su
propia formulación al máximo de la escala”. (sic).
B2. Respecto de la pena impuesta a los miembros del grupo
“Callejeros”.
Consideran que el pronunciamiento en este aspecto
resulta arbitrario por falta de fundamentación, al no haberse
ponderado “…las pautas de determinación fijadas por la Cámara
de Casación”, como así tampoco “…la gravedad de la conducta
atribuida a los encartados”.
De esta manera, respecto de la sanción impuesta a
Patricio Rogelio Santos Fontanet, indican que “[e]stá
sobradamente acreditado el rol de liderazgo, su absoluto
predicamento sobre el resto de los integrantes de la banda y,
además, su posición superior frente al público”.
Alegan que no se valoró que “su capacidad de
evitación era máxima” como así tampoco “[su] rol asumido (…) en
el aliento del empleo de pirotecnia”.
Asimismo, explican que “carecen de razonabilidad
frente a la temeridad de la conducta desplegada y a la gravedad
de su culpa, las referencias a los antecedentes educativos o
laborales [de Fontanet]”.
Se agravian, a su vez, porque, respecto del delito de
cohecho atribuido “…la valoración del partícipe como atenuante
no es tampoco una regla absoluta”.
Con relación a la pena decretada respecto de Diego Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
Causa N° 11.684 –Sala
III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
Marcelo Argañaraz, expresan que si bien el nombrado “no contaba
con la experiencia de Omar Chaban en la organización de
recitales, (…) si había organizado varios recitales como el del
día de los hechos (…) con la articulación de factores de riesgo
similares.”
Aducen que carece de motivación “la atenuación del
propósito de lucro” como así también la dispuesta en orden a su
participación en el delito de cohecho.
En lo atinente a la situación de Eduardo Arturo
Vázquez, manifiestan que además de las falencias ya apuntadas,
el fallo resulta incongruente “…a la hora de determinar el
quantum [punitivo], ya que éste no refleja adecuadamente, entre
otros aspectos, el rol del encartado en la promoción de la
pirotecnia”.
En otro orden, agregan que “…la fundamentación
enuncia como atenuantes datos de la vida personal del acusado,
que ni explican, ni justifican ni tampoco exculpan su
conducta”.
Con relación a las sanciones impuestas a Christian
Eleazar Torrejón, Juan Alberto Carbone, Maximiliano Djerfy,
Elio Rodrigo Delgado Daniel Horacio Cardell, señalan que en la
decisión puesta en crisis existe “[una] incongruencia entre las
penas fijadas y el hecho y sus responsabilidades” pues “la
imprudencia cometida [fue] temeraria, gravísima o muy grave”.
Además, se agravian por la fijación de una condena de
ejecución condicional a estos imputados, indicando que “…luego
de ocurrido el hecho, organizaron varios recitales donde no
solo se mantuvieron las actitudes previas, sino que además se
organizaron mostrando escenografía y vocalmente una constante
burla hacia la actuación del Poder judicial y de quienes
perseguíamos una sentencia definitiva”. (sic).
Tales extremos aunados a la burla a los embargos
dispuestos en esta causa, impiden, a juicio de los recurrentes,
“…acordar semejante beneficio a los integrantes de la banda
partícipes de esos recitales”. (sic).
B3. Respecto de la pena impuesta a los funcionarios públicos.
Con relación a las condenas impuestas respecto dequienes revestían la calidad de funcionarios públicos, en el
caso, el Subcomisario Carlos Rubén Díaz y Fabiana Fiszbin, los
recurrentes resaltan que “[para] el funcionario que está
implicado en un hecho de esta naturaleza [que] ha desplegado
una imprudencia temeraria, grave o gravísima, la respuesta
punitiva debe ser la máxima”; por ende, consideran que el
tribunal “omitió responder motivadamente a la magnitud del
injusto y a la naturaleza de la acción y su gravedad”.
Particularmente respecto de Carlos Rubén Díaz,
expresan que la idea de mayor reprochabilidad del funcionario
público es dejada de lado cuando los jueces “…condenan al
funcionario autor del delito de incendio culposo seguido de 193
muertes y más de 1000 lesionados, en concurso real con cohecho
pasivo (perpetrado para facilitar que el local permitiera esos
resultados), a la pena de 6 años, sobre 11 posibles”.
Transcriben pasajes de la resolución de esta Alzada
vinculadas a la gravedad del comportamiento reprochado a Díaz,
y dicen que el tribunal de mérito omitió valorarlos; de allí
que pregonen la arbitrariedad del decisorio cuestionado.
Respecto de la situación de Fabiana Gabriela Fiszbin,
expresan que “…se advierte una grosera incongruencia con las
valoraciones del hecho que ha establecido la Cámara de Casación
Penal”.
En ese orden, transcriben también algunas precisiones
volcadas en la sentencia de esta Sala sobre el reproche
trasladado a la nombrada, y se agravian al decir que la sanción
no resulta ajustada a tales circunstancias, mas aún cuando los
jueces de grado “acudieron a una revista de antecedentes
personales que ni excusan, ni justifican, sino que en todo caso
agravan el reproche”.
Con citas de doctrina, aluden a que la condición de
“no reincidente” no puede beneficiar a Fabiana Fiszbin, y
proponen el máximo de la pena aplicable en razón de la mayor
capacidad de evitación que ostentaba y la gravedad de su
conducta.
B4. Hacen reserva del caso federal.
C. La querella representada por Susana Rico, Vanina Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
Causa N° 11.684 –Sala
III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
Molina y Patricio Poplavsky.
Los recurrentes encauzan sus agravios en los incisos
1° y 2° del artículo 456 del Código Procesal Penal de la
Nación.
En primer lugar, comienzan diciendo que “…las penas
fijadas no se corresponden con las que en realidad deben ser
impuestas de acuerdo a los lineamientos esgrimidos por la Sala
de Casación interviniente y por los estipulados por los
artículos 40 y 41 del Código Penal”.
Asimismo, manifiestan que “…en la sentencia (…)
existen falencias en cuanto a su fundamentación, ya que no
logramos entender cómo se aplican los atenuantes en el monto de
la pena, de un hecho que (…) se ha llevado la vida de 193
chicos y ha lesionado a otros miles”.
De esta forma, con relación a las sanciones impuestas
a los integrantes del grupo “Callejeros”, sostienen que
“[e]xiste una clara contradicción, al por un lado ver en la
resolución puesta en crisis que se dice haber tenido en cuenta
la magnitud del injusto [y] la extensión del daño causado (…);
y por el otro dar penas tan bajas”. (sic).
Tras recordar algunas precisiones relativas al
reproche formulado, entienden que la responsabilidad debe ser
igual para todos, aplicándose las penas máximas previstas por
la escala penal para los delitos atribuidos.
Añaden que los acusados han sido beneficiados “[con]
circunstancias que se acercan estrechamente con el concepto de
pena natural, que ya fuera descartado rotundamente en autos”.
Hacen reserva del caso federal.
D. Recurso de casación de la defensa de Omar Emir
Chabán.
Los recurrentes encauzan sus agravios en los incisos
1° y 2° del Código Procesal Penal de la Nación.
En este sentido, expresan que “…la resolución atacada
es defectuosa, en tanto no se ajusta a las pautas ordenadoras
establecidas en los arts. 40 y 41 del Código Penal y arts. 123
y 404 inc. 2 del CPP, implicando este defecto un agravio a la
defensa en juicio y el debido proceso”. Explican que “[e]l tribunal impuso la pena a nuestro
defendido en forma fragmentaria de las pautas a valorar, pues
fundó la resolución netamente en valoraciones objetivas,
omitiendo hacer una valoración subjetiva íntegra”.
Indican que el a quo omitió valorar “las advertencias
que realizó Omar Chaban, (…) la reacción de arrojarse sobre la
consola de sonido, (…) [y] los carteles pegados en el local (…)
que (…) prohibían ingresar con toda clase de artefactos
pirotécnicos”.
Añaden que “[t]ampoco tuvo en cuenta el Tribunal que
Omar Chaban estuvo dentro de la tragedia provocada por el
propio público…” y que “…ingresó en varias oportunidades al
local para colaborar en la asistencia.”
Por otra parte, manifiestan que “…el decisorio omitió
el debido tratamiento de las atenuantes propuestas por la
defensa”, como ser que “…Omar Chaban carece de antecedentes
penales, nunca pisó una Comisaría, fue el único referente y
chivo expiatorio de esta dolorosa tragedia, único detenido que
ha cumplido dos años y medio de prisión”.
Tras recordar las cuestiones que se suscitaron en
torno a su liberación y los lugares donde debió aislarse,
agregan que “…durante el debate que duró un año, fue el único
imputado que concurrió a todas las audiencias realizadas, no
faltando nunca”. Hacen consideraciones a la vida actual que
lleva su defendido a consecuencia de la tragedia y de la
trayectoria vinculada a su actividad.
A su vez, los recurrentes sostienen que los
magistrados “merituaron pautas en su sentencia anterior que
concluye en una grave calificación legal –dolo-, no pudiendo
merituar en la ponderación de esta pena la misma plataforma
fáctica y jurídica” pues la actual imputación “es a título de
culpa” (sic). Agregan que la nueva pena ha sido proporcional y
grave a la anterior de 20 años de prisión.
Dicen que tampoco se tuvo en cuenta “la actitud de
parte de la concurrencia que provoc[ó] la comisión del
incendio”.
Finalmente resaltan que “el fin de las penas no es Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
Causa N° 11.684 –Sala
III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
atormentar y afligir a un ente sensible, ni deshacer un delito
ya cometido”, por lo que en definitiva solicitan “la reducción
de la pena impuesta a su mínima expresión”.
Hacen reserva del caso federal.
E. Recurso de Casación de la defensa de Raúl Alcides
Villarreal.
El recurrente encauza sus agravios en las causales
previstas en los incisos 1° y 2° del Código Procesal Penal de
la Nación.
Se agravia porque el fallo “…para graduar la pena
impuesta (…) ha tenido como fundante (…) el voto del Dr. Riggi
[donde se calificó] a la conducta de Villarreal como
constitutiva del delito de estrago doloso y partícipe necesario
de cohecho activo”, cuando en realidad se lo condenó “por el
delito de estrago culposo”.
Explica que la pena debe graduarse teniendo en cuenta
que Villarreal “[era] empleado de Omar Chaban, sin poder de
decisión en cuestiones fundamentales”.
Resalta que “[e]l show (…) podría haberse llevado a
cabo sin la presencia de Villarreal”; y por ello, considera
arbitraria la pena de 6 años de prisión finalmente impuesta.
Por otra parte, destaca que la resolución que fundó
la pena, “[d]ebió tener presente el voto de la Dra. Ledesma,
conforme al cual nuestro pupilo debió ser absuelto”.
Resalta que la pena debió haber guardado una
correspondencia lógica con la impuesta a Chabán y añade que la
confianza que el nombrado le tenía a su asistido “[no] puede
ser tomada en forma negativa”.
Alega que no se tuvo en cuenta que su pupilo “ha
cumplido, desde que fuera puesto en libertad, con todas las
condiciones a las que se comprometiera”.
Cuestiona el rol preponderante que se le asigna a
Villarreal en el local y dice que “…la pena para nuestro
asistido debió ser tal que le permitiera el cumplimiento en
suspenso, teniendo en cuenta sus condiciones personales”.
Manifiesta que “…en relación al delito de cohecho,
Villarreal fue ya sentenciado a la pena de un año de prisión, (…) [y]los fundamentos no han cambiado, por lo que no debe ser
valorado negativamente en su contra”. (sic).
Indica que “…una sentencia que le impone a nuestro
pupilo una pena de cumplimiento efectivo lo conduce a su
detención en una cárcel que, tal como todos sabemos (…) son
lugares sucios, lúgubres e inhumanos”.
Por otra parte, se agravia porque los magistrados
“…dicta[ron] las penas (…) sin dar a las defensas y a las
querellas la oportunidad de producir nuevas pruebas conforme la
nueva calificación legal, (…) [ por lo que han] violentado la
garantía de legítima defensa en juicio e igualdad ante la ley”.
Hace reserva del caso federal.
F. Recurso de casación de la defensa de Diego Marcelo
Argañaraz.
El recurrente encauza sus agravios en los incisos 1°
y 2° del Código Procesal Penal de la Nación.
Denuncia la “…aplicación arbitraria de los artículos
40 y 41 del CP” y pretende la nulidad de la sentencia “…por
tratarse de un acto jurisdiccional que se encuentra configurado
por serios vicios descalificantes, en cuanto a su motivación”.
Para fundar sus aseveraciones, indica que al momento
de mensurar la sanción impuesta a su asistido Argañaraz, el a
quo “no debió haber[se] apartado (…) de las pautas que se
establecieron para la fijación de penas de Torrejón, Carbone,
Djerfy, Delgado, y Cardell, en cuanto a la aplicación de penas
mas cercanas al mínim[o] legal y que permite dejarla en
suspenso”.
Agrega que el tribunal de mérito tuvo en cuenta
pautas de mensuración que “[no] emergen de la alzada superior”.
En esta última dirección, resalta que en la mecánica
de la toma de decisiones del grupo se ha visto modificado el
rol protagónico de Argañaraz y dice que entonces “no [se] puede
explicar con éxito (…) una pena que conlleva prisión de
efectivo cumplimiento”. (sic).
Da las razones por las cuales considera que la
situación de Argañaraz es igual a la del resto de los
integrantes que fueron beneficiados con penas en suspenso y Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
Causa N° 11.684 –Sala
III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
considera que “…al aplicar pena a mi asistido de esta manera
(…) existe en el juzgador un resabio de aquellos criterios
originales (…) donde se le implicó con una pena severísima de
18 años de prisión”.
Por otra parte, indica que “la extensión del daño
causado como pauta mensurativa es más propia del derecho civil
que del derecho penal”; ahí que considere que la sentencia no
explica debidamente “como la mera pluralidad de víctimas
extiende tan por encima del mínim[o] legal” (sic).
Manifiesta que “[n]o se valoró tampoco en el fallo
del tribunal que Diego [Argañaraz] colaboró con la
investigación desde un primer momento” y añade que “…la pena
tiene su télesis en [la] finalidad de reinserción como manda el
art. 18 CN”.
En otro orden de ideas, pregona la aplicación a su
asistido de la pena natural, indicando que Argañaraz “…perdió a
su mujer, como así también casi pierden la vida su madre, su
hermana (…) y también fallecieron sus primos hermanos”.
Agrega que debe valorarse “el esfuerzo que él, sus
amigos y compañeros de banda musical [hicieron por] salvar(…)
vidas…” (sic).
Hace reserva del caso federal.
G. Recurso de casación de la defensa –en su anterior
composición- de Patricio Rogelio Santos Fontanet, Eduardo
Arturo Vázquez, Juan Alberto Carbone, Cristian Eleazar
Torrejón, Elio Delgado y Daniel Horacio Cardell.
El recurrente encauza sus agravios en las causales
previstas en los incisos 1° y 2° del artículo 456 del Código
Procesal Penal de la Nación.
La defensa tacha a la sentencia de nula y arbitraria
por la inobservancia de los artículos 123 y 404 del digesto
ritual, agraviándose, en primer término, por la remisión que el
tribunal de mérito efectúa a las consideraciones de índole
dogmática que sobre la determinación de la pena expusiera en su
sentencia de fecha 19 de agosto del año 2009, pues aquellas
“estuv[ieron] dad[as] con el encuadre típico doloso”.
También se alza contra la remisión al primer voto de la sentencia de esta Sala, pues “seguir una argumentación que
tiene de esencia una calificación diferente a la decidida por
el voto de otros Magistrados [r]esulta incongruente”.
Dice que conforme el encuadre típico doloso “no es
ajustado a derecho considerar la llamada ‘pena natural’, solo
considerable (…) en los delitos imprudentes”.
Alega que las pautas seguidas en el fallo criticado,
no pasan de ser “[algo] probable, hipotético o supuesto y/o
parte de un mero abstracto”.
De la misma manera, se agravia cuando el tribunal a
quo, al momento de ponderar las penas a aplicar, hace
remisiones a las graves características de los hechos por la
multiplicidad de infracciones verificadas y la pluralidad de
resultados.
Por otra parte, aduce que en ningún pasaje de la
sentencia cuestionada “…se hace mínima alusión al cohecho como
parte del concurso delictual”. (sic).
Yendo concretamente a la situación particular de
cada uno de sus defendidos, respecto de Patricio Rogelio Santos
Fontanet ser agravia porque “ser cantante del grupo (…) [no
puede] traslada[rse] [a] una mayor capacidad de evitación de
riesgos o resultados”.
También se queja de que el tribunal haya ponderado
como agravante el hecho de que Santos Fontanet haya intervenido
en la contratación del lugar de la tragedia junto con
Argañaraz.
Dice que además “constituye una ilegalidad manifiesta
que se pretendan constituir como agravantes, las circunstancias
fácticas que precisamente son las constitutivas del aspecto
objetivo, y aún las subjetivas del tipo”.
Con relación a la pena impuesta a Eduardo Arturo
Vázquez, se alza, en primer término, de la ponderación como
agravante de la participación en entrevistas radiales
vinculadas al uso de pirotecnia, indicando que “[no
tiene]relación o nexo causal con el hecho del 30 de diciembre
de 2004” (sic).
También se alza contra la valoración que se otorga a Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
Causa N° 11.684 –Sala
III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
la contratación del sonidista y a la confección de las listas
de invitados, manifestando que “[ello] es irrelevante (…) en
los resultados”. (sic).
Indica, finalmente, que “se presume que por la sola
antigüedad en el grupo sea conocedor del medio (…) aún cuando
todo ello no implica capacidad alguna de evitación”.
Sobre la pena impuesta a Christian Eleazar Torrejón,
señala que “queda claro que no obran agravantes” y que la
sentencia “[t]oma solo y como única pauta para la mensuración
de la condena la antigüedad en el grupo musical”.
En lo atinente a Juan Alberto Carbone, Elio Rodrigo
Delgado y Daniel Horacio Cardell, dice que resultan de
aplicación las críticas ya esbozadas respecto al resto de los
integrantes de la banda.
Volviendo a considerar la situación global de todos
sus asistidos, alega la errónea aplicación de los artículos 40
y 41 del CP, manifestando que se omitió ponderar “que (…) mis
defendidos se encontraban en el lugar de los hechos, y en tanto
ellos también son víctimas (…)[y] han sufrido la perdida de
familiares, parientes, amigos y afectos”; lo cual “…
[constituye] una pena natural”.
Indica que la sentencia resulta incongruente pues aún
cuando se reconocen una serie de atenuantes, al fijar el monto
de la pena “no parecen haber sido ponderadas”.
Señala que tampoco se explica “el alejamiento de los
mínimos de la escala de aplicación” ni el motivo por el cual se
imponen en algunos casos “condenas de prisión de cumplimiento
efectivo”.
Finalmente, el recurrente vuelva sobre las penas
impuestas a Torrejón, Carbone, Delgado y Cardell y se agravia
por “la arbitraria fijación del término de cumplimiento de
[las] reglas” de conducta, como asimismo por la imposición de
tareas a favor de la comunidad, alegando que “nos encontramos
ante una verdadera exageración y extensión de la pena”.
También se alza porque el tribunal dispuso la
realización de un curso a los imputados, extremo que “no [surge
de] la letra del artículo 27 bis del Código Penal” y excede la proporcionalidad “[d]el tipo penal”.
Hace reserva del caso federal.
H. Recurso de casación de la defensa de Maximiliano
Djerfy.
El recurrente encauza sus agravios en los incisos 1°
y 2° del Código Procesal Penal de la Nación.
En este sentido, expresa que en la sentencia puesta
en crisis “…incurri[ó] en (…) arbitrariedad que generó como
consecuencia una errónea aplicación de la ley penal sustantiva,
específicamente de los artículos 40 y 41 del Código de Fondo”.
Se agravia por la remisión efectuada por el tribunal
de mérito a las consideraciones de su anterior sentencia pues
“…no aparece como razonable, por cuanto en dicho acto
jurisdiccional se hicieron valoraciones a otro tipo de ilícito
[el delito doloso]”.
Por otra parte, se queja porque “…la extensión del
daño causado no debe ser valorada como una circunstancia
agravante” pues “…[equivale] a imputar de modo objetivo (…)
daños no perseguidos ni consentidos”.
Sostiene que al tomar la pluralidad de resultados
como agravante de la pena “…se realizaría una doble
consideración de una circunstancia (…), vulnerando el principio
‘ne bis in idem’”.
En otro orden, se agravia porque “[la] pena natural
(…) debió ser tenida en consideración como atenuante al momento
de determinar la pena a imponer” pues “…como consecuencia del
incendio (…) se produjo el fallecimiento de una tía, dos
primos, el novio de una de ellas y un tío paterno del
imputado”. Cita doctrina en relación a la inclusión de la pena
natural y alude a las normas constitucionales que prohíben las
penas crueles y desproporcionadas.
En otro orden de ideas, plantea que las
circunstancias atenuantes valoradas por el tribunal respecto de
Djerfy “no se vieron reflejadas en el quantum punitivo, pues de
lo contrario la pena debió ser fijada en el mínimo legal en
suspenso”.
Explica que Djerfy “desempeñaba un rol de menor Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
Causa N° 11.684 –Sala
III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
preponderancia en el grupo (…) [y] tenía una menor influencia
en la toma de decisiones de la banda”; lo que se traduce “[en]
una menor capacidad de evitación del resultado”.
Con relación al delito de cohecho, se agravia porque
su asistido no conocía “que el local ‘Cromañon’ estaba
habilitado como local clase ‘c’”, ni su capacidad, elementos
que fueran tomados como agravantes por el tribunal de mérito.
Agrega que “…el grado de participación primaria (…)
[es un] atenuante para la determinación de la pena”.
Por otra parte, aduce que “tampoco se ha valorado en
su favor la circunstancia que Djerfy (…) luego del incendio se
quedó en la zona tratando de brindar auxilio a la gente”.

Hace reserva del caso federal.
I. Recurso de casación interpuesto por la defensa de
Carlos Rubén Díaz.
Los recurrentes encauzan sus agravios en los incisos
1° y 2° del artículo 456 del Código Procesal Penal de la
Nación.
En primer término, se agravian porque el tribunal
consideró como agravante del incendio culposo la condición de
funcionario policial de Carlos Rubén Díaz.
Al respecto, dicen que “…el tipo del artículo 189 del
Código Penal, no contempla agravante por tal condición (…) [ni]
está legislada (…) en los artículos 40 y 41 del Código Penal”.
Asimismo, entienden que ha existido una doble
valoración de una misma circunstancia, pues “…la
responsabilidad en el incendio nace derivada de su situación
como integrante de la Policía Federal Argentina” y “…[en el]
delito de cohecho sólo puede encuadrarse la conducta en
funcionarios públicos”.
Por otra parte, se agravian porque el tribunal “tuvo
como norte el voto del Dr. Riggi, [quien] ha sido severo al
confirmar las penas por el delito de incendio doloso”.
Resaltan que en virtud de lo resuelto por la Corte
Suprema de Justicia in re “Squilario”, la pena impuesta “[es]
elevada por colocar a nuestro asistido en una situación de encierro inevitable” motivo por el cual “el monto (…) debe ser
reducido (…) [para que] pueda ser dejad[a] en suspenso”.
En este último sentido, explican los motivos por los
cuales consideran que, a partir de la situación personal de
Díaz, el nombrado cumple con los requisitos para ser
beneficiado con una pena en suspenso.
Se agravian también porque “a la luz del derecho
penal de acto, la falta de condenas anteriores, es sin dudas un
atenuante que debió haber sido valorado”.
En definitiva, propician la nulidad de la sentencia
por falta de motivación y por la errónea aplicación de los
artículos 40 y 41 del CP.
Hace reserva del caso federal.
J. Recurso de Casación de la defensa de Fabiana
Gabriela Fiszbin.
Los recurrentes encauzan sus agravios en los incisos
1° y 2° del artículo 456 del Código Procesal Penal de la
Nación.
J 1. Como primera cuestión, consideran que el fallo ha
inobservado las normas penales sobre la determinación de la
pena (arts. 40 y 41 del Código Penal) y las normas procesales
que imponen el deber de fundamentar las resoluciones judiciales
(art. 123 del CPPN), todo lo cual torna arbitraria la decisión.
Dicen que en la sentencia recurrida “…no se valora
ninguna circunstancia agravante que justifique la elevación del
mínimo legal, ni se tienen en cuenta las circunstancias
atenuantes probadas por la defensa en el juicio”.
Indican que además, “… la falta de ‘antecedentes
penales’(…) no han sido evaluados a ningún efecto, [lo que]
significa (…) una profanación directa al principio ‘non bis in
idem’” (sic).
Señalan que “la ‘impresión causada’ [por la
imputada], (…) no se sabe si (…)[fue] evaluad[a] como
atenuante, agravante”.
Por otra parte, se agravian “[porque] se impone una
CONDENA, SIGUIENDO LAS (…) INSTRUCCIONES (…)[del] Dr. Eduardo
Riggi, demostrándose así no sólo la falta de imparcialidad, Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
Causa N° 11.684 –Sala
III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
sino fundamentalmente la falta de INDEPENDENCIA” (sic).
Expresan que no se han ponderado “…los INFORMES SOCIO
AMBIENTALES impecables de Fabiana Fiszbin, [ni] su actitud
durante el proceso”.
Aducen que, de igual forma, se omitió valorar que
“…[se] pudo condenar a funcionarios de la división bomberos (…)
a partir de la denuncia formulada por nuestra defendida”.
Cuestionan la afirmación del tribunal en torno a que
la capacidad de evitación de Fiszbin había sido plena, al decir
que “[las] dificultades que históricamente colorearon [su] área
(…) debi[eron] haber sido tomad[as] como atenuante[s]”. (sic).
También se quejan, porque “…el Tribunal [tomó] como
agravantes, la formación profesional de la Licenciada Fabiana
Fiszbin y su amplia experiencia en el desempeño de la
administración pública”.
Asimismo, expresan que el tribunal impuso la pena
“…sobre la base de pautas objetivas, SIN FUNDAR CUÁLES SERÍAN
LAS SUBJETIVAS” favorables a Fiszbin. Agregan que no se
discriminan agravantes y atenuantes.
Añaden que tampoco se justificó “[la] racionalidad de
la pena”, la cual no muestra una adecuada relación “entre el
injusto que se le reprocha [a Fiszbin] y la sanción impuesta”.
Resaltan que nada se dijo sobre “la probabilidad o
hipotética inclinación de nuestra defendida a la comisión de
delitos”, esto es, la peligrosidad, que en el caso no existe;
razón por la cual “…la pena (…) está basada sólo en la magnitud
del siniestro”.
Peticionan una condena de ejecución condicional y
dicen que “la aplicación innecesaria de una pena de
cumplimiento efectivo es un resabio del pensamiento primitivo”.
J 2. En segundo lugar, los recurrentes se agravian
porque el Tribunal Oral en lo Criminal n° 24 omitió notificar a
las partes del reenvío dispuesto por esta Sala en la sentencia
de fecha 20 de abril del 2011 para la fijación de las penas y,
además, porque en razón de esa omisión, el plazo de 48hs para
recusar a los jueces de grado fue contado a partir de la
lectura que se efectuara de aquella resolución. Alegan que resulta de aplicación supletoria el art.
135 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y que
por ello “el Tribunal debió haber notificado (…) el ingreso de
las actuaciones (…) para que desde dicha notificación comenzar
a contarse el plazo de la recusación” (sic).
J 3. Hacen reserva del caso federal.
K. Recurso de casación de la defensa de Ana María
Fernández.
El recurrente encauza sus agravios en el inciso 2°
del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación.
K1. Como primera cuestión, el Dr. Vignale plantea la
nulidad del decisorio del Tribunal Oral en lo Criminal n°24 que
determinara la pena de su asistida por considerar vulneradas
las garantías de imparcialidad y del derecho a ser oído.
Explica que oportunamente interpuso recusación por
temor de parcialidad, la cual estaba fundada no solamente en la
circunstancia de que los integrantes del Tribunal Oral en lo
Criminal n°24 habían condenado a Ana Fernández a la pena de 2
años de prisión efectiva, sino además porque esos magistrados
“…dispusieron cursar [una comunicación] al Honorable Congreso
de la Nación proponiendo la modificación de la escala penal
prevista para [la] figura tipificada en el artículo 248 del
Código Penal” con el objeto de que se agraven las penas.
Además, indica que “…cuando la Sala III de la Cámara
Nacional de Casación Penal dispuso el reenvío al Tribunal Oral
N°24, no explicitó quienes debían ser los jueces que
integrarían dicho Tribunal”, motivo por el cual “se debió
haber cursado una notificación a las partes haciendo saber la
integración actual del Tribunal [24]”; ello a fin de “tornar
posible la recusación (…) y asegurar a las partes su derecho
constitucional a ser oídas”.
Como esa notificación no se hizo y el tribunal de
mérito contó las 48hs para interponer la recusación de sus
miembros a partir de la lectura del fallo de esta Sala del 20
de abril de 2011, considera que el rechazo de dicha recusación
por extemporánea fue incorrecto.
Asimismo, entiende que el Tribunal Oral en lo Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
Causa N° 11.684 –Sala
III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
Criminal n° 24, al rechazar la recusación, “no trató el planteo
en función de la garantía [de imparcialidad] del imputado, sino
en virtud del ‘sentido de responsabilidad de los jueces’”. Cita
jurisprudencia vinculada al tema planteado.
K2. Como segunda cuestión, el Dr. Vignale plantea “…la
falta de fundamentación de la sentencia (…) toda vez que se ha
visto violada la manda del art. 123, del código ritual y ello
conlleva, indefectiblemente, a la errónea aplicación de los
arts. 40 y 41 del Código Penal”.
Sobre el punto, expresa que “de los criterios fijados
por la Sala III (…) respecto de los demás condenados (…), surge
a las claras que mi defendida resultó ser una de las condenadas
a quien menor grado de responsabilidad se le atribuyó”.
Agrega que Ana María Fernández era subordinada de
Gustavo Torres, extremo que no fue debidamente considerado por
el tribunal de grado.
Asimismo, entiende que el a quo violó la garantía del
“ne bis in idem”, pues para mensurar la pena “valor[ó] por
segunda vez todo aquello que ya había sido considerado en la
sentencia de la Sala III (…) al tiempo de evaluar el injusto y
la culpabilidad de mi asistida”.
Resalta que para mensurar la sanción, “sólo podían
quedar en pie (…) las condiciones personales de mi defendida,
quien no registra antecedentes penales [y] la modalidad culposa
del delito (…), todo lo cual lleva (…) a la individualización
de una pena sensiblemente inferior a la impuesta, y (…) de
cumplimiento condicional”.
Por otra parte, se queja de la escasa diferencia del
monto impuesto en la pena de su asistida con relación a Fizsbin
y Torres, de acuerdo a sus responsabilidades.
En otro orden, alega que “…el decisorio (…) ha
contrariado las exigencias que se derivan del principio de
proporcionalidad [de las penas], quebrantando los postulados
que hacen al derecho penal de ultima ratio”.
Explica que “la prisión efectiva dispuesta por VVEE
resulta (…) arbitraria [pues] en el supuesto de condenas
cortas, no debe esperarse resultados satisfactorios de readaptación social”.
Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo a su postura
y concluye diciendo que “una pena adecuada para Fernández
debería corresponderse con el mínimo de la escala penal
prevista para el delito por el que ha resultado condenada [y]
con la modalidad de cumplimiento condicional”.
Se agravia, finalmente, porque “en una escala penal
que va de uno a cinco años de prisión, se seleccionó un monto
superior a la mitad para un caso de una condena sin
antecedentes”
K3. Hace reserva del caso federal.
L. Recurso de casación de la defensa de Gustavo Juan
Torres.
Los recurrentes encauzan sus agravios en los incisos
1° y 2° del Código Procesal Penal de la Nación.
Indican que la sentencia no ha tenido “una debida
consideración de los parámetros establecidos por los artículos
40 y 41 del CP” y que es arbitraria por falta de
fundamentación, como así también violatoria de las reglas del
debido proceso y la defensa en juicio.
En primer término, se agravian porque el tribunal de
mérito “…efectúa remisiones inválidas a pronunciamientos
jurisdiccionales previos, sin efectuar la propia y debida
fundamentación del fallo ahora recurrido”.
Plantean que asimismo se ha producido una afectación
al principio de “ne bis in idem”, pues los jueces de grado “…al
momento de determinar la pena [reprodujeron] circunstancias
fácticas que (…) integra[ban] los tipos penales por los que se
juzgó (…) a nuestro asistido”. Hacen referencia, concretamente,
a cuáles fueron las dobles valoraciones.
En otro orden, manifiestan que “…los sentenciantes se
apartaron del límite menor de la escala penal prevista, sin
aclarar, ni desarrollar, los motivos que llevaron a elegir [el]
monto concreto”.
Apuntan que para este caso “[se debe] tener en cuenta
la proporcionalidad con los objetivos de (…) readaptación
social, que resultan ser los fines esenciales de la pena Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
Causa N° 11.684 –Sala
III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
privativa de la libertad”.
Señalan que la pena es excesiva “…para una persona
sin antecedentes penales, que se ha mantenido permanentemente a
derecho y, respecto del cual, en su caso, correspondía una pena
que no superase un máximo de tres años”.
Dicen que en el fallo “no se explica el incremento
de la pena sobre la base de pautas objetivas, ni se fundan
cuáles serían las subjetivas”; todo lo cual “[resulta]
incompatible con un ejercicio racional del poder dentro del
modelo republicano de gobierno (art. 33 CN)”.
Finalmente, proponen que una vez casada la sentencia,
sea otro tribunal el que fije las penas del caso, “a los
efectos de evitar algún eventual atisbo de parcialidad en el
juzgador y para garantizar el derecho al recurso”.
Hacen reserva del caso federal.
TERCERO:
1. El a quo concedió los remedios intentados con los
alcances del decisorio que obra a fs. 70.878/886.
2. En virtud del recurso de queja interpuesto por el
Fiscal General, esta Sala declaró formalmente admisible la
impugnación que le había sido denegada contra las penas
impuestas a Chaban, Villarreal y Díaz (fs. 71.388/89).
3. Asimismo, a raíz de la queja interpuesta por la
querella encabezada por los Dres Iglesias y Campos, esta Sala
declaró admisible el recurso interpuesto contra las penas
fijadas a Chaban, Díaz y Fiszbin (ibídem).
4. Las impugnaciones fueron mantenidas por las partes
de conformidad con los escritos de fs. 70.908, 70.986, 70.988,
70.990, 71.034, 71.043, 71.175, 71.179, 71.180, 71.181, 71.182,
71.195, 71.390 y 71.412.
5. Durante el término de oficina previsto en los
artículos 465 primera parte y 466 del código adjetivo, se
presentaron las siguientes partes y ampliaron fundamentos, a
los que cabe remitirse por cuestiones de brevedad: a) la
defensa de Fabiana Fiszbin (fs.71.473/95); b) la defensa de Ana
María Fernández (fs. 71.514/24vta); c) la defensa de Raúl
Alcides Villarreal (fs. 71.528/38vta); d) la defensa de Carlos Rubén Díaz (fs. 71.539/41vta); y e) la señora defensora oficial
“Ad Hoc”, doctora Brenda L. Palmucci, en representación de
Maximiliano Djerfy, Juan Alberto Carbone y Elio Rodrigo Delgado
(fs. 71.563/72vta).
6. Con fecha 8, 15 y 22 de agosto del año 2012 (ver
constancias de fs. 71.630/36, 71.646/50, y 71.654/55,
respectivamente), se cumplieron con las audiencias “de visu”
respecto de todos los imputados, de conformidad con lo
estipulado por el artículo 41 inciso 2º in fine del Código
Penal.
7. Presentadas breves notas a fs. 71.711/13 –Dr.
Vignale- y a fs. 71.714/24 –Dr. Cruz-; y superada la etapa
prevista por el artículo 468 del C.P.P.N., conforme constancia
actuarial de fs 71.725; la causa quedó en condiciones de ser
resuelta.
CUARTO:
Antes de comenzar con el análisis de las
impugnaciones deducidas contra la determinación de las penas,
corresponde dar respuesta a los agravios esgrimidos en los
recursos de casación de las defensas de Fabiana Fiszbin y Ana
María Fernández, donde se cuestiona el rechazo de la recusación
de los integrantes del Tribunal Oral nro 24.
En esta tarea, conviene recordar que en el fallo de
esta Cámara de fecha 20 de abril del año 2011, la cuestión
relativa al tribunal que debía fijar las penas en el presente
proceso, había quedado definitivamente zanjada, en virtud de la
decisión emitida sobre el punto por la mayoría de esta Sala y
donde establecimos que era el Tribunal Oral en lo Criminal n°
24 quien debía intervenir para determinar las sanciones
aplicables a cada imputado.
En esa misma fecha, las partes tomaron debido
conocimiento de lo resuelto, motivo por el cual, si es que
pretendían recusar a los integrantes de ese tribunal, debían
haber interpuesto la recusación dentro del lapso de 48hs de
conocida su intervención (conf. art. 60 del CPPN), plazo que
evidentemente no cumplieron.
En modo alguno resultaba necesario que el Tribunal Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
Causa N° 11.684 –Sala
III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
Oral nro 24 notificara a las partes del reenvío de las
actuaciones, pues esa decisión había sido dada a conocer con la
lectura de la sentencia de esta Sala y la consecuente entrega
de las copias de dicho fallo que se brindaron a cada una de las
partes.
Menos aún habría de resultar necesario, como pretende
el Dr. Vignale, una nueva notificación de la actual composición
del Tribunal Oral n° 24, pues su integración siempre fue la
misma a lo largo de todo el proceso y su necesaria intervención
en la determinación de las penas ya había sido dada a conocer
conforme lo acabamos de exponer.
Por lo expuesto, consideramos, en consonancia con las
afirmaciones del a quo, que las recusaciones interpuestas por
los impugnantes resultaron extemporáneas.
Por lo demás, y aún cuando ello resulta suficiente
para descartar estos planteos, advertimos que en el apartado
titulado “Aclaración Previa. Marco de Actuación. Recusación
interpuesta” de la resolución de fs. 70.528/553, los jueces de
grado brindaron acabadas razones para descartar que en el caso
existiera algún temor de parcialidad que ameritara su
apartamiento del proceso, extremos que no han sido desvirtuados
por los recurrentes en esta instancia.
Por tanto, entendemos que los agravios vinculados con
la recusación de los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal
n° 24, deben ser rechazados.
QUINTO:
1. Previo al tratamiento de las penas, consideramos
necesario efectuar algunas aclaraciones, vinculadas con los
alcances de nuestra intervención en el presente decisorio.
Si bien en ocasión de emitir nuestro voto en la
sentencia de fecha 20 de abril de 2011 consideramos que la
significación del hecho principal debía encuadrase en una
figura dolosa –respecto de Chabán, los integrantes del grupo
“Callejeros” y Villarreal-, nuestra solución no hubo de ser
finalmente receptada en razón de lo decidido sobre el punto por
los votos de las doctoras Liliana E. Catucci y Ángela E.
Ledesma. Por lo tanto, en este estadio procesal, la graduación
de las penas debe ajustarse a la escala penal que quedara
fijada por el voto de la mayoría de esta Sala, esto es, del
tipo de incendio culposo y, según el caso, el concurso con el
cohecho y/o la omisión de deberes de oficio.
Es en el marco del ejercicio de la jurisdicción y en
consonancia con las calificaciones legales aludidas que nuestra
labor habrá de ceñirse a establecer las sanciones que
corresponde imponer a cada condenado.
Es por ello que no advertimos que pueda existir una
lesión a la imparcialidad que debe reinar al momento de emitir
el fallo, en la medida en que nuestra propuesta anterior ha
quedado descartada y en esta etapa procesal habremos de
determinar las penas de acuerdo a la significación jurídica
definitivamente asignada.
2. De la lectura de algunos de los recursos de
casación interpuestos por las defensas, como asimismo de lo
escuchado en la audiencia de informes, se advierte la
existencia de un agravio en cierta medida compartido por
algunos defensores y que versa sobre el seguimiento que ha
efectuado el tribunal de mérito de las directrices que
oportunamente hemos trazado en ocasión de emitir nuestro voto
en la sentencia de fecha 20 de abril de 2011 respecto de la
graduación de penas.
Sobre esta cuestión, notamos que las partes se
agravian, en esencia, porque entienden que el a quo siguió
pautas para la determinación de la sanción que se correspondían
con una calificación dolosa del hecho principal, extremo que, a
juicio de los impugnantes, resulta incorrecto, pues nos
encontramos ante un hecho de naturaleza culposa.
Desde ya adelantamos que estos cuestionamientos
genéricos no tendrán acogida favorable, pues, en primer lugar,
notamos que el tribunal de mérito graduó las penas de
conformidad con la escala penal definitivamente establecida a
los hechos objeto del proceso, es decir, teniendo en cuenta la
calificación culposa del suceso principal; y, en segundo
término, porque las pautas reseñadas en nuestro primer voto Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
Causa N° 11.684 –Sala
III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
sólo versaban para la graduación de la sanción de acuerdo a los
parámetros de los artículos 40 y 41 del Código Penal sin hacer
referencia alguna al carácter doloso o culposo de las conductas
reprochadas.
3.Por lo demás, consideramos oportuno remarcar, ante
el cuestionamiento trazado por los doctores Stefanolo y Cruz en
la audiencia de informes, que el reenvío para la fijación de
las penas al tribunal de grado, en modo alguno afectó los
derechos de defensa en juicio y debido proceso legal respecto
de los acusados, como así tampoco lo hizo la decisión del
tribunal de grado de fijar las penas de conformidad con la
calificación legal establecida por esta Sala.
Es que no solamente la decisión de esta Alzada sobre
las calificaciones legales correspondientes a cada uno de los
acusados y el marco de su responsabilidad, fue establecida de
conformidad a la actividad recursiva de los acusadores y dentro
las facultades que como tribunal revisor nos confiere el Código
Procesal Penal de la Nación; sino que además ese reenvío se
estableció precisamente para garantizar a los imputados el
derecho al recurso sobre las penas.
No se alcanza a comprender cuál puede ser la lesión
al derecho de defensa o debido proceso, por el hecho de darle
una posibilidad más a todas las partes de recurrir, máxime si
se tiene en cuenta que se escuchó a algún defensor decir que
esta Cámara debía fijar directamente las penas.
Ampliamente las partes tuvieron la ocasión durante el
debate de expedirse sobre todos los tópicos y ahora en esta
instancia nuevamente sobre las penas asignadas. Por ello, no
creemos que en modo alguno haya existido un perjuicio concreto
ni en el procedimiento fijado por esta Sala ni en la decisión
del tribunal oral de fijar las penas, luego de casada la
sentencia en lo pertinente.
En tales condiciones, habremos de analizar el fallo
objeto de estudio.
SEXTO:
Para resolver los planteos vinculados a la
determinación de las penas, no está demás recordar la posición que sobre el punto tenemos acerca de la necesidad de los jueces
de motivar sus decisiones y cuáles son los alcances de la
revisión.
En este sentido, hemos sostenido que “…los jueces
tienen el deber de motivar las sentencias y ello se realiza
cuando se expresan las cuestiones de hecho y derecho que los
llevan a concluir en un caso concreto de determinado modo. Se
cumple así un principio que hace al sistema republicano que se
trasunta en la posibilidad que los justiciables, al ser
absueltos o condenados” y aquí agregamos a que tipo y monto de
pena, “puedan comprender claramente por que lo han sido” (Conf.
Causa n° 941 “Ruiz Karina Valentina s/recurso de casación”, reg.
120/97, rta. el 4/4/97).
En esa inteligencia no puede soslayarse que “la
motivación de la decisión judicial que impone una pena debe
permitir conocer de manera concreta cuáles son las razones por
las que el tribunal ha escogido la sanción que aplica y no
otra”; razón por la cual “ese conocimiento no debe ser logrado
mediante un esfuerzo de intuición, sino que ha de quedar
claramente a disposición de quien lea el fallo, de manera de
que no sólo se advierta el marco legal aplicable, sino el uso
particular que se ha hecho de él” (Conf. FLEMING, Abel/LÓPEZ
VIÑALS, Pablo, “Las penas”, 1° Edición, Ed. Ad-Hoc, Buenos
Aires, 1999, p. 27/8).
Pero además, entendemos que específicamente en lo
referido a la determinación de la pena, el deber de motivación
no sólo viene impuesto por la Constitución Nacional y las
normas del Código Procesal Penal de la Nación (artículos 123 y
404 inc. 2do. de ese cuerpo normativo), sino que la propia
existencia de los artículos 40 y 41 del Código Penal implican
“un deber de fundamentación explícito que permita un control
crítico racional del proceso de decisión” (conf. ZIFFER,
Patricia, “Lineamientos para la determinación de la pena”, Ad-
Hoc, Buenos Aires, 1996, p. 26).
En este último sentido, debe tenerse presente que
“entre la fundamentación de una decisión y la posibilidad de
revisión judicial existe una relación recíproca. Precisamente, Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
Causa N° 11.684 –Sala
III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
en la medición judicial de la pena es imposible enjuiciar su
corrección exclusivamente a partir del resultado (la medida
efectiva de la pena); al contrario, para ello es
fundamentalmente necesario poder reconstruir el camino correcto
hacia la medida definitiva de la pena. Para posibilitar un
examen a la instancia de control (el tribunal de casación), se
requiere junto a la obligación procesal de fundamentación, una
obligación jurídico material de fundamentación” (conf.
MAURACH/GÖSSEL/ZIPF, “Derecho Penal Parte General, Formas de
Aparición del delito y las consecuencias jurídicas del hecho”,
traducción a la 7° Ed. Alemana por Jorge Bofill Genzch, Ed.
Astrea, Tomo II, Buenos Aires, 1995, p. 796).
Por lo tanto, a los fines de ponderar la validez de la
sentencia que determina la pena en el caso concreto, resulta
indispensable que la decisión haga explícito si valora ciertas
circunstancias a favor o en contra del condenado y además el
por qué de esa ponderación, “teniendo en cuenta que sólo
resultan válidos argumentos que estén apoyados en valoraciones
normativas” (Conf. SGRO, Marcelo, “Recurso contra la
individualización de la pena”, publicado Jurisprudencia Penal
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ed. Hammurabi,
Buenos Aires, 2008, p. 116).
En concreto, conviene recordar que esta Sala tiene
dicho que “si bien lo relativo a la aplicación de las reglas de
los artículos 40 y 41 del Código Penal es materia propia de los
jueces de mérito, quienes se encuentran investidos de
facultades discrecionales para fijar la sanción que corresponde
aplicar; dicha potestad no exime a los sentenciantes de fundar
debidamente los motivos que los llevaron a arribar a una pena
determinada, pues si así fuera nos encontraríamos frente a un
supuesto de arbitrariedad, subsanable en esta instancia” (conf.
causa nro. 11692 “Paz Castaño s/recurso de casación”, rta. el
16/4/2010; en igual sentido, causa 11835 “Arevalo, Martín
s/recurso de casación”, rta. el 12/5/2010).
Repasados entonces los lineamientos dogmáticos que
fijan el alcance de la revisión, habremos de analizar la
situación individual de los acusados de acuerdo a los recursos que para cada uno se han presentado.
1. Omar Emir Chaban.
Con relación a la pena impuesta al nombrado, el
tribunal de mérito, comenzó diciendo que, para el caso del
incendio culposo por el cual había sido declarado responsable,
el distinto significado de la conducta imprudente “está
reflejado en la escala penal en la que ahora debemos manejarnos
–entre un mínimo de un año y un máximo de cinco años de
prisión-”, y aclararon que resultaban de aplicación las
consideraciones realizadas respecto de la magnitud del injusto
que ya se había formulado en la sentencia del 19 de agosto de
2009, en relación a la pluralidad de resultados (en el caso 193
muertes y miles de lesionados).
Agregaron los magistrados que también eran aplicables
las apreciaciones efectuadas en aquél fallo respecto de “…la
culpabilidad por la experiencia de Omar Emir Chaban como
organizador de este tipo de emprendimientos”.
Consideramos ajustadas estas primeras aproximaciones
del tribunal de grado, puesto que, una vez determinada la nueva
escala correspondiente a la calificación legal finalmente
asignada, los magistrados ponderaron, como agravantes, todas
aquellas consideraciones anteriormente vertidas en torno a la
gravedad del injusto por la multiplicidad de resultados
producidos y el reproche de culpabilidad mayor que denota la
vasta experiencia de Chaban en la celebración de recitales,
extremos que lucen razonables a la luz de las pautas de
mensuración establecidas en el artículo 41 del Código Penal.
Asimismo, los jueces tuvieron en cuenta que el
incendio concurría en forma real con el delito de cohecho
activo, y determinaron que entonces la escala penal oscilaba
entre uno y once años de prisión.
Tras ello, establecieron como agravante que respecto
del cohecho “se trató de un delito reiterado en el tiempo y que
la finalidad perseguida era asegurar el funcionamiento de un
local de baile clase ‘c’ que lejos estaba de reunir las
condiciones mínimas para albergar a jóvenes que iban a
presenciar recitales de rock, donde el exceso de concurrentes Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
Causa N° 11.684 –Sala
III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
era una constante que involucraba el pacto espurio”.
Volviendo sobre el delito de incendio, el tribunal
valoró a modo de agravante “que el imputado ha tenido un rol
preponderante”, en cuanto “al aporte que tuvo el empresario en
los factores de riesgo que se concretaron en el fatídico
resultado que se le reprocha a título de imprudencia”, como así
también que la multiplicidad y magnitud de condiciones
antirreglamentarias del lugar “llevan a una valoración negativa
dado que la imprudencia puede ser catalogada de temeraria”.
Además, tuvieron en cuenta, de acuerdo al primer
fallo, que el motivo que llevó al acusado a delinquir fue el
ánimo de lucro.
En cuanto a las atenuantes a tener en consideración,
los magistrados se remitieron a la sentencia anterior, donde se
ponderaron no sólo las condiciones personales, sino también el
intento inútil que realizara Chaban de cortar el sonido para
evitar las consecuencias del incendio.
En base a todas esas consideraciones, fue que el
tribunal de mérito consideró justo aplicarle al nombrado la
pena de 8 años de prisión y accesorias legales.
Llegado el momento de expedirnos, si bien el tribunal
de grado habría en principio explicado de manera coherente el
marco aplicable al caso, apreciamos que existe en el supuesto
concreto bajo análisis una desproporción de la pena fijada con
relación a la gravedad del delito y a la concreta intervención
de Omar Chaban en él, que lo coloca como el personaje de mayor
responsabilidad en este crimen.
La arbitrariedad de la decisión del tribunal de
mérito reside en que las aserciones volcadas en las premisas
del fallo, no se vieron reflejadas en la conclusión, esto es,
en el monto punitivo finalmente impuesto.
En efecto, la culpa temeraria con la que obró Chaban
–de acuerdo al voto de la doctora Catucci que formó mayoría
sobre el punto-, con conocimiento de todos los factores de
riesgo; el lucro que guiaba su accionar; su experiencia en la
realización de este tipo de eventos; el claro menosprecio por
la vida humana demostrado en su actitud posterior al hecho –se retiró sin brindar ayuda alguna-; como asimismo el
inconmensurable daño causado hacia las personas que
concurrieron a su local, lo ubican en el máximo de la escala
penal aplicable.
Frente a ello, las atenuantes aludidas por el a quo,
sólo pueden mitigar mínimamente la respuesta punitiva. Es que
la falta de antecedentes o el intento de apagar el sonido,
frente a la magnitud del injusto y resultados producidos en el
contexto de su accionar, resultan ínfimas respecto del reproche
de culpabilidad que como máximo responsable de esta dolorosa
tragedia merece.
En consecuencia, entendemos que la sentencia en este
punto debe ser casada, en el sentido propuesto por las partes
acusadoras. De acuerdo a las ponderaciones realizadas, de
conformidad con los arts. 40 y 41 del Código Penal, entendemos
justo aplicarle a Omar Emir Chaban la pena de 10 años y 9 meses
de prisión, accesorias legales y costas.
Resta dar respuesta a algunos cuestionamientos
trazados por la asistencia técnica del acusado. En tal sentido,
no advertimos que existan atenuantes relevantes para el caso
como lo sostiene la defensa; sólo las ya valoradas que no
tienen entidad para disminuir el reproche más allá de lo
propuesto.
Reiteramos, dentro de la escala penal aplicable, la
gravedad del injusto por su concreta actuación y la pluralidad
de resultados en el caso del incendio como así también la
reiteración de conductas delictivas en el cohecho, nos ubica
dentro del máximo de la escala penal aplicable.
Por lo demás, tampoco resultan relevantes para
aminorar el castigo, todas aquellas circunstancias apuntadas
por los defensores en torno a los sufrimientos que a
consecuencia de la tragedia ha padecido Chaban, pues estos
aspectos se vinculan con la pena natural, cuya aplicación ya
hemos descartado oportunamente en virtud de que no se encuentra
legislada en el Código Penal argentino. Nos remitimos a lo
dicho en el considerando decimotercero de nuestro voto en la
sentencia de fecha 20 de abril de 2011 en el marco de esta
causa.
Menos aún, aquellas alegaciones escuchadas en la
audiencia de informes, donde se aludió a cuestiones que guardan
relación no con la pena, sino con la imputabilidad,
“prohibición de regreso” o culpa de las víctimas, temas todos
estos que hacen a la responsabilidad en sí misma de Chaban, la
cual quedó definitivamente fijada por esta Sala en la sentencia
indicada y que no es objeto de revisión en esta instancia.
De la misma manera, no puede tener asidero el agravio
vinculado a que se valoran en su contra pautas que se
correspondían a una “grave calificación legal –dolo-”, pues
hemos visto que su situación fue encuadrada en las
circunstancias del caso de acuerdo a la nueva significación
jurídica del hecho principal, esto es, incendio culposo,
extremo que se vio reflejado necesariamente en la escala penal
a tener en cuenta.
2. Respecto de Raúl Alcides Villarreal.
En lo atinente a la pena impuesta al nombrado, el
tribunal oral comenzó por recordar que este acusado “fue
hallado responsable por el voto mayoritario como autor del
delito de incendio culposo (art. 189, segundo párrafo del
Código Penal) el que concurre realmente (art. 55 Código Penal)
con su participación necesaria en el delito de cohecho activo
(arts. 45 y 258 del Código Penal)”.
Dentro de la escala posible, que va de uno a once
años de prisión, el tribunal, en consonancia con las
apreciaciones de nuestro voto anterior, entendió que “…deb[ía]
hallarse un adecuado equilibrio entre la condición que
ostentaba en el local ‘República Cromañon’ y la experiencia que
tenía en el manejo de espectáculos como los que allí se
brindaban”.
En esta tarea, el tribunal se remitió “…al rol
preponderante que le fuera asignado en el manejo de la
seguridad en la noche del 30 de diciembre de 2004 en ocasión
del recital brindado por el grupo ‘Callejeros’”.
Sobre este tópico, el a quo rememoró que Villarreal
“…se desempeñaba en todos los ordenes de la actividad que se desarrollaba en el local, a saber: vendía entradas en
boletería, practicaba liquidaciones y confeccionaba el
bordereaux reuniéndose con los managers y armando algunas
fechas, dirigía al personal de seguridad o control y disponía
su número, manejaba el ingreso de espectadores flexibilizando
los controles en algunos casos según su criterio, decidía el
estado de las puertas principales de ingreso, señalaba a los
nuevos empleados las tareas a realizar, recepcionaba al
personal de SADAIC abonándole parte del canon respectivo, y
participaba de las reuniones que Chabán realizaba con Levy”.
En referencia al fallo de esta Sala, los magistrados
tuvieron en cuenta que respecto de Villarreal “[se] asigna
crucial trascendencia al hecho de ‘haber dado puerta’ aquel día
30 de diciembre, como así también haber permitido el ingreso de
personas sin que se efectuara el ‘cacheo’ de rigor y que pese a
tener autoridad para modificar las salidas no dio ninguna orden
para agilizar las vías de escape, sino que por el contrario dio
orden de cierre de los portones violetas del hall central, lo
que constituyó, según la sentencia, otro factor que contribuyó
en la acentuación del riesgo”.
Añadieron los sentenciantes que “[t]ambién se valora
con sentido negativo, y en cuanto a su vinculación con el
incendio, el papel preponderante en el pacto espurio entre Omar
Chabán y el Subcomisario Díaz, pues justamente a través de éste
se permitía el desarrollo de la actividad del local por fuera
de las ordenanzas y reglamentos que debían observarse para el
cuidado de la seguridad de los asistentes”.
Por su parte, se valoró a su favor que “….su papel no
fue decisivo al acordarse la realización del recital en esa
situación riesgosa”, como asimismo “[sus] condiciones
personales” vertidas en la sentencia anterior.
De esta manera, los jueces estimaron justo imponerle
la pena de 6 años de prisión, accesorias legales y costas.
Notamos pues que el tribunal de mérito, ha dado
fundadas razones para determinar la sanción aplicable al caso,
ponderando adecuadamente las circunstancias que en el caso
concreto se consideraron como agravantes como así también las Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
Causa N° 11.684 –Sala
III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
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atenuantes que en definitiva se vieron reflejadas en el monto
de la sanción a imponer, lo que impide, a nuestro juicio,
calificar al fallo de arbitrario.
El recurso de casación de la defensa de Villarreal no
alcanza a rebatir los argumentos brindados por el tribunal de
juicio ni logra demostrar en dónde reside el yerro de la
decisión.
En este último sentido, recordemos que la defensa se
agravia porque el tribunal habría seguido pautas establecidas
en nuestro voto anterior que, según su criterio, se
corresponderían con un actuar doloso; sin embargo, lo que el
recurrente ha perdido de vista es que tales consideraciones
resultan aplicables a los hechos que se tuvieron por probados -
que ya no se encuentran en discusión- y que la aplicación de la
figura culposa se ve reflejada en la escala penal tomada como
base por el a quo, la cual ha sido efectivamente respetada.
Por lo demás, notamos que con esta pena, existe un
justo equilibrio entre el rol que hubo de desempeñar Villarreal
en el local y la circunstancia de que no dejaba de ser un
subordinado de Chaban, extremo que se aprecia claramente a poco
que se repara en el quantum de la sanción, bastante menor a la
que “ut supra” proponemos corregir en relación al nombrado.
Esta última consideración, permite sin más descartar
las manifestaciones de la defensa en torno a que la pena debió
“guardar una correspondencia lógica con la impuesta a Chaban”,
pues ello evidentemente ocurre a partir de la modificación
propuesta en esta instancia.
Tampoco resultan relevantes las circunstancias
apuntadas por la defensa en torno a que se debió haber valorado
a favor de Villarreal que uno de los integrantes de esta Sala
haya votado por su absolución ni menos aún que su asistido haya
cumplido las condiciones impuestas por la justicia cuando fuera
excarcelado, pues tales parámetros no se encuentran previstos
dentro de las pautas de mensuración regladas en el artículo 41
del Código Penal.
Por otra parte y en relación al recurso del
Ministerio Público Fiscal donde se reclama un agravamiento de la sanción, notamos que se aluden a circunstancias que
efectivamente fueron valoradas por el tribunal de grado, como
asimismo que se pretende que se asigne una pena mayor sólo
basada en la gravedad del injusto y sin ponderar las
condiciones personales del acusado. Esta postura omite
considerar los parámetros estipulados en el inciso segundo del
artículo 41 del CP y, por ello, no podrá tener acogida
favorable.
Además y he aquí la diferencia: el rol de Villarreal
no era el mismo que el de Chaban, era su subordinado. Por eso
entendemos que con la nueva pena propuesta para el primero, sus
situaciones quedan bien justipreciadas.
En suma, ninguno de los recurrentes ha logrado
demostrar la arbitrariedad del fallo en este punto y sus
opiniones no pasan de ser meras discrepancias con la cuestión
debatida y resuelta, por lo que proponemos se confirme la
sanción impuesta al acusado Villarreal.
3. Respecto de Carlos Rubén Díaz.
En lo atingente a la sanción impuesta al nombrado
Díaz, el tribunal comenzó por fijar la escala penal aplicable
al caso –de uno a once años de prisión-, indicando que había
sido encontrado autor “…del delito de incendio culposo (art.
189 segundo párrafo del Código Penal) en concurso real (art. 55
del mismo ordenamiento) con la autoría de cohecho pasivo (art.
256 del código de fondo”.
En cuanto a las atenuantes, se remitieron a lo
expuesto en su anterior sentencia, concretamente, en lo que
hace a las condiciones personales del nombrado y sobre todo a
la falta de antecedentes penales.
Para evaluar su intervención en el injusto, indicaron
que “[e]n la resolución del Superior expresamente y en cuanto a
su responsabilidad en el incendio culposo, se señala que la
omisión funcional de Díaz, al no haber clausurado
preventivamente el lugar ante el cúmulo de contravenciones que
incurría, comportó una violación al deber objetivo que debía
observar para evitar que un suceso de las características del
examinado tuviera lugar”, motivo por el cual “…su accionar Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
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Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
contribuyó de manera efectiva a la producción del incendio con
peligro común, lo que le era previsible pues estaba al alcance
de sus manos la posibilidad de llegar a conocer todas las
condiciones de peligro que presentaba el local”.
Asimismo, señalaron que “esta figura [el incendio] no
contempla un agravante por su comisión por parte de un
funcionario público, lo que sin duda debe redundar en una mayor
reprochabilidad”.
Y aclararon que “también val[ía] la remisión a las
consideraciones efectuadas respecto de la magnitud del injusto
del cohecho, pues su aspecto fue recogido por todos los jueces
de casación en sus respectivos votos”.
Todo ello llevó en definitiva a que se le impusiera
una sanción de 6 años de prisión, accesorias legales y costas,
e inhabilitación especial perpetua.
Apreciamos que si bien el tribunal de grado intentó
dar razones para determinar la pena respecto de Carlos Rubén
Díaz, indicando cuál era la escala aplicable al caso, qué se
valoraba como atenuante y cuáles eran las agravantes, las
circunstancias tenidas en cuenta no se vieron reflejadas en la
conclusión, esto es, el monto punitivo finalmente asignado, lo
cual descalifica al pronunciamiento como acto jurisdiccional
válido.
Es que la magnitud del injusto, la gravedad del
accionar de Díaz, como asimismo la circunstancia agravante de
resultar un funcionario público -encargado de velar por la
seguridad de las personas, cuya vida dejó librada por unos
pocos pesos reusándose a cumplir su obligación como miembro de
las fuerzas de seguridad-, relevan un reproche de culpabilidad
claramente superior al establecido en la determinación de la
sanción por el tribunal de grado.
Bastaba una sola orden del Subcomisario Díaz para
que se activen los mecanismos institucionales para proceder a
la clausura de “República Cromañon”. Sin embargo, guiado por el
cobro de sobornos omitió denunciar el local y permitió que
siguiera funcionando durante varios meses.
La respuesta debe ser claramente superior a la de los funcionarios del GCBA –que no responden por cohecho y no
estaban tan cercanos al local siniestrado-, lo que no se vio
reflejado en la sentencia. Vemos aquí otro punto que demuestra
la arbitrariedad del fallo en la proporción de las sanciones
dispuestas.
En este contexto, sólo sus favorables condiciones
personales y la circunstancia de que no se encontraba en el
lugar el día del hecho permiten mitigar la respuesta punitiva
dentro de la escala aplicable.
En este último sentido, debemos encontrar un
equilibrio con la pena propuesta para Chaban, quien en
definitiva era quien organizaba los recitales, disponía las
condiciones de riesgo del lugar y contaba con una vasta
experiencia en el rubro, por lo que parece ajustado que el
reproche a Díaz sea menor en comparación a la sanción que
escogimos para el primero de los nombrados.
La calidad de funcionario público habrá de verse
reflejada en el monto a imponer, porque la gravedad de su
culpabilidad con relación al incendio es mayor dada su
obligación funcional de velar por la seguridad de las personas;
aunque insistimos en que el nombrado no se encontraba ni dentro
ni próximo al lugar al momento de producirse el hecho, por lo
que sus posibilidades de influir en el curso de los
acontecimientos no era la misma que tenían aquellas personas
que participaban activamente en el desarrollo de los pormenores
del espectáculo, lo que jugará, como dijimos, en su favor.
En consecuencia, de acuerdo a lo precedentemente
expuesto, en los términos de los artículos 40 y 41 del Código
Penal, consideramos justo imponerle la pena de 8 años de
prisión, accesorias legales y costas.
Los agravios que ha dejado traslucir la defensa del
acusado no logran conmover nuestra decisión.
En esta última dirección, no es cierto que con la
valoración negativa de la condición de funcionario público se
haya “creado” una agravante que no se encuentra legislada en el
tipo del art. 189 del CP, sino que precisamente se pondera que
la gravedad de su injusto es mayor por revestir esa calidad en Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
Causa N° 11.684 –Sala
III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
los términos del art. 41 del CP.
Menos aún puede entenderse lesionado el principio de
“ne bis in idem”, pues la calidad de funcionario fue tomada
como agravante sólo respecto del incendio –en el que no forma
parte de la tipicidad- y no con relación al delito de cohecho,
motivo por el cual no se aprecia en qué medida se puede
sostener que exista una doble valoración de una misma
circunstancia.
4. Respecto de los integrantes del grupo
“Callejeros”.
En lo inherente a la sanción impuesta a los miembros
de la banda musical, notamos, en primer lugar, que el tribunal
de mérito realizó consideraciones de índole general aplicables
a todos los acusados, para luego analizar la situación de cada
uno en particular.
En efecto, se desprende de la sentencia cuestionada,
que una vez establecido el marco legal aplicable, esto es, la
escala de 1 a 11 años de prisión correspondiente al concurso
real entre la autoría culposa del delito de incendio agravado y
la participación necesaria en el cohecho, el a quo comenzó
diciendo que para todos los acusados “…rigen las pautas ya
indicadas en lo que hace a la magnitud del injusto y la
extensión del daño causado”.
Asimismo, para fijar el marco de actuación de los
imputados, el tribunal resumió la esencia del reproche que se
desprendía del fallo condenatorio de esta Sala, extremo que
resultaba necesario si tenemos en cuenta que los sentenciantes
habían dictado a su respecto un fallo absolutorio que fue
finalmente casado en esta instancia.
De esta manera, explicaron los magistrados que “[e]n
cuanto a su intervención en el hecho el voto mayoritario
aseguró que debido a las formas en que tomaban las decisiones y
su contenido, todos los integrantes de la banda, por igual,
participaron en la organización del espectáculo la noche del 30
de diciembre de 2004, porque mediante sus elecciones
dispusieron cómo debía realizarse el show y colaboraron en la
preparación, fijando las reglas en que actuarían”. Siempre en relación al fallo de esta Sala, apuntaron
los jueces que “se afirmó (…) que intervinieron de manera
activa en la creación de la fuente de peligro pues estuvieron
encargados de ciertos aspectos del show y colaboraron a generar
las condiciones riesgosas para que se produjera la tragedia”,
como así también que “[s]obre su responsabilidad se marcó como
punto de partida la decisión de actuar en ‘República Cromañon’
en razón de que la ausencia de controles permitía la
estimulación de los espectadores mediante la publicidad y
eventual uso de bengalas o candelas, además [de] que todos se
avinieron a dar comienzo a la función del 30 de diciembre de
2004 con pleno conocimiento”.
Señalaron que esta Sala también hizo hincapié “[en]
la grave irresponsabilidad de los componentes del grupo
musical, por violación al deber de cuidado, al considerar a las
anteriores circunstancias aunadas al conciente y estimulado uso
de pirotecnia.”
Agregaron, además, que ya se había descartado “…como
criterio general de disminución de la sanción, la existencia de
una pena natural, ya sea por las afecciones o secuelas que dejó
el suceso en los condenados, como también por el deceso de sus
parientes y afectos como consecuencia del incendio”.
Finalmente, en consonancia con las pautas fijadas en
nuestro voto volcado en la sentencia de fecha 20 de abril de
2011, indicaron que “[h]abr[ía] [de] determinarse a través del
análisis individual el concreto marco de actuación de cada uno
de ellos, su preponderancia en la estructura, su ascendencia o
predicamento para establecer el juicio de reproche”.
Entendemos que hasta aquí la motivación del fallo no
mostraba objeción alguna, pues no solamente el a quo había
fijado correctamente el marco legal aplicable al caso, sino que
además había referenciado de manera acertada la base de
actuación de los integrantes del grupo como punto de partida
para determinar la sanción a cada uno de ellos.
Observamos también que se había realizado una
remisión a la gravedad del injusto, a la extensión del daño
causado, al descarte de la pena natural, y a las pautas Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
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III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
generales fijadas para la determinación de la pena en nuestro
voto anterior, extremos que si bien han sido cuestionados por
los defensores de los miembros de “Callejeros”, ya hemos tenido
la oportunidad de descartar al tratar la situación de los otros
imputados, por lo que nos permitimos efectuar las remisiones
pertinentes.
No obstante lo hasta aquí expuesto, y como veremos al
tratar la situación de cada imputado, inexplicablemente, el
tribunal más adelante realizó una serie de consideraciones que
lo llevó a efectuar drásticas distinciones entre los miembros
de la banda, donde conceptuamos que no las había, a punto tal
de beneficiar a algunos con penas irrisorias para la gravedad
del injusto y la responsabilidad que les cabía.
Es decir, para la situación de algunos, las
remisiones realizadas por el tribunal de juicio en torno a la
manera conjunta de tomar las decisiones, a la gravedad del
delito y la extensión de los daños causados, fueron aparentes,
porque finalmente no se vieron reflejadas en los montos
punitivos seleccionados. Claro que existían matices entre los
miembros del grupo, pero eran sólo eso, matices.
Ello revela la arbitrariedad y nos habilita a revisar
las penas impuestas y así habremos de proceder para cada uno de
los condenados.
En otro orden de ideas, notamos que en el recurso de
casación interpuesto por el Dr. Gutiérrez, anterior letrado
defensor de los acusados Fontanet, Vázquez, Torrejón, Carbone,
Delgado y Cardell, se han efectuado un sinnúmero de
consideraciones vinculadas a la intervención de los nombrados
en los hechos por los cuales se los ha declarado responsables,
cuestionando la validez la sentencia de esta Sala de fecha 20
de abril de 2011 como asimismo la dictada sobre las penas
fijadas para sus pupilos pero en base al entendimiento de que
no resultaban responsables.
Sobre esas objeciones, sólo habremos de aclarar que
no es la ocasión recursiva pertinente para atacar la
materialidad de los hechos, la participación en los mismos de
sus asistidos, las pruebas, ni la calificación legal definitiva que determinara su responsabilidad jurídico penal, razón por la
cual todos los agravios vertidos en tal sentido no habrán de
tener acogida favorable.
Es decir, no se trata aquí de considerar lo ya
revisado y decidido en esta instancia sobre el particular.
Sentado cuanto precede, corresponde ingresar a
analizar la graduación de la sanción para cada integrante del
grupo en particular.
4. a. Diego Marcelo Argañaraz.
En lo inherente al nombrado, el tribunal, en primer
término, se hizo cargo de distinguir su responsabilidad con
relación Chaban, indicando que si bien ambos eran coorganizadores, “…su situación no era la misma atendiendo a la
experiencia [de Chaban] y a la inexperiencia que ponderamos en
su oportunidad como atenuante que revelaba Argañaraz”.
En otro orden, explicaron que si bien el ánimo de
lucro era una pauta agravante, “…deb[ía] a su vez contemplarse
que en el caso de Argañaraz esa ambición no estaba orientada a
lograr un provecho económico exclusivamente personal, sino que
formó parte de un emprendimiento junto a otras personas”.
Por su parte, como atenuante, los magistrados
ponderaron a su favor “su actuación en calidad de partícipe
primario –a diferencia del plus que significa la autoría que en
el caso y conforme la sentencia tienen Chaban y Díaz por el
dominio del hecho- en el delito de cohecho”, como así también
que “…su intervención en ambos hechos delictivos que le son
reprochados, se ve en parte atenuada, por la intervención
asignada a los integrantes del grupo Callejeros, a quienes
representaba, y especialmente a la trascendencia que la
sentencia ha dado al proceso de toma de decisiones grupal,
[que] le restan el rol protagónico otrora asignado”.
No obstante ello, el a quo agregó que “…no puede ser
pasado por alto que su intervención en el manejo de factores de
riesgo ponderados en la sentencia del tribunal de casación, no
es igual por su especial función a la de todos los integrantes
del grupo” pues “puede predicarse en él una mayor
preponderancia en la decisión de algunas de las cuestiones que Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
Causa N° 11.684 –Sala
III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
tuvieron relevancia en el resultado como fueron el manejo y la
contratación del personal de seguridad, contratación junto a
Fontanet del local para las actuaciones del mes de diciembre de
2004 y control de las condiciones del lugar antes de que la
banda saliera a tocar”.
Por todas estas consideraciones, los sentenciantes
estimaron justo imponerle la pena de 5 años de prisión,
accesorias legales y costas.
Debemos precisar que la distinción de roles excesiva
que el tribunal realizó entre los miembros de la banda, lo hizo
en puro beneficio de aquellos que fueron congraciados con una
pena condicional, tal como lo expondremos más adelante. Por
ello, aquella afirmación de un protagonismo mayor de parte de
Argañaraz no era per se incorrecta.
Es que ciertamente quizá el rol de manager lo ubique
un poco por encima del resto de los integrantes de la banda –
salvo Fontanet-, lo que ameritaría elevar la sanción. Sin
embargo, a nuestro juicio, la buena impresión causada por
Arganaraz en la audiencia de visu, permite la confirmación de
la pena impuesta, e impide agravar su situación (art. 41 inciso
2 in fine del CP).
En este sentido, a diferencia de sus compañeros, se
mostró como un adulto responsable, en lo inherente a su
situación frente al proceso, como asimismo respecto a su
familia y proyecto de vida.
La pena de 5 años también luce equilibrada entre el
menor contenido de reproche que le cupo a Argañaraz con
relación al imputado Chaban –que ahora fijamos en 10 años y 9
meses-, en razón de la inexperiencia que el primero de los
nombrados tenía con relación al segundo y la calidad de máximo
responsable que éste último reviste en la tragedia. Incluso,
nótese que Argañaraz no estaba en el escenario, lo que reduce
sensiblemente su capacidad de evitación.
Por otra parte, y a fin de descartar las pretensiones
de los acusadores que reclaman una pena mayor, debe tenerse
presente que el ánimo de lucro que motivó la actuación de
Argañaraz como asimismo la intervención que le cupo en la organización del espectáculo se vio disminuida –de acuerdo a lo
dictaminado por esta Sala-, pues la responsabilidad ya no
pesaba únicamente sobre su persona, sino que actuaba en
representación del grupo “Callejeros”.
Aparece justa la atenuación dispuesta por su calidad
de participe en el delito de cohecho con relación a los
autores, extremo que se deriva de la ausencia de dominio del
hecho que caracteriza a la participación criminal respecto de
la autoría.
Los agravios que sobre estos puntos han esbozado los
acusadores reclamando una sanción mayor, no alcanzan a conmover
la decisión del tribunal, pues se tratan de meras discrepancias
con el monto de pena escogida y no logran acreditar la falta de
fundamentación que pregonan.
Por su parte, notamos que la defensa de Argañaraz en
su recurso de casación pretende que se equipare la situación de
su asistido a la del resto de los integrantes del grupo que
recibieron penas menores, con alegaciones genéricas.
Como veremos, la situación habrá de equipararse, pero
no para beneficiar insólitamente a su pupilo con una pena
irrisoria, sino para ajustar las sanciones del resto de los
integrantes del grupo a la magnitud del injusto, la extensión
del daño causado y sus situaciones personales.
Deben rechazarse también las pretensiones del Dr.
Bois relativas a la pena natural, pues ya ha sido descartada en
autos, como asimismo aquellas tendientes a cuestionar la
agravación del reproche en orden a la pluralidad del resultado
y las que refieren a la primigenia calificación del hecho,
agravios que ya hemos tenido la ocasión de contestar.
4. b. Patricio Rogelio Santos Fontanet.
Con relación al nombrado, tras fijar la escala
aplicable, el tribunal comenzó diciendo que “[r]especto de la
magnitud del injusto, cabe remitirse (…) a las consideraciones
efectuadas relativas a las graves características por la
multiplicidad de infracciones del deber verificadas y
multiplicidad de resultados lesiones a los bienes jurídicos de
la vida e integridad física”. Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
Causa N° 11.684 –Sala
III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
Asimismo, tras recordar las pautas mensurativas que sobre el punto hemos esbozado en nuestro voto de la sentencia
que lo encontró penalmente responsable, los magistrados
señalaron que “la impronta favorable a la utilización de
pirotecnia del grupo tenía su génesis en las propias
manifestaciones de Fontanet”, como asimismo que su
preponderancia dentro de la banda estaba dada “[por] las
reuniones que en conjunto con el manager del grupo mantenía con
los propietarios y encargados de seguridad de los lugares donde
se realizarían las presentaciones musicales (…); las múltiples
entrevistas escritas y radiales en donde fijaba su posición
respecto del uso de bengalas y otros artefactos pirotécnicos;
[y] los videos que reflejan las actuaciones donde Fontanet se
refería al uso de pirotecnia”.
Todas estas cuestiones, a criterio de los
sentenciantes, “…revela[n] su natural ascendente, especialmente
sobre el público, pues su posición en la banda como cantante lo
llevaba a que fuera casi con exclusividad quien a través del
micrófono trataba la especial relación que se ha verificado con
sus seguidores”.
Añadieron los jueces que Fontanet “…tuvo (…) un mayor
conocimiento de los factores de riesgo y un mayor deber de
evitación”.
Por su parte y en relación al delito de cohecho, los
magistrados puntualizaron que “…al igual que en el caso del
resto de los integrantes del grupo musical, se debe valorar
como atenuante su intervención en calidad de partícipe
necesario y no como autor, lo que conlleva en consecuencia
menor reproche”.
Finalmente, los sentenciantes se dedicaron a ponderar
las condiciones personales de Fontanet, efectuando un
pormenorizado detalle de los datos que surgen de su legajo
personal, aclarando que tales circunstancias aunadas a su falta
de antecedentes penales debían ser valoradas como atenuantes,
en los términos del inciso 2do del artículo 41 Código Penal.
En definitiva estimaron justo imponer la pena de 5
años de prisión, accesorias legales y costas. Nuevamente la fundamentación del tribunal se ha
revelado como aparente y ello se refleja en el monto de la
sanción definitivamente impuesta.
Es que el caso de Patricio Rogelio Santos Fontanet,
sin llegar naturalmente a equiparar su situación con la de
Chaban, es la más grave de todos los miembros de la banda
musical.
Su posición de líder, miembro fundador y cara visible
del grupo le daba un mayor predicamento en el conjunto y
especialmente sobre sus fans.
La capacidad de evitación del hecho era mayúscula.
Era el cantante, arriba del escenario, con el micrófono en la
mano. Bastaba que se negara él para que el recital no empezara.
Todo ello naturalmente juega en su contra. El
tribunal pese a haber advertido su condición de líder, lo
benefició con una pena que entendemos que no se corresponde con
las premisas enunciadas. Ello debe ser corregido, en el sentido
propuesto por los acusadores que pusieron énfasis en el
liderazgo de Fontanet, es decir, valorando su capacidad de
evitación, el fomento de la pirotecnia, su posición dentro del
escenario y su influencia sobre el público; aunque, claro está,
con una respuesta menor que aquella que hemos propuesto para
Chabán –como máximo responsable del local- y Díaz –como policía
encargado de velar por la seguridad de las personas-.
Juegan si a su favor sus condiciones personales y el
intento de lanzarse hacia el público luego de desatado el
incendio con cierta actitud de salvamento.
En consecuencia, de conformidad con lo establecido
por los arts. 40 y 41 del CP, estimamos justo imponerle la pena
de 7 años de prisión, accesorias legales y costas.
Notamos que la defensa se agravia particularmente
porque considera que el hecho de ser cantante no puede
trasladarse a una mayor capacidad de evitación del resultado.
Este agravio debe ser rechazado, pues justamente
ocurre lo contrario a lo afirmado por la defensa. En efecto, el
haber intervenido como cantante el día del hecho colocaba a
Fontanet en una posición superior a la del resto de sus Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
Causa N° 11.684 –Sala
III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
compañeros para detener el recital antes del siniestro, tal
como lo hemos expuesto.
Por otra parte, vale aclarar, que no advertimos que
exista una doble valoración de agravantes respecto de elementos
que integraban la tipicidad, al valorarse las circunstancias
relativas a la intervención en el hecho de acuerdo a lo
establecido en el inciso 1ero del artículo 41 del Código Penal.
Por lo demás, la defensa de Fontanet, al igual que
para el resto de sus compañeros, pretende que se mitigue la
sanción, aludiendo a las pautas mensurativas trazadas en
nuestro voto anterior, a la pena natural, como asimismo a las
circunstancias tenidas en cuenta para ponderar la gravedad del
delito de cohecho, agravios que ya hemos tenido la ocasión de
descartar, por lo que efectuamos las remisiones
correspondientes.
4. c. Eduardo Arturo Vázquez.
Aquí el a quo nuevamente comenzó precisando los
delitos reprochados y efectuó una remisión a las pautas ya
valoradas en torno a la magnitud del injusto como así también a
la pluralidad de víctimas.
Sostuvo el tribunal de mérito que respecto a la mayor
intervención de Vázquez en torno a las decisiones del grupo
debía tenerse presente “…su participación en varias entrevistas
brindadas por el conjunto musical y sus expresas referencias al
uso de elementos pirotécnicos por parte del público asistente
como un accionar disvalioso para el colorido del show”.
Agregó el a quo que “[t]ambién debe ser mencionado
que bajo su órbita estaba la contratación del sonidista del
grupo –Jorge Fabian Leggio- que lo acompañó en las
presentaciones de diciembre de 2004 en Cromañon y que era él –
conforme las referencias de Aldana Aprea- quien hasta su
llegada realizaba los contactos con la prensa y que además era
el encargado de confeccionar el listado del grupo de invitados
de la banda”.
Asimismo el tribunal valoró “…su mayor experiencia en
relación a los miembros más nuevos de la banda, ya que se
trataba de uno de los integrantes originarios”, todo lo cual en definitiva se traducía “[en un] mejor conocimiento del circuito
del rock, de cómo fueron procurados los seguidores y el
crecimiento de la banda, y consecuentemente mayor poder de
haber cambiado el rumbo que determinó la realización de los
recitales en las condiciones de riesgo que implicaba para el
público verificadas”. (sic).
Seguidamente el a quo se dedicó a ponderar
detalladamente las circunstancias personales del imputado
volcadas en su legajo personal y sostuvo que “[t]ales
condiciones y la carencia de antecedentes (…) [debían ser]
valorados como atenuantes”.
En definitiva, tales consideraciones llevaron a los
magistrados a imponerle la pena de 4 años de prisión,
accesorias legales y costas.
Entendemos que la respuesta punitiva no se ajusta a
las consideraciones efectuadas por el tribunal de grado. Es que
la pena escogida para Vázquez no guarda correlación con la
gravedad del injusto, la extensión del daño causado, como así
tampoco con la posibilidad de detener el recital en su posición
de baterista.
Si bien su situación es parecida a la del resto de
sus compañeros -a excepción de Cardell y Fontanet-, ese mayor
peso dentro de la banda que detalló el tribunal, eleva el marco
de su responsabilidad.
Así, habiéndolo escuchado en la audiencia de visu,
consideramos justo aplicarle la pena de 6 años de prisión,
accesorias legales y costas.
La defensa del nombrado ha pretendido restarle
relevancia a su actitud frente a la pirotecnia, la contratación
de ciertos aspectos del recital o la confección de la lista de
invitados, indicando que no guardan relación con el hecho
finalmente acreditado.
Sin embargo, lo que no ha advertido el señor
defensor, es que, precisamente, esos comportamientos
desarrollados por Vázquez son demostrativos de que se trataba
de una persona que no se limitaba a ir a tocar música, sino que
sabía perfectamente los pormenores y circunstancias que rodean Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
Causa N° 11.684 –Sala
III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
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un recital de rock, entre los que cabe incluir naturalmente el
celebrado en el local siniestrado. Por ello, las pretensiones
de mitigar la respuesta punitiva, deben ser descartadas.
Por lo demás, no es posible elevar la sanción al
máximo de la escala punitiva como lo pretenden los acusadores,
pues el pronunciamiento perdería equilibrio respecto a la
respuesta brindada para otros condenados y excedería en el caso
concreto la culpabilidad por los injustos que a Vázquez se le
reprochan.
4. d. Situación de Christian Eleazar Torrejón, Juan
Alberto Carbone, Maximiliano Djerfy, Elio Rodrigo Delgado y
Daniel Horacio Cardell.
4.d.1. Llegamos al punto donde conceptuamos que la
arbitrariedad del fallo se exhibe con mayor notoriedad.
En efecto, tras haber tenido en consideración la
magnitud del injusto, la pluralidad del víctimas, como asimismo
la pauta determinante establecida por esta Alzada en torno a
que las decisiones de los miembros de la banda se tomaban de
manera democrática y mancomunada, el tribunal de grado efectuó
una distinción irrazonable en beneficio de estos acusados, que
no se corresponde con las circunstancias comprobadas de la
causa, ni con las propias afirmaciones contenidas en la
sentencia.
Es que no se alcanza a comprender cómo es que si se
tuvo en cuenta la gravedad de los delitos atribuidos, la
extensión del daño causado y la manera conjunta que todos los
miembros de “Callejeros” tenían a la hora de tomar las
decisiones, se llegó a la absurda conclusión de imponer a los
imputados Christian Eleazar Torrejón, Juan Alberto Carbone,
Maximiliano Djerfy, Elio Rodrigo Delgado y Daniel Horacio
Cardell, una pena no sólo exigua, sino además de cumplimiento
en suspenso, efectuando de esta manera una desproporción
inaceptable con relación al resto de los integrantes de la
banda.
En la tarea de individualizar la pena el tribunal de
grado parece haber olvidado entonces que para estos imputados
también se comprobó que co-organizaron un recital en condiciones de extremo peligro poniendo en vilo la vida de
miles de concurrentes -a la sazón seguidores suyos-,
participando en el pago de emolumentos a la policía federal
para poder celebrar el evento al margen de toda normativa
vinculada a la seguridad de las personas, como asimismo que en
razón de ese obrar fueron responsabilizados por haber causado
un incendio que se tradujo en la muerte de 193 personas y 1432
heridos.
Por ello, las penas en suspenso impuestas a Christian
Eleazar Torrejón -3 años de prisión-, Juan Alberto Carbone -3
años de prisión-, Maximiliano Djerfy -2 años y seis meses de
prisión-, Elio Rodrigo Delgado –dos años y seis meses de
prisión- y Daniel Horacio Cardell –dos años-, no se
corresponden de ninguna manera con el reproche de culpabilidad
que les cabe y, desde ya, deben ser anuladas, sin siquiera
tomarnos el trabajo de repasar mayormente los aparentes
fundamentos brindados por el a quo.
Es que estamos convencidos, que la magnitud del hecho
que nos ha tocado juzgar y por el cual estos imputados han sido
condenados no permite de ninguna manera imponer una pena de
ejecución condicional, aún cuando se trate de la primera.
En este último sentido, efectuaremos algunas
precisiones en torno a la condicionalidad de las condenas, tan
reclamadas por los defensores, y su inaplicabilidad en el marco
de esta causa. Las consideraciones valdrán en lo pertinente
para todos los condenados.
Durante muchos años, esta Sala ha dicho que la regla
general del modo en que habrán de cumplirse las penas
privativas de la libertad es que lo sean efectivamente, la
excepción está contemplada en el artículo 26 del Código Penal
que únicamente exige a los jueces una decisión fundada, bajo
sanción de nulidad, cuando un pronunciamiento condenatorio
concede la ejecución condicional de la pena. (conf. causa n°
3914 “Griguol, Luciano F. / Romero Da Silva Orlando R.
s/recurso de casación”, reg. del 28/02/02).
Asimismo, hemos sostenido reiteradamente que la
aplicación del artículo 26 del Código Penal es una facultad Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
Causa N° 11.684 –Sala
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Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
propia de los jueces sentenciantes, a lo que se agrega la
circunstancia de que siendo la regla el efectivo cumplimiento
de la pena no puede invocarse la falta de motivación cuando,
justamente su ausencia sólo está sancionada por la norma bajo
pena de nulidad para el caso inverso, esto es, cuando se opta
por la condicionalidad de la ejecución (conf. causa n° 906
“Basile, Jorge A. s /recurso de casación” reg. 245/96 del
29/8/96; causa n° 919 “Ling Cui y Gang Xu s/recurso de queja”
reg. 274/96 del 20/9/96; causa “López, Marcelo Daniel s/recurso
de casación”, reg. 111 del 25/3/99; y causa n° 6976 “DRT
s/recurso de casación”, reg. 1109, del 4/10/06).
Sin perjuicio de nuestra tradicional posición sobre
el punto, recientemente la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, también ha establecido la obligación de los jueces de
fundamentar los casos en que pudiendo corresponder la ejecución
condicional se impone una pena de efectivo cumplimiento. Se
trata del conocido fallo “Squilario, Adrián y otro s/
defraudación especial” S 579 XXXIX del 8 de agosto de 2006, tan
aludido por las defensas en sus recursos interpuestos en esta
causa y en la audiencia de informes.
En aquél precedente, el Alto Tribunal sostuvo que en
los supuestos donde la condenación condicional podría ser
aplicada, los jueces deben fundar la pena efectiva pues “…de
otro modo estaría[n] privando a quien sufre la posibilidad de
conocer los pronósticos negativos que impiden otorgarle un
trato más favorable”. Ello así, pues “[e]n tales
circunstancias, los condenados se verían impedidos de ejercer
una adecuada defensa en juicio ante la imposibilidad de refutar
decisiones basadas en criterios discrecionales de los
magistrados que la imponen”. (conf. considerando 6to.).
Queda claro, entonces, que a partir de este fallo de
la Corte, tanto la imposición de una pena de ejecución
condicional como una de efectivo cumplimiento, deben cumplir el
mandato general de fundamentación para posibilitar el derecho
de defensa.
También es cierto que la Corte trazó lineamientos en
el precedente mencionado en torno al instituto de la condena condicional y su relación con las penas de corta duración para
delincuentes ocasionales.
Sobre el particular, en el considerando 7mo del
citado fallo, nuestro Máximo Tribunal expresó que “…el
instituto de la condenación condicional previsto en el art. 26
del Código Penal tiene por finalidad evitar la imposición de
condenas de efectivo cumplimiento en casos de delincuentes
primarios u ocasionales imputados de la comisión de conductas
ilícitas que permitan la aplicación de penas de hasta tres años
de prisión. Tal aserto encuentra explicación en la demostrada
imposibilidad de alcanzar en tan breve lapso de prisión el fin
de prevención especial positiva que informa el art. 18 de la
Constitución Nacional”.
Esta afirmación de la Corte Suprema, fue utilizada
por varios defensores –no sólo por los de “Callejeros”-, para
pretender que se aplique en esta causa, una pena de ejecución
condicional, teniendo en cuenta que en todos los casos la
escala lo permite y se trata de personas que han delinquido por
primera vez.
Pero lo que las asistencias técnicas no tuvieron en
cuenta, fue que en el considerando siguiente, la propia Corte
aclaró a qué tipo de hechos se estaba refiriendo, cuando, con
cita de otro precedente suyo, dijo que “…la razón por la cual
la condena condicional se limita a la pena corta de prisión es
porque el hecho no reviste mayor gravedad, lo que sucede cuando
la pena no excede de cierto límite, o cuando no provoca mayor
peligro de alarma social, es decir, cuando el sujeto no es
reincidente…”. (Conf. considerando 8vo).
Queda claro entonces, que los alcances del fallo
“Squilario”, se refieren, entre otras cosas, a hechos que no
revisten mayor gravedad. Tan es así, que ese precedente tuvo
lugar en el marco de una causa donde se había condenado a 2
años de prisión a un abogado por una estafa.
En consecuencia, pretender traspolar los alcances de
ese fallo a este proceso, donde se investiga la mayor tragedia
de la historia de nuestro país, y donde los acusados fueron
hallados responsables de la muerte de 193 personas y las Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
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III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
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lesiones producidas a por lo menos 1432, implica no solamente
tergiversar la palabra del Alto Tribunal, sino además
menospreciar la inteligencia de esta Alzada.
Sentado, entonces que no correspondía beneficiar a
los imputados con condenas condicionales como lo hizo el
tribunal de grado y resultando por ello el fallo descalificable
como acto jurisdiccional válido, corresponde que determinemos
la pena justa a aplicar para Cristian Eleazar Torrejón, Juan
Alberto Carbone, Elio Rodrigo Delgado, Maximiliano Djerfy y
Daniel Horacio Cardell, en la medida de sus culpabilidades,
para lo cual naturalmente partiremos de la magnitud del injusto
y la extensión del daño causado con los alcances ya explicados,
como así también ponderando que todos participaban de las
deliberaciones dentro de la banda.
4.d.2. Cristian Eleazar Torrejon.
Por ser uno de los fundadores del grupo, cercano a su
líder, y de mayor edad le otorgan mayor preponderancia a la vez
que responsabilidad; de ahí que su pena debe ser aumentada pero
inferior a la de Fontanet y Vázquez.
Su menor intervención a la hora de llevar a cabo
cuestiones organizativas –no de decidirlas- con respecto al
manager se contrarresta con su mayor posibilidad de detener el
show a partir de encontrarse sobre el escenario tocando un
instrumento como el bajo, pese a lo cual siguió acompañando a
la banda hasta que se produjo el doloroso suceso.
Al igual que en el caso de los restantes compañeros,
sus circunstancias personales le juegan favorablemente por lo
que estimamos justo imponer, al igual que en el caso de
Argañaraz, una pena de cinco años de prisión.
4.d.3 Juan Alberto Carbone.
En el fallo controvertido se han descripto las
circunstancias agravantes y atenuantes del nombrado,
puntualmente. Se destaca entre las primeras su experiencia en
otras bandas y su mayor edad, pautas que, como vimos, no fueron
reflejadas en la irrisoria pena condicional que se le fijara.
Consideramos que su situación es similar a la de
Torrejón, los dos de mayor edad y por ende predicamento, aunque sin la trascendencia del líder Fontanet ni el mayor peso de
Vázquez.
Si bien no fue uno de los fundadores del grupo, su
situación se equipara a partir de su mayor experiencia en el
mundo musical tras haber intervenido activamente en grupos
afines.
Sobre el escenario tenía el riesgo ante su vista y la
posibilidad de detener la iniciación del espectáculo, dejando
de hacer sonar su saxo, pero no lo hizo.
En ese marco, cinco años de prisión es la pena que
entendemos proporcional a su culpabilidad.
4.d.4. Elio Rodrigo Delgado.
En este caso, quizá su corta edad –que se traduce en
una mayor inexperiencia-, podrían jugarle a favor para
establecer una pena sensiblemente menor a la impuesta a sus
compañeros, aún cuando su responsabilidad por haber participado
en la toma de decisiones es similar al resto.
Sin embargo, la mala impresión de él recogida en la
audiencia de visu en la que demostró una indiferencia absoluta
frente al Tribunal, comportándose como ajeno al mismo proceso,
impiden beneficiarlo con una respuesta menor. En este último
sentido, el acusado dijo no tener claro porque estaba “acá”.
Por lo demás, como el resto de los músicos,
inmediatamente antes de que se desatara el incendio tocaba
festivamente su guitarra sobre el escenario con el cúmulo de
negligencias organizativas ante su vista. Lejos de variar su
actitud, continuó tocando como sus compañeros y así el trágico
suceso se produjo.
En definitiva, su situación termina equiparada a la
de sus colegas Argañaraz, Torrejón y Carbone, por lo que luce
adecuada la pena de cinco años de prisión que le fijamos.
4.d.5. Maximiliano Djerfy.
Su ingreso al grupo luego de su fundación –aunque
años antes del hecho- y su falta de experiencia previa en el
rubro indudablemente juegan a su favor a la hora de determinar
la pena, pese a la prédica que tenía ante el grupo, aunque no
en la envergadura señalada por el a quo. Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
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III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
En definitiva para la fecha de los hechos era mayor
de edad, aun mayor que Fontanet y Argañaraz, con plena
capacidad para decidir como lo hacían sus compañeros y con las
responsabilidades que ello implica como más arriba dijimos.
Prueba de la intensidad de su pertenencia al conjunto
y la confianza lograda es la presencia de su primo hermano
Leonardo Djerfy entre el personal de seguridad y no en
cualquier sitio, sino específicamente en la zona de camarines.
Estaba sobre el escenario junto a sus amigos al
momento del hecho y tenía en sus manos al menos intentar
evitarlo; como señalamos, con sólo detener su guitarra, pero al
igual que el resto, frente a las irregularidades apreciables
por doquier, también optó por continuar con su conducta
culposa.
En ese marco, consideramos adecuado fijarle también
una pena de cinco años de prisión.
4.d.6. Daniel Horacio Cardell.
Su especialidad dentro del grupo –escenógrafo- y su
ingreso al final de su desarrollo, conllevan la necesidad de
morigerarle la pena con respecto a los demás.
Vale mencionar también que la posibilidad de detener
el show era mucho menor que la del resto dado que si bien
podría encontrarse ocasionalmente sobre el escenario, no tocaba
ningún instrumento. Su trabajo era previo.
De allí que se le hacía más difícil que a sus
compañeros intentar detener el evento, circunstancia que
indefectiblemente morigera su responsabilidad.
Si a ello sumamos sus circunstancias personales, luce
como adecuada una pena de tres años de prisión.
4.d.7. Cabe, agregar, que el recurso de casación
presentado por la anterior asistencia técnica de Torrejón,
Carbone, Delgado y Cardell, se limita a reclamar la imposición
de una pena cercana al mínimo legal, pero no da fundamento
válido alguno en tal sentido; ello impone el rechazo de su
recurso en lo pertinente.
Tanto el recurso de casación interpuesto por la
anterior defensa de Maximiliano Djerfy como las alegaciones expuestas por las nuevas conformaciones de las defensas de
estos imputados en la audiencia de informes deberán correr la
misma suerte, pues hacen alusión a temas vinculados a la pena
natural, a las pautas fijadas en nuestro voto que encontraron a
sus pupilos penalmente responsables, a cuestiones inherentes a
doble valoraciones de elementos típicos, extremos todos estos
que ya tuvimos la ocasión de descartar y que no se aprecian
respecto de la situación particular de ninguno de los
imputados.
Por lo demás, las penas aquí fijadas, tornan
abstracto el recurso deducido contra las reglas de conducta que
habían sido impuestas por el a quo a Christian Eleazar
Torrejón, Juan Alberto Carbone, Elio Rodrigo Delgado y Daniel
Horacio Cardell, en los términos del art. 27 bis del Código
Penal.
5. Situación de los funcionarios públicos del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Con relación a la sanción dispuesta a Fabiana
Gabriela Fizbin, Ana María Fernández y Gustavo Juan Torres,
notamos que el tribunal de juicio precisó los delitos
atribuidos, indicando que los nombrados “fueron hallados
responsables por mayoría de los delitos de omisión de deberes
del oficio (art. 249 del Código Penal) en concurso ideal con
incendio culposo (artículo 189, segundo párrafo del Código
Penal) en su condición de autores”.
A fin de establecer cuál era la escala penal
aplicable al caso, explicaron, con citas de doctrina, que
“estamos ante (…) persona[s] a la[s] que se le formulan
reproches penales por violación de diversas disposiciones que
no se excluyen entre sí y [donde] la ley establece una solución
concreta, indicando que se aplicará la escala de mayor
gravedad”.
Agregaron que esta solución “[e]s lo que se conoce
como el sistema de absorción, dado que la escala más gravosa
aparece excluyendo la aplicación de las otras”.
En tal inteligencia, los magistrados establecieron
que la escala que correspondía aplicar era la que va de 1 a 5 Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
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Omar Emir y otros
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años de prisión (correspondiente al incendio culposo agravado
del artículo 189 párrafo segundo del Código Penal), aunque
precisaron que no debía perderse de vista que “determinada la
pena mayor a aplicar debe graduarse la pena dentro de dicha
escala, a cuyo efecto el plural encuadramiento debe tomarse en
cuenta, pues constituye un parámetro para determinar la
extensión del daño y peligro causados, así como la naturaleza
de la acción, pues aumenta la magnitud del injusto”.
Notamos que ninguna de las partes ha cuestionado el
alcance que el tribunal le ha otorgado a la regla de la
absorción que utilizó a fin de determinar la escala aplicable,
motivo por el cual el fallo ha quedado incólume en este punto.
Por otra parte, los jueces aclararon que “[p]ara
encarar la determinación de la pena respecto de dichos
funcionarios tendremos especialmente en cuenta las advertencias
formuladas por el vocal preopinante en cuanto a que no puede
soslayarse la distinta capacidad de evitación que ostentaban
cada uno de los imputados al momento de los hechos, las
relaciones jerárquicas, como asimismo la evolución de los
recursos humanos que registraron las distintas áreas donde en
ciertos períodos el cumplimiento de la acción debida era más
dificultoso”.
Si bien los Dres. Faimberg y De Reatti se alzan
contra esto último, sus agravios se vinculan con las
recusaciones interpuestas respecto del tribunal de mérito y del
suscripto, cuestiones que ya han sido contestadas y
definitivamente zanjadas en las oportunidades procesales
pertinentes.
Por tanto, corresponde que nos avoquemos al análisis
de la fundamentación de las penas establecidas a cada uno de
los funcionarios públicos en particular.
5. a. Situación de Fabiana Fiszbin.
Con relación a la sanción impuesta a la nombrada, el
tribunal de mérito comenzó remitiéndose en lo pertinente a la
valoración de “su situación personal, familiar, habitacional,
profesional y laboral” oportunamente efectuada en la sentencia
de fecha 29 de agosto de 2009, de donde surge un pormenorizado detalle de las condiciones personales de la acusada y su
trayectoria en la función pública.
En segundo término y tras destacar el cargo que
revestía al momento de los hechos, los magistrados precisaron
que “ha[bía] quedado descartado que durante el cumplimiento de
sus funciones existiera causa alguna que siquiera menoscabara
el ejercicio en plenitud de esas responsabilidades”.
En tal sentido, resaltaron los jueces que “…ya
encarando aspectos de su desempeño que no pueden dejar de
señalarse para mensurar el reproche, cabe señalar su abierta
desidia, su prolongación en el tiempo y la magnitud
inconmensurable del daño que a la postre implicó y que se le ha
atribuido a título culposo”. En pos de avalar estos parámetros
recordaron sucintamente el trámite que se otorgó a la Actuación
631 y la forma en que se desempeñó en su función.
Asimismo, los sentenciantes se expidieron acerca de
la capacidad de evitación que ostentó Fiszbin, indicando que
“…era plena y (…) no sufrió mengua alguna” pues “[s]us amplias
y profundas facultades para actuar en el caso con toda
intensidad surgen categóricamente del decreto [2696] (…) que
enumera específicamente sus responsabilidades primarias y las
potestades inherentes a ellas”.
Siempre en relación a la magnitud del injusto, tras
remarcar que los recursos humanos con los que contaba la
funcionaria eran suficientes para cumplir con su tarea y que su
imprudencia derivó en el fatal desenlace que todos conocemos,
el tribunal sostuvo que “desde la óptica de la actuación de la
imputada no existen atenuantes y que la respuesta no puede sino
ser severa”.
De esta manera y valorando “como aminorante de la
sanción [la] situación familiar y ausencia de antecedentes”,
los magistrados consideraron justo aplicarle la pena de 4 años
de prisión, accesorias legales y costas.
Entendemos que el tribunal ha fundado correctamente
la sanción impuesta a Fiszbin, respetando la escala penal
aplicable y dando las razones que llevaron a imponer el quantum
definitivo, motivo por el cual la tacha de arbitrariedad que Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
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III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
pregona la defensa no pueda prosperar.
En este último sentido, debemos tener presente que, a
contrario de lo sostenido por el recurrente, el tribunal de
juicio ha valorado acabadamente tanto las circunstancias
objetivas que hacen a la magnitud del injusto, como las
subjetivas de Fiszbin que versan sobre sus condiciones
personales.
En efecto, la evidente culpa grave que evidencia la
actuación de la imputada en todo el año 2004, su posición
jerárquica y su conocimiento certero de la problemática
planteada en la Actuación 631, la coloca cerca del máximo de la
escala penal aplicable pues su culpabilidad por el hecho y los
daños causados resultan mayúsculos.
No puede considerarse como lo pretende la defensa que
el carácter problemático del área que afrontaba resulte una atenuante, cuando la acusada contó con recursos suficientes
durante casi un año para disponer la acción debida y no lo
hizo. Su capacidad de evitación era plena y por ello no hay
atenuantes en el marco de su desempeño funcional.
Sin embargo y en consonancia con las afirmaciones del
tribunal de mérito, sólo las condiciones personales de Fiszbin,
entre ellas su situación familiar y la falta de antecedentes,
pueden mitigar la respuesta punitiva, extremo que evidentemente
fue tenido en cuenta al momento de establecer el quantum
definitivo de 4 años de prisión sobre los 5 posibles como
hipótesis de máxima.
Este equilibrio que ha alcanzado el tribunal al
determinar la sanción, despeja todo tipo de arbitrariedad y no
puede ser conmovido por la sola mención de haberse omitido
ponderar la denuncia realizada por Fiszbin contra el personal
de bomberos o su comportamiento procesal, cuestiones que no
resultan determinantes para demostrar por sí solas el
desacierto del tribunal. Habiéndose fundado entonces el quantum
punitivo de 4 años, ya desde el vamos no resulta posible la
aplicación del beneficio de la condena condicional (art. 26 del
CP a contrario sensu) que la asistencia técnica ha insistido en
reclamar durante el término de oficina. Los agravios de la defensa sólo pretenden resaltar
la situación personal de Fiszbin, pero olvidan considerar la
gravedad del injusto que como funcionaria pública se demostró
que cometió y las consecuencias derivadas de su accionar. Ello
amerita el rechazo del recurso de casación interpuesto.
Una cuestión similar nos lleva a descartar los
agravios del doctor Iglesias, quien reclama una sanción máxima
por la magnitud del hecho y la calidad de funcionaria pública
de la imputada, olvidando ponderar que a los efectos de
determinar la pena no pueden soslayarse las condiciones
personales de la acusada, las cuales, como bien lo apunta el
tribunal de juicio, son favorables.
Por lo demás, si la pena fue razonablemente fundada y
respetó la culpabilidad por el injusto, no se advierten
posibles violaciones a los distintos principios que, de manera
genérica y sin referencias al caso, consideró vulnerados su
defensa en las distintas presentaciones ante esta Alzada
(racionalidad de la pena, legalidad, pro homine, etc).
Por todo ello, consideramos que debe confirmarse la
pena establecida para Fabiana Fiszbin.
5. b. Situación de Ana María Fernández.
Respecto de la nombrada, el tribunal comenzó
efectuando una remisión a sus condiciones personales detalladas
en la sentencia anterior, que abarcó tanto su situación
personal y familiar como su desempeño en organismos
gubernamentales.
Concretamente, respecto del caso que nos ocupa, los
magistrados precisaron que “en diciembre de 2003 fue designada
Coordinadora Administrativa de la UPI, el 13 de enero de 2004
Coordinadora General de la UPI en el ámbito de la Subsecretaría
de Control Comunal, cargo que cumplió hasta el 26 de agosto,
fecha en que se suprimió la UPI y se creó la Dirección General
de Fiscalización y Control, con función crítica alta, y una
instancia adjunta que recayó en la imputada, que estuvo poco
tiempo a cargo de Oscar Lucangioli y desde el 12 de octubre de
Gustavo Torres”.
De esta manera y a fin de enmarcar el ámbito de Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
Causa N° 11.684 –Sala
III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
actuación de Ana María Fernández para establecer la magnitud
del reproche, los jueces precisaron que “…en el ejercicio de
sus funciones debe, a partir de aquellos antecedentes de
revista, considerarse un primer período con mayores
atribuciones vinculadas al ejercicio del poder de policía –en
base a las responsabilidades primarias asignadas por el decreto
37/04- y otro que transcurrió a partir del 26 de agosto en el
que sus facultades fueron asignadas por el Anexo II/4 del
decreto 1563/04 en cuanto a asistir al Director General de
Fiscalización y Control en los temas de su competencia y
reemplazarlo en caso de ausencia”.
En esa línea, entonces, los magistrados entendieron
que Ana María Fernández, actuó “…con facultades concurrentes en
el primer caso –y ello es acorde a la actuación o más bien
omisiones en que incurrieron al unísono con Fiszbin- y más
subordinadas en el segundo –aunque sin transformarse en una
funcionaria subalterna de injerencia débil- [pues] (…) estuvo a
la postre supeditada jerárquicamente a la Subsecretaría de
Control Comunal y luego al Director General”.
Continuaron exponiendo que “[s]u desempeño ha sido
hallado como totalmente objetable en todo su desarrollo, aunque
mayormente cuando lo hizo como Coordinadora General de la
Unidad Polivalente de Inspecciones y abdicó en forma conjunta
con Fiszbin de desplegar a pleno sus atribuciones para atender
la denuncia de Alimena”; motivo por el cual “le son extensivas
casi la totalidad de las consideraciones brindadas al tratar el
caso de Fiszbin y a ellas no remitimos”.
Asimismo los sentenciantes resumieron el accionar de
la imputada durante el primer período identificado y precisaron
que “…aún con recursos no superabundantes, la apropiada
valoración de la gravedad del caso y una actividad de cierta
diligencia para la cual contaba con amplias facultades, hubiera
permitido aquellas inspecciones eludidas, incluyendo la de
República Cromañon y su clausura”.
Señalaron los jueces que “[t]ambién se ha hallado
objetable su actuación en el segundo de los períodos antes
señalados pues aún cuando su función como Directora General Adjunta en la DGFyC era justamente secundaria a la de Torres,
su responsabilidad primaria era asistirlo en asuntos de su
competencia, entre los que sin duda se encontraba la irresuelta
y demorada consideración integra de la actuación 631, por lo
que debió informarlo –incluso por medio fehaciente- de la
cuestión para que de modo directo y de boca de quien había
tenido contacto con la denuncia desde varios meses antes,
Torres enriqueciera su conocimiento –tenido por cierto por el
superior- sobre un tema ya gravísimo y pendiente. No lo hizo y
ello concurrió a la permanencia de ese estado de cosas hasta la
fecha del hecho, cuyas múltiples consecuencias, muchas de ellas
irreparables, le fueron atribuidas”.
Por lo tanto, los magistrados entendieron que “…al
igual que en el caso de Fizbin hallamos atenuantes en el plano
personal de la imputada, quien carece de antecedentes; ello
amén de considerar –como lo indica el superior- que dentro de
la subestimación de la gravedad del caso debe considerarse que,
pese a que no constituía un obstáculo a la conducta debida, los
recursos existentes obligaban a seleccionar objetivos –opción
que se concretó de manera torpe priorizando otros casos-y que
en el último tramo de su actuación pese a su función si se
quiere consultiva estaba al margen de cuestiones operativas –
que tampoco desplegó adecuadamente en el primer período-.”
Por las consideraciones realizadas, los sentenciantes
consideraron justo imponerle la pena de 3 años y 6 meses de
prisión, accesorias legales y costas.
Consideramos entonces que el tribunal de mérito ha
dado cumplimiento al requisito de fundamentación de la sanción
a imponer, valorando tanto las circunstancias que rodearon a la
magnitud del injusto cometido, como así también aquellas
vinculadas a las condiciones personales de la imputada, motivo
por el cual la tacha de arbitrariedad que pregona la defensa no
puede prosperar.
En este último sentido, el Dr. Vignale se agravia al
decir que conforme el fallo de esta Sala, su asistida fue la
imputada a la cual menor responsabilidad se atribuyó y que ello
no se vio reflejado en el quantum punitivo. Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
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Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
Sobre el particular, y a contrario de lo sostenido
por el recurrente, notamos que el tribunal de juicio
efectivamente tuvo en cuenta el menor grado de responsabilidad
que se le reprochó a Ana María Fernández en razón de haber
sufrido cierta subordinación en el segundo período de su
actuación, extremo que por lo demás quedó plasmado al ser la
funcionaria pública que menor pena en concreto recibió.
Tampoco resulta atendible el agravio esgrimido en
torno a la afectación del principio “ne bis in idem”, pues las
menciones sobre la actuación de Fernández en la sentencia que
fijó las penas, no comportan la doble valoración de las mismas
circunstancias que resultaron integrantes del tipo penal, sino
que resultan referencias necesarias para caracterizar su marco
de actuación a los efectos de establecer el alcance de su
negligencia y con ello la magnitud del injusto cometido.
Menos aún pueden tener acogida favorable aquellas
quejas del Dr. Vignale acerca de que sólo debían “quedar en
pie” las condiciones personales de su asistida, pues olvida
considerar que la magnitud del injusto y la extensión de los
daños causados son pautas legalmente establecidas para la
determinación de la pena.
Si tenemos en cuenta el daño inconmensurable que se
ha ocasionado con motivo del hecho investigado en autos,
evaluamos que la pena de 3 años y 6 meses de prisión no resulta
violatoria de los principios de proporcionalidad y “ultima
ratio” mencionados por la defensa, aún cuando la acusada
carecía de antecedentes penales.
Y si por las razones expuestas no es arbitrario el
monto de la pena seleccionado, entonces tampoco resultan
atendibles aquellos agravios esbozados por el recurrente
reclamando una condena condicional, pues aún cuando se trate de
la primera, la pena en concreto excede el monto de 3 años de
prisión como para acceder a ese beneficio (artículo 26 a
contrario sensu del Código Penal). Nos remitimos también a lo
dicho sobre la imposibilidad de aplicar la condena condicional
para los hechos materia de juzgamiento, esbozada más arriba.
Por todo ello, proponemos el rechazo del recurso de casación interpuesto por el Dr. Vignale.
5. c. Situación de Gustavo Juan Torres.
Respecto de Torres, el tribunal comenzó detallando
sus condiciones personales, indicando que “cuenta con cincuenta
y dos años de edad, es divorciado aunque tiene pareja con la
cual convive, junto a sus hijos, en una propiedad familiar
ubicada en nuestra ciudad”.
Agregaron que “[es] abogado, ha trabajado en el
ámbito judicial, en el Ministerio de Economía, Superintendencia
de Seguros, Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y para la
fecha de publicación de la situación de los locales bailables
en Clarín el 26 de mayo Torres se desempeñaba como Controlador
Administrativo de Faltas del Gobierno local”.
Detallaron que “[l]uego fue Director General de
Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires [hasta que] [c]esó en esa función y se dedicó al
ejercicio liberal de su profesión”.
Explicaron los magistrados que “[e]n el último de los
cargos públicos mencionados, de función crítica alta, fue
designado el 12 de octubre de 2004 por decreto 1874 y por una
mudanza de la dependencia empezó a desempeñarse como Director
desde el 25 de octubre” de ese mismo año.
Tras repasar las competencias asignadas a su cargo,
el tribunal indicó que “al momento de hacerse cargo de la
función el imputado contaba con recursos humanos suficientes
como para atender con toda urgencia y efectividad la situación
planteada por la actuación 631”.
Explicaron los jueces que tales recursos “le hubieran
bastado para que, de disponer con toda contundencia la
inspección de la totalidad de locales ‘clase c’ y volcarlos a
tal fin, ese objetivo se hubiera podido lograr en una sola
jornada y habría alcanzado a República Cromañon, que por sus
deficiencias sería alcanzado con una clausura ‘inmediata y
segura’”.
Añadieron que “en diciembre las inspecciones se
redujeron drásticamente” y que “la actividad de inspección
seguía subordinada a la existencia de denuncias y que el Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
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Omar Emir y otros
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Director General se hallaba volcado a tareas tendientes a
atender la situación interna de la Dirección General, con
olvido de la inevitable necesidad del ‘barrido’ íntegro y
posible de la actividad de los locales de baile ‘clase c’”.
Siempre valorando los alcances del injusto atribuido,
el tribunal continuó diciendo que “[la] actividad esencial a
sus responsabilidades primarias no fue cumplida, este rubro de
la noche continuó librado al azar y República de Cromañon no
fue hostigada en lo más mínimo, con lo cual no se produjo su
clausura, con los tremendos resultados ya conocidos, que lo son
atribuibles a esa omisión funcional”.
De esta manera los sentenciantes precisaron que “[s]i
bien podría argumentarse a favor de Torres el corto período de
su desempeño desde que asumió su cargo hasta la noche del
hecho, su condición profesional, sus antecedentes en tareas de
control y la mayúscula inoperancia al no tomar tampoco una
decisión enérgica en un asunto extremadamente sensible, hacen
que el reproche solo pueda ser ligeramente atenuando por su
falta de antecedentes”.
Todo ello, en definitiva, llevó a los jueces a
aplicarle la pena de 3 años y 9 meses de prisión.
Consideramos nuevamente que el tribunal de juicio ha
dado cumplimiento al mandato de fundamentación, valorando la
situación personal del imputado, tanto en lo que hace a sus
condiciones personales como en lo atingente al marco de su
actuación. La escala y el tipo de pena han sido respetados, por
lo que no se advierte que exista arbitrariedad en la decisión,
extremo que por lo demás no ha sido demostrado por la defensa.
En esta última dirección y a contrario de lo
sostenido por el recurrente, la mención en la sentencia de
cuestiones que versan sobre la actuación de Torres no comporta
una violación al principio de “ne bis in idem”, pues el
tribunal simplemente se limitó a mencionar su desempeño
funcional a los efectos de describir cuál era la magnitud del
injusto atribuido al acusado, concretamente el grado de
negligencia con el que se manejó, la capacidad de evitación que
ostentaba y los recursos con los que contaba, extremos que en el caso han demostrado un mayor contenido de culpabilidad.
Es que no podemos perder de vista al momento de
establecer la sanción el particular modo de obrar en su función
que rodeó la omisión de cada funcionario individualmente, pues
ello resulta necesario para establecer cuál es la respuesta
punitiva que en concreto corresponde aplicar, sin que ello
importe una nueva valoración de los elementos que integraron el
tipo penal.
Dentro de la imprudencia hay distintos grados y para
evaluar la culpabilidad es necesario determinar el concreto
marco de actuación, tal como lo hizo el tribunal de mérito.
Por otra parte, tampoco se advierte que se hayan
omitido ponderar las circunstancias objetivas o subjetivas
aplicables a Torres y menos aún que se haya violado el
principio de proporcionalidad o haya existido “un ejercicio
irracional del poder” como lo sugirieron los letrados
defensores.
Es que a criterio de la defensa, parecería ser que
únicamente debería haberse reparado en las condiciones
personales de Torres, sin ponderar todas aquellas
circunstancias vinculadas a la magnitud del injusto y los daños
causados por su negligente obrar.
Por lo demás, si el monto de la pena no resulta
arbitrario, se descarta la aplicación al caso de una condena
condicional, como así también la vulneración de los principios
constitucionales que de manera genérica el defensor mencionó en
la audiencia de informes.
Por todo ello, corresponde rechazar del recurso de
casación interpuesto y confirmar la pena impuesta al imputado
Torres en cuanto fuera materia de recurso.
La señora juez doctora Liliana E. Catucci dijo:
1. En lo que se refiere al planteo recusatorio
articulado, he de adherir a lo manifestado por el doctor Riggi
sobre el punto en el acápite “CUARTO” de su voto.
2. La severidad del delito es punto de partida de
esta individualización punitiva dadas sus gravísimas
consecuencias que impactaron más allá de las propias víctimas y Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
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Omar Emir y otros
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de sus familias, hasta repercutir en nuestra sociedad y aún en
la internacional.
He aquí que el luctuoso y trágico episodio dejó
expuestas irregularidades en el control funcional de esos tipos
de locales a la vez que falta de probidad de los funcionarios
públicos y conductas de grave irresponsabilidad en los grupos
musicales y sus organizadores.
Entonces, la imposición de un tratamiento severo es
adecuado a la especie, como desaprobación judicial, e importa a
la vez que atender el agravio de los cientos de víctimas, poner
en evidencia que los hechos no están justificados por
circunstancia alguna.
La pérdida de las innumerables vidas, las lesiones
físicas y psíquicas de los sobrevivientes y la diferente
calidad de vida generada a consecuencia del estrago, son
índices que no pueden dejar de apreciarse a la hora de
determinar la pena a los condenados.
En ese marco, frente a un hecho como el que aquí se
dilucida, con particularidades sin precedentes, comenzando por
las casi 200 víctimas fatales y los miles de heridos, la
evaluación de las penas fijadas deberá hacerse como es lógico
con especial intensidad.
Para tan trascendental tarea no he de recurrir a
consideraciones dogmáticas sino a los parámetros establecidos
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que
“…no se puede perder de vista para la solución del sub lite la
significación del principio de culpabilidad, el cual, por
cierto, ya formaba parte del texto constitucional con
anterioridad a 1994. Dicho principio recoge una concepción
antropológica que no admite la cosificación del ser humano y,
por ende, rechaza su consideración en cualquier otra forma que
no sea como persona, lo que presupone su condición de ente
capaz de autodeterminación y dotado de conciencia moral. Por
amplias que sean las diferencias, no puede negarse que la línea
ética que arranca con Aristóteles y que sigue con Santo Tomás,
Kant, Hegel, etc., participa en común de esta esencia del
concepto básico de persona humana, desarrollando sus diferencias siempre sobre esa misma base, que es la que
sustenta las normas de nuestra Constitución de 1853-1860”.
Concluye el Alto Tribunal que “De acuerdo con esta
concepción, la medida de la pena no puede exceder la del
reproche que se le formule a la persona por haber escogido el
ilícito cuando tuvo la posibilidad de comportarse conforme a la
norma, o sea, que la pena debe ser proporcional a la
culpabilidad de autor, y esta culpabilidad se determina según
el ámbito de autodeterminación que éste haya tenido para
ejercer su conciencia moral en la constelación situacional en
que hubiese actuado y en relación a sus personales capacidades
en esa circunstancia. De este modo, nuestra Constitución impuso
desde siempre un derecho penal de acto, es decir, un reproche
del acto ilícito en razón de la concreta posibilidad y ámbito
de reproche, y rechaza toda forma de reproche a la personalidad
del agente. No se pena por lo que se es, sino por lo que se
hace, y sólo en la estricta medida en que esto se le pueda
reprochar al autor. Tal es la sana doctrina que se deriva de
nuestra Constitución y de los principios plasmados en ella por
los constituyentes desde 1853” (Fallos 328:4343) –la negrita me
pertenece-.
Sobre esa línea de pensamiento he de recalar en la
responsabilidad de los condenados definida en el fallo
anterior. En su consecuencia he de ponderar en la medida de los
actos de los enjuiciados, la de las penas correspondientes
sobre la base de los índices de los artículos 40 y 41 del
Código Penal.
Entran entonces en consideración la magnitud de su
intervención culpable en el hecho delictual, el conocimiento
puntual y concreto de los extremos peligrosos de la conducta,
la posibilidad de variarla y el deber de bregar por la
seguridad de las personas. Ello, según cada situación singular.
En esa inteligencia, se ha de atender que en el hecho
intervinieron variados actores con convergencia de acciones
negligentes susceptibles de desencadenar episodios peligrosos,
ello en función de la proporcionalidad y el equilibrio de las
penas a fijar. Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
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Omar Emir y otros
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Conceptos básicos que preservan la incolumidad de un
fallo por su razonabilidad.
Pautas que no resisten la arbitrariedad del
pronunciamiento atacado cuyos fundamentos en muchos casos
resultan aparentes, pues reposan en la mera voluntad del
juzgador y prescinden de un razonamiento que los sustenten.
Situación excepcional que abre la entrada al recurso
según los lineamientos que he venido siguiendo y tal como
postula el doctor Eduardo Riggi en el voto que lidera el
acuerdo.
Así, si bien he sostenido que lo relativo a la
aplicación de las reglas de los arts. 40 y 41 del C.P. es
materia propia de los jueces de mérito, quienes a ese respecto
ejercen poderes discrecionales (causa n°73 “Chociananowicz,
Víctor M. s/recurso de casación”, rta. el 15/12/93, reg. n° 99,
Sala I), en la causa “Silva, Gerardo s/recurso de casación”
(reg. n° 463, rta. el 4/5/95, de la Sala I), admití una
excepción al principio general en aquellos casos en los que se
ha incurrido en una arbitrariedad manifiesta.
Este es el caso de autos.
Claro ejemplo de ese defecto se advierte al
confrontar las penas fijadas a los tres funcionarios públicos,
por demás fundadas y desarrolladas a punto de adelantar que con
ellas he de coincidir, con imposición de prisión efectiva,
acercándose más al máximo que al mínimo de la escala penal, con
las de los organizadores del show, respecto de quienes, salvo
alguna excepción, esa proporcionalidad se nota desaparecida,
quebrándose como consecuencia el equilibrio de la pieza, pues
la razón abandonó el fallo.
El baremo utilizado para cuantificar las penas a los
funcionarios del gobierno comunal no se mantuvo con el resto de
los enjuiciados, y de ahí la inestabilidad de la sentencia.
En concreto, la adecuada pena fijada a Fabiana
Fiszbin, Gustavo Torres y Ana María Fernández no encontró
correlato equitativo en el caso de los otros condenados quienes
han resultado claramente beneficiados, exhibiendo por lo tanto
el defecto antes destacado de irrazonabilidad. Se advierten esas fallas en el hecho de que a varios
de los músicos se les fijaron penas menores y podría decirse
hasta insignificantes en relación a la magnitud del hecho y la
responsabilidad que en él les cupo, según se ha dejado expuesto
en el fallo anterior de esta Sala.
Lo señalado pone en evidencia que en el
pronunciamiento ahora bajo examen se ha omitido ponderar como
un todo interrelacionado los deberes y facultades de cada
condenado en la tragedia de autos, y que ese criterio fue
sustituido por el análisis parcial y aislado, producto del cual
se obtuvo el favorecimiento infundado y arbitrario de los más
responsables.
No hay otra manera de explicar que aquellos que
acordaron realizar el recital con fuego y en las condiciones
extremadamente riesgosas evaluadas al momento de sus condenas y
que tuvieron en sus manos la posibilidad de suprimir el
peligro, reciban una pena proporcionalmente mucho menor -en
algunos casos de ejecución condicional-, que aquellos cuyo
accionar negligente fue inferior al del resto, salvo alguna
excepción en particular.
Tampoco puede prescindirse de tomar en cuenta que
sobre los coorganizadores pesa además un concurso material de
delitos, tendientes unos a encubrir los otros, de donde se
muestra una mayor gravedad de conductas.
Puesta de manifiesto la incongruencia del fallo, ha
de ingresarse al tratamiento de la situación de cada individuo
en particular, sin perder de vista el marco general en que se
desarrollaron los acontecimientos en los cuales si bien cada
uno fue autor individual, sus conductas se interrelacionaron
para converger en el resultado fatal.
Omar Emir Chabán:
Es el de Omar Emir Chabán un caso concreto de la
desproporción de las penas fijadas con relación a la gravedad
del delito y a su concreta intervención en él que lo revela,
tal como sostiene mi distinguido colega, que me precede en la
votación, como “el personaje de mayor responsabilidad en este
crimen”. Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
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Omar Emir y otros
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Lo significativo de ese defecto y del consiguiente
desequilibrio del fallo, surge de comparar su situación con la
de Fabiana Fiszbin.
Mientras a ésta, con criterio fundado y según
apreciaciones que comparto, se le aplicó una pena de cuatro
años dentro de una escala con máximo de cinco, a Chabán, cuya
imprudencia temeraria quedó expuesta en el fallo anterior así
como su responsabilidad en un concurso delictual de estrago
culposo y cohecho activo se le fijó una pena de ocho años de
prisión.
Desproporción que incide en beneficio justamente del
mayor responsable, y que abre las puertas a la revisión de las
penas según antes se explicó.
En esa línea de error se le han fijado tan sólo ocho
años de prisión sobre once posibles.
Parece necesario recordar, una vez más, que estuvo a
cargo del siniestro lugar desde meses antes del hecho, que tuvo
la experiencia de haber tenido que sofocar dos incendios
previos en el mismo lugar, y que por su principal
responsabilidad estaba al tanto de que el material colocado en
el cielorraso era inflamable, conocía la importancia del portón
alternativo, cerrado con candado, en dicha ocasión, que el
lugar estaba abarrotado de gente y que la salida de emergencia
propiamente dicha estaba desnaturalizada dado que se utilizaba
para el ingreso de personas.
Lo anticipado es sólo una muestra de los actos
comprometedores, de los que no puede perderse el hecho de que
el local no podía funcionar en esas condiciones, y que para
evitar los controles que conllevarían a su cierre pagaba al
oficial de policía Carlos Díaz.
Para más el día del hecho llegó al lugar y fue quien
dirigió desde la consola de sonidos y puso en conocimiento de
los espectadores la posibilidad de ocurrencia de lo que en
definitiva sucedió, como todo acto tendiente a evitar la
tragedia momentos después vivida, y para muchos no sorteada,
pues allí se quedaron atrapados.
En definitiva, de esa trágica noche fue el máximo responsable.
Resulta difícil imaginar un grado de negligencia
mayor al demostrado. Su temeridad y desaprensión hacia sus
semejantes demuestran la falta de un mínimo sentimiento
humanitario. Tenía todo ante su vista y contaba también con los
antecedentes ocurridos poco tiempo antes.
Frente a la escala penal y a la gravedad de lo
expuesto, la falta de antecedentes, que se invoca como
atenuante sólo permite una mínima disminución de la escala
aplicable, tal como propone el doctor Riggi.
A lo dicho cabe agregar la impresión negativa causada
en la audiencia donde no ha dado muestra alguna de haber
internalizado lo sucedido sino más bien de desviar su
responsabilidad hacia una abstracta de tinte metafísico, en esa
oportunidad, dirigida hacia el “arte”, y pasado el tiempo
tampoco ha dado muestras con la forma en que encara su propia
vida, de algún interés por el prójimo.
En definitiva, Chabán debe llevar la pena propuesta
en el voto que abre el acuerdo con la cual concuerdo: diez años
y nueve meses de prisión, accesorias legales y costas.
Recuperada en este caso la proporcionalidad que debe
contener la pena respecto de la culpabilidad del autor y
principal responsable, el análisis de los casos siguientes
partirá de ese criterio rector a fin de resguardar el
equilibrio violentado en el fallo.
Raúl Alcides Villarreal:
La pena impuesta al nombrado en el epígrafe responde
a las consideraciones expuestas en el fallo anterior de esta
Sala y su medida se ajusta a las circunstancias agravantes y
atenuantes propias del caso, por lo que entiendo que no debe
sufrir modificación alguna, tal como propone el colega que
lidera el acuerdo, a cuyo voto en este punto adhiero.
Carlos Rubén Díaz:
Coincido también en el presente caso con lo reseñado
por el distinguido colega preopinante.
Entiendo que el nombrado no sólo era funcionario
público, sino el tercero en jerarquía en la seccional con Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
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Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
jurisdicción en el lugar, responsable del servicio externo, y
quien “manejaba” la calle, es decir que su tarea era netamente
operativa.
Conocía el local desde su inauguración, sabía de los
recitales, enviaba efectivos al lugar y concurría personalmente
sin hacer nada para evitar o combatir las irregularidades que
le constaban. Su presencia como autoridad, lejos de garantizar
la seguridad pública, garantizaba que no se descubrieran las
irregularidades, de ahí que una disposición suya, hubiera
provocado de inmediato el cierre del local. Las palabras
huelgan…
El peso de su autoridad para negociar directamente
con Chabán el acuerdo espurio para evitar cualquier inspección
policial que inhabilitara el funesto local, repercute
gravemente como contrapartida en el peso de la punición.
Estaba allí y su función no era tocar música ni ganar
dinero, era cuidar a las personas. Lejos de ello, las dejó
indefensas en manos de empresarios y músicos inescrupulosos.
Era el Estado presente en el lugar y, por dinero, le falló a la
comunidad.
Aún frente a ese panorama, ha de atenderse como
índice de atenuación que no participó de la organización del
show ni estaba allí dentro cuando ocurrió el hecho, por lo que
considero adecuado fijarle una pena de ocho años de prisión,
tal como postula el distinguido colega que me precede en la
votación.
Los integrantes del grupo Callejeros: Patricio Santos
Fontanet, Diego Argañaraz, Juan Carbone, Cristian Torrejon,
Eduardo Vazquez, Elio Delgado, Maximiliano Djerfy y Daniel
Cardell.
En lo que a los músicos se refiere, a poco que se
analiza el fallo en crisis se observa que en su acápite
“primero d” si bien se expuso como línea del pronunciamiento
los claros parámetros fijados por esta Cámara, en la tarea de
graduación de las penas de cada uno de los integrantes del
grupo, se advierte nuevamente una desproporción al individualizarlas. El vicio detectado resulta apreciable a simple vista,
a punto de tropezar con un fundamento aparente.
Cierto es -coincido nuevamente con el doctor Eduardo
Riggi- que hay matices entre los integrantes del grupo pero se
trata justamente de eso, de matices, no de diferencias
esenciales como surge claramente del resolutorio.
Con remisión a la sentencia de esta Sala que fijó la
responsabilidad de los imputados y su real intervención en los
hechos, recordaré puntualmente que todos resolvían las
cuestiones en forma democrática, en la pura significación del
término a punto de que las decisiones se tomaban por votación.
No había una discriminación entre experimentados
líderes e inconcientes, o incapaces compañeros de grupo, como
ciegos seguidores de las decisiones que aquellos tomaban. Ni lo
uno ni lo otro.
Ni Fontanet era un exitoso líder carismático del
mundo del rock, con cientos de miles de seguidores que imponía
sus decisiones al resto del grupo; ni Argañaraz era un manager
generador de grupos que primero los creaba y luego dirigía sus
carreras en el mundo musical.
Tal como se señaló en el fallo recaído en esta sede,
por los elementos de prueba, y en particular por los dichos de
los propios coprocesados, se trataba de un grupo de amigos cuyo
núcleo fundador residía en el mismo barrio, al cual con el
correr de los años se fueron integrando los otros compañeros.
Para el momento de los hechos el grupo se encontraba
consolidado a tal punto de llevar a cabo espectáculos en el
reconocido estadio Obras Sanitarias.
Dicha cohesión implicaba ya que el grupo tenía vida
propia con una particular escala de valores según la cual como
oportunamente se reseñó, trabajaban principalmente en sitios
donde podían manejar la seguridad para, de esa manera,
conseguir el ansiado, incentivado, facilitado, publicitado y
logrado uso de pirotecnia por parte de sus seguidores, cuya
peligrosidad a esta altura del proceso no es menester reiterar,
como tampoco el conocimiento que tenían de ese extremo. Esas
reglas llevaban a generar shows con abarrotamiento de personas, Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
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III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
entre las que se incluían los invitados que, sin embargo, en el
caso de República Cromañón, ubicaban en un lugar más cómodo y
privilegiado.
Las reglas que dieron la impronta reconocida al grupo
eran generadas por ellos mismos, según se encargaron de
asegurar y lo hacían por votación igualitaria
Es que, más allá de los matices que lógicamente
existen y analizaré en cada caso particular, se trata de
jóvenes volcados a la actividad musical como carrera de vida,
como surgió de sus entrevistas personales. Los unía una amistad
y una concepción de los shows musicales muy particular y
mantenida sin fisuras hasta el “show fatal”. Lazos tan firmes a
punto de mantenerse durante el proceso judicial, con todo lo
que ello implica.
Esa comunión entre ellos existente se diferenciaba
con la relación que tenían con Omar Chaban.
Aquí se observa una vez más la ascendencia de este
experimentado personaje del mundo del rock, con décadas en la
actividad, que si bien no basta para restar responsabilidad a
los músicos en el hecho –reitero una vez más, conforme se
analizó-, sí permite diferenciar la medida de las penas que no
se observa en el fallo en crisis, por la poca fijada al
nombrado, como señalé más arriba.
En definitiva, a punto de destacar el yerro en que se
incurriera en la sentencia atacada, es dable señalar que la
tarea a encarar se centra en la ponderación de los matices
existentes entre los integrantes del grupo a la hora de fijar
una pena, no de volver a fallar su demostrada responsabilidad
en el hecho como pareciera que se hizo.
En ese sentido es menester resaltar que sobre la base
de tomar como posible penalidad la de una escala de punición
que va de uno a once años, han de mensurarse los demás índices
establecidos en los artículos 40 y 41 del código de fondo en
relación a cada uno de los músicos.
En dirección a una tabla de proporciones en función
de un equilibrio en su juzgamiento es ineludible analizarlas
teniendo en vista la impuesta a Omar Chabán, principal responsable, según las consideraciones más arriba efectuadas.
Así, como atenuante en favor de todos los integrantes
del grupo musical juega, como adelantamos, el ascendiente que
el experimentado Chabán tenía sobre ellos, quienes tenían menos
experiencia en esa actividad.
Desde ese punto fácil resulta comprender que el grado
de conocimiento de los principales factores de riesgo que
convergieron hacia el resultado típico era para los músicos
inferior, a la de Chabán, con excepción claro está de la
utilización de pirotecnia en los espectáculos, de la que
resultan principales responsables, por ser sus promotores.
Juegan al respecto lo primero a favor y esto último en contra.
Se apunta también en sus beneficios el hecho de que
mientras Chabán responde en carácter de coautor del delito de
cohecho, los músicos lo hacen como partícipes necesarios.
La responsabilidad por la vida e integridad de los
concurrentes, pesa sobre sus espaldas, porque eran sus
seguidores, sus fieles consecuentes, quienes para peor con tal
de verlos actuar, se decidían a pasar horas de pie en un sitio
irrespirable, sin imaginar claro, que además era un foco ígneo
donde dejarían sus vidas. De éstas ellos eran, al igual que
Chaban responsables, pero a diferencia de su relación con éste
que era nula, a ellos los querían como ídolos, sin saber que
esa pasión les llevaría la vida o la integridad física o
psíquica.
“Callejeros” vivía gracias a ellos y en ese sentido
les debía mucha mayor consideración que la finalmente
observada.
Patricio Rogelio Santos Fontanet:
Tal como se destaca en el voto que antecede, su
posición de líder, miembro fundador y rostro del grupo le daba
un mayor predicamento en el conjunto y especialmente sobre sus
seguidores. Sobre esa capacidad de liderazgo se asentaba sobre
Fontanet la probada posibilidad de detener el show, lo que se
acrecienta si se añade que era el interlocutor con aquéllos y
como cantante, el detentador continuo del micrófono,
instrumento facilitador para reencausar el evento y así evitar Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
Causa N° 11.684 –Sala
III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
de manera sencilla, clara e inmediata los muertos y los
heridos. Todas circunstancias que claramente operan en su
contra, como también que los fans era de quien más garantías
esperaban.
En su favor se deben tener en cuenta sus
circunstancias personales, como así también las reseñadas
párrafos más arriba.
En ese marco, resulta adecuado imponerle una pena
superior a la del resto del grupo dado que el contenido de
reproche en su caso es mayor. Así, resulta justo fijar la pena
en siete años de prisión, tal como postula el doctor Riggi.
Eduardo Arturo Vázquez:
Acertadas las consideraciones del a quo en cuanto a
las circunstancias agravantes debidamente analizadas en el voto
que antecede que comparto también en este punto.
Se hace mención a sus entrevistas en distintos
programas en los que hizo expresa referencia favorable al uso
de pirotecnia, destacándose su intervención puntual en la
contratación del sonidista, en la relación con la prensa y en
la confección de la lista de invitados.
Como en los otros casos, tocando la batería sobre el
escenario, con detener su actuación la situación hubiera sido
distinta, lejos de ello y al igual que los otros músicos,
continuó tocando el instrumento.
Valoro también la impresión recibida en la audiencia
de visu ocasión en la se observó que pese al episodio con
fuertes consecuencias a nivel familiar y de amistad que le
acarreó, no pareció haber incidido en su vida.
Frente a ello y a los atenuantes expresados más
arriba, determinan como razonable una medida de pena de seis
años de prisión, postulada por el doctor Riggi.
Diego Marcelo Argañaraz:
Poco resta por añadir al preciso análisis realizado
por el colega que lidera el acuerdo.
Es que sobre la base estructural de este fallo y en
lo tocante a la medición de la pena impuesta, cabe señalar que
en este caso luce proporcionada y equilibrada. Tanto los agravantes como los atenuantes tenidos en
cuenta son razonables, a lo que acoto la buena impresión
causada en la audiencia de visu.
Por lo expuesto, considero adecuada la pena de cinco
años de prisión que se le fijó.
Cristian Eleazar Torrejón, Juan Alberto Carbone,
Maximiliano Djerfy, Elio Rodrigo Delgado y Daniel Horacio
Cardell:
Comparto y hago mías las consideraciones y
conclusiones a las que arribó el doctor Eduardo Rafael Riggi al
tratar la situación de los nombrados.
En lo que se refiere a la situación de Fabiana
Gabriela Fiszbin, Ana María Fernández y Gustavo Juan Torres, y
según las consideraciones adelantadas, adhiero al voto del
doctor Eduardo Riggi.
Tal es mi voto.
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
1. Por coincidir plenamente con los argumentos
expuestos por el distinguido colega que lidera el acuerdo, he
de adherir al rechazo del planteo recusatorio interpuesto.
2. En oportunidad de celebrarse la audiencia prevista
en el artículo 465 in fine del C.P.P.N., el representante del
Ministerio Público Fiscal mencionó que el Tribunal Oral en lo
Criminal nº24 de la Capital Federal fijó las sanciones penales
inaudita parte y varias defensas argumentaron que ello los
privó de ejercer su ministerio.
La declaración de nulidad de un acto del proceso
penal requiere de la existencia de un perjuicio efectivo que la
justifique. De allí que pueda afirmarse que la mera invocación
de la afectación del derecho de defensa no resulta suficiente
para su dictado. En el caso, las partes debieron indicar qué
alegaciones fueron privados de ejercer o las pruebas que
hubiesen propuesto de no mediar el defecto que motiva sus
planteos (CSJN, Fallos: 302:179; 304;1947; 306:149, 307:1131 y
325:1404).
El silencio que al respecto han guardado las partes y
la circunstancia de que la calificación legal adoptada por ésta Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
Causa N° 11.684 –Sala
III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
Sala en la sentencia del 20 de abril de 2011 (Registro
nº473/11) fue ampliamente debatida ante el Tribunal Oral en lo
Criminal nº24, al punto que algunas defensas al momento de
alegar solicitaron de manera subsidiaria la condena de sus
defendidos en orden al delito de estrago culposo (entre ellas,
la defensa a cargo del Dr. Stefanolo), autorizan a descartar
los agravios presentados, por no advertirse una afectación real
del debido proceso.

3. Corresponde expedirme respecto al monto de la pena
impuesta a Omar Emir Chabán, Raúl Alcides Villarreal, Carlos
Rubén Díaz, Diego Marcelo Argañaraz, Patricio Santos Fontanet,
Eduardo Arturo Vázquez, Christian Eleazar Torrejón, Juan
Alberto Carbone, Maximiliano Djerfy, Elio Rodrigo Delgado y
Daniel Horacio Cardell, Fabiana Gabriela Fiszbin, Ana María
Fernández y Gustavo Juan Torres, en base a los hechos,
participación y calificación legal determinados en la sentencia
-no firme- dictada por esta Sala el 20 de abril de 2011
respecto a cada uno de los nombrados, sin la actuación del
suscripto.
Señalado el alcance de mi intervención en el presente
decisorio y habiendo dado lectura a la resolución referida,
cabe indicar que “ilícito y culpabilidad son conceptos
graduables y el paso decisivo de la determinación de la pena es
definir su gravedad. Para esto es imprescindible recurrir a las
circunstancias que fundamentan la punibilidad y establecer su
grado” (in re “Marega, Diego Andrés y otro s/recurso de
casación”, causa nº11.070 del registro de la Sala IV, reg.
nº877/12, rta. el 24/05/12, con cita de doctrina).
En el caso, no puede soslayarse que las trágicas
consecuencias del hecho (193 muertos y más de mil cuatrocientos
heridos), han marcado no sólo la vida de los sobrevivientes y
familiares de los fallecidos sino que ha conmovido a la
sociedad en general. Además, ha puesto al descubierto una gran
cantidad de irregularidades en el control de la actividad de
esparcimiento nocturno que derivó en la paralización temporal
del funcionamiento de los locales de baile de la ciudad y en la
posterior remoción, mediante juicio político, del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La gravedad del daño ocasionado deberá evaluarse
junto a las restantes pautas de mensuración de la pena, que
atento la acreditada intervención de numerosos autores que han
sido responsabilizados a título de culpa conduce a analizar y
evaluar cada actuación individual de acuerdo a sus
responsabilidades, funciones, experiencia, poder de evitación
del resultado típico y circunstancias personales que demuestren
su mayor o menor responsabilidad en los hechos por los que
resultaron condenados.
Antes de considerar situaciones individuales he de
señalar que más allá de las controversias doctrinarias que
despierta el instituto de la poena naturalis (cfr. Patricia S.
Zifer, “Lineamientos de la determinación de la pena”,
p.141/143, Ad Hoc, 2da. edición inalterada, Buenos Aires, 1999)
lo cierto es que no se encuentra incorporado a nuestra
legislación nacional y por ende su aplicación resulta
restringida a casos excepcionales en los que la pena resultante
se muestre desproporcional, atento las consecuencias sufridas
por el condenado como producto del hecho delictivo o
irracional, por no respetar el principio de necesidad.
A la vista de la gravedad del suceso ocurrido el 30
de diciembre de 2004 y su devastador resultado, descarto que
los montos de las penas impuestas merezcan la corrección
extraordinaria mencionada. Por el contrario, adelanto que en
algunos casos su benignidad impone corregirlas para adecuarlas
a la magnitud del injusto. Es por ello que los planteos
efectuados por las distintas defensas no tendrán favorable
acogida.
Tampoco observo que la resolución impugnada haya
incurrido en una indebida doble valoración de elementos que
integran el tipo penal de las figuras penales que fueran
oportunamente atribuidas.
No debe confundirse la vedada doble valoración de un
aspecto del hecho necesario para el perfeccionamiento del tipo
penal con la legítima valuación de la intensidad de afectación
del bien jurídico protegido o de la magnitud del injusto Cámara Federal de Casación Penal Cámara Federal de Casación Penal
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III – C.F.C.P. “Chaban,
Omar Emir y otros
s/recurso de casación”.
cometido, a efectos de determinar el grado de una única
desvalorización.
Previo a tratar los restantes agravios planteados
respecto al quantum de las sanciones fijadas , cabe recordar que
de acuerdo al criterio sentado por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica” -
sentencia del 2 de julio de 2004, párr. 161, 162 y 167-,
corresponde a este Tribunal realizar “un análisis o examen
comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y
analizadas por el tribunal inferior”, sea que éstas se refieran
a los hechos, el derecho o la pena, y así procurar “la
corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al
derecho”.
Sentado ello, pasaré a evaluar la situación
individual de los nombrados, a fin de establecer si las penas
impuestas resultan compatibles con los fundamentos dados por el
tribunal de juicio y consultan adecuadamente las pautas de
mensuración previstas en los artículos 40 y 41 del Código
Penal, en función de las constancias de la causa y lo que ha
surgido de la audiencias de “visu” de cada uno de los acusados
que fueron llevadas a cabo ante este tribunal los días
8/8/2012, 15/8/2012 y 22/8/2012 (según lo establecido por la
C.S.J.N. en el precedente “Niz, Rosa Andrea y otros s/rec. de
casación”, N. 132.XLV, resuelta el 15/6/10). Asimismo, cabe
tener en cuenta que la audiencia de informes de las partes se
produjo el 19/9/2012 y que el Tribunal, tras deliberar, se
encuentra presto a dictar sentencia con la celeridad que el sub
lite amerita, rapidez en la decisión que por lo demás, fue
reclamada por las partes en la audiencia ante esta Cámara
Federal de Casación Penal.
a. Situación de Omar Emir Chabán
La gravedad del hecho, su larga trayectoria en la
organización de eventos públicos masivos, su posición en el
momento del hecho (en el escenario, dando paso a la iniciación
del recital), su calidad de explotador del establecimiento y su
rol preponderante en los factores de riesgo que se concretaron
en el fatídico resultado que se le reprocha otorgan sustento a la aplicación de una pena más severa, pues de acuerdo a las
consideraciones efectuadas en la sentencia condenatoria actuó
con culpa temeraria.
No obstante ello, la ausencia de antecedentes y las
condiciones personales que informa su legajo de personalidad -
aunado a lo que surgió de la audiencia de visu efectuada ante
éste Tribunal-, resultan atenuantes que imposibilitan la
imposición de la pena máxima propiciada por los recurrentes.
Por coincidir sustancialmente con los argumentos
expuestos en el voto del distinguido colega que lidera el
acuerdo, doctor Eduardo Rafael Riggi, los planteos efectuadas
por la defensa en la audiencia de informes, respecto a “la
capacidad de ser culpable”, “a la intervención dolosa de un
tercero y la prohibición de regreso”, “a la aplicación de la
causa de justificación prevista en el artículo 34 inciso 3º del
C.P.” y “a la competencia de la víctima” no tendrán favorable
acogida.
En suma, la pena fijada por el Tribunal Oral en lo
Criminal nº24 no refleja en su real dimensión la gravedad del
hecho, el grado de intervención que le fue atribuido a Omar
Emir Chabán y la extensión del daño y del peligro causados.
Es por ello, que corresponde rechazar, con costas,
el recurso de casación de la defensa, hacer lugar parcialmente
a los recursos de casación del representante del Ministerio
Público Fiscal y de la querella representada por el doctor
Iglesias, sin costas (artículos 530 y 531 del C.P.P.N.); casar
el dispositivo II de la sentencia obrante a fs. 70528/70553 y
condenar a Omar Emir Chabán a la pena propiciada por mis
distinguidos colegas preopinantes de 10 (diez) años y 9 (nueve)
meses de prisión,
accesorias legales y costas, por ser autor
penalmente responsable de los delitos de incendio culposo
seguido de muerte en concurso real con el delito de cohecho
activo (artículos 12, 29 inciso 3º, 45, 55, 189 2º párrafo y
258 del Código Penal y 403, 470, 530 y 531 del Código Procesal
Penal de la Nación).

b. Situación de Raúl Alcides Villarreal
No encuentro razón suficiente que me incline a modificar el quantum de la sanción impuesta a Raúl Alcides Villarreal de seis años de prisión , accesorias legales y
costas, por ser autor penalmente responsable del delito de
incendio culposo seguido de muerte en concurso real con cohecho
activo en calidad de partícipe necesario (artículos 12, 29
inciso 3º, 45, 55, 189 2º párrafo y 258 del Código Penal y 403
530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación). Su activa
intervención en el momento de la ejecución del recital o
inmediatamente antes, se ve atenuada por su indiscutible
subordinación a Omar Emir Chabán, en quien recayó la mayor
responsabilidad.
La pena impuesta resulta sensiblemente más benigna
que la discernida a Omar Emir Chabán y deja sin sustento a los
agravios expuestos por la defensa, por cuanto la sentencia
recurrida ha reconocido y plasmado en el monto de la sanción su
menor responsabilidad en el hecho.
Por otra parte, éste último aspecto denota la
improcedencia de la imposición de la pena más severa reclamada
por el representante del Ministerio Público Fiscal.
Con mayor razón aún si tienen en consideración su
intervención en el cohecho a título de partícipe necesario y de
manera acotada, para que el pacto tuviera virtualidad en los
recitales previos de “Callejeros”, los días 28 y 29 de
diciembre de 2004, impone un trato menos riguroso que a los
autores del delito. En la misma línea, valoro la ausencia de
antecedentes, las favorables circunstancias personales que
informa su legajo de personalidad y lo que surgió de la
audiencia de visu celebrada ante este Tribunal.
Concluyo, entonces, en que la pena fijada por el
Tribunal Oral en lo Criminal nº 24 resulta razonable y merece
ser confirmada, porque contempla la severidad que reclama la
gravedad de los hechos, la efectiva intervención de Raúl
Alcides Villarreal en ellos y las atenuantes que concurren en
el caso.
Por lo expuesto, corresponde rechazar los recursos de
casación interpuestos por el Fiscal General, sin costas, y por
la defensa de Javier Alcides Villarreal, con costas (artículos 530, 531 y 532 del C.P.P.N.) y homologar el punto dispositivo IV de la sentencia condenatoria recurrida en cuanto impuso a Raúl Alcides Villarreal la pena de 6 (seis) años de prisión,
accesorias legales y costas, por ser autor penalmente
responsable del delito de incendio culposo seguido de muerte en
concurso real con cohecho activo en calidad de partícipe
necesario (artículos 12, 29 inciso 3º, 45, 55, 189 2º párrafo y
258 del Código Penal y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal
de la Nación).

c. Situación de Carlos Rubén Díaz

El nombrado fue condenado por haber sido considerado
autor del delito de incendio culposo en concurso real con
cohecho pasivo en calidad de autor.
De acuerdo a la sentencia condenatoria dictada por
esta Sala (insisto, sin la intervención del suscripto) la
desatención de su función, motivada por un lucro indebido, dio
lugar al resultado trágico que originó la formación de las
presentes actuaciones.
El componente económico que está en la base de su
comportamiento delictivo resulta más reprochable por tratarse
Carlos Rubén Díaz de un integrante de la Policía Federal
Argentina.
La reprobación crece si se toma en cuenta que al
momento del hecho tenía una vasta experiencia en la función
pública y se desempeñaba como jefe del servicio externo de la
Comisaría con jurisdicción en el local.
La calidad de funcionario público también fue
valorada como pauta agravante de la pena por el a quo (al igual
que en esta instancia, sólo respecto al delito de incendio),
que no obstante sostener que su condición de funcionario
público lo hace acreedor de una mayor reprochabilidad, equiparó
su situación a la de Raúl Alcides Villarreal.
Si bien es cierto que la actuación de Carlos Rubén
Díaz no puede igualarse a la de Omar Emir Chabán, tampoco puede
resultar equivalente a la de un particular que se encontraba
subordinado al explotador del local y tuvo una intervención más
limitada en el delito de cohecho (concretamente, Villarreal
“prestó cierta colaboración a los fines que el trato tuviera
virtualidad en los recitales previos de “Callejeros”, los días
28 y 29 de diciembre de 2004).
La situación de Carlos Rubén Díaz también se agrava
por su disposición permanente para desatender sus deberes
funcionales conforme a lo pactado con Omar Emir Chabán, es
decir, la vigencia del trato ilícito se prolongaba en el tiempo
-así se ha tenido por acreditado que la operatividad del
acuerdo tuvo lugar el 10 de diciembre y los días 28, 29 y 30 de
diciembre de 2004-, por lo que no estamos ante un obrar
irreflexivo o producto de una tentación circunstancial.
Cabe tener en cuenta las pautas atenuantes
conformadas por la ausencia de antecedentes, sus favorables
condiciones personales y la circunstancia de no haber sido
organizador del evento ni haber estado presente al momento de
la ocurrencia del hecho.
Tales consideraciones contrarían en algún punto los
argumentos expuestos por el Fiscal General y la querella
representada por los doctores Iglesias y Campos que bregan por
la aplicación de la pena máxima prevista para el concurso de
delitos que se le atribuye a Carlos Rubén Díaz.
En suma, teniendo en cuenta la mayor reprochabilidad
que supone su condición de funcionario público (en lo que
concierne al delito de incendio), la gravedad de su conducta,
la extensión del daño y del peligro causados y las pautas de
atenuación mencionadas, corresponde rechazar, con costas, el
recurso de la defensa y hacer lugar parcialmente a los recursos
de casación interpuestos por el fiscal general y por la
querella representada por el doctor Iglesias, sin costas
(artículos 530 y 531 del C.P.P.N.), casar el dispositivo VI de
la sentencia obrante a fs. 70528/70553 y condenar a Carlos
Rubén Díaz a la pena de 8 (ocho) años de prisión,
inhabilitación especial perpetua,
accesorias legales y costas,
por ser autor penalmente responsable de los delitos de incendio
culposo seguido de muerte en concurso real con el delito de
cohecho pasivo (artículos 12, 29 inciso 3º, 45, 55, 189 2º
párrafo y 256 del Código Penal y 403, 470, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

d. Situación de Patricio Santos Fontanet

Respecto a Patricio Santos Fontanet, cabe valorar que
su condición de cantante del grupo “Callejeros” la noche del 30
de diciembre de 2004 en el local “República Cromañón”, lo situó
en una posición de privilegio para detener el recital antes de
la ocurrencia del incendio y diluir el riesgo que dominaba la
escena al iniciarse el espectáculo musical.
También corresponde ponderar como circunstancia
agravante que justifica la mayor sanción reclamada por el
fiscal general y los acusadores privados, la posición asumida
en diversas entrevistas radiales y escritas respecto al uso de
fuegos de artificio durante las presentaciones de la banda y su
reconocido liderazgo en el grupo musical.
La comunicación permanente a través del micrófono con
los fanáticos del grupo, derivada de su posición de cantante y
condición de líder, lo convirtió en “dueño” -no exclusivo- del
curso del recital. El cantante es quien impone las pausas, los
diálogos y la continuación, o no, de la presentación. Así
ocurre en el común de los casos y la noche del 30 de diciembre
de 2004 no fue la excepción. De acuerdo a los hechos tenidos
por acreditados y las conclusiones expuestas en la sentencia
condenatoria, Fontanet pudo decidir el curso de los
acontecimientos y optó por continuar el recital en las
condiciones riesgosas aludidas en la resolución citada, con el
funesto resultado conocido: cientos de muertos y miles de
heridos.
A ello cabe sumar, el mayor conocimiento de la
estructura del local y de los factores de riesgo que finalmente
condujeron al trágico resultado, por haber contratado Patricio
Santos Fontanet el local junto a Argañaraz.
También aquí la inexperiencia en la organización de
este tipo de eventos, la ausencia de antecedentes, su condición
de partícipe necesario en el delito de cohecho -que además se
encuentra restringido a las fechas en que “Callejeros” se
presentó en “Cromañón”- y la impresión causada en la audiencia
de visu celebrada ante este tribunal, resultan pautas
atenuantes aplicables al caso.
Conforme a las pautas agravantes y atenuantes
valoradas, corresponde imponer una pena mayor a la aplicada a
los restantes integrantes del grupo, a fin de respetar la
efectiva intervención en los hechos de cada condenado. En el
caso, el mayor poder de evitación del resultado y la promoción,
en su condición de líder del grupo, del uso de pirotecnia en
los espectáculos de “Callejeros”, torna procedente la
aplicación de una pena más gravosa de la que corresponda
imponer a sus compañeros del ahora desavenido grupo musical
“Callejeros”.
Por lo expuesto, corresponde rechazar, con costas, el
recurso de casación interpuesto por la defensa y hacer lugar
parcialmente a los recursos interpuestos por el Fiscal General
y las querellas representadas por los doctores Iglesias y
Poplavsky, sin costas (artículos 530 y 531 del C.P.P.N.); casar
el dispositivo X de la sentencia obrante a fs. 70528/70553 y
condenar a Patricio Santos Fontanet a la pena de 7 (siete) años
de prisión,
accesorias legales y costas, por ser autor
penalmente responsable del delito de incendio culposo seguido
de muerte en concurso real con cohecho activo en calidad de
partícipe necesario (artículos 12, 29 inciso 3º, 45, 55, 189 2°
párrafo y 258 del Código Penal, y artículos 403, 470, 530 y 531
del Código Procesal Penal de la Nación).

e. Situación de Diego Marcelo Argañaraz .

La mayor responsabilidad que impone la condición de
manager del grupo “Callejeros” se encuentra disminuida por la
activa participación de sus integrantes en la toma de
decisiones.
La menor experiencia en la organización de este tipo
de eventos, la ausencia de antecedentes, las favorables
condiciones personales, la impresión causada en la audiencia de
visu celebrada ante este Tribunal y su condición de partícipe
necesario en el delito de cohecho -que además se encuentra
restringido a las fechas en que “Callejeros” se presentó en
“Cromañón”- completan los distintos elementos atenuantes que
sustentan la pena impuesta, que se ubica apenas por debajo de la mitad de la escala penal aplicable.
Su menor poder de decisión con relación a Villarreal
-así lo indica lo ocurrido en torno al cierre de los portones
violetas del local- también justifica la sanción más benigna
recibida, que de esa manera respeta la efectiva intervención en
los hechos de cada condenado.
Por ello y por compartir las distintas
consideraciones efectuadas en los votos precedentes, considero
que corresponde rechazar los recursos de casación articulados
por la defensa y por las querellas representadas por los
doctores Iglesias y Poplavsky, con costas y el interpuesto por
el Fiscal General, sin costas (artículos 530, 531 y 532 del
C.P.P.N.) y homologar el punto dispositivo VIII de la sentencia
condenatoria recurrida, pues la pena de 5 (cinco) años de
prisión,
accesorias legales y costas fijada por el tribunal de
juicio a Diego Marcelo Argañaraz, por ser autor penalmente
responsable del delito de incendio culposo seguido de muerte en
concurso real con cohecho activo en calidad de partícipe
necesario (artículos 12, 29 inciso 3º, 45, 55, 189 2° párrafo y
258 del Código Penal, y artículos 403, 530 y 531 del Código
Procesal Penal de la Nación) se encuentra suficientemente
fundada.

f. Situación de Eduardo Arturo Vázquez.

Los magistrados de la instancia anterior, además de
la magnitud del injusto y la pluralidad de víctimas, ponderaron
la mayor intervención de Eduardo Arturo Vázquez en las
decisiones del grupo.
En torno al punto mencionaron su participación en
varias entrevistas y sus referencias favorables al uso de
pirotecnia durante las presentaciones de “Callejeros”, su
intervención en la contratación del sonidista y en la
confección de la lista de invitados.
En línea con dichas actividades, debe apreciarse la
circunstancia de haber sido el encargado de realizar los
contactos con la prensa con anterioridad a la llegada de Aldana
Aprea, quien posteriormente asumió la tarea mencionada. Dichas
labores revelan que la posición de Eduardo Arturo Vázquez en la
banda musical sin llegar a la importancia asignada a Patricio
Santos Fontanet era de cierta relevancia e inclusive la
aparición de Eduardo Arturo Vázquez en los medios de difusión
influía en la imagen o impronta del grupo.
El a quo también destacó la mayor experiencia de
Eduardo Arturo Vázquez en relación a los miembros más nuevos de
la banda (se trata de un integrante originario), “el mejor
conocimiento del circuito del rock, de cómo fueron procurados
los seguidores de la banda y el consecuente mayor poder de
haber cambiado el rumbo que determinó la realización de los
recitales en condiciones de riesgo para el público”.
En definitiva, dichas consideraciones se traducen
en un mayor poder de evitación del resultado y en un mejor
conocimiento de los factores de riesgo por parte de Eduardo
Arturo Vázquez respecto a otros integrantes de la banda.
Dichos elementos otorgan sustento a la imposición
de una pena más severa que la de los demás integrantes de la
banda, a excepción de Patricio Santos Fontanet, a fin de
respetar la premisa lógica de establecer la medida de la
sanción en base a la actuación, experiencia, conocimiento de
los factores de riesgo y poder de evitación del resultado de
cada uno de los integrantes de “Callejeros”.
Por otra parte, la menor experiencia en la
organización de este tipo de eventos, su condición de partícipe
necesario en el delito de cohecho -que además se encuentra
restringido a las fechas en que “Callejeros” se presentó en
“Cromañón”- y la impresión causada en la audiencia de visu
celebrada ante este tribunal, resultan pautas atenuantes
aplicables al caso.
Por lo expuesto, corresponde rechazar, con costas,
el recurso de casación interpuesto por la defensa, hacer lugar
parcialmente a los recursos de casación del Fiscal General y de
las querellas representadas por los doctores Iglesias y
Poplavsky, sin costas (artículos 530 y 531 del C.P.P.N.), casar
el dispositivo XII de la sentencia obrante a fs. 70528/70553 y
condenar a Eduardo Arturo Vázquez a la pena de 6 (seis) años de
prisión,
accesorias legales y costas, por ser autor penalmente responsable del delito de incendio culposo seguido de muerte en
concurso real con cohecho activo en calidad de partícipe
necesario (artículos 12, 29 inciso 3º, 45, 55, 189 2° párrafo y
258 del Código Penal, y artículos 403, 470, 530 y 531 del
Código Procesal Penal de la Nación).

g. Situación de Christian Eleazar Torrejón, Juan
Alberto Carbone, Maximiliano Djerfy, Elio Rodrigo Delgado y
Daniel Horacio Cardell.

g.1 Consideraciones generales
Al referirse a la situación de los nombrados, los
magistrados de la instancia anterior han sostenido que “la
única pauta diferenciadora al momento de fijar la sanción sólo
puede resultar del análisis de sus condiciones personales y en
particular de sus años de pertenencia al grupo, que son
demostrativas de una mayor experiencia en todo lo referido al
manejo del ambiente del rock, pautas de contratación de
recitales y organización de los eventos”.
Sobre esa base les fijaron a los nombrados penas
sensiblemente inferiores a las aplicadas al resto de los
integrantes de la banda musical.
Más allá que las razones indicadas anteriormente
respecto a la mayor relevancia o protagonismo adoptado por
Fontanet y Vázquez justifican una mayor sanción a su respecto,
guardan razón el Fiscal General y el acusador privado, doctor
Iglesias, al señalar que la levedad de las penas no resultan
compatibles con las graves consecuencias del hecho y la culpa
temeraria endilgada.
Inclusive, atento que la responsabilidad asumida como
organizadores de la serie de eventos artísticos por cada uno de
los nombrados precedentemente no resulta distinta a la de
aquellos que recibieron una pena más severa, he de compartir
las consideraciones efectuadas por la distinguida colega que me
precede en el orden de votación respecto a la ausencia de
proporción de las penas impuestas.
Sin desconocer la decisión común de presentarse en
“Cromañón” con las riesgosas condiciones descriptas en la
sentencia condenatoria y de pagar sobornos a la Policía Federal
Argentina, no se ha establecido elemento alguno que destaque a
los nombrados en cuestiones organizativas puntuales. Esa menor
intervención con respecto al manager del conjunto, se encuentra
compensada por sus mayores posibilidades de detener el recital
en base a su protagonismo en el escenario -a excepción del caso
de Cardell-, ejecutando sus respectivos instrumentos musicales.
Corresponde, entonces, a partir de la valoración de
los elementos mencionados, completar el análisis con la
valoración de aspectos individuales de los mencionados en el
epígrafe a efectos de determinar una pena que contemple la
gravedad del hecho, la magnitud del injusto, las circunstancias
personales, lo acontecido en las audiencias de visu celebradas
ante este tribunal y las restantes pautas previstas en los
artículos 40 y 41 del Código Penal.

g.2 Ponderación de aspectos individuales

Situación de Christian Eleazar Torrejón.

La menor experiencia en la organización de este tipo
de eventos, la ausencia de antecedentes, su condición de
partícipe necesario en el delito de cohecho -que además se
encuentra restringido a las fechas en que “Callejeros” se
presentó en “Cromañón”-, las favorables condiciones personales
y la impresión causada en la audiencia de visu celebrada ante
este tribunal, resultan pautas atenuantes aplicables al caso.
Es por ello que, conforme a las pautas agravantes y
atenuantes valoradas, considero ajustado a derecho rechazar,
con costas, el recurso de casación interpuesto por la defensa
de Christian Eleazar Torrejón, hacer lugar parcialmente al
recurso de casación incoado por el representante del Ministerio
Público Fiscal y de las querellas representadas por los
doctores Iglesias y Poplavsky, sin costas (artículos 530 y 531
del C.P.P.N.), casar el dispositivo XIV de la sentencia
obrante a fs. 70528/70553 y condenar a Christian Eleazar
Torrejón a la pena de 5 (cinco) años de prisión
, accesorias
legales y costas, por ser autor penalmente responsable del
delito de incendio culposo seguido de muerte en concurso real
con cohecho activo en calidad de partícipe necesario (artículos
12, 29 inciso 3º, 45, 55, 189 2° párrafo y 258 del Código Penal, y artículos 403, 470, 530 y 531 del Código Procesal
Penal de la Nación).

Situación de Juan Alberto Carbone.

Como factores de reducción de la pena deben valorarse
la ausencia de antecedentes, su condición de partícipe
necesario en el delito de cohecho -que además se encuentra
restringido a las fechas en que “Callejeros” se presentó en
“Cromañón”-, las favorables condiciones personales y la
impresión causada en la audiencia de visu celebrada ante este
tribunal.
Su mayor edad y su experiencia en otras bandas y en
el circuito del rock se encuentran neutralizadas por la ya
mencionada menor intervención en el aspecto organizativo del
evento. Es por ello, que considero que tales circunstancias no
alcanzan a respaldar adecuadamente una diferenciación con la
sanción propiciada para Christian Eleazar Torrejón.
Por lo expuesto, considero ajustado a derecho
rechazar, con costas, el recurso de casación interpuesto por
la defensa de Juan Alberto Carbone, hacer lugar parcialmente al
recurso de casación incoado por el representante del Ministerio
Público Fiscal y de las querellas representadas por los
doctores Iglesias y Poplavsky, sin costas (artículos 530 y 531
del C.P.P.N.), casar el dispositivo XVI de la sentencia obrante
a fs. 70528/70553 y condenar a Juan Alberto Carbone a la pena
de 5 (cinco) años de prisión
, accesorias legales y costas, por
ser autor penalmente responsable del delito de incendio culposo
seguido de muerte en concurso real con cohecho activo en
calidad de partícipe necesario (artículos 12, 29 inciso 3º, 45,
55, 189 2° párrafo y 258 del Código Penal, y artículos 403,
470, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

Situación de Maximiliano Djerfy.

Su edad lo ubica entre los mayores del grupo. Sin
embargo al momento del hecho su experiencia en el circuito del
rock era escasa, dado que su participación tuvo inicio en el
2001, con su incorporación a “Callejeros”.
Su buena integración al grupo se encuentra acreditada
con la contratación de su primo hermano Leonardo Djerfy como
personal de seguridad de la banda en un puesto de máxima
confianza, en la zona de camarines.
Entre los factores de atenuación de la pena deben
evaluarse la ausencia de antecedentes, su condición de
partícipe necesario en el delito de cohecho -que además se
encuentra restringido a las fechas en que “Callejeros” se
presentó en “Cromañón”-, las favorables condiciones personales
y la impresión causada en la audiencia de visu celebrada ante
este tribunal.
De las pautas de mensuración de la pena mencionadas
no alcanzo a diferenciar aspecto alguno que me incline a variar
la respuesta punitiva propiciada para el caso de Torrejón y
Carbone, que se ubica apenas por debajo de la mitad de la
escala penal aplicable.
Por lo expuesto, considero ajustado a derecho
rechazar, con costas, el recurso de casación interpuesto por
la defensa de Maximiliano Djerfy, hacer lugar parcialmente al
recurso de casación incoado por el representante del Ministerio
Público Fiscal y de las querellas representadas por los
doctores Iglesias y Poplavsky, sin costas (artículos 530 y 531
del C.P.P.N.), casar el dispositivo XVIII de la sentencia
obrante a fs. 70528/70553 y condenar a Maximiliano Djerfy a la
pena de 5 (cinco) años de prisión
, accesorias legales y costas,
por ser autor penalmente responsable del delito de incendio
culposo seguido de muerte en concurso real con cohecho activo
en calidad de partícipe necesario (artículos 12, 29 inciso 3º,
45, 55, 189 2° párrafo y 258 del Código Penal, y artículos 403,
470, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

Situación de Elio Rodrigo Delgado.

La ausencia de antecedentes y su condición de
partícipe necesario en el delito de cohecho -que además se
encuentra restringido a las fechas en que “Callejeros” se
presentó en “Cromañón”- constituyen pautas de atenuación de la
pena.
Las palmarias irregularidades que presentaba el lugar
del hecho y las condiciones harto riesgosas para los seguidores
del conjunto musical relativizan la atenuante fundada en la juventud de Delgado. El escenario descripto en la sentencia
condenatoria indica que la situación riesgosa podía ser
fácilmente observada por quien carecía de mayor experiencia,
aún más si se tienen en cuenta las advertencias proferidas por
Omar Emir Chabán.
Por otra parte, en la audiencia de visu celebrada a
casi ochos años del conmovedor suceso luctuoso se lo observó
indiferente, en claro contraste con la actitud asumida por sus
ex compañeros de grupo.
Es del caso mencionar, que la sanción se impone
esperando del autor una reacción de adecuado compromiso con el
respeto de los derechos ajenos. Es por ello, que de acuerdo a
la valoración global de las pautas de mensuración de la pena no
cabe diferenciar el monto de pena a imponer del ya anunciado a
Torrejón, Carbone y Djerfy.
Por lo expuesto, considero ajustado a derecho
rechazar, con costas, el recurso de casación interpuesto por
la defensa de Elio Rodrigo Delgado, hacer lugar parcialmente al
recurso de casación incoado por el representante del Ministerio
Público Fiscal y de las querellas representadas por los
doctores Iglesias y Poplavsky, sin costas (artículos 530 y 531
del C.P.P.N.), casar el dispositivo XX de la sentencia obrante
a fs. 70528/70553 y condenar a Elio Rodrigo Delgado a la pena
de 5 (cinco) años de prisión
, accesorias legales y costas, por
ser autor penalmente responsable del delito de incendio culposo
seguido de muerte en concurso real con cohecho activo en
calidad de partícipe necesario (artículos 12, 29 inciso 3º, 45,
55, 189 2° párrafo y 258 del Código Penal, y artículos 403,
470, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

Situación de Daniel Horacio Cardell .

Además de la atenuante común a los restantes
integrantes del grupo, esto es, su condición de partícipe
necesario en el delito de cohecho -que por otra parte se
encuentra restringido a las fechas en que “Callejeros” se
presentó en “Cromañón”-, corresponde valorar que su función
dentro de la banda -escenógrafo- le asignaba una posibilidad
sensiblemente menor de detener el recital, dado que sólo
ocasionalmente se situaba en el escenario y no tocaba ningún
instrumento.
Este menor poder de evitación debe necesariamente
reflejarse en el monto de la sanción a imponer, atento que el
reproche correspondiente a su conducta se encuentra disminuido.
También deben apreciarse sus favorables condiciones
personales.
En suma, de la valoración de las pautas agravantes y
atenuantes aplicables al caso considero que debe rechazarse,
con costas, el recurso de casación interpuesto por la defensa
de Daniel Horacio Cardell, hacer lugar parcialmente al recurso
de casación incoado por el representante del Ministerio Público
Fiscal y por las querellas representadas por los doctores
Iglesias y Poplavsky, sin costas (artículos 530 y 531 del
C.P.P.N.), casar el dispositivo XXII de la sentencia obrante a
fs. 70528/70553 y condenar a Daniel Horacio Cardell a la pena
de 3 (tres) años de prisión
de cumplimiento efectivo y costas,
por ser autor penalmente responsable del delito de incendio
culposo seguido de muerte en concurso real con cohecho activo
en calidad de partícipe necesario (artículos 29 inciso 3º, 45,
55, 189 2° párrafo y 258 del Código Penal, y artículos 403,
470, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

En cuanto a la modalidad de cumplimiento, entiendo
que la procedencia de la condena condicional se encuentra
limitado a los casos en que se juzgan hechos que no revisten
mayor gravedad o que no provocan mayor peligro de alarma
social, es decir, cuando el sujeto no es reincidente. Así, lo
interpretó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la
causa S.579 XXXIX, “Squilario, Adrián y otro s/defraudación
especial”, rta. el 8 de agosto de 2006, citada por distintos
letrados defensores.
Precisamente, la excepcional gravedad del hecho que
nos ocupa, que ha causado la pérdida de 193 vidas y lesiones a
más de 1400 personas, torna claramente inaplicable la
imposición de una pena en suspenso, por no verificarse la razón
que habilita su excepcional procedencia conforme a las propias
consideraciones efectuadas por el más Alto Tribunal en el fallo citado.

h. Consideraciones generales respecto a los
funcionarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(G.C.B.A.).

Fabiana Gabriela Fiszbin, Ana María Fernández y
Gustavo Juan Torres resultaron condenados como autores de los
delitos de omisión de deberes de funcionario público en
concurso ideal con incendio culposo seguido de muerte

(artículos 45, 54, 249 y 189, segundo párrafo, del Código
Penal).
Los magistrados de la instancia anterior en la
tarea de determinar la pena correspondiente a los funcionarios
mencionados valoraron especialmente, de acuerdo a los
señalamientos efectuados por el doctor Eduardo Rafael Riggi en
la sentencia condenatoria anteriormente citada, “la distinta
capacidad de evitación que ostentaban cada uno de los imputados
al momento de los hechos, las relaciones jerárquicas, como
asimismo la evolución de los recursos humanos que registraron
las distintas áreas donde en ciertos períodos el cumplimiento
de la acción debida era más dificultoso”.
Dichas pautas aparecen razonables y conducentes
para evaluar la intensidad de la respuesta punitiva que cabe
atribuir a cada uno de los funcionarios por la conducta
criminal adoptada, de acuerdo a las diversas circunstancias
mencionadas.
Por ello, en base a dichos parámetros y a las
restantes pautas previstas en los artículos 40 y 41 del Código
Penal para la cuantificación de la pena, sumado a las
audiencias de conocimiento de todos los imputados en autos
llevadas a cabo ante este Tribunal y luego de haber escuchado
las alegaciones de las partes, es que corresponde analizar las
sanciones impuestas a los funcionarios aludidos.

h.1 Situación de Fabiana Gabriela Fiszbin.

Los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal nº24
destacaron que ha quedado descartado que durante el
cumplimiento de sus funciones existiera causa alguna que
menoscabara el ejercicio en plenitud de las responsabilidades a
su cargo.
Al evaluar su desempeño, señalaron “su abierta
desidia, su prolongación en el tiempo y la magnitud
inconmensurable del daño que a la postre implicó y que se le ha
atribuido a título culposo”.
Indicaron que la capacidad de evitación “era plena”,
conforme a las amplias facultades para actuar en el caso, de
acuerdo al decreto nº2696 que fijó sus responsabilidades
primarias y las potestades inherentes a ellas.
Concluyeron que “desde la óptica de la actuación de
la imputada no existen atenuantes y que la respuesta no puede
sino ser severa”.
A su favor valoraron su situación familiar y la
ausencia de antecedentes.
Sin lugar a dudas, el fallo cuestionado recoge las
consideraciones efectuadas en la sentencia condenatoria dictada
por ésta Sala que asignan a la conducta de Fiszbin una singular
gravedad, al no realizar un seguimiento serio y racional de las actuaciones labradas ante el peligro grave denunciado por la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad, a través del Defensor
Adjunto, Arquitecto Atilio Alimena, respecto al funcionamiento
de los locales de baile.
También se hace eco de la mayor responsabilidad penal
atribuida a Gabriela Fabiana Fiszbin por el servicio público
desatendido en razón de la jerarquía del cargo que ejercía, que
era el de Subsecretaria de Control Comunal.
Entiendo que el carácter problemático del área de
Control Comunal no resulta un elemento que atenúe el reproche,
atento que no sólo contó con recursos suficientes para adoptar
la conducta debida sino que el largo tiempo transcurrido desde
que tomó conocimiento de la denuncia efectuada por el Defensor
Adjunto, Atilio Alimena, le otorgó la oportunidad de sortear
los inconvenientes propios del área de Control Comunal.
No advierto elementos que atenúen su exiguo desempeño
funcional, que junto a la extensión del daño causado delinean
la imposición de una pena severa, que sólo encuentra atenuantes
en sus condiciones personales y en la ausencia de antecedentes. Coincido con el distinguido colega que lidera el
acuerdo, respecto a que la denuncia realizada por Fiszbin
después de ocurrido el hecho que nos ocupa contra el personal
de bomberos y su comportamiento procesal no resultan elementos
que conduzcan a considerar que la sanción impuesta por el a quo
resulte desacertada, por cuanto se muestra acorde a la
culpabilidad por el hecho y proporcional al daño causado con el
injusto.
En dicho sentido, cabe destacar que “La relación
entre la culpabilidad y el monto de la pena no está completa si
ésta resulta disociada del daño o peligro causado con el
injusto; en consecuencia el principio de culpabilidad como
rector de la mensura de la sanción debe ser tenido como un
recipiente que comprende la denominada proporcionalidad” (Abel
Fleming-Pablo López Viñals, “Las penas”, p.185, 1ª ed.,
Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2009).
Las atenuantes mencionadas en este acápite a lo que
se agrega la buena impresión causada durante la audiencia de
visu celebrada ante este tribunal, evidencian la improcedencia
de la pretensión del acusador privado que reclama la imposición
de la pena máxima prevista para el concurso de delitos que se
le atribuyó a Fiszbin.
La pretensión de la defensa de que se declare
desierto el recurso interpuesto por la querella por aplicación
analógica del artículo 454 del C.P.P.N. no puede prosperar, por
cuanto cumple con los requisitos de forma exigidos por las
normas procesales vigentes y fue oportunamente mantenido a
fs.71412.
Por lo expuesto, deben rechazarse los recursos de
casación interpuestos; con costas (artículos 530 y 531 del
C.P.P.N.) y homologarse el punto dispositivo XXIV de la
sentencia condenatoria recurrida, pues considero que la pena de
4 (cuatro) años de prisión, accesorias legales y costas,
impuesta a Fabiana Gabriela Fiszbin
por ser autora penalmente
responsable de los delitos de omisión de deberes de funcionario
público en concurso ideal con incendio culposo seguido de
muerte (artículos 12, 29 inciso 3º, 45, 54, 249 y 189 2º
párrafo del Código Penal y artículos 403, 530 y 531 del Código
Procesal Penal de la Nación), resulta ajustada a derecho y a
las constancias de la causa.

h.2 Situación de Gustavo Juan Torres.

Los jueces de la instancia anterior consideraron su
capacidad de evitación al momento del hecho, la jerarquía del
cargo que desempeñaba y los recursos humanos que registraba el
área a su cargo.
Al referirse a sus antecedentes laborales indicaron
que es abogado y trabajó en el ámbito judicial, en el
Ministerio de Economía, Superintendencia de Seguros,
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y para la fecha de
publicación de la situación de los locales bailables en el
diario “Clarín” el 26 de mayo de 2004 se desempeñaba como
Controlador Administrativo de Faltas del Gobierno local.
Agregaron que luego fue Director General de Fiscalización y
Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta que
cesó en esa función y se dedicó al ejercicio liberal de su
profesión.
Señalaron que se desempeñó como Director General de
Fiscalización y Control desde el 25 de octubre de 2004 y que
dicha dependencia contó con recursos humanos suficientes como
para atender con toda urgencia y efectividad la situación
planteada por la Actuación nº631.
Detallaron que los recursos existentes le bastaban
para lograr en una sola jornada la inspección de la totalidad
de locales de baile clase “c” y que “República Cromañón” por
sus deficiencias sería alcanzado con una clausura inmediata y
segura.
Valoraron que en diciembre de 2004 las inspecciones
se redujeron drásticamente, que “la actividad de inspección
seguía subordinada a la existencia de denuncias” y que el
Director General se hallaba volcado a tareas tendientes a
atender la situación interna de la Dirección General, con
olvido de la inevitable necesidad del “barrido” íntegro y
posible de la actividad de los locales de baile clase “c”.
Precisaron que “si bien podría argumentarse a favor de Torres el corto período de su desempeño desde que asumió su
cargo hasta la noche del hecho, su condición profesional, sus
antecedentes en tareas de control y la mayúscula inoperancia al
no tomar tampoco una decisión enérgica en un asunto
extremadamente sensible, hacen que el reproche solo pueda ser
ligeramente atenuado por su falta de antecedentes”.
Las consideraciones efectuadas por el a quo revelan
el alto grado de negligencia que caracterizó el desempeño de
Torres como Director General de la Dirección General de
Fiscalización y Control.
La evolución favorable de los recursos a disposición
de la repartición a su cargo le otorgó una mayor capacidad de
evitación.
En tan sólo una jornada podía inspeccionar la
totalidad de locales de baile clase “c”, aspecto que adquiere
mayor relevancia si se tiene en cuenta que el área tenía como
cuestión prioritaria el tratamiento de la problemática de las
discotecas.
La ponderación del grave daño causado también nos
conduce a la imposición de una pena severa, que sólo resulta
atenuada por sus condiciones personales de las cuales este
tribunal tomó conocimiento directo en la audiencia de visu
antes referenciada y la falta de antecedentes.
Cabe tener en cuenta al respecto la doctrina de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual los jueces
no están obligados a seguir a las partes en todas sus
alegaciones, sino sólo en aquellas que estimen conducentes
para la correcta solución del litigio (Fallos:287:230; 294:466;
319:2108, entre muchos otros).
En consecuencia, cabe rechazar el recurso de casación
interpuesto por la defensa de Gustavo Juan Torres, con costas
(artículos 530 y 531 del C.P.P.N.) y homologar el punto
dispositivo XXVI de la sentencia condenatoria recurrida en
cuanto impuso a Gustavo Juan Torres la pena de 3 (tres) años y
9 (nueve) meses de prisión
, accesorias legales y costas, por
ser autor penalmente responsable de los delitos de omisión de
deberes de funcionario público en concurso ideal con incendio
culposo seguido de muerte (artículos 12, 29 inciso 3º, 45, 54,
249 y 189 2º párrafo del Código Penal y artículos 403, 530 y
531 del Código Procesal Penal de la Nación).

h.3 Situación de Ana María Fernández.

Los magistrados tuvieron en cuenta la capacidad de
evitación, la jerarquía de los cargos ejercidos y la evolución
de los recursos humanos que registraron las áreas en las que se
desempeñó Fernández.
Para establecer la magnitud del reproche los jueces
valoraron que en el ejercicio de las funciones de Ana María
Fernández se advierte un primer período con mayores
atribuciones vinculada al ejercicio del poder de policía (desde
el 13 de enero de 2004, que fue designada Coordinadora General
de la Unidad Polivalente de Inspecciones, hasta el 26 de agosto
de 2004, fecha en la que por el Decreto G.C.B.A. nº1563/04 pasó
a asistir al Director General de Fiscalización y Control en los
temas de su competencia y reemplazarlo en caso de ausencia) y
un segundo período con facultades más subordinadas a Gustavo
Juan Torres.
Resaltaron que su desempeño “ha sido hallado
totalmente objetable en todo su desarrollo, aunque mayormente
cuando lo hizo como Coordinadora General de la Unidad
Polivalente de Inspecciones y abdicó en forma conjunta con
Fiszbin de desplegar a pleno sus atribuciones para atender la
denuncia de Alimena -Actuación nº631-”.
Precisaron que aún con recursos no superabundantes,
la apropiada valoración de la gravedad del caso y una actividad
de cierta diligencia para la cual contaba con amplias
facultades, hubiera permitido aquellas inspecciones eludidas,
incluyendo la de “República Cromañón” y su clausura.
También valoraron que en el segundo de los períodos
antes señalados, debió informar a Torres que se encontraba
irresuelta la Actuación nº631, referido a un tema ya gravísimo,
pues su responsabilidad primaria era asistirlo en asuntos de su
competencia.
Sólo encontraron atenuantes en el plano personal,
consideración que se ratifica en esta instancia luego de haber tomado conocimiento de visu de Ana María Fernández y se agrega
su falta de antecedentes penales.
La asistencia técnica sostuvo que Fernández era
subordinada de Gustavo Juan Torres y que dicho extremo no fue
debidamente considerado por el tribunal de grado.
Advierto que el tribunal no sólo ponderó que la
actuación de Fernández tuvo un segundo período con facultades
más subordinadas sino que el menor grado de responsabilidad se
vio reflejado en el monto de la pena fijada, que resultó la más
benigna de las establecidas a los funcionarios del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.
Tampoco encuentro que la sanción discernida vulnere
el principio de proporcionalidad y de los postulados que hacen
al derecho penal de última ratio.
Como se dijo anteriormente, la relación entre la
culpabilidad y el monto de la pena no está completa si ésta
resulta disociada del daño o peligro causado con el injusto.
A la vista del daño inconmensurable causado, lejos se
encuentra la severidad de la pena fijada de vulnerar el
principio de proporcionalidad. Es que si el Derecho Penal
castiga conductas lesivas o peligrosas para un bien jurídico la
gravedad del hecho no puede ser excluida del reproche.
Conforme a ello, la imposición de la pena mínima
reclamada por la defensa, con la modalidad de ejecución
condicional, resulta claramente improcedente.
Por ello, corresponde rechazar el recurso de casación
interpuesto por la defensa de Ana María Fernández, con costas
(artículos 530 y 531 del C.P.P.N.) y homologar el punto
dispositivo XXVIII de la sentencia condenatoria recurrida en
cuanto impuso a Ana María Fernández la pena de 3 (tres) años y
6 (seis) meses de prisión
, accesorias legales y costas, por ser
autora penalmente responsable de los delitos de omisión de
deberes de funcionario público en concurso ideal con incendio
culposo seguido de muerte (artículos 12, 29 inciso 3º, 45, 54,
249 y 189 2º párrafo del Código Penal y artículos 403, 530 y
531 del Código Procesal Penal de la Nación).
En resumen, en la determinación de la pena
correspondiente a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, los magistrados tuvieron en cuenta la distinta
capacidad de evitación que ostentaban cada uno de los imputados
al momento del hecho, las relaciones jerárquicas y la evolución
de los recursos humanos que registraron las áreas donde en
ciertos períodos el cumplimiento de la acción debida era más
dificultoso.
A partir de tales premisas justificaron racionalmente
la distinta gravedad de las penas aplicadas, teniendo en
consideración la gravedad del injusto y del daño ocasionado.
Descartaron que durante el cumplimiento de sus
funciones existiera causa alguna que menoscabara el ejercicio
en plenitud de las responsabilidades que tuvieron a su cargo.
La grave imprudencia en el ejercicio de la función
pública, frente a un riesgo denunciado que ponía en peligro la
vida de una cantidad inmensa de jóvenes cada fin de semana,
justifica las severas sanciones impuestas.
Como corolario de lo hasta aquí expuesto, considero
que las penas impuestas a los funcionarios del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires resultan ajustadas a derecho, por lo que
insisto corresponde rechazar los recursos intentados por las
defensas y el acusador privado.
Por último, corresponde tener presente todas las
reservas del caso federal efectuadas por las partes. Así lo
voto.
Por todo ello, el tribunal, por unanimidad, RESUELVE:

I) RECHAZAR los recursos de casación interpuestos por
las defensas de Omar Emir Chabán, Raúl Alcides Villarreal,
Carlos Rubén Díaz, Diego Marcelo Argañaraz, Patricio Rogelio
Santos Fontanet, Eduardo Arturo Vázquez, Christian Eleazar
Torrejón, Juan Alberto Carbone, Maximiliano Djerfy, Elio
Rodrigo Delgado, Daniel Horacio Cardell, Fabiana Gabriela
Fiszbin, Ana María Fernández y Gustavo Juan Torres,
con costas
(arts. 470 y 471 a contrario sensu, y 530 y 531 del Código
Procesal Penal de la Nación).

II)HACER LUGAR PARCIALMENTE a los recursos de
casación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y las querellas representadas por los doctores Iglesias y Campos y por el doctor Poplavsky, sin costas; casar los puntos
dispositivos II, VI, X, XII, XIV, XVI, XVIII, XX y XXII de la
sentencia obrante a fs. 70528/70553 y, en consecuencia:

a. CONDENAR a OMAR EMIR CHABAN, a la pena de 10
(diez) años y 9 (nueve) meses de prisión, accesorias legales y
costas, por resultar autor penalmente responsable de los
delitos de incendio culposo seguido de muerte en concurso real
con el delito de cohecho activo
(artículos 12, 29 inciso 3º,
45, 55, 189 2º párrafo y 258 del Código Penal y 403, 470, 530 y
531 del Código Procesal Penal de la Nación).

b. CONDENAR a CARLOS RUBÉN DÍAZ a la pena de 8 (ocho)
años de prisión, inhabilitación especial perpetua, accesorias
legales y costas, por ser autor penalmente responsable de los
delitos de incendio culposo seguido de muerte en concurso real
con el delito de cohecho pasivo
(artículos 12, 29 inciso 3º,
45, 55, 189 2º párrafo y 256 del Código Penal y 403, 470, 530 y
531 del Código Procesal Penal de la Nación).

c. CONDENAR a PATRICIO ROGELIO SANTOS FONTANET a la
pena de 7 (siete) años de prisión, accesorias legales y costas,
por ser autor penalmente responsable del delito de incendio
culposo seguido de muerte en concurso real con cohecho activo
en calidad de partícipe necesario
(artículos 12, 29 inciso 3º,
45, 55, 189 2° párrafo y 258 del Código Penal, y artículos 403,
470, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

d. CONDENAR a EDUARDO ARTURO VÁZQUEZ a la pena de 6
(seis) años de prisión, accesorias legales y costas, por ser
autor penalmente responsable del delito de incendio culposo
seguido de muerte en concurso real con cohecho activo en
calidad de partícipe necesario
(artículos 12, 29 inciso 3º, 45,
55, 189 2° párrafo y 258 del Código Penal, y artículos 403,
470, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

e. CONDENAR a CHRISTIAN ELEAZAR TORREJON a la pena de
5 (cinco) años de prisión, accesorias legales y costas, por ser
autor penalmente responsable del delito de incendio culposo
seguido de muerte en concurso real con cohecho activo en
calidad de partícipe necesario
(artículos 12, 29 inciso 3º, 45,
55, 189 2° párrafo y 258 del Código Penal, y artículos 403,
470, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

f. CONDENAR a JUAN ALBERTO CARBONE a la pena de 5
(cinco) años de prisión, accesorias legales y costas, por ser
autor penalmente responsable del delito de incendio culposo
seguido de muerte en concurso real con cohecho activo en
calidad de partícipe necesario
(artículos 12, 29 inciso 3º, 45,
55, 189 2° párrafo y 258 del Código Penal, y artículos 403,
470, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

g. CONDENAR a MAXIMILIANO DJERFY a la pena de 5
(cinco) años de prisión, accesorias legales y costas, por ser
autor penalmente responsable del delito de incendio culposo
seguido de muerte en concurso real con cohecho activo en
calidad de partícipe necesario
(artículos 12, 29 inciso 3º, 45,
55, 189 2° párrafo y 258 del Código Penal, y artículos 403,
470, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

h. CONDENAR a ELIO RODRIGO DELGADO a la pena de 5
(cinco) años de prisión, accesorias legales y costas, por ser
autor penalmente responsable del delito de incendio culposo
seguido de muerte en concurso real con cohecho activo en
calidad de partícipe necesario
(artículos 12, 29 inciso 3º, 45,
55, 189 2° párrafo y 258 del Código Penal, y artículos 403,
470, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

i. CONDENAR a DANIEL HORACIO CARDELL a la pena de 3
(tres) años de prisión y costas, por ser autor penalmente
responsable del delito de incendio culposo seguido de muerte en
concurso real con cohecho activo en calidad de partícipe
necesario
(artículos 29 inciso 3º, 45, 55, 189 2° párrafo y 258
del Código Penal, y artículos 403, 470, 530 y 531 del Código
Procesal Penal de la Nación).

III) RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por
el Ministerio Público Fiscal contra los puntos dispositivos IV
y VIII -sin costas-; y los deducidos por la querella
representada por los doctores Iglesias y Campos contra los
dispositivos VIII y XXIV y por la querella representada por el
doctor Poplavsky contra el punto dispositivo VIII de la
sentencia obrante a fs. 70528/70553 –con costas- (artículos 470 y 471 a contrario sensu, 530, 531 y 532 del C.P.P.N.); y, en
consecuencia:

a. CONFIRMAR el punto dispositivo IV de la sentencia
obrante a fs. 70.528/70.553, en cuanto condenó a RAÚL ALCIDES
VILLARREAL a la pena de 6 (seis) años de prisión, accesorias
legales y costas, por ser autor penalmente responsable del
delito de incendio culposo seguido de muerte en concurso real
con cohecho activo en calidad de partícipe necesario
(artículos
12, 29 inciso 3º, 45, 55, 189 2º párrafo y 258 del Código Penal
y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

b. CONFIRMAR el punto dispositivo VIII de la
sentencia recurrida, en cuanto condenó a DIEGO MARCELO
ARGAÑARAZ a la pena de 5 (cinco) años de prisión, accesorias
legales y costas, por ser autor penalmente responsable del
delito de incendio culposo seguido de muerte en concurso real
con cohecho activo en calidad de partícipe necesario
(artículos
12, 29 inciso 3º, 45, 55, 189 2º párrafo y 258 del Código Penal
y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

c. CONFIRMAR el punto dispositivo XXIV de la
sentencia obrante a fs. 70.528/70.553, en cuanto condenó a
FABIANA GABRIELA FISZBIN a la pena de 4 (cuatro) años de
prisión, accesorias legales y costas, por resultar autora
penalmente responsable de los delitos de omisión de deberes de
funcionario público en concurso ideal con incendio culposo
seguido de muerte (artículos 12, 29 inciso 3º, 45, 54, 249 y
189 2º párrafo del Código Penal y artículos 403, 530 y 531 del
Código Procesal Penal de la Nación).

IV) CONFIRMAR el punto dispositivo XXVI de la
sentencia recurrida en cuanto condenó a GUSTAVO JUAN TORRES a
la pena de 3 (tres) años y 9 (nueve) meses de prisión,

accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente
responsable de los delitos de omisión de deberes de funcionario
público en concurso ideal con incendio culposo seguido de
muerte (artículos 12, 29 inciso 3º, 45, 54, 249 y 189 2º
párrafo del Código Penal y artículos 403, 530 y 531 del Código
Procesal Penal de la Nación);

V)CONFIRMAR el punto dispositivo XXVIII de la Cámara Federal de Casación Penal
sentencia recurrida en cuanto condenó a ANA MARÍA FERNÁNDEZ a
la pena de 3 (tres) años y 6 (seis) meses de prisión,

accesorias legales y costas, por resultar autora penalmente
responsable de los delitos de omisión de deberes de funcionario
público en concurso ideal con incendio culposo seguido de
muerte (artículos 12, 29 inciso 3º, 45, 54, 249 y 189 2º
párrafo del Código Penal y artículos 403, 530 y 531 del Código
Procesal Penal de la Nación).

VI)Tener presentes las reservas del caso federal.
Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse las
actuaciones al Tribunal de origen, sirviendo lo proveído de
atenta nota de envío.
Fdo.: Dres. Eduardo R. Riggi, Liliana E. Catucci y Mariano H. Borinsky. Walter Daniel Magnone (Prosecretario de Cámara).

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Enviado por cb el Mié, 2012-10-17 16:53

Juicio Oral Cromañón I: Fallo de la Sala III de Casación Penal e información sobre el cumplimiento de las condenas.

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La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky, POR UNANIMIDAD, dieron a conocer la sentencia por los recursos de casación presentados contra la resolución del año 2011 del Tribunal Oral en lo Criminal N° 24 de la Capital Federal en la causa por la masacre ocurrida en el local República Cromañón el 30 de diciembre de 2004, dictando las siguientes penas

Condenas.

1.- Omar Emir Chabán (Gerenciador): 10 años y 9 meses de prisión.

2.- Raúl Alcídes Villareal (Mano derecha de Chabán): 6 años de prisión.

3.- Carlos Rubén Díaz (Subcomisario de la Com. 7ma): 8 años de prisión.

4.- Fabiana Gabriela Fiszbin (Ex funcionaria del GCABA): 4 años de prisión.

5.- Gustavo Juan Torres (Ex funcionario del GCABA): 3 años y 9 meses de prisión.

6.- Ana María Fernández (Ex funcionaria del GCABA): 3 años y 6 meses de prisión.

7.- Diego Marcelo Argañaraz (Manager de Callejeros): 5 años de prisión.

8.- Patricio Rogelio Santos Fontanet (Cantante de Callejeros): 7 años de prisión.

9.- Eduardo Arturo Vázquez (Baterista de Callejeros): 6 años de prisión.

10.-Christian Eleazar Torrejón (Bajista de Callejeros): 5 años de prisión

11.- Juan Alberto Carbone (Saxofonista de Callejeros): 5 años de prisión .

12.- Maximiliano Djerfy (Guitarrista de Callejeros): 5 años de prisión

13.- Elio Rodrigo Delgado (Guitarrista de Callejeros): 5 años de prisión .

14.- Daniel Horacio Cardell (Escenógrafo de Callejeros): 3 años de prisión .

Fallo completo de la Sala III de Casación Penal Juicio Cromañón I.

Información sobre el cumplimiento de las condenas.

En el día de hoy, luego de la lectura de la sentencia, la querella Iglesias-Campos se ha constituido en el Tribunal Oral 24, a efectos de constatar su jurisdicción actual, respecto del cumplimiento de las penas.

El TOC 24 ha ido modificando su posición al respecto, siguiendo diversos fallos de la jurisdicción penal.

En la actualidad su jurisprudencia sostiene lo siguiente: cuando la Cámara de Casación deniega la concesión del recurso extraordinario, puede darse comienzo a la ejecución de la pena privativa de la libertad, si la condena ha recibido el llamado "doble conforme" (causa 2906, del 21.6.2012; causa del 27.8.2012). Traduciendo, para que las penas se comiencen a cumplir es necesario:

Situación 1

a) Que se trate de una condena dictada por el TOC 24 y confirmada por Casación: situación que no se da con el grupo Callejeros, ya que el TOC los absolvió, y que sí se da respecto de Chabán, Villareal, Argañaraz, Díaz, Fiszbin, Torres y Fernández.

b) Que el recurso extraordinario que los condenados por el TOC 24 y por Casación sea rechazado por éste último tribunal (por inadmisible). Esto puede demandar dos o tres meses.

En el caso de los integrantes del grupo Callejeros, aún cuando la Cámara de Casación rechace el recurso extraordinario, sus defensas pueden deducir recurso de queja ante la Corte, por denegación del recurso extraordinario. Solo cuando la Corte rechace la queja, empezará a cumplirse la condena respecto de los mencionados.

Situación 2

Con relación a los restantes, si la Cámara de Casación no rechaza el recurso extraordinario, sino que lo concede, las penas solo se empiezan a ejecutar cuando la Corte se pronuncia. Y esto puede ocurrir de las siguiente maneras:

a) Cuando la Corte recibe el recurso y lo rechaza por inadmisible (como ocurrió en el primer juicio de bomberos).

b) O cuando la Corte recibe el recurso, lo tramita como admisible y cuando lo resuelve, no hace lugar a los cuestionamientos y considera que la sentencia es válida.

QUE NO SE REPITA Asociación Civil.


La Sala III de Casación Penal no transmitirá la lectura de la sentencia.

"Seguiremos honrando sus vidas".

Ellos están y seguirán estando siempre; mañana 17 de Octubre cuando los jueces de la Sala III de Casación Penal lean la sentencia nos estarán acompañando. Dicha sentencia tiene por efecto, determinar el monto de las penas hacia los primeros 14 responsables de la masacre de República Cromañón. Esta sala determinó que no se transmitiera por Internet la resolución de nuestro tan importante primer juicio.

A casi 8 años, la masacre de Cromañón no le sucedió a 194 familias que perdimos seres únicos, irrepetibles y valiosos; como también a miles de sobrevivientes que aún hoy sufren las secuelas de esa terrible noche.

"La Masacre de Cromañón le pasó a la sociedad toda, a la Argentina toda!".

A pesar de la vergonzosa decisión del Poder Judicial que transmite los juicios orales por los Derechos Humanos de ayer; pareciera que no les importara los Derechos Humanos de nuestros hijos ni de los sobrevivientes; por lo cual no hay manera mejor de transmitir lo que sentimos: "Honrar sus vidas" , mostrando sus rostros; recitando una vez más sus nombres para que nunca sean olvidados y decir luego de cada uno de ellos:

" Alejandra, Ezequiel, Fernando, Juan Pablo, Gastón, Agus, Pau, Mili, Martín, Mariela, Maxi, Jose Leandro, Sergio, Vicki, Soledad, Gisela, Carol, Alberto, Maria Laura, Rubens, Mariano, Lauty, Sebastián, Nahum, Solange, Gabriela, Romina, Erika, Zaida, Maria Angélica, Gloria, Silvia, Matías, Roberto, Abel, Sole, Romi, Juli, Leonardo, Nicolás, Martín, Eduardo, Ignacio, Ricardo, Juan Carlos, Paola, Leonardo, Macarena, Sebastián, Mayra, Mariana, Liliana, Guido, Marisa, Florencia Soledad, Florencia Laura, Liliana Noemí, Sergio, Derliis, Sebastián, Diego, Laurita, Nayla, Sebastián, Franco, Florencia Soledad, Nicolás, Noemí, Romina, Cristian, Pablo, Oscar, Mercedes, José Luis, Bore, Matías, Lucas, Claudia, Carla, Emiliano, Analia, Pablo, Abel, Topo, Patricia, Alicia, Edwin, Yamila, Lucas, Roberto, Pedro, Marta, Sebastián, Pablo, Matías, Adriana, Marce, Noelia, Juan Ignacio, Nico, Jonathan, Luisiana, Julito, Paola, Erica, Pedro, Esteban, Maximiliano, Diego, Ariel, Jorge, Gustavo, Federico, Mario, Eli, Fernando, Mariano, Evaristo, Estefi, Leandro, Federico, Sofi, Guido, Nicolás, Cecilia, Daiana, Mauro, Deborah, Ana Laura, Walter, Maria Celeste, Jorge, Nelson, Monsi, Lucas, Lucia, Carolina, Griselda, Silvina, Cristian, Emiliano, Eduardo, Hernán, Fer, Luis, Marianela, Gerardo, Ceci, Juli, Sergio, Osvaldo, Agustina, Silvia, Rosa, Luis Alberto, Alicia, Maria Belen, Jacquelin, Valeria, Leandro, Sofía, Nicolás, Alejandra, Mariana, Walter, Pablo, Romina, Marcelo, Roberto, Pablo, Jonatan, Mario Abel, Mario Ramón, Alejandra, Maria Sol, Mariano, Verónica, Facundo, Javier, Cristian, Viviana, Maria Lilia, Bárbara, Dario, Walter, Pablo, Hugo, Valdi, Jose Luis, Gustavo".

"LOS CHICOS DE CROMAÑÓN PRESENTES.
LOS SOBREVIVIENTES DE CROMAÑÓN PRESENTES.
AHORA Y SIEMPRE!!!!"

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Enviado por cb el Mar, 2012-10-16 20:11

Sentencia de la Sala III de Casación Penal 1er juicio por Cromañón.

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Informamos a uds. que el próximo miércoles 17 de octubre, a las 11.30hs, en la sala de audiencias de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal se procederá a dar lectura de la parte resolutiva de la sentencia, relativa al monto de las penas del juicio oral “Cromañón 1°" para los 14 condenados. Como es habitual en este Tribunal, no hay credenciales ni listas de ingreso para presenciar la misma.

QUE NO SE REPITA Asociación Civil.


Acto junto al Olivo de la Paz y Misa en Catedral Metropolitana por nuestros 194 hijos de Cromañón, 2do domingo de Octubre.

Lámina chicos

Este domingo 14 de Octubre se llevará a cabo junto al Olivo de la Paz, a las 12hs, el pequeño pero sentido homenaje a nuestros hijos centrados en la "Justicia, la Verdad y la Memoria" de tantos jóvenes que perdieron la vida, como por todos aquellos jóvenes sobrevivientes que siguen sufriendo las secuelas físicas y psicológicas que un grupo de personajes negligentes, ineptos, corruptos y sin escrúpulos permitieron la masacre de Cromañón.

Luego del mismo, a las 13hs se celebrará la misa en la Catedral Metropolitana como lo venimos haciendo todos los 2do domingos de mes desde hace 94 meses, pediremos por el eterno descanso de sus almas, en especial por los chicos que cumplen años este mes, ellos son:

"Abel Rodolfo González.
Pedro Tomás Iglesias.
Nicolás Alejandro Colnaghi.
Sergio Daniel Avendaño.
Lucas Matías Gavilán.
Silvia Emilce Sanabria Rivadineira.
Carlos Nicolás Landoni.
Marianela Haydee Rojas.
Juan Carlos Cortés Bolla.
Mercedes Adelaida Gamarra.
Yamila Luciana Guevara.
Federico Nahuel González.
María del Monserrat Perez González.
Mariana Sirota.
Sebastian Ricardo Cwierz.
Pablo Federico Molteni.
Sergio Javier Ruiz.
Alberto Gustavo Belascuain.
Alicia Santanocito.
María Sol Urcullú."

Vidas y sueños que se perdieron en un abrir y cerrar de ojos. Un crimen que toda la sociedad debe recordar y llorar. Una lucha que seguirá, para que nuestros 194 hijos nunca sean olvidados en esta "Argentina República Cromañón".

Padres, familiares y amigos de QUE NO SE REPITA
Asociación Civil.

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Enviado por cb el Sáb, 2012-10-13 08:40

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