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La matriz Cromañón.

Mauro

Mauro Fernández es un joven al cuál la vida lo marcó con dos grandes tragedias, pero ninguna pudo vencerlo. La primera de ellas, ser sobreviviente de la tragedia de Cromañón, haber estado ahí ese 30 de diciembre de 2004 y padecer todo lo que se vivió dentro del local. Pudo rehacer su vida, ponerse de novio con una joven de 19 años, Soledad Bargna; tal vez juntos armando un proyecto de vida con sueños por compartir.

Pero nuevamente la vida volvió a golpearlo, ésta vez llevándose lo que tanto amaba, su novia. El 22 de mayo de 2009 Soledad fue asesinada en su propia casa, salvajemente, a puñaladas, con un cuchillo, seguramente tras haber intentado violarla, por un hombre que vivía en el mismo edificio y que, condenado por violación, disponía de salidas transitorias. Mauro encabezó el reclamo de justicia por Soledad contra el Juez Axel López; no se paralizó y hoy nos da su parecer como parte de esa juventud que vivió Cromañón, sobre la muerte de 5 chicos en la fiesta electrónica Time Warp.

La matriz Cromañón

“Es imposible no pensar en Cromañón” , leí en Página/12 hace unos días. Me pareció exagerado. Sin embargo días después pensé: ¿importan realmente algunas pequeñas diferencias cuando la matriz causante de la tragedia es tan similar? ¿Son las costumbres de los jóvenes las que hay que atacar cuando es tal la desprotección del Estado? No se trata de jóvenes consumiendo drogas. Se trató, en realidad, de una zona liberada por el Estado para que un privado se beneficie con la venta de estupefacientes –de letal confección– a 20 mil personas. Negligencia empresarial, pasividad y corrupción policial, hacinamiento de jóvenes que buscaban divertirse. Muy parecido a lo que vivimos unas cuatro mil personas en el 2004.

La connivencia entre Estado y empresarios es causa común de crímenes como el de Once o el de Costa Salguero. Podemos hablar de un crimen social ya que hay una organización delictiva del poder y el beneficio empresarial, que causa una o más víctimas fatales. No es siquiera una cuestión de clase. Este caso deja en claro la desprotección generalizada ante un Estado corrupto y cómplice. Salvo los grandes empresarios y los integrantes corruptos de las fuerzas de seguridad. En este sentido, el legislador Gustavo Vera señaló el triángulo entre Conci, Stinfale y su mujer Fasano (Time Warp, Creamfields, etc.) en connivencia con el poder. El PRO votó en contra de una comisión investigadora propuesta por Vera: una oportunidad perdida de que el legislativo adopte un rol clave en la protección de los ciudadanos.

El gobierno porteño falló, como en el 2004. También el ministerio de Seguridad nacional, a cargo de la Prefectura. En 2005, motivados por la tragedia, los legisladores destituyeron a Aníbal Ibarra por mal desempeño de sus funciones. Él redujo la cúpula de inspectores e ignoró advertencias sobre la peligrosidad del local de Chabán. En 2007, con Macri a cargo de la Ciudad, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), bajo la órbita del Ministerio de Justicia, deslindando al jefe de Gobierno de cualquier incidente en la noche. Y tres años más tarde se publicó el decreto 2/2010 que creó la figura de “casas de fiestas privadas”, donde el control quedaba a cargo del organizador. Así Time Warp estuvo regulado igual que un casamiento. El problema seguía vivo, los responsables a salvo.

Los inspectores fallaron en el 2004 y en el 2016. La comisaría 7 no denunció la sobreventa de entradas y las puertas cerradas con candado en Cromañón, tal como ahora hizo Prefectura con la venta de drogas. Los organizadores, Chabán o Conci, descansaron en una matriz delictiva que nace de la corrupción y la ausencia del Estado, dejándoles zonas liberadas para desproteger a los pibes que buscan divertirse. Y sí, es indistinto si querían tomar drogas o no. Eso no justifica un entramado criminal que los arrincona y les vende cualquier porquería. Ojalá sanen los heridos y las familias encuentren consuelo. Para eso debe llegarse a los verdaderos responsables.

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Enviado por QNSR el Dom, 2016-05-01 12:30

La Ciudad negoció con la Justicia para que este fin de semana abran los boliches.

Fiesta
 

"La Ciudad negoció con la Justicia para que este fin de semana abran los boliches."

El gobierno porteño tuvo que sentarse a negociar anoche con la Justicia para que este fin de semana pudiesen abrir los boliches. Luego de que el juez Roberto Gallardo ordenara prohibir toda la actividad "comercial de baile con música en vivo o grabada" en la ciudad de Buenos Aires, los funcionarios negociaron la suspensión de la medida. El compromiso asumido para destrabar la orden del juez es, por el momento, no permitir las fiestas electrónicas y presentar, en cinco días, un "informe pormenorizado de las fiscalizaciones que la Agencia Gubernamental de Control (AGC) lleva adelante en los boliches bailables". El juez que accedió a levantar la medida de suspensión es el titular del juzgado N° 14, Lisandro Fastman, en quien recayó la causa. Anoche, el magistrado se reunió con el Procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa, y el director de la AGC, Matías Álvarez Dorrego, entre otro funcionarios y empresarios de la noche.

Según la medida que había sido impuesta por Gallardo, la prohibición iba a estar vigente hasta que la administración local presentase el detalle y clasificación de los establecimientos, así como también los protocolos de seguridad. La medida cautelar interpuesta por el juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 respondía a un pedido de tres ONG que cuestionan el accionar del gobierno porteño y la AGC por la tragedia de Time Warp, en Costa Salguero, donde murieron cinco jóvenes, hace dos semanas. La investigación, conducida por el juez federal Sebastián Casanello, volvió a mostrar las fisuras en los controles de las fiestas nocturnas y la posible connivencia de las fuerzas de seguridad en la venta de estupefacientes. Gallardo es un juez conocido por la administración porteña, a la que ha incomodado con varios fallos. La cámara de locales bailables ya había advertido que no iba a acatar la medida por "inconstitucional". El titular de la Cámara de Locales Bailables porteña, Jorge Becco, destacó que sus negocios "cumplen con todas las medidas de seguridad".

Prohibido bailar.

La cautelar, que Gallardo había dictado en su condición de juez de turno, prohíbía "en el ámbito de la Ciudad, toda actividad comercial de baile con música en vivo o música grabada, cualquiera resulte la forma jurídica o categoría habilitatoria bajo la cual la misma se estuviere ejecutando" . La disposición del magistrado exceptuaba las "peñas, milongas y centros culturales". El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, calificó la medida como un "verdadero disparate" y montó el operativo para desactivarla. Lo consiguió en otro juzgado: el de Fastman. "Nosotros respetamos las decisiones de la Justicia, pero en este caso no estamos para nada de acuerdo con el accionar de Gallardo. Hay miles de personas que se divierten sanamente todas las noches y nosotros vamos a defenderlas", había dicho Larreta.

"Esta semana enviamos un proyecto a la Legislatura con una serie de medidas de prevención y educación, incluso suspendiendo las festivales electrónicos masivos hasta que estas normas no estén implementadas. Pero clausurar toda la noche es un despropósito", agregó. La causa había sido iniciada por la Asociación Civil Vientos de Libertad, por la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores y por la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) ante la falta de controles por parte del gobierno porteño sobre la actividad nocturna.

"Es habitual todos los jueves, viernes y sábados que en la mayoría de los locales de la ciudad de Buenos Aires se puedan adquirir estupefacientes en los VIP, en los baños o en las propias pistas, donde se paran dealers", señala la presentación. Agrega que la AGC tiene solamente 79 inspectores para todos los locales en la ciudad y que en la Time Warp había sólo tres para 20.500 personas. Según los denunciantes, es "urgente" impedir que continúen estás situaciones de "riesgo constante".

Un juez porteño con decisiones discutidas.

Roberto Gallardo, Juez porteño, el magistrado tiene 52 años y asumió la titularidad del Juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires desde el momento en que nació ese fuero, en 2001. Tuvo un breve paso por la defensoría pública en 2013, pero luego volvió a ocupar su despacho

Casa Amarilla.

En 2008 embargó al gobierno porteño por 14 millones de pesos y ordenó construir viviendas sociales en Casa Amarilla, en el barrio de La Boca. La Legislatura luego cedió parte de ese predio al club de fútbol, que planea construir su nuevo estadio

Cartel de Coca-Cola

En junio de 2010, ordenó desconectar el cartel luminoso de Coca-Cola, de 567 metros cuadrados, en Carlos Pellegrini y Diagonal Norte, argumentando que las luces de LED ponían en riesgo la seguridad vial

Gestión Ibarra.

Fue el primero en pedir la destitución de Aníbal Ibarra, por la tragedia de Cromagnon. En 2005 y en 2011, ya con Macri en el gobierno porteño, no prosperaron en la Magistratura los pedidos de juicio político. Una de las sentencias más recordadas fue la que clausuró el casino flotante de Puerto Madero

Parte de los fundamentos del juez Gallardo.

"Frente a este cuadro de impunidad e inexistencia de control estatal respecto de la actividad nocturna, que provocó la muerte de cinco jóvenes [...], el gobierno local no adoptó absolutamente ninguna medida que de forma concreta contribuya a prevenir o evitar los daños". Seguramente la decisión judicial que he de adoptar será criticada por el Gobierno calificándola de extrema y demás, pero ello no habrá de inhibirme ya que si «alguien» hubiera denunciado antes del episodio de Cromagnon lo irregular de las habilitaciones y las inspecciones [...], hoy 194 jóvenes estarían presentes".

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Enviado por QNSR el Dom, 2016-05-01 10:48

Medida cautelar a favor de la vida y contra la muerte como modelo de negocio.

Movimiento popular
 

Esta tarde la Asociación Civil Vientos de Libertad, la Federación de Cartoneros (FACyR-CTEP) y la FUBA representados por sus respectivos presidentes Sebastián Morreale, Sergio Sánchez y Adrián Luvak (co-presidente) presentaron un Recurso de Amparo contra el modelo de negocios que rige la noche porteña con el patrocinio del Dr. Juan Grabois, integrante de la CTEP y co-organizador del Encuentro Mundial de Movimientos Populares.

Medida Cautelar contra el GCBA Amparo

Aquí, las reflexiones de los amparistas.

La masacre de Costa Salguero en la que murieron 5 jóvenes en una fiesta electrónica mostró nuevamente el desamparo de los jóvenes en manos de la alianza narco-empresaria-política-policial. En el negocio de la noche, la vida y la salud son valores de cambio, simples mercancías, al igual que la droga o el agua.

Hemos decidido acudir a la justicia para terminar con la impunidad que afecta principalmente a los más vulnerables y excluidos aunque, como vimos, también se lleva a los hijos de los sectores medios y altos. Venimos a promover la acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Agencia Gubernamental de Control para que garantice la salud, la vida y la libertad de la juventud.

La tragedia de Cromañón tuvo múltiples efectos: desde la destitución de un jefe de gobierno hasta la cárcel de funcionarios. Sin embargo, los controles que resultaron de los cambios en la legislación solo parecen caer sobre los galpones donde trabajan los manteros o los centros culturales, que son clausurados por nimiedades de papeleo. La vara de la legalidad mide milimétricamente a los sectores populares, a los trabajadores de la vía pública, a los que siempre cargan con el cartel de culpable sin derecho a la presunción de inocencia. Mientras del lado de los grandes empresarios, los que pueden negociar cualquier inspección, se hace la vista gorda. Estamos hablando en este caso de un complejo alojado en terrenos estatales, que es propiedad de empresarios vinculados a funcionarios del gobierno, que sobrevende entradas, ampara la venta de drogas y deja que los jóvenes se mueran de sed para vender el agua a un precio descomunal. El negocio es redondo, cuanto más en riesgo pone a nuestros pibes más ganancias genera. Es la muerte, la mismísima muerte como “business model”.

La Agencia de Control Comunal se ha mostrado ausente y cómplice, o con reacciones espasmódicas frente a la presión mediática. Se ha desentendido de su responsabilidad, aun cuando todo esto ocurre permanentemente ante los ojos de sus inspectores. En cuanto a los agentes de salud, que deben estar presentes en cualquier ambiente de esta magnitud, está claro que son insuficientes o brillan por su ausencia. Los controles apuntan más a defender las instalaciones y la caja empresaria que la vida de los jóvenes.

Pero no se trata acá de abordar las situaciones vinculadas a los complejos de zona norte o a las fiestas VIP. El objeto de esta acción de amparo abarca también a los diversos boliches y bailantas donde el modelo de negocios es similar. La complicidad policial y política hace que la droga se mueva como el agua en las barriadas y villas de nuestro país. Todos los días mueren pibes por sobredosis, consumidos en silencio en alguna esquina, por enfrentamientos entre los narcos o porque se suicidan sumergidos en una profunda depresión. El trabajo que realizan instituciones de rehabilitación como Vientos de Libertad , prácticamente sin apoyo del Estado, se hace todavía más difícil si cada fin de semana hay lugares esperando para hacer negocios con las adicciones.

La realidad es mucho más cruda de lo que los medios de comunicación nos muestran. El narcotráfico es de los peores negocios, porque se roba la vida y el futuro de nuestros pibes. Y no bastan las declaraciones altisonantes y mucho menos el abordaje meramente policial. Acá hay un modelo de negocios que involucra a muchos y debemos desmantelarlo…

El Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 a cargo de Juez Andrés Gallardo dictó una medida cautelar urgente que se adjunta. Es importante que afecta exclusivamente a locales con fines de lucro, no a centros culturales o peñas donde el pueblo se junta a festejar sin la opresión de los empresarios de la muerte.

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Enviado por QNSR el Vie, 2016-04-29 18:21

El desprecio de los padres de Cromañón hacia el condenado funcionario del Gobierno, Roberto Calderini.

padres

Como ya es de público conocimiento este miércoles 27 de abril se dio por terminado el último juicio Oral por Cromañón contra el funcionario del gobierno Roberto Calderini, que debería haber sido el primero; donde se escuchó la sentencia de los tres jueces que integran el Juzgado Oral y Criminal N° 3. Fue sentenciado a la pena de 4 años y 4 meses de prisión e inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos, cuando tanto la querella como el fiscal pidieron 9 años y 6 años respectivamente. Más allá de esta pena insignificante para el inspector responsable de la muerte de 194 jóvenes y las lesiones a 4.000 sobrevivientes (aunque en la causa figuren 1.432) fue él, quien falseó el plano de habilitación, cambiando el metraje del mismo de 1.673,19 mts a 1.447,50mt, más todas las irregularidades que omitió, determinadas por los peritos que declararon.

Ver: http://www.quenoserepita.com.ar/alegato_completo_de_la_querella_del_dr_iglesias

La audiencia del juicio comenzó a las 9.30hs donde se escucharon sus últimas palabras con la presencia en la sala de los padres de Cromañón, quienes portaban sobre sus pechos, las fotos de sus hijos fallecidos. Durante todas las audiencias realizadas anteriormente, este sujeto con cara de ”yo no fui, no sé que hago acá” , no solo que, jamás miró a los padres sino que hizo lo imposible para que no fuera fotografiado; la fotografía se logró igual. Pero vale detenerse en este punto ante sus últimas palabras de descargo: “yo no tuve nada que ver y no cobré coimas para habilitar República Cromañón, solo me limité a elaborar un informe para que lo evaluaran mis superiores”

Ante su mísera victimización: “Tengo la impresión de que algunas afirmaciones querían dar de mí una personalidad que no tengo ni tuve, como si fuera una mala persona” y haciendo responsable a los “medios de comunicación que según él, condicionaron la imagen que la sociedad tiene de él” nos viene a la memoria las palabras del destituido jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, el mismo “speech” que conocemos de todos los funcionarios de Gobierno que hoy cumplen su condena. El latiguillo fue aprendido de memoria, pero no sumó nada a la opinión ya formada de los padres tanto sobre él como sobre los otros funcionarios.

“Calderini es el segundo responsable de tanta muerte evitable le guste o no y lo llevará en su conciencia de por vida, si la tiene” ; el primero, Aníbal Ibarra fue sobreseído de todas las causas por su amiguismo con el Poder Político de turno y el Poder Judicial. Como padres sostenemos que además de ser una mala persona, es un siniestro personaje, corrupto, irresponsable, que hizo privar el dinero ante la vida humana, es “responsable de la muerte de 194 jóvenes y las lesiones provocadas a 4.000 sobrevivientes” . No es raro observar que la pena que se le dio es muy similar a la recibida por Fabiana Fiszbin, Ana María Fernández y Gustavo Torres por el TOC 24 y luego Casación Penal; todos cómplices de la corrupta DGFYC en su momento.

Queda explícito nuestro repudio, asco, desprecio y repulsión en la mirada de estos dos padres, Raúl y Juan Carlos ante su paso, obviamente con la cabeza gacha, masticando y tratando de digerir la pena que le impuso el tribunal o tal vez pensando “zafé de tantos años pedidos por la querella y el fiscal” . Pero la historia no termina acá para este sinvergüenza, seguirá la apelación, mientras tanto esperamos como padres, que la pena esté en concordancia con el delito cometido.

"Gracias Raúl, gracias Juan Carlos por esas miradas que dicen todo lo que pensamos y sentimos dentro nuestro".

Los padres y sobrevivientes de:
QUE NO SE REPITA, Asociación Civil y MEMORIA Y JUSTICIA.

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Enviado por QNSR el Vie, 2016-04-29 08:55

Time Warp: Vergonzosas medidas para evitar más muertes en fiestas electrónicas.

botellas
 

"Las 8 medidas que propone el Gobierno porteño para regular las fiestas electrónicas".

Están en un proyecto que acaban de mandar a la Legislatura. La provisión de agua y la asistencia médica. Cuándo se trataría. Es un proyecto corto, de apenas cinco artículos. Tiene ocho medidas clave, ordenadas de la a) a la h). Es, se supone, la respuesta-propuesta del Gobierno porteño a la tragedia de Time Warp, que se llevó la vida de cinco jóvenes. La iniciativa fue terminada en las últimas horas y Clarín accedió al texto. En una mensaje separado, desde la Ciudad les explican a las autoridades del parlamento local los porqués de sus propuestas, para "establecer herramientas e instrumentos específicos para el cuidado de los asistentes a los eventos masivos de música electrónica".

Tras algunas obviedades, como que el "es misión del Estado atender al cuidado de la salud y seguridad de sus ciudadanos generando mejores condiciones para el esparcimiento público", justifica la necesidad de pensar nuevas normas , porque "en los últimos años el consumo de drogas y otras sustancias ilegales ha dado lugar a nuevas formas de dichos productos conocidos comúnmente como 'drogas sintéticas' o 'drogas de diseño' muchas veces asociadas a los eventos de alta concurrencia de la música electrónica". "Son unas pocas medidas, calculo que se estará votando en un par de semanas y debería estar en vigencia en un mes", dijo a Clarín una alta fuente del macrismo. Desde un ministerio aclararon que "las medidas están más ligadas a un tema de salud y educación que a algo policial"

Entre los fundamentos del proyecto, se especifica que tiene el objeto de:

- Disminuir los riesgos asociados al consumo de drogas en estos espacios y las intoxicaciones por consumo de drogas.
- Implicar a los agentes de seguridad y del personal del local en la prevención de riesgos.
- Asegurar la atención sanitaria adecuada de los usuarios.
- Concientizar sobre los riesgos asociados al consumo de drogas.
- Regular las condiciones ambientales de los locales en relación a la seguridad sanitaria.

La iniciativa en sí, tiene media decena de artículos y el último es de forma. El más importante es el 2°, donde se detallan las ocho medidas que se proponen. La primera (¿la más importante?) tiene que ver con la provisión de agua, debido a la deshidratación que provoca este tipo de drogas.

a) Garantizar a los asistentes del evento el acceso a la hidratación adecuada. Toda persona que asista deberá poder acceder gratuitamente a fuentes de agua aptas para el consumo humano en todo momento y a toda hora del evento, con los elementos necesarios para beberla libremente. Dichas fuentes de agua gratis deberán estar debidamente identificadas, aclaradas en materiales explicativos y a la vista de los participantes al llegar al lugar y durante su estadía en el mismo.

¿Las otras siete propuestas?

b) Asegurar la asistencia médica y su acceso a la misma, a través de la señalética necesaria para tales fines. Dicha asistencia constará de profesionales capacitados y entrenados e infraestructura suficiente para las consultas y manejo de situaciones generadas por el uso y consumo indebido de sustancias tóxicas.

c) Los organizadores deberán presentar un protocolo de manejo frente a potenciales catástrofes sanitarias que contenga la indicación de responsables y formas de contacto directo con ellos. El mismo deberá ser aprobado previamente por el Ministerio de Salud y estará en poder del SAME para mejor anticipación y coordinación de potenciales situaciones masivas.

d) Durante la realización del evento, se deberá difundir la información de prevención para reducir conductas de riesgos y responsabilizar a los asistentes de sus acciones. La magnitud de las mismas se ajustará al número máximo de asistentes autorizados por la autoridad competente y a las características del predio.

Se deberá asegurar la masiva difusión preventiva a través de pantallas (leds, proyectores o la tecnología que lo reemplace), cartelería, folletería, anuncios auditivos, y/o todo otro medio de difusión que garantice dicha finalidad. Todas las publicidades o pautas publicitarias que se realicen deberán contar con una leyenda a fin de concientizar sobre los riesgos del consumo de sustancias tóxicas.

e) Deberá asegurarse la cantidad de personal de seguridad privada y policial a efectos de recibir denuncias en el interior del lugar del evento. Dicha presencia debe ser anunciada durante todo el evento mediante los medios de difusión de la fiesta masiva electrónica.

f) Estas fiestas deberán realizarse al aire libre. Si por razones suficientemente fundadas no fuera posible, se procederá a solicitar un permiso especial para espacios cerrados o semi-cerrados. En este caso, se deberán controlar de manera regular las condiciones ambientales de los locales en relación a la seguridad sanitaria, temperatura y humedad ambiental, que deberán encontrarse dentro de los rangos sanitariamente aceptables.

También deberán garantizar un espacio de descanso para los asistentes , adecuadamente apartado del evento principal y toda aquella medida que la autoridad administrativa correspondiente considere necesaria para minimizar los riesgos de los asistentes.

g) Los organizadores y responsables del evento deberán incorporar una metodología de control de acceso que sea medible, a través de un sistema tecnológico visible certificado, que permita el control de ingreso y egreso de los asistentes al evento.

h) En el lugar del evento, se deberá dejar constancia expresa, clara y en forma visible sobre los derechos de los asistentes que están garantizados en la presente ley.

Hacia el final, con deformación peronista, propone crear una "Comisión Interdisciplinaria para elaborar orientaciones y recomendaciones y proponer la adopción de medidas". Y aclara que"las disposiciones de la presente ley son complementarias de las normas vigentes en la materia".

La tragedia del 15 de abril provocó un inesperado y aún incierto impacto político en el Gobierno porteño. Al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, la oposición lo acusó de no dar la cara en tiempo y forma. Días atrás, se decidió suspender las fiestas electrónicas hasta nuevo aviso. Esa señal la daría el proyecto que se conoce ahora. Son tiempos complicados: ayer, el alcalde debió bajarse de una importante inauguración, la del Metrobús de la avenida San Martín, porque lo esperaba una protesta.

Las miradas, además de contra Larreta, apuntan a un hombre de su máxima confianza, el abogado Matías Alvarez Dorrego, a cargo de los inspectores de la Agencia de Control de la Ciudad. Tampoco son tiempos agradables para otra alta dirigente del PRO, la vicepresidenta de la Legislatura porteña, Carmen Polledo. Su marido es dueño de una parte de Costa Salguero, el predio donde se realizó la fiesta trágica.

http://www.clarin.com/sociedad/Gobierno-porteno-regular-fiestas-electronicas_0_1567043301.html

http://www.lanacion.com.ar/1893483-sospechan-de-un-pacto-de-silencio-para-permitir-la-venta-de-drogas

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Enviado por QNSR el Jue, 2016-04-28 10:29

4to y último juicio por Cromañón: Roberto Calderini condenado a 4 años y 4 meses de prisión.




Calderini 3 Calderini

"Cromañon: cuatro años y cuatro meses de prisión al inspector que habilitó el local."

http://www.lanacion.com.ar/1893448-cromagnon-condenaron-al-inspector-que-habilito-el-local

http://www.telam.com.ar/notas/201604/145146-cromanon-inspector-prision-policiales.html

En abril de 1997, Roberto Calderini rechazó la habilitación del lugar pero, tres meses después, la autorizó a pesar de que no se habían corregido ninguna de las irregularidades antes detectadas. El fiscal Fabián Céliz había solicitado seis años de prisión. El Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 condenó hoy a un inspector del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a cuatro años y cuatro meses de prisión por considerarlo culpable de los delitos de “falsedad ideológica en documento público en concurso ideal con cohecho”. El fiscal Fabián Céliz había solicitado seis años de prisión. En 1997, Roberto Calderini aprobó la habilitación del local donde luego funcionaría el boliche “Cromañón”, a pesar de que tres meses antes había destacado varias irregularidades que no fueron corregidas en el inmueble. Los fundamentos se conocerán el próximo 4 de mayo.

Además, los jueces Gustavo Valle, Gustavo Rofrano y Miguel Angel Caminos lo inhabilitaron por 10 años para ejercer cargos públicos mientras que el fiscal había solicitado que se lo inhabilitara de manera perpetua. La querella a cargo del abogado José Iglesias había solicitado una pena de nueve años de cárcel por los mismos delitos. Durante sus últimas palabras, Calderini había asegurado “no tener nada que ver con el hecho” y le había pedido a los jueces “racionalidad”.

Los hechos.

Durante su exposición, Céliz había explicado que en el proceso de habilitación del local de Bartolomé Mitre 3060 se llevaron adelante tres expedientes dentro de la Dirección General de Registros y Certificaciones. En el primero se decretó la clausura del local. En el segundo, del 14 de abril de 1997, fue dónde intervino Calderini. Allí quedaron plasmadas varias de las irregularidades que presentaba el inmueble: la superficie era mucho mayor que la declarada, faltaban salidas de emergencias y había puertas que se conectaban con otros inmuebles, pese a que esto estaba prohibido para los locales de baile “clase c”.

A la par de ese expediente, donde no se otorgaba la habilitación, surgió otro. Tres meses después, el 28 de julio de 1997, y a pesar de que el local tenía aún todas las irregularidades señaladas, Calderini firmó un informe en el marco de ese tercer expediente donde hizo constar que "podía accederse al otorgamiento de la habilitación”. Para Céliz, Calderini recibió dinero de los accionistas de la firma “Lagarto”, que tenían a su cargo la administración del local. “Nadie mueve un dedo en ese ámbito gratis, son las dos caras de las misma transacción” , afirmó respecto a la falsificación del documento público y el cohecho.

“Las deficiencias en los controles en 1997 se ven volcadas en el 2004, lo que se habilitó ese año tiene una relación de causalidad con las muertes por la Tragedia de Cromañón” , dijo Céliz. Si bien aclaró que por los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia y otros tribunales no podía endilgarle una participación en el delito de incendio seguido de muerte, sí afirmó que “la falta de habilitación hubiera evitado ese siniestro”. “Pese a las irregularidades, detectadas por el peritaje, bomberos y municipales, increíblemente el local permaneció habilitado sin control hasta el 30 de diciembre de 2004” , concluyó.

https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/cromanon-cuatro-anos-y-cuatro-meses-de-prision-al-inspector-que-habilito-el-local/

http://www.online-911.com/2016/04/inspector-habilito-cromanon-condenado-4-anos-prision/

http://www.diariopopular.com.ar/notas/256293-condenan-4-anos-prision-inspector-que-habilito-cromanon

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Enviado por QNSR el Mié, 2016-04-27 17:20

Costa Salguero: Comunicado de la Asociación Civil Que No Se Repita.

Logo
 

Familiares, sobrevivientes y amigos de las víctimas de Cromañón en lucha, agrupados en el espacio X Memoria y Justicia-Cromañón-Que No Se Repita, hacemos llegar nuestra solidaridad a los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la llamada Tragedia de Costa Salguero. Nos duelen en lo más profundo estas nuevas muertes evitables de jóvenes que llevan el mismo sello general de Cromañón:

- desprecio por la vida
- complicidad estatal-empresarial
- culpabilización de las víctimas

A lo largo de estos años, hemos dicho una y otra vez que: " Las condiciones están dadas para que nuevos Cromañones se repitan" . Otra vez la búsqueda maximizar sus ganancias por parte de empresarios, con la complicidad estatal, lleva a descuidar la vida de jóvenes y producir muertes evitables. En el caso de Costa Salguero, ya podemos decir sin lugar a dudas, que fue irregular la concesión del predio, que se permitió entrar a más de 20.000 personas cuando el espacio podía albergar a 13.000, que se restringió el acceso al agua y se vendieron sustancias psicoactivas ilegales. Por otro lado, es aberrante que se privatice el control y la seguridad, cuando es el Estado quien debe ejercer poder de policía. Es evidente que al privatizar la seguridad, la misma se vuelve discrecional porque responde al interés particular de quien la contrata. Es lo mismo que se hizo en Cromañón. El Estado no puede desconocer esta situación, y si la desconoce, también es responsable ya sea por acción u omisión. El Jefe de Gobierno de la Ciudad Horacio Rodríguez Larreta, debe dar explicaciones ante la Legislatura de la Ciudad, y ante la Justicia.

La Agencia Gubernamental de Control hizo una presentación vergonzosa en la Legislatura deslindando responsabilidades y diciendo que se había cumplido la normativa. Pero la investigación está demostrando que eso no es verdad, tanto respecto a los controles como a la seguridad y el exceso de público presente. Los funcionarios deben seguir compareciendo ante la ciudadanía y, de demostrarse su negligencia y/o connivencia con el delito, deben dar un paso al costado y presentarse a la Justicia.

¿Cree seriamente la AGC que el control puede reducirse a una denuncia telefónica o una información en una página web, en la ciudad más poblada de la república? Reiterando nuestro compromiso y solidaridad con las víctimas, decimos:

"Basta de Culpabilizar a las Víctimas!
Basta de muerte joven evitable!
Investigación profunda de las responsabilidades empresariales y estatales!.

"Los chicos de Cromañón Presentes / Las víctimas de Costa Salguero Presentes ... Ahora y siempre!.

Que No Se Repita
Asociación Civil.

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Enviado por QNSR el Mié, 2016-04-27 16:56

Time Warp: Esto es un problema de corrupción!.

El legislador porteño y titular de la organización la alameda, Gustavo Vera, el abogado José Iglesias, padre de una víctima de Cromañón, y María Luján Rey, madre de uno de los muertos por la Tragedia de Once, pidieron al juez Sebastián Casanello constituirse en “amicus curiae” en la causa que investiga las muertes del sábado último en la fiesta electrónica Time Warp.

Así lo plantearon en un escrito presentado este viernes en los Tribunales Federales de Comodoro Py, en el que destacaron la “importancia institucional” del caso por entender que puso a la luz “una estructura delictiva, perversa y permanente que tiene como víctima a la juventud”.

De hecho, entendieron que en lo sucedido el sábado último en la fiesta que se desarrollaba en el complejo Costa Salguero confluyen “dos flagelos que ocupan y preocupan” , como son “las sustancias psicotrópicas, su introducción y comercialización, y la corrupción”.

Facebook: Verdad y justicia en Costa Salguero

https://laalameda.wordpress.com/2016/04/22/time-warp-iglesias-de-cromanon-rey-de-la-tragedia-de-once-y-el-legislador-vera/

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Enviado por QNSR el Dom, 2016-04-24 18:50

Los controles de Costa Salguero, bajo sospecha.

AGC
 

"Los controles de Costa Salguero, bajo sospecha.

El juez Casanello ordenó el allanamiento de oficinas del gobierno porteño. Ante la sospecha de que el día de la trágica fiesta Time Warp, en Costa Salguero, no se cumplieron todos los controles obligatorios, el juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la investigación, ordenó una serie de allanamientos en dependencias del gobierno porteño para buscar documentación sobre el trabajo hecho durante la rave, que terminó con cinco jóvenes muertos y otros cinco internados.

Anoche, según supo LA NACION de fuentes judiciales, ya habían sido allanadas la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Además, para "evitar la ocurrencia de eventos similares que podrían acarrear nuevas víctimas", el magistrado ordenó suspender festivales y otros encuentros públicos o privados organizados por las sociedades que se investigan en la causa. De acuerdo con lo publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ), Casanello también llamó a indagatoria a los empresarios Martín Gontad y Diego Herrera, vinculados con la organización de la Time Warp; deberán responder por el delito de facilitación de lugar para el comercio de estupefacientes.

"El gobierno porteño tenía la obligación de controlar. El día de la trágica fiesta debían haber estado en el lugar y hay sospechas de que no estuvieron todos los inspectores que establecen las normativas vigentes", explicó una fuente judicial. Según pudo saber LA NACION, Casanello ordenó los allanamientos de la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental, la Dirección General de Limpieza y la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria después de no haber tenido una respuesta al pedido hecho a las autoridades correspondientes sobre el trabajo de control en Costa Salguero. "Los operativos en las dependencias oficiales tuvieron como objetivo buscar la documentación pedida y que nunca fue remitida", sostuvo la fuente consultada.

En la fiesta de Costa Salguero, la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria porteña, conducida por Tomás Schonamsgruber, debía elaborar un informe sobre las condiciones de higiene y seguridad alimentaria, según uno de los artículos del permiso para la Time Warp. El texto autorizaba a los organizadores a vender bebidas alcohólicas en el predio, aunque con condiciones: "vasos plásticos, botellas de agua plásticas y latas" descartables donde bailaban más de 10.000 personas, es decir, el sector general. Las bebidas sin alcohol se podían vender en vasos plásticos y el permiso incluía la venta de sándwiches fríos y calientes, "lo cual será oportunamente fiscalizado en lo que hace a la higiene y salubridad".

Es la propia resolución la que atribuye esa responsabilidad a los inspectores de la dirección a cargo de Schonamsgruber, rugbier de unos 30 años. LA NACION pudo confirmar también de fuentes judiciales que esa área no envió personal a la Time Warp. Según detallaron en la dependencia, no es necesario que asistan personalmente al lugar; sin embargo, sí debían presentar un informe realizado por la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria. Ese informe no está en la causa, según indicaron fuentes con acceso al expediente.

En el sector VIP, en cambio, se podía consumir en "botellas de vidrio, vasos de vidrio, botellas de agua y latas", según se lee en la resolución de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la agencia porteña. El suministro de agua es indispensable en estas fiestas, en las que el consumo de drogas exige hidratación constante (una persona llega a consumir entre seis y ocho botellitas de agua)".

También estaba prohibida la publicidad de tabaco. Pero uno de los jóvenes que asistió contó a LA NACION cómo, al pasar el molinete, una promotora de una de las marcas de cigarrillos le preguntó: "¿Fumás?" . Él ensayó una respuesta rápida para no perder tiempo. "Fumo, pero le dije que no. Pasé de una" , contó Rodrigo L., de 30 años. Eran algo más de las once de la noche del viernes pasado. A cambio de responder una encuesta breve, según contó, se habría podido llevar gratis un paquete de cigarrillos light, lo que viola la ley de control de tabaco porteña. Si hubiese habido un inspector, la historia de Rodrigo podría confirmarse o no.

Además de los allanamientos, Casanello ordenó las indagatorias de Gontad y Herrera, que se harán efectivas pasado mañana. El primero es el encargado de promover en la Argentina las fiestas electrónicas más importantes, como Creamfields y el Festival Time Warp, por medio de la empresa 2Net. El otro es el director suplente de Dell Producciones (el presidente Adrián Conci continúa prófugo), la organizadora de la fiesta de la tragedia. El juez les prohibió la salida del país y ordenó la inhibición general de sus bienes. Anteayer, en un dictamen donde había pedido la indagatoria de Gontad, el fiscal de la causa, Federico Delgado, sostuvo: "El objeto de la investigación es el vínculo entre la organización de una fiesta, su despliegue y las, hasta ahora, cinco muertes producidas allí. Se desprende que Gontad fue uno de sus compositores".

Como se informó en la edición de ayer, el juez Casanello, con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, y la Unidad Fiscal Especializada en Ciber-Delincuencia (Ufeci), comandada por Horacio Azzolin, obtuvo el dato de que en la rave de la tragedia había 20.513 personas, cuando había sido habilitada para 13.000. El dato fue obtenido al analizar el iPhone 6 que se le secuestró a Conci. Según informaron fuentes judiciales, en un grupo de WhatsApp de los organizadores se iba informando de la cantidad de gente que había y en un momento, uno escribió "ingreso final 20.513".

Al fundamentar la decisión de suspender fiestas y eventos públicos y privados organizados por las empresas investigadas, Casanello sostuvo que existe "la necesidad de adoptar medidas a fin de evitar cautelarmente el acontecimiento de situaciones similares a la ocurrida el fin de semana pasado y que pongan en riesgo la vida de los asistentes. Ello obedece también a la sospecha de que cuanto menos no han funcionado correctamente los controles gubernamentales -poder de policía- ni los de seguridad tanto pública como privada". Son 31 las firmas que deben suspender los eventos y fiestas de las que pensaban participar. Entre ellas se encuentran Dell Producciones, Multiticket, Pacha Buenos Aires, Energy Group, 2Net, Club One y Punto FM.

http://www.lanacion.com.ar/1892097-allanaron-dependencias-portenas-por-las-fallas-en-el-control-de-la-time-warp

http://www.noticiasurbanas.com.ar/noticias/el-caso-time-warp-suma-interrogantes/

http://www.cij.gov.ar/nota-21075-Time-Warp--suspenden-festivales-y-eventos-p-blicos-y-privados-de-los-que-participen-Dell-Producciones-y-otras-empresas-del-sector.html

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Enviado por QNSR el Dom, 2016-04-24 11:00

Tu nombre es "República Salguero".

Costa Salguero 1
 

"República Salguero".

Por Eduardo Fabregat.

¿Qué diferencia a Costa Salguero de República Cromañón? ¿Un matiz de estilos musicales? ¿Una cuestión de target socioeconómico? ¿Una simple, brutal, diferencia de cifras? Más de once años después de la maldita noche del 30 de diciembre de 2004, las muertes jóvenes volvieron a producirse por un idéntico esquema de desprotección al ciudadano. Un grupo de organizadores que incurrió en fallas imperdonables, y un Estado que no estuvo allí para controlar las condiciones de seguridad de un espectáculo público.

Y entonces: pasó Cromañón, y nada ha cambiado.

Si no fuera porque aquí ha habido muertes, sería motivo de risa escuchar a los prefectos decir que en la fiesta no había drogas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que tanto gusta de hacer declaraciones y tuwits altisonantes y mostrarse en traje militar camuflado, prefirió primero hacer mutis por el foro y luego hablar únicamente de las drogas de diseño. Así como hubo que escuchar una y otra vez que “en muchos shows prendían bengalas” , ahora habrá que recordar que en las fiestas electrónicas suele haber sospechosos cortes de suministro de agua corriente, para favorecer un negocio de botellas de agua a precio de oro. El lugar estaba superpoblado, los testimonios y el informe del fiscal Federico Delgado hablan de una atmósfera irrespirable, ventanas cerradas, personal médico escaso y “puestos de hidratación” que a medianoche ya no hidrataban a nadie , pero los inspectores del Gobierno de la Ciudad –que, según el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, estuvieron allí e hicieron bien su trabajo– no encontraron ninguna irregularidad. Otra vez: ¿qué diferencia a Costa Salguero de República Cromañón?

Además de las muertes de cinco jóvenes y el riesgo que corren en estas horas otros cinco, lo que produce horror es ver cómo, después de tantas aseveraciones sobre la enseñanza que Cromañón dejaba en la sociedad y en los responsables de velar por su seguridad, no se aprendió nada. Pero en este hecho hay agravantes que producen aún más dolor: los responsables de controlar estos espacios públicos son los que impulsaron un juicio político al responsable de controlar los espacios públicos en 2004. El macrismo no dudó en desplazar a Aníbal Ibarra por no cumplir sus deberes como funcionario público. Horacio Rodríguez Larreta también incumple sus deberes como funcionario público.

Las muertes en Costa Salguero, además, se producen en un contexto sobre el que vale la pena detenerse. Hace ya un largo tiempo que el Gobierno de la Ciudad lleva adelante un plan sistemático de persecución a lugares de música en vivo, teatros independientes y centros culturales autogestionados, a los que se les exige cada día un requisito nuevo y contra los que se utilizan argucias tramposas, a veces en el borde del ridículo, para cruzarles una faja de clausura aunque tengan todo en regla. Pero Costa Salguero, como bien explicó Werner Pertot ayer en este diario (http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-297223-2016-04-18.html), no es un lugar cualquiera: ha sido una usina de negocios primero para el menemismo y luego para el macrismo. Cuenta con una protección estatal que se traduce en un canon ridículo y una ostensible vista gorda a la hora de controlar su funcionamiento y vigilar que no haya un ejército de dealers vendiendo basura adulterada. Tiene toda la protección política que supone el hecho de que en el directorio de la concesionaria aparece Fernando Polledo Olivera, marido de la vicepresidenta primera de la Legislatura, la macrista Carmen Polledo.

Ni en Cromañón existían tan claros vínculos entre el Estado y los responsables de organizar una fiesta que terminó en muerte. En tiempos de blindaje mediático a los desaguisados, cuentas panameñas y corrupciones del macrismo, ¿Costa Salguero será solo un incidente más? Ya sucedió con Beara, donde hubo dos muertes y más que sancionar a Martín Farrell se lo quiso premiar con un puesto de juez. Da la siniestra sensación de que la gravedad de los hechos solo se mide en cantidad de muertes. Pero si esta sociedad clamó por esclarecimiento y justicia con República Cromañón, y tantos años después vuelve a encontrarse indefensa frente al mismo esquema de corrupción y desidia, sería gravísimo que todo quedara en la excusa del narcotráfico, algunas declaraciones de ocasión, un par de debates televisivos sobre las peligrosas costumbres de la juventud y el pragmatismo de algunos hipócritas que dijeron venir a cambiarlo todo, y ahora pretenderán seguir como si no hubiera pasado nada. La vida –y la muerte– en República Salguero.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297325-2016-04-19.html

Costa Salguero 2
 

“Un mercado de drogas, hacinamiento y calor”.

Por Horacio Cecchi

El juez Sebastián Casanello ordenó la detención del presidente de Dell Producciones, organizadora de la fiesta Time Warp. El pedido lo realizó el fiscal Federico Delgado, quien comparó el suceso con lo ocurrido en Cromañón. Allanamientos en Prefectura.

La orden de detención de Adrián Conci, el organizador de la fiesta de música electrónica Time Warp, en el complejo Costa Salguero, y el allanamiento de la División de Investigaciones Penal Administrativa (DIPA) de la Prefectura, fueron las medidas que impactaron más en el día de ayer en el ambiente todavía ácido del complejo Costa Salguero, clausurado luego de la muerte de cinco jóvenes por consumo de drogas sintéticas. La detención y el allanamiento fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello, quien se hizo cargo del caso después de que pasara a la Justicia federal ya que se determinaron muertes por consumo de drogas. El pedido de detención de Conci lo presentó el fiscal federal Federico Delgado y Casanello lo aceptó. Delgado solicitó la detención luego de considerar a Time Warp como un “significante vacío” detrás del que se montó un dispositivo de venta de drogas, se reguló ese mercado y se produjeron diversas situaciones como la seria dificultad para acceder al agua, agregado al calor y al hacinamiento.

“Es inevitable pensar en Cromañón” , escribió en su texto el fiscal. Mientras, el Gobierno porteño respondió con criterios disímiles. El jefe del Ejecutivo, Horacio Rodríguez Larreta, elaboró una buena síntesis: dijo que él y su familia rezarán por las víctimas. El dictamen del fiscal federal Federico Delgado fue contundente y empezó, como quien dice, marcando la cancha: recordó dos investigaciones anteriores recaídas en la misma fiscalía y la suerte que corrieron en el ámbito judicial, ambas referidas a las fiestas electrónicas de Creamfields . Una de ellas fue iniciada en 2013 y se judicializó en 2014 en el juzgado federal 10, investigación finalmente archivada por la Cámara Federal en 2015. La segunda investigación, se inició en 2015 y tuvo exactamente el mismo recorrido. Delgado ofreció a Casanello retomar esas legajos “para contextualizar los hechos”.

Delgado calificó a la sigla Time Warp como “una suerte de significante vacío que alojó una pluralidad de maniobras delictivas prolijamente organizadas” . También sostuvo que con la excusa del evento musical “se montó todo un dispositivo de venta de drogas que tomó un cariz dramático pero real, en la medida que dentro de ese mercado que fue la Time Warp se suscitaron diversas situaciones que agravaron el curso del evento”. Delgado entonces pasó a enumerar los hechos que agudizaron el consumo organizado y que están directamente vinculados a las altas temperaturas y la provisión de líquidos. “(...) entre otras –sostuvo Delgado– baños colapsados, nula ventilación, ambiente sin ventanas y sin ventiladores, altísimas temperaturas, grandes colas de personas para acceder a la compra de botellas de agua (más de una hora de tiempo) las cuales se vendían a 40 pesos e incluso se llegaban a pagar 100 pesos si en la caja no tenían cambio, robos de botellas de agua y avalanchas en el ingreso y en horario pico producto de la excesiva cantidad de gente que había –posible sobreventa de entradas–”.

“Esto significa –agregó el fiscal– que la venta de droga organizada, la regulación de ese ‘mercado’, el hacinamiento y el calor colocaron al responsable del evento también como responsable de los hechos.” Y consideró que con lo presentado había suficientes elementos para pedir la inmediata detención de Adrián Conci, presidente de Dell Producciones SA, organizadora del Time Warp. Delgado pretende averiguar si Conci “actuó solo o en sociedad.” Y presenta el entramado societario sobre el que sostiene que “está todo relacionado”. A Costa Salguero lo explotan Telemetrix SA, “cuyo presidente es Alberto Luis Gutiérrez, y Salguero Eventos SA (...) encabezado por Jaime Marcelo Salmun”. Pero, “un director de Telemetrix preside Centro Costa Salguero. El vicepresidente del directorio de Telemetrix (Federico Bensadon) es director de Centro Costa Salguero” , sostiene Delgado quien cita la nota del periodista Werner Pertot, de Página/12, publicada ayer, y constatada ayer por el propio Delgado.Señaló también a las empresas Energy Group SRL, que participó en la provisión de Speed y aguas Block (agua corriente filtrada), y en la contratación de encargados de limpieza de los pabellones; Siseg SRL, de seguridad privada y Semec SRL, de asistencia sanitaria.
Para el fiscal, “la fuente de gran parte de los problemas fue la pastilla llamada Superman”.
Los testimonios obtenidos durante las primeras actuaciones, sostuvieron que había personal de seguridad pero “no se solicitaba DNI, y la revisación era escasa y a medida que el caudal de gente aumentaba, era menor y de forma más superficial”. Esos mismos testimonios describieron que apenas se ingresaba “los vendedores de drogas recibían a la gente ofreciendo ‘keta, LSD, éxtasis, cocaína y Superman’”. Si se agrega la descripción anterior, sobre hacinamiento, calor, falta de ventilación y de bebidas, “muchos tuvieron principio de asfixia. Pero no sólo se racionó la venta de bebidas. También, según algunos testigos, la red de agua corriente se cerró a la madrugada”.

Como síntesis, Delgado enumeró las bases de la imputación: venta de drogas organizada, administración de la necesidad de hidratarse, alta temperatura, hacinamiento, falta de ventilación y ventanas, cierre de todas las puertas debido a la lluvia que se desató a partir de las 2am, escasez de médicos o paramédicos. Los testimonios de seis médicos coincidieron en que desde las 4.30/5 de la madrugada “aumentó exponencialmente la cantidad de pacientes de gravedad que presentaban signos de intoxicación”. Los pacientes les refirieron a los médicos que habían consumido pastillas adquiridas en el mismo evento. “Es inevitable pensar en Cromañón –reflexionó Delgado–. Una testigo lo resumió como nadie, "era una caja de aluminio". El fiscal sostuvo que el escenario descripto “demuestra que hubo una actuación deliberada en la que la vida se subordinó a la decisión de lucrar con la venta de drogas y todo ello terminó con la muerte de cinco personas”.

Por otro lado, el ex legislador porteño y miembro del Partido Social, Facundo Di Filippo, anunció que hoy presentará al juez Casanello todos los fallos de la justicia Contencioso Administrativa porteña contra Telemetrix referidos a problemas en las habilitaciones, el camino de sirga que obliga a abrir un corredor público que no se cumplía, y otras denuncias, que obtuvieron fallos en contra del juez Andrés Gallardo, de la Cámara de Apelaciones y luego perdidos en algún cajón del Tribunal Supremo porteño. Casanello ayer allanó una sede de la Prefectura donde se encontró un contrato de los organizadores de la fiesta por 30 mil pesos por “servicios adicionales de vigilancia” . Más tarde, allanó la DIPA de Prefectura, buscando más información. El juez federal también se reunió por la tarde con familiares de los cinco jóvenes fallecidos, quienes le informaron que evalúan constituirse como querellantes en el expediente. El Complejo Costa Salguero tiene como uno de sus directores a Fernando Polledo Olivera, marido de la actual vicepresidenta primera de la Legislatura, Carmen Polledo, diputada del PRO. El jefe del Ejecutivo, Horacio Rodríguez Larreta, comunicó en su cuenta de Facebook que “a los familiares y amigos de los chicos fallecidos, quiero transmitirles mi más sentido pésame. Y todo mi aliento para quienes hoy siguen luchando por sus vidas”. Más ejecutivo, el vicejefe Diego Santilli pareció indicar que el control del consumo de drogas es cuestión policial. “El debate que debemos dar es si la policía puede entrar a la fiesta para controlar estas cosas” , aunque 10 días antes se había producido una fiesta de cámaras que tomaron a los 600 policías en los 42 allanamientos en la villa 31 encabezados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en busca de drogas. Para esta ocasión, la ministra ayer sorprendió cuando dijo: “Tenemos que ser más estrictos, pero chocamos con una cultura que dice que si somos más estrictos, nos pasamos de la línea” . No aclaró a qué se refería ni cuál fue la línea que no pasó en Costa Salguero.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297323-2016-04-19.html

Costa Salguero 3
 

"Para la AGC, estaba todo bien"

Por Soledad Vallejos.

Matías Alvarez Dorrego se presentó en la Legislatura para explicar la actuación de la Agencia Gubernamental de Control. Dijo que la empresa cumplió los requisitos. Hubo críticas de legisladores, que pidieron más informes. Quieren tratar el tema en el recinto. El director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Matías Alvarez Dorrego, aseguró en su presentación de informes ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura porteña que la organización de la fiesta Time Warp realizada en Costa Salguero el viernes, bajo la catalogación de “diversión pública”, “cumplió los requisitos normativos en cuanto al otorgamiento de los permisos”. En un salón Montevideo colmado de legisladores (17 tomaron la palabra, pero en el lugar había alrededor de 40) y sus asesores, además del Defensor del Pueblo de la Ciudad (quien también intervino), y los integrantes de la ONG Familias por la Vida (que tiene convenio con la administración porteña para recabar denuncias de irregularidades en locales nocturnos), Alvarez Dorrego aseguró que el lugar fue inspeccionado dos veces antes de que comenzara el evento (24 y 4 horas antes de la apertura de puertas) y en distintas ocasiones durante la noche por los tres inspectores asignados a la fecha.

De acuerdo con esos funcionarios, aseguró el Director Ejecutivo, en ningún momento se incumplieron las normativas ni hubo más asistentes que los 13.000 autorizados. Tras el informe, legisladores de distintos bloques criticaron la falibilidad de la regulación y los controles que establece, requirieron más información y coincidieron en reclamar que el cuerpo de legisladores pueda pedir informes a funcionarios de distintas áreas pero en una sesión, en el recinto. Al comenzar, el legislador Gabriel Fuks –presidente de la Comisión– señaló que los legisladores procuraban saber “cuál ha sido el rol del Estado en esto, que es una fiesta privada en un predio que es de la ciudad”. “Si todo estuvo bien, ¿por qué se murieron estos jóvenes?” , preguntó Adrián Camps, poco antes de que Carlos Tomada señalara que “los controles no alcanzaron”. El “hacinamiento” y la ventilación insuficiente, la “venta masiva de drogas” que los asistentes a la fiesta testimoniaron haber visto en el lugar, y la posible sobre venta de entradas fueron temas comunes a legisladores de los distintos bloques. Por su parte, Alejandro Amor, Defensor del Pueblo, advirtió que “las víctimas son víctimas” y que desde la mañana del sábado “hay estigmatización” de los jóvenes fallecidos e internados.
La reunión con presencia de Alvarez Dorrego fue convocada a mitad de la tarde, comenzó alrededor de las 6 y se extendió poco más de dos horas, al cabo de las cuales Fuks consensuó con Francisco Quintana, presidente del bloque oficialista, en caso de haber repreguntas, las acercarán a la nueva reunión de Comisión, a realizarse hoy, para que sean consensuadas y luego llevadas al pleno, en la sesión del jueves.

Durante su exposición inicial, Alvarez Dorrego aseguró que, de acuerdo con lo asentado por los tres inspectores asignados a la supervisión de Costa Salguero el viernes, todo el tiempo se cumplieron las medidas de seguridad y sociosanitarias requeridas, nunca se cortó la provisión de agua corriente en los baños (dos en pabellones, uno en el vip) y siempre estuvo a disposición al menos uno de los dos dispensers de agua declarados por los organizadores (“nos fue manifestado que había dos, sólo vimos uno”). En el acta de permiso extendido para la fiesta, que facultó al organizador para “librar el predio al uso público, asumiendo las responsabilidades de sus competencias”, en nombre de Dell Producciones S.A. firmó Maximiliano Nahuel Avila. Las condiciones autorizadas estipulaban que efectivos de Prefectura asumía responsabilidad por la seguridad exterior a los pabellones, es decir, perímetro y adyacencias, aunque podían ser convocados al interior por los organizadores en caso de requerirlos. Además de las dos ambulancias de alta complejidad, los cinco médicos y los diez socorristas, un puesto de atención completo, las condiciones de autorización estipulaban la instalación de 80 baños químicos, la presencia de ocho Bomberos Voluntarios de La Boca y la disposición de 20 matafuegos, 20 efectivos de Prefectura (“cuatro superiores y 16 subordinados”) entre las 21 del viernes y las 6 del sábado, 65 “vigiladores homologados” y un puesto de atención. Todos los involucrados en el evento y con responsabilidades deslindadas en el permiso firmaron el acta, señaló el funcionario de AGC.

Luego de la exposición, que incluyó la proyección de facsímiles de actas y habilitaciones en una pantalla, Fuks dio la palabra los legisladores que se habían anotado para formular preguntas. Marcelo Ramal, primero en la lista, señaló que de acuerdo con testigos no había provisión de agua en los grifos, por lo que denunció “connivencia entre los organizadores y los proveedores de pastillas” , y preguntó si los inspectores “verificaron condiciones de hacinamiento y calor extremo”. Poco después, Gustavo Vera aseguró que existe una “cuasi asociación ilícita” entre Adrián Conci (de Dell) y “Andrea Fasano, la esposa de (Víctor) Stinfale”, a quien vinculó con el “agua trucha” que se vendía en la fiesta. “Si todo estuvo bien, si todo se concretó, ¿por qué se murieron? Tenemos chicos muertos y chicos internados” , dijo Adrián Camps. Carlos Tomada inscribió lo sucedido en Costa Salguero en la línea del derrumbe en el boliche Beara y el incendio en el depósito Iron Mountain, en tanto “nueva demostración de la grave crisis del sistema de control” y preguntó si en las actas se dio cuenta de “infracciones o denuncias, ¿o se consideró que todo estaba bien?”.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297324-2016-04-19.html

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297320-2016-04-19.html

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Enviado por QNSR el Mar, 2016-04-19 20:33

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