Apología del Asco.

En nuestros newsletters este título está reservado a hechos relativos al Poder Judicial. El reciente veredicto en la causa Lapa, nos ha impulsado a dedicar la mayor parte de las contribuciones al mismo tema.

Ese pronunciamiento nos ha conmovido. Pero más allá de la indignación y las reacciones, creemos necesario reflexionar. Para eso nada mejor que recorrer algunas líneas que nuestro Poder Judicial muestra.

Es hora de enfocar a este lamentable sector de la realidad argentina. Lo que él hace afecta a todos, incluso a aquellos que ni siquiera saben donde se ubican físicamente los Tribunales.

Esperamos que estas notas sean un aporte.

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Solo son inundados.

La historia que contaremos permite evocar una genial y vieja película de Fernando Birri, “Los inundados” , donde uno de los personajes reivindicaba con fuerza su condición: somos inundados, señor.

El 29 de abril de 2003 el desborde del Rio Salado, terminó con un tercio de la ciudad de Santa Fe bajo agua, 25 muertos, más de 150 mil afectados y daños por más de 300 millones de dólares. Tras el desastre 500 personas estaban “desencontradas”.

Como dice la sentencia del Juez Patrizzi, dictada el 21 de abril de 2006, La creciente del río salado se debió fundamentalmente a las intensas precipitaciones que hubo entre los días 23 al 29 de abril, en la Provincia de Santa Fe, en la cuenca inferior del Río Salado que aumentaron considerablemente su caudal. La crecida del Río Salado superó ampliamente en caudal y velocidad de crecimiento las máximas históricas conocidas: por la ruta provincial 70 pasaron en 1973 y 1998 un caudal pico de 2600 m3/s y en abril de 2003 pasaron 4000 m3/s. El jueves 24, el río Salado transportaba en Esperanza 750 m3/s, y las lluvias de los días 23 a 29 de abril hicieron que creciera hasta 4000 m3/s el martes 29 de abril" (fs. 1 de Aspectos más relevantes de lo actuado como Director Provincial de Obras Hidráulicas - Crecida del Río Salado en Santa Fe en abril de 2003).

En su fría descripción técnica, la citada sentencia también dice que “la inundación de la ciudad de Santa Fe que en líneas generales puede resumirse del siguiente modo: el día 27 de abril los niveles del río Salado superaron la cota mínima de la defensa, por la brecha existente entre el extremo norte del tramo II y las instalaciones del Hipódromo, en forma de manto a partir de la calle Gorostiaga; el 28 de abril ya el ingreso de las aguas por calle Gorostiaga resulta más importante. El agua ocupa terrenos aledaños al Hipódromo, encauzándose aguas abajo por la traza de la Avda. Circunvalación Oeste. En horas de la tarde se inicia un proceso de erosión sobre el extremo norte del terraplén de defensa (tramo II), con el consecuente incremento del ancho de ingreso del flujo a la ciudad. Se ocupan sectores aledaños a la autopista y la Avda. Perón; el día 29 de abril se produce un progresivo avance de las aguas hacia la zona sur de la ciudad con un importante nivel de anegamiento en el frente norte de la autopista Santa Fe - Rosario e ingreso de excedentes desde el norte hacia el sur en la intersección de la Avda. Pte. Perón y calle Iturraspe; al mediodía las aguas avanzan ocupando parte del Bo. Villa del Parque, llegando el agua pasadas las 14,00 hs. al Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia". Al promediar la tarde el agua había alcanzado sectores de los barrios Chalet y Centenario; el día 30 de abril en la madrugada, los niveles de agua en la zona de calle Mendoza y en sectores del radio céntrico, se encontraban por encima de los 2,50 mts.; en la mañana hay importantes anegamientos en la zona del Bo. Centenario, encontrándose cortada la Avda. Circunvalación en varios puntos. Se efectúan cortes en la Avda. Mar Argentino y en el tramo I del Terraplén de defensa Oeste (Irigoyen); hay anegamientos en la zona céntrica de la ciudad; el jueves 1º de mayo se continúa con las tareas de apertura de las defensas de la ciudad. Los cortes de los terraplenes sobre Avda. Mar Argentino, a la altura de Puerto Piojo, y el terraplén Irigoyen, generaron una condición de escurrimiento desde el casco urbano hacia el río, permitiendo que gradualmente descendieran los niveles en el interior del recinto conformado por los terraplenes de defensa (Perica de Bacchiega, Bertoni y Maza págs. 17/19 del resumen ejecutivo)”.

Además del agua, ¿hay algún responsable?

“El Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda se ha propuesto como objetivo replantear la planificación general de los estudios y de las obras a ejecutar, para definir, en una visión más amplia, el conjunto de las prioridades existentes en función de las necesidades, de los recursos disponibles y de su programación en el tiempo” , decía el Informe a la Asamblea Legislativa de Santa Fe, en la inauguración del 119º período de sesiones ordinarias el primero de mayo de 2001.

El gobernador era Carlos Reutemann y en el subtítulo dedicado a “obras hidráulicas” se destacaba que “la definición del proyecto ejecutivo para resolver, en forma definitiva, el abastecimiento de agua potable en 151 localidades del oeste provincial a través de la alternativa que resulte de un análisis comparativo técnico, económico y ambiental”.

También se anunciaba “la continuación del programa de saneamiento y de defensas hídricas para resolver los inconvenientes que afectan las áreas productivas y urbanas de la provincia. En esa línea se inscribe la reglamentación de la ley 11.730, de regulación de uso del suelo en áreas inundables”.

En el apartado dedicado a la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas Servicio Provincial de Agua Rural se afirmaba que “un aspecto fundamental para el desempeño de este organismo son las condiciones imperantes que afectan no solo al territorio provincial sino también al país. La gran variabilidad en la distribución -en cantidad y tiempo- de las precipitaciones ha provocado situaciones extremas -inundaciones y sequías- en numerosas regiones del ámbito provincial, en ciertos casos en forma simultánea, que obliga a actuar en una permanente situación de emergencia hídrica”.

Tal situación, seguía el informe presentado por el gobernador a la Asamblea Legislativa, “provoca un continuo ajuste de las medidas destinadas al manejo y control de excedentes y déficit hídrico, de allí que para lograr una mayor efectividad de las diferentes líneas de acción se trabajó y se trabajará” en distintos puntos que entonces fueron descriptos.

Entre otros: “Se activaron las tareas a través de los Comités de Cuencas interjurisdiccionales y con las provincias vecinas, como ejemplo de ello se puede citar: Comité Interjurisdiccional del río Pasaje-Juramento-Salado: el tema básico representa la compleja distribución de caudales para cada provincia y con usos múltiples. Se logró un significativo avance sobre el estudio de pérdidas de caudales, con la participación de la Universidad Nacional de Córdoba”.

Tres años después el Salado se llevó cada una de estas palabras al fondo de la ciudad inundada.

No se supo dónde fue a parar aquel “significativo avance sobre el estudio de pérdida de caudales” que se hizo con los investigadores de la universidad cordobesa.

Tampoco se encontró el relevamiento de los trabajos que supuestamente se hicieron en la zona oeste de la provincia, territorio atravesado por las aguas del Salado.

En diciembre de 2002, el gobierno de Reutemann redobló la apuesta informativa sobre las obras realizadas desde 1999 y presentó un balance de gestión.

Dentro del segmento dedicado a las “obras hidráulicas” lo único que se destaca en relación a lo citado en el informe de 2001 con respecto a las inundaciones en lugares cercanos a la ciudad capital es el “refuerzo de defensas en las localidades de Saladero Cabal, Helvecia, San José del Rincón y La Guardia Centro” y la “canalización y obras de artes en Cuenca del Arroyo de las Conchas”. Entre las obras ejecutadas se señalaba la “reconstrucción Puente Colgante y obras complementarias”.

En el capítulo dedicado a Medio Ambiente se lee que se trabajó “en el diseño de una política de planificación ambiental, entendida como punto de partida en el camino hacia el desarrollo sustentable y como un proceso participativo e integrador que opera sobre lo económico, lo social y lo ambiental”.

Ni una sola línea vinculada a las inundaciones. Aunque hay un párrafo que sobresale por su desparpajo: “Hemos realizado numerosos ensayos en nuestro laboratorio, tendientes al control ambiental de calidad de suelo, agua, efluentes industriales y control de la contaminación de cursos superficiales y profundos de agua. También brindamos asesoramiento y efectuamos tareas para terceros como un servicio sin cargo para la comunidad, alcanzando a hospitales, escuelas, municipios y comunas y distintas dependencias oficiales”.

Si los laboratorios estudiaban la calidad del agua alguien debió darse cuenta del caudal de los ríos que recorren la geografía provincial.

Si alguien asesoró durante tres años a las distintas instituciones mencionadas es porque se tenía un permanente relevamiento informativo sobre lo que ocurría con y en los recursos y accidentes naturales de la provincia.

Pero además de las conjeturas hubo advertencias ciertas. La sentencia citada trascribe las constancias de un expediente: “Desde el último trimestre de 2002 se produjeron lluvias en la provincia de Santa Fe, superiores a las medias históricas, y que requirieron atención de emergencia por la afectación económica y social que generaron. La situación comenzó a agravarse en el mes de abril cuando las intensas precipitaciones no solo anegaron campos en la parte norte de la Provincia, particularmente el arco ribereño de la cuenca del Río Salado y los afluentes a ésta, llegando a inundar zonas urbanas, aislando comunidades al hacerse intransitables los caminos, cortarse rutas primarias y secundarias, dañarse puentes y desbordarse los cauces" ; en el Expte 653/03 "Ministerio Público Fiscal s/ Eleva actuaciones preliminares en Emergencia Hídrica" (Río Salado)" del Juzgado Federal Nº: 1 Santa Fe - Secretaría Penal).

Y el riesgo no era inadvertido. Singularmente en un video del 26 de abril de 2003 (tres días antes de la catástrofe) Reutemann dice que se iban a producir 'miles de evacuados' en los barrios del oeste de la ciudad de Santa Fe. De igual modo, el entonces intendente Álvarez en la emisora LT10 formulo declaraciones (en el amanecer del 29 de abril de 2003) que nadie desmintió. Álvarez pidió a la gente se quedara en su casa (por que los barrios del suroeste no se iban a inundar) y nadie lo desmintió. Y eso fue refrendado a las 6 de la tarde por el mismo Reutemann cuando lanzó un comunicado del gobierno de la provincia, que la gente se tenía que quedar en su domicilio. El primer muerto se produjo a las 16.30. Y a partir de las 20.30, los muertos se sumaron en los barrios Centenario, Chalet y San Lorenzo que recibieron el golpe más fuerte de la inundación.

Una cuestión de metros

Pero además del displicente desprecio por los ciudadanos, otro factor fue terminante.

Como destacaba esa sentencia: el principal factor de riesgo lo configuró la falta de terminación de la obra de defensa de la Circunvalación Oeste la que fuera cumplimentada hasta el denominado Tramo II, quedando por realizar el Tramo III. El tramo II finalizaba la obra de defensa abruptamente en calle Gorostiaga, con un muro de empalme para cierre provisorio que debía "cerrarse en caso de crecidas extraordinarias y con interrupción de tránsito".

Esta brecha, dejada hasta la conclusión de la Avda. Circunvalación, ofrecía la posibilidad de entrada de agua ante una crecida del río Salado y originó que en Octubre de 1999 la Secretaría de Asuntos Hídricos de la Municipalidad elaborara un anteproyecto Hidráulico de Defensa del sector Oeste de la ciudad, que se denominó "Cierre Oeste”. Este proyecto fue superado por el proyecto de la "Obra III - Circunvalación oeste", que fuera incluida en el Plan de Infraestructura del Gobierno del Presidente De La Rúa, en el anexo II del decreto nacional 1299/2000, dentro de la Red de Acceso a la Ciudad de Santa Fe, suscribiéndose el convenio 1274 (2/02/2001), obra que finalmente quedó a cargo de Dirección Nacional de Vialidad. El Ing. Jonás, que estuviera como inspector de obra en el proyecto del tramo II, en fecha 06/09/96 mediante nota 190 dirigida al Director Provincial de Vialidad, Claudio Tibaldo, solicitaba incluir dentro de las obras que se estaban realizando en el sector oeste una serie de obras, entre las que estaba, la de: "Concluir la obra de defensa contra inundaciones del sector Oeste. Esta obra resulta de vital importancia para toda la ciudad. Es el único sector por el cual podría ingresar el agua proveniente de una crecida de mediana recurrencia. Si no se procede a la ejecución de dicho cierre, la obra que se está ejecutando podría verse seriamente comprometida. No sólo la obra, sino la ciudad toda. El tramo en cuestión es el que se desarrolla desde calle Gorostiaga, discurre por detrás del Golf y culmina en inmediaciones de la calle Estado de Israel" (La catástrofe en Santa Fe. Informe inundaciones 2003, presentado por el diputado Marcucci, reservado en Secretaría), lo que es ratificado por el ing. Jonas en su declaración testimonial de fs. 502.

“De haber seguido la construcción aunque sea un kilómetro más, se hubiera evitado el ingreso de la masa hídrica que inundó la mayor parte de la ciudad” , dijo la revista Tercermundo en relación a la interrupción de la defensa del Salado a la altura del hipódromo santafesino. “El agua que inundó casi un tercio del caso urbano de la ciudad ingresó exclusivamente por ese lugar. Más allá de que si hubo o no presiones de interesados o de propietarios de los terrenos por los que tenía que pasar la defensa eso no deja de lado la responsabilidad del Estado, que debía hacer esa defensa de la forma que fuera porque la utilidad pública que tiene excede los intereses personales. El problema es que allí pasa el caño que alimenta de gas natural a la ciudad, así que se decidió no hacerlo, cuestión discutible porque si ponemos en la balanza la catástrofe que tuvimos, al lado de haber quedado sin gas la ciudad, el problema hubiese sido menor”. Se desconoce porque quedó esa brecha y no se ha dado explicación fehaciente de porque se dejó esa brecha cuando el río había avisado en el `98 de que Santa Fé se iba a inundar por ese sector y la misma autoridad del gobierno provincial y municipal hicieron un terraplén provisorio en 1998 que evitó en ese momento que el agua entre a la ciudad. Dos años antes, se había iniciado un expediente ante la dirección de viabilidad por esos funcionarios que justamente alertaron que la ciudad podría inundarse toda por esa brecha que había quedado abierta.

Es de señalarse que luego de ocurrida la inundación, l a contención de emergencia de casi 600 metros se hizo en cinco días por lo que quedó en evidencia la desidia del gobierno en no haber construido las obras de defensa en tiempo y forma y no después de la invasión de las aguas.

En la sentencia que venimos citando, también se mencionan los defectos de actuación con posterioridad a la emergencia misma, realizando eruditas disquisiciones sobre la competencia en esa función y a cargo de quien estaba la evacuación. Más allá de esta vergonzosa digresión judicial, el salvamento y la asistencia fueron desastrosas y agravaron los resultados.

En esa sentencia se procesan tres ministros, como responsables del delito de estrago doloso y expresamente se funda el no llamado a declaración indagatoria de Carlos Alberto Reutemann.

La lucha contra el poder judicial provincial y nacional

Dos víctimas han tenido actuación relevante y ante ellos han trascurrido desvergonzadas instancias judiciales, destinadas a construir impunidad.

Los actores civiles en el proceso, Jorge Castro y su esposa Milagros Demiryi, formularon diversas peticiones en la causa relacionada, que se inició a los pocos días del 29 de abril, por la acumulación de varias denuncias que llegaron a manos del entonces fiscal Nº 2, Ricardo Favaretto, hoy ascendido a juez.

En esa causa se dictó el procesamiento antes relatado. Desde entonces y hasta llegar ahora a la Corte nacional, vale repasar algunos antecedentes:

- El 3 de julio de 2006, los citados actores civiles ofrecieron seis pruebas nuevas contra Reutemann y pidieron su indagatoria.

- El 16 de agosto de 2006, el juez Patrizi rechazó ese ofrecimiento de pruebas.

- El 10 de octubre, los Castro plantearon un recurso de revocatoria de la resolución de Patrizi.

- Un mes y medio después, el 27 de noviembre de 2006, el juez rechazó la revocatoria.

- El 18 de diciembre de 2006, plantearon entonces el recurso de inconstitucionalidad que el juez Patrizi concedió el 26 de diciembre.

- El 23 de mayo de 2007, la Corte Suprema de Justicia de la provincia revocó la resolución del juez y declaró "mal concedido el recurso de inconstitucionalidad por ausencia del recaudo de sentencia definitiva" .

- El 14 de junio de 2007 plantearon entonces el recurso extraordinario que la Corte santafesina también rechazó el 23 de abril de 2008. El fallo se firmó una semana antes de que se cumplieran cinco años de la catástrofe, pero fue notificado varios días después.

Estos abnegados justiciables acudieron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con un recurso de queja por no habérseles concedido el recurso extraordinario. Su esperanza (agotada) viajaba a la ciudad de Buenos Aires y al Palacio de Tribunales.

Sin embargo, los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni consideraron que "el recurso extraordinario promovido no estaba dirigido contra una sentencia definitiva o un supuesto equiparable" . En consecuencia, ratificaron la sentencia del superior tribunal de Santa Fe, y dejaron definitivamente fuera de esta historia a Carlos Alberto Reutemann.
El peregrinar no concluyo allí, ya que debe obtenerse sentencia al menos contra aquellos que están procesados y cuyo juzgamiento ha sido elevado a sentencia.

El sistema procesal santafesino es escrito y el juicio y la sentencia se adoptaran en un proceso escrito, secreto, reservado a las partes.

Pero este no ha sido el único inconveniente. Como ya alguna vez informáramos en este Newsletter, el proceso transitó por vergonzosos meandros judiciales.

Primero hubo que enfrentar planteos de nulidad de los únicos tres procesados, intentando llevar el juicio a fojas cero. La resolución del juez Enrique Álvarez (Sentencia 5ª) que rechazó el intento de la defensa es una radiografía de la justicia santafesina. Álvarez dedicó casi dos páginas de su dictamen para advertir que las vacantes de dos juzgados de sentencia de Santa Fe -a las que se agregará un tercero en los próximos días- ha provocado una situación "realmente grave" en el fuero, que tendrá "consecuencias nefastas para los justiciables, las víctimas, y en general, para la sociedad que clama por una resolución rápida de las causas", entre ellas ésta que tiene una "gran trascendencia social" , dijo.

Álvarez es el cuarto juez que interviene en la causa. En primera instancia, la investigación estuvo a cargo de sus colegas Diego de la Torre (Instrucción 7ª) y Jorge Patrizi (Instrucción 8ª), quien procesó al ex ministro de Obras Públicas, Edgardo Berli; al ex director de Hidráulica, Ricardo Fratti y al ex intendente de Santa Fe, Marcelo Alvarez por "estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas" y el año pasado elevó el expediente a juicio, que es escrito y secreto. El caso quedó entonces en manos del juez Mauricio Frois (Sentencia 4ª) hasta que el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados lo suspendió en el cargo y abrió un jury que ahora lo investiga por la prescripción de decenas de causas.

Así, Alvarez se tuvo que hacer cargo del juzgado vacante de Frois y, por lo tanto, del juicio por la catástrofe del Salado, donde esta semana rechazó cuatro pedidos de la defensa para anular las indagatorias y el procesamiento de los tres ex funcionarios de Reutemann, la pericia que en su momento ordenó el juez De la Torre y la elevación a juicio dispuesta por Patrizi.

"El presidente de la Cámara Penal, Sebastián Creus, ha resuelto transitoriamente la cobertura de los juzgados de Sentencia 2ª y 4ª que no tienen jueces titulares a cargo, por lo que posteriormente habría que verificar" quién seguirá el juicio por las inundaciones del 29 de abril de 2003, si Alvarez u otro magistrado. "Esta situación irregular" se complicará aún más "dentro unos días con la jubilación de otro juez" del fuero, Luis Juan Rodríguez (Sentencia 3ª), escribió Alvarez.

"Las vacantes de los dos juzgados (2ª y 4ª) ha incrementado en forma alarmante la cantidad de causas que tienen que tramitar y resolver cada uno de los jueces penales de sentencia que continúan en sus cargos. Y esto es realmente grave, perdón por la reiteración de conceptos, por el retardo en el trámite de los expedientes, lo que derivará en consecuencias nefastas para los justiciables, víctimas y en general para la sociedad que clama una resolución rápida de causas con gran trascendencia social (como la catástrofe del Salado) y otras, en las que simples intereses personales deben tener el mismo amparo respecto a una pronta resolución" , dijo el juez.

Y advirtió: "Verificamos que en casos de extrema gravedad, los familiares y víctimas de hechos aberrantes deben peregrinar durante un lapso prolongado para tener el consuelo de una sentencia que les brinde paz espiritual. (Pero) si ese deambular se prolonga durante tanto tiempo, obviamente termina siendo un calvario y una mortificación infinito, donde cada uno debe asumir las responsabilidades en la medida de la función que desempeñe".

"En muchos análisis retóricos se sostiene que la 'justicia lenta no es justicia' , insistió Alvarez. "Y si bien en parte este adagio puede tener algún sustento, no es menos cierto que en causas complejas como la presente la demora es lógica. Amén de ello la logística que se nos brinda, excede en muchos casos la capacidad de los magistrados para dictar una sentencia en tiempo y forma. No con ello hay que dispersar las responsabilidades, pero sí admitir que la sociedad nos reclama, en muchos casos, resultados instantáneos, cuando todo ser humano sometido a proceso debe tener la posibilidad de agotar sus derechos para un correcto escudriñamiento de su conducta. Ello, en casos como el presente lleva un tiempo prolongado, por lo que también debemos hacer conocer a la sociedad las deficiencias que tenemos para que cada uno de los ciudadanos que acude a nuestros Tribunales, sepa que en gran parte la capacidad de trabajo se encuentra al límite.

Por lo tanto, "casos como el presente, donde el 33 por ciento de los juzgados penales de sentencia de Santa Fe se encuentran vacantes y dentro de unos pocos días ese porcentaje ascenderá al 50 por ciento, son parámetros que deben ser conocidos por todos. Y si a ello le sumamos que también transitoriamente los jueces de sentencia nos encontramos a cargo temporariamente de los juzgados de Menores -por resolución de la Presidencia de la Cámara Penal-, evidentemente, el caos en el que nos encontramos sólo lo podemos transcribir en una pocas líneas, pero es suficiente para que tenga algún eco en la sociedad respecto al atraso en el trámite de las causas" , concluyó el juez Álvarez.

Resultados

Esta descripción preanuncia lo que ha ocurrido con la causa: NADA.

Nada, salvo la instalación de una carpa negra por la memoria y la dignidad, organizada por 5000 afectados por las inundaciones del 2003, reclamando justicia. Carpa que a siete años sobrevive, lo que quiere decir que los afectados siguen siendo víctimas.

Nada, salvo las inundaciones de 2007. En efecto, El fenómeno pluvial transformó en un símil de piscina a un tercio de la ciudad de Santa Fe, ubicada 450 kilómetros al noroeste de la capital argentina (Buenos Aires) y que alberga a 400.000 de los 2,8 millones de habitantes que tiene la provincia de la cual es su capital. Paradojalmente, las murallas de contención convirtieron a la ciudad en un inmenso tanque, rodeado por ríos, arroyos y lagunas que la acechan. Parece una broma trágica, pero Santa Fe podría figurar a la cabeza de las ciudades con mayor índice de ingenieros hidráulicos. Pero aún así el desastre no se pudo evitar. Cuando ocurrió esta nueva inundación, el intendente Balbarrey (también ingeniero hidráulico), en su intento de que no se repitiera la tragedia de 2003 recomendó a los pobladores no esperar a que el agua subiera más de un metro para salir de los hogares en la zona de riesgo, admitiendo no saber con cuántas bombas de extracción cuenta la ciudad. " Hay muchas, no sé exactamente" , confesó a la prensa, tras recibir 20 bombas de refuerzo. Sin embargo en ese momento se constató que: "Hay un plan de contingencia, pero se trata de un papel; nadie sabe qué tiene que hacer"; "Los sistemas de bombeo (de extracción de agua) no funcionan por falta de mantenimiento y saqueos".

Sin embargo....

para confirmar que todos estos casos tienen un miserable parentesco: Carlos Reutemann es candidato a presidente…

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Solo son bolivianos.

El 30 de marzo de 2006, un incendio destruyó un taller de costura clandestino, ubicado en Luis Viale 1269, Caballito. Como resultado del incendio murieron 6 personas, de 25, 15, 10, y 4, 4 y 3 años, respectivamente, bolivianos todos ellos. El incendio en el taller de Luis Viale se produjo en la tarde, en el edificio de dos plantas habilitado como taller de costura desde 2001. “La habilitación era para cinco máquinas de coser y cinco trabajadores, pero había 40 máquinas y 40 trabajadores. Entre los trabajadores y sus familias eran 60 personas que vivían allí”. Los costureros trabajaban desde la madrugada hasta la medianoche, mientras que los chicos tenían que quedarse encerrados en la planta alta para no obstaculizar la producción.

El incendio comenzó en la planta alta, donde estaban las personas que murieron: Juana Vilca Quispe, de 25 años; Elías Carbajal Quispe, de 10; Rodrigo Quispe Carbajal, de 4; Harry Rodríguez Palma, de 3; Wilfredo Quispe Mendoza, de 15, y Luis Quispe, de 4 años. Eran de Cantón Ocaña, Bolivia.

“Esa tarde había pocos chicos, porque la mayoría estaba en el colegio. Pudo haber sido una desgracia mayor. Los padres de Harry estaban en la planta baja con Kevin, el otro hijo del matrimonio. No pudieron subir por la escalera y tampoco pudieron entrar por las ventanas del primer piso, porque estaban enrejadas” , relató uno de los sobrevivientes.

El día en que se incendió el taller de la calle Luis Viale, los medios de comunicación hablaron del pago de coimas. Inmediatamente, el Ministerio del Interior ordenó al comisario general Néstor Vallecas, titular de la Policía Federal, que solicitase una investigación penal.

La antigüedad de la situación. Alertas previas.

Nada de esto era nuevo. Lo nuevo eran los muertos o, para ser más precisos, la exposición mediática de la muerte.

En efecto, ya en 1999 la Defensoría del Pueblo de la Ciudad se había ocupado del tema. A través de la Resolución nº 1283/99 de la entonces Defensora del Pueblo, Dra. Alicia B. Oliveira, se ponía de manifiesto: “La existencia de situaciones abusivas por parte de algún sector de inescrupulosos empresarios que en circunstancias tales como lo habitualmente detectable en la conocida esquina de Cobo y Curapaligüe, donde se centraliza la acción tendiente a someter a trabajadores -en su mayoría indocumentados- a situación cuasi servil”.

También se señaló en la referida Resolución “Que se ha podido detectar la inexistencia de un organismo y la oficina específica de la Administración Pública, en la cual se pueda formular denuncias acerca de la existencia de tales irregularidades, por lo que resulta indispensable y urgente la instrumentación de urgentes medidas para establecer dichas dependencias” y “ Que en lo relativo a los aspectos mencionados, recientes acontecimientos de trascendencia y notoriedad pública han revelado, con reiterada frecuencia y preocupante magnitud, el estado de insuficiencia de la tutela que el Estado debe asegurar a las relaciones laborales, colocando a los trabajadores en situación de notoria desprotección frente a los requerimientos y, en ocasiones, desmedidas exigencias de los empleadores”. Se hizo hincapié en: “Que, en cuanto a la salubridad del trabajo, se advierte también, el preocupante incremento de ambientes y/o actividades insalubres sin adecuada prevención ni empleo de equipamientos adecuados, así como también la tortuosa extensión de la jornada laboral excediéndose largamente los parámetros temporales que aseguran adecuado rendimiento y tolerancia física”. También se dijo: “Que el menosprecio y desinterés por las condiciones de prestación del trabajo ha alcanzado aún a la moralidad de la relación, habida cuenta de la reiteración de prácticas denigrantes y sometimiento del trabajador a un estado de cuasi servidumbre, en los que se llega, inclusive, a situaciones objetivas de desprecio de la dignidad humana, cuya sola tolerancia constituye una afrenta a la comunidad toda”. Se destacó: “Que los hechos y circunstancias precedentemente aludidos revelan la necesidad de acentuar la presencia del control por parte de los organismos del Estado, así como la imperiosa necesidad de establecer los mecanismos administrativos imprescindibles para la efectivización de las potestades públicas en aquellas actividades en que, como en lo relativo a la policía del trabajo, los hechos demuestran lo perentorio de la exigencia de la presencia ordenadora del poder estatal” y “ Que, a la luz de lo descripto, puede interpretarse la existencia de una inadmisible omisión por parte de la Administración Pública local que amerita la intervención de este organismo de control de Estado, en el ejercicio de las facultades que la ley le confiere”. Esta Resolución culminaba recomendando al entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que a través del área competente de la Administración Pública local, proceda a organizar y establecer la Policía del Trabajo en el orden local, fijándole las pautas de funcionamiento y ordenando las inspecciones correspondientes al ejercicio de sus competencias. La recomendación fue también comunicada a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por intermedio de su Presidente, Dr. Enrique Olivera.

La Policía del Trabajo fue organizada por Ibarra , y luego de su estructuración -para refrescarnos la memoria -, fue confiada a Fabiana Fiszbín. Quienes presenciaron el juicio oral de Republica de Cromañón recordaran el valiente testimonio de Davidziuk, narrando como se cajoneaban inspecciones, se acomodaban expedientes, se burlaba la fiscalización. En definitiva, como la corrupción manejaba el tema.

La Defensoría del Pueblo, la Cooperativa La Alameda y particulares siguieron clamando en el desierto.

La investigación de Valleca, por supuesto, nada encontró. Las coimas policiales son abstracciones de ciencia ficción…

Que hizo el Poder Judicial (léase “la Corporación” )

La causa relativa al incendio de Luis Viale, quedó radicada en el Juzgado de Alberto Baños.

La primera manifestación del desprecio, ocurrió con los cuerpos de los fallecidos. Más de un mes después del hecho, uno de los padres de los fallecidos seguía reclamando la entrega del cuerpo de su hijo, secuestrado en la morgue (otra típica institución de la Corporacion) http://www.clarin.com/diario/2006/04/27/laciudad/h-04504.htm.

La instrucción avanzó sin riesgos para los responsables.

Solo fueron procesados –con vistas al juicio oral que todavía no tiene fecha– los dos capataces del local , Luis Sillerico Condori (de nacionalidad boliviana, como las seis personas fallecidas) y a Juan Manuel Correa (argentino), a quienes se acusa por el delito de “estrago culposo. “

Baños se declaró incompetente para entender en las responsabilidades que les caben a funcionarios del gobierno porteño, de la Policía Federal y de otros organismos públicos que no hicieron las inspecciones correspondientes que habrían evitado la tragedia.

Los dueños del taller de costura, Daniel Fischberg y Jaime Geiler, quedaron al margen de la causa penal , no así del negocio textil en el que están desde hace años. Ellos quedaron fuera de la imputación porque alegaron que sólo son dueños del local y que no son responsables del negocio textil que allí funcionaba.

Luis Sillerico Condori, al declarar ante Baños, aseguró que “nunca se presentaron policías, inspectores ni nada parecido. Sin embargo, en la causa, varios trabajadores dijeron lo contrario. Martín Salinas Chamba declaró que “vinieron (los inspectores) una sola vez y nos quedamos (algunos) en las máquinas y los otros se fueron para arriba” , en alusión a la planta alta del edificio.

Yola Quispe Maquera señaló que “un día ingresó un inspector a recorrerlo” , pero ella “justo fue a llevar a su hijo al colegio, motivo por el cual no vio dónde revisó” . En igual sentido se manifestaron Cristina Mamani Condori y Flora Villca Quispe. La primera supo que “un día fue un inspector al lugar” y la segunda, que “en alguna ocasión al taller concurrió personal policial o (que hubo) inspecciones” . En ambos casos no pudieron ver lo que ocurría porque “el señor Luis (Sillerico Condori) les dijo a todos ‘suban para arriba con sus guaguas (niños) porque vinieron los de inspección’ y nos escondieron en el primer piso”.

Flora Villca Quispe recordó que una vez “vinieron en el horario del almuerzo y Luis me dijo que sirviera rápido para subir y comer arriba” . También fue confirmado, por Sillerico Condori, que los vecinos los denunciaron por ruidos molestos y que por eso tuvieron que instalar las máquinas en la planta baja, porque en el primer piso eran más ruidosas. Ante la posibilidad de que se hayan realizado inspecciones, Chamorro sostuvo: “Si las hubo y no se hizo nada contra las irregularidades, es todavía más grave que si nunca se realizaron. Hay que investigar a los funcionarios también en la causa penal”.

Los dos capataces aguardan el juicio oral. Los empresarios, bien, gracias.

¿Quienes se proveían de las prendas que allí se fabricaban? las grandes marcas. Obviamente conocían como se hacían las prendas y porque costaban lo que costaban. ¿Y su responsabilidad? También, bien gracias. El Juez Oyarbide (cuando no…) había sentenciado que la explotación de bolivianos en talleres clandestinos no es una trata, sino que se corresponde con el sistema cultural de trabajo inca, denominado Ayllu. Y no estaba solo en esta peregrina interpretación. Antes había sido sostenida por la Sala II de la Cámara Federal en lo Penal. Las primeras marcas aplaudían.

Total, solo son bolivianos…

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Solo son presos.

El 5 de mayo de 1990, en horas de la tarde, en el PENAL DE OLMOS , se produjo un incendio, a consecuencia del cual perdieron la vida 35 reclusos.

Se repetía una historia como la que ya se había padecido en el penal de Devoto, hacia entonces 27 años, con 60 muertos y 85 heridos.

En la historia que vamos a contar, estuvieron presentes las mismas circunstancias que antes diezmaron vidas en Devoto.

Al 5 de mayo de 1990, en la cárcel de Olmos había 3000 internos, cuando la capacidad posible era de 1000. Las instalaciones eléctricas eran precarias , se toleraba el uso “calentadores que se utilizaban para cocinar ante la falta de suministro adecuado de alimentos” . No existían elementos extintores ni elementos contra incendios , a pesar de que el director del penal dijo en su declaración que se había “insistido en reiteradas oportunidades, no solamente desde mi jefatura sino de jefaturas anteriores, la provisión de los citados elementos (fs. 1150 vta. De la causa penal). El mismo declarante atribuyó el incendio a "un problema de estructura, edificio obsoleto, presupuesto y mantenimiento" y se afirma que en materia de control de incendios el personal solamente tenía un conocimiento básico. La ubicación del lugar del siniestro, la velocidad con que se propagó el fuego y la precariedad de medios hizo, según se expone, que el desenlace fuera irreversible (fs. 1150 vta.)”.

Singularmente, las precarias condiciones del establecimiento habían sido ya objeto de denuncia ante la Suprema Corte provincial por parte de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de San Martín, según surge de fs. 436 de la causa penal. El 23 de abril de 1990 el doctor Mariano A. Cavagna Martínez, entonces presidente de la Suprema Corte, puso en conocimiento de esos antecedentes a la Subsecretaría de Justicia, organismo que el 3 de mayo –a escasos dos días del siniestro- dio vista al Servicio Penitenciario (fs. 438 vta. de la causa penal), en cuyo ámbito se conocía ese estado de cosas (fs. 429/431, de la misma causa). Por su parte, el 2 de mayo la Suprema Corte requirió informes sobre el particular (fs. 432), los que fueron contestados el día 3.

En el informe del Cuerpo de Bomberos de la policía provincial, se destacó la combustibilidad de los colchones de poliuretano usados y la precariedad de la instalación eléctrica (fs. 560 de la causa penal); lo mismo señaló el peritaje de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, que reitera la peligrosidad de aquellos elementos y del uso de calentadores. Por otro lado el sistema contra incendios que no presenta en algunos de sus elementos la lanza respectiva y la llave de paso principal. El Informe del experto en seguridad, Marcelo Eduardo Lustau (fs. 827/829), señala la inexistencia de salidas de emergencia , el estado de conservación deficiente con ventanales cuyos vidrios están rotos o faltan, la carga combustible de los elementos en el lugar , etc. Puntualiza la imposibilidad de apagar el incendio por falta de poder extintor y la necesidad de capacitar al personal para afrontar emergencias semejantes, y concluye que las condiciones de seguridad para prevenir siniestros son totalmente inseguras" (fs. 829 de la causa). Un testigo que trabajaba en el penal declaró que "no existen matafuegos pero sí bocas de agua , cree que en una cantidad de dos o tres, pero las mangueras se encuentran en planta baja y en caso de incendio deben ser llevadas al lugar y conectadas de inmediato a las bocas de agua" (adviértase que el informe de bomberos alude a la carencia de llaves de paso, fs. 896). Por su parte, Miguel Ángel Soberón, empleado del servicio penitenciario que se desempeñaba en la Unidad de Olmos como inspector de vigilancia y que participó en las tareas de extinción del fuego, explica que la manguera que utilizó no se encontraba puesta en la boca de incendio , que se la alcanzaron y que el "agua tenía potencia pero no era fuerte, fuerte" (fs. 534 vta.). Asimismo, preguntado sobre si recibió ilustración para actuar en este tipo de siniestros, respondió que "sí, que dicha ilustración es teórica solamente" pero que no se hace "ninguna tarea práctica" y que nunca participó ni sabe que se hubiera realizado un simulacro de sofocación de incendios. Otro testigo declaró "que es alarmante la falta de medios capaces de apagar un fuego ya que en todo el penal, cree que no hay ni un matafuego y las pocas mangueras que vio eran usadas como bajada de agua desde el tanque" (fs. 556 vta. de la causa penal), a la vez que Hernán Jorge Bardallo, detenido en la unidad, quien también colaboró en las tareas, destaca que algunas de las mangueras que se pretendía utilizar estaban rotas (fs. 851), con lo que coincide Héctor Hugo Arce, quien manifiestó que había una sola manguera que penetraba "apenas un metro o metro y medio al interior del pabellón" y que los internos usaban tachos para apagar el fuego (fs. 871 vta.).
Muchos de los propios detenidos asistieron a sus compañeros en el incendio y alguno hasta ofrendó su vida haciéndolo. Uno de los que participó del salvamento fue protagonista fatal de otro drama, dentro del que se describe.

"ahí adentro todo es negociable"

En la misma causa penal a fs. 603/608 declaró un interno, José Luis Almeida y describió las condiciones de la vida en el penal. Aludió a la calidad de la comida, a la carencia de carne, que es aprovechada por los oficiales y suboficiales que se la llevan, a la "compra" de pabellones, esto es, la posibilidad de obtener mediante el pago de una suma de dinero al personal (entre quinientos y seiscientos dólares dice el 15 de mayo de 1990) el pase a pabellones de "gente de la llamada buena o que tengan confianza entre sí" (fs. 607). En otros pabellones, agrega, "si mandaban a algún interno no conocido de ellos" -se refiere a quienes los ocupaban- "tenía que pelear por sus derechos ya que caso contrario pasa a ser homosexual y tiene que cocinar, barrer y lavarle la ropa al resto y levantarse después de lista para realizar esas tareas y acceder a cualquier pedido para hacer uso sexual o cebar mate. La pelea para no perder los derechos cuando uno ingresa a un pabellón es a las trompadas y determinan si gana o pierde sus derechos" (fs. 607). Explica que mediante el pago de 30.000 australes se permitía a los internos "tener relaciones sexuales con la esposa o concubina" en una sala de la escuela contigua a la iglesia y agrega: "también se puede comprar lo necesario para obtener una conmutación, es decir se negocia la celeridad en obtener testimonio de sentencia y cómputo" y concluye: "ahí adentro todo es negociable" (fs. 608). A esta declaración deben agregarse las denuncias de los propios agentes del servicio penitenciario, Bastitesa y Juárez, las de Sandra Elizabeth Espósito y Donceko a fs. 806/808 y 911 de la causa penal, y las prestadas por familiares y amigos. No obstante, existen otras evidencias de las que es imposible prescindir. A fs. 846, Blanca Avalos acompaña una carta que le había sido enviada por su hermano Ernesto Ezequiel Avalos, quien falleció en el siniestro, y que obra a fs. 847. En ella le pide con urgencia el envío de :

"una zapatilla N° 42, Addida o Toper es para un oficial que yo tuve un problema con él, si yo no le doy para el vierne me tengo que comer una larga; una larga se le dice a un castigo de 6 meses en busón; y si yo voy a busón no puedo recibir visita, pierdo mi trabajo, pierdo mi conducta y además me maltrata cuando ello quiere" (sic). A fs. 943 Blanca Ester Avalos ratifica en su declaración el contenido de la carta y agrega precisiones sobre las irregularidades en el sistema.

Pero la evidencia más perturbadora de los vicios del régimen penitenciario vigente en Olmos lo constituye el iter tragicum de Oscar Díaz Bonora, a quien sus compañeros de detención adjudican activa participación en el auxilio de los ocupantes del pabellón incendiado (fs. 850 y 872). Ese interno se dirigió por nota recibida el 11 de mayo al juez a cargo de la causa, doctor Madina, solicitando una audiencia a fin de ratificar sus declaraciones efectuadas ante "las cámaras de televisión A.T.C. donde acuso al servicio penitenciario de las graves falencias cometidas por dicho personal y la corrupción que existe y es evidente" y agrega: "no certifico firma por razones obvias" (ver fs. 443). Ese mismo día, cuando todavía se encontraba en la cárcel de Olmos, prestó declaración. Allí narró su participación en las tareas de salvataje y denunció serias irregularidades, consistentes en el otorgamiento de condiciones más favorables a cambio de dinero que exigían ciertos empleados, el desvío con fines de aprovechamiento personal de materiales y víveres y la carencia de alimentos. Agrega que la publicación en algunos diarios de la "venta" de pabellones o la percepción de dinero por los agentes para permitir el trato sexual habían creado malestar (fs. 526/528).

Poco después, el 16 de mayo, el prefecto mayor Fernández, a cargo de la unidad N° 4 sita en Bahía Blanca, hace llegar al juzgado un acta donde Díaz Bonora -ya recluido en ese establecimiento- rectifica sus dichos negando las denuncias antes efectuadas (fs. 678/679). El acta es recibida por el tribunal el día 22 y en esa misma fecha se le vuelve a tomar declaración. Allí expresa que desde el 11 de mayo estaba alojado en la unidad 4 y reitera sus denuncias anteriores. Expone que el día 6 de ese mes fue "llamado por el Prefecto Mayor Barroso a su despacho, diciéndole que podría obtener beneficios de su estada en el Penal, como así obtener artículo, o posiblemente la conmutación si se declaraba bien" a lo que se negó. Agrega que reiteró sus manifestaciones en el sumario administrativo levantado en la cárcel de Olmos pero "que una vez en la unidad de Bahía Blanca, le hicieron firmar un acta a fines de blanquear las cosas, en la cual el dicente rectifica todos los términos de su anterior declaración en cuanto a hechos de corrupción en la unidad de Olmos, acta ésta que le hacen firmar, haciéndolo el dicente por razones obvias, no obstante el dicente firmó al revés, ya que siempre firma Néstor Oscar Díaz y en esta acta firmó Díaz Néstor Oscar, aclarando que como debía concurrir a este Juzgado, solicitó al jefe que le hizo firmar dicha acta una copia de la misma a fines de memorizarla en el viaje a esta ciudad, haciendo entrega en este acto de la copia que se le suministrara" (fs. 675/ 676 vta.).

El 18 de septiembre, ya alojado en el Instituto Psiquiátrico de Melchor Romero, Díaz Bonora solicita una nueva audiencia con el doctor Madina, la que se le concede y declara el 2 de octubre. Sus términos revelan el acoso que sufría y que atribuyó a sus acusaciones. Dice que al llegar a la unidad 4 se le ofrecieron franquicias para que modificara sus declaraciones pero que, al resistirse, comenzaron los apremios y malos tratos que culminaron con su traslado a Melchor Romero. Allí -continúa- "se lo ha querido 'planchar' al máximo mediante medicación a lo que en una oportunidad, se negó por cuanto teme por su vida, es decir que hallándose en un estado de somnolencia, sea agredido por otros internos que se presten a hacerle algún daño, por ser enviados por la gente del 'servicio penitenciario' y quedar como que fue muerto por un 'inimputable'.

Que en la actualidad en la unidad N° 10 se encuentra prestando servicios el oficial Tejeda, quien amenaza al dicente con que lo va a trasladar a Sierra Chica y lo va hacer matar por otros internos. Que el dicente solicita sea trasladado a dependencias policiales de ésta Provincia o en su defecto a Unidades carcelarias ajenas al Servicio Penitenciario Provincial, ya que en cualquiera de las Unidades de ésta provincia el dicente se encuentra 'marcado' desde el momento que declaró sobre el tema del incendio, como así sobre la 'corrupción imperante en Olmos'. Que a los fines anteriormente declarados con respecto a su traslado, fuera del ámbito del servicio penitenciario provincial, solicitará mediante nota dicho pedido al juez a cuya, disposición se encuentra, en este caso al doctor Mackintach titular del Juzgado Criminal n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro".

El 13 de abril de 1993, Díaz Bonora murió a causa de heridas de arma blanca en el Penal de Villa Devoto , a donde había sido transferido por el juez doctor Mackintach sin que haya sido posible determinar la autoría del hecho. Ello surge de la causa N° 33.706 radicada ante el Juzgado de Instrucción N° 20, secretaría N° 160.

Que hizo la justicia

En la causa penal nada pasó. Entre otras maravillas, la Cámara Tercera de Apelación de la ciudad de La Plata, sobreseyó definitivamente al entonces director del establecimiento por los delitos de homicidio y lesiones culposas. Eso sí, la sentencia está llena de ampulosas declaraciones relativas al estado de las cárceles y de ordenes de librar oficios a distintas instituciones haciendo conocer el severo pensamiento de los jueces…

Lo singular es que la relación con que se ha hecho esta historia, no es fruto de la imaginación del autor, ni está extraída de una revista sensacionalista. Su fuente estricta es la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa que tramitó como tribunal con competencia originaria, caratulada “Badin, Ruben y otros c/Buenos Aires Provincia de” (publicada en Fallos 318:2002).

Esa sentencia se dictó el 19 de octubre de 1995, y allí únicamente se estableció la reparación de daños y perjuicios para familiares de una víctima de las 35. Esa indemnización fue de $ 30.000 para Ruben Badin, de $ 30.000 para Mercedes Meroka, y de $ 70.000 para Hilda Maria Flores Miranda de Ruiz. A la abogada de estos tres familiares, que llevo adelante todo el juicio, se le reguló como honorario la suma de $ 29.300, a solventar por la Provincia de Buenos Aires. Es de señalar que en 1995 regia la ley de convertibilidad, de manera que los pesos eran dólares.

Que pasó después

La misma historia se repitió varias veces:

Comisaría 25 de Villa Gobernador Gálvez: 15 de noviembre de 2000, 13 presos muertos calcinados. La justicia comenzó imputando a los trece detenidos sobrevivientes –había 26 presos en ese momento y la capacidad de la comisaría es para 12– y ante el repudio generalizado, terminaron culpando de lo sucedido a Jorge Luis García, uno de los reclusos que participó de la revuelta. La jueza de Instrucción Susana Portilla de Pigliacampo no encontró pruebas contra el personal policial y procesó a García por entender que fue el único que quedó vivo de los presos que intentaron escaparse. La causa quedó cerrada y archivada en el juzgado de Sentencia del doctor Luis Giraudo. Además, los camaristas Otto Crippa García, José María Ravena y Ernesto Martín, liberaron de toda culpa a los uniformados que estaban en el lugar.

Penal de Olmos: 1 de enero de 2005. "el hospital" como lo llaman los internos debido a que allí funciona un centro de salud de alta complejidad. El drama no se produjo por un motín. Un interno que padecía problemas psiquiátricos quien incendió un colchón y el fuego tomó un tubo de oxígeno. En apenas minutos, esa sala había quedado destrozada y seis presos habían fallecido. La justicia, también ausente.

Penal de Magdalena (15.10.05): 33 muertos, 12 heridos. Una causa penal aguarda el juicio oral. En ella no se avanza sobre los responsables reales, a pesar de los fundados reclamos:
http://www.cinquerrui.com.ar/Archivo/PROYECTOS/RESOLUCION/D-1069-06-07%20-%20Juicio%20Politico%20Di%20Rocco.pdf

Penal de varones de Santiago del Estero: 4 de noviembre de 2007: 39 muertos. El episodio se inició poco después del horario de visita. Hay que revisar a las visitas. Terminaron entrando casi dos horas después de empezado el horario de visita. Quedaba apenas un rato para el abrazo. Pero no. De un momento a otro, los detenidos, que la noche anterior habían sufrido, una vez más, la irrupción de las patotas carcelarias a sus celdas, fueron llamados a subir a su pabellón, fueron puestos en fila y hostigados con una pregunta: ¿de quién es “la paloma”? . “La Paloma” en jerga carcelaria, es un paquete que contiene dinero, droga y las codiciadas tarjetas de teléfono. Nadie se hizo cargo de la pregunta. El aire estaba fétido, viciado de violencia contenida. Los guardias comenzaron a provocar, a intentar generar discordia entre los presos. Pero los presos juntaron su ira y la volcaron contra los guardias. Mostraron su cansancio. Se trenzaron a los golpes, pero la policía no tardó en sacar sus gases pimienta y sus balas de goma ni sus bombas lacrimógenas. Todo mientras sus seres queridos eran groseramente invitados a salir del penal a media hora de que terminara el horario de visita. Los presos se metieron a las celdas y pararon sus colchones para frenar las balas. Entre tanto, otros arrimaban los suyos a las ventanas y los prendían fuego. Es una llamada de alerta: el humo indica problemas dentro del penal. Una señal, un pedido de ayuda. Pero no. El incendio se propagó, los guardias cerraron las puertas del pabellón y siguieron disparando desde el otro lado. El fuego crecía y crecía el humo. La policía cerró el paso del agua y demoró la llegada de los bomberos cortando las calles aledañas porque empezaban a llenarse de familiares, vecinos, curiosos, cuando presos del pabellón 2 comenzaron a quemar colchones y muebles contra las rejas de acceso, iniciando un siniestro que terminó siendo mortal para la mayoría de ellos. Los esfuerzos de los bomberos que acudieron ante la emergencia se vieron dificultados por el mal funcionamiento de la autobomba. Todos los decesos fueron provocados por asfixia o quemaduras graves. Muchos de los muertos fueron encontrados en el baño del pabellón con pañuelos o trapos mojados improvisados como máscaras contra los gases tóxicos de la combustión. La capacidad del penal estaba largamente excedida. Los micrófonos oficiales no dijeron que dentro del penal se encontraba un testigo clave por el denominado “Doble crimen de la dársena” , en el que fueron asesinadas las jóvenes Layla Nazer y Patricia Villalva. En ese crimen, estaban involucrados el entonces jefe de inteligencia Mussa Azar, su hijo, su compañera, sus custodios, algunos empresarios provinciales y hasta el propio (ex) gobernador Carlos Juárez. El testigo se llamaba Juan Manuel Silva. Murió, o fue matado, a solo dos semanas de tener que dar su testimonio en el juicio. El juicio por el doble crimen se postergó varios meses. Finalmente de los catorce imputados, solo tres resultaron penados. Entre ellos, Mussa Azar, a quien, por tener más de setenta años, goza de prisión domiciliaria.

Comisaría Octava de La Matanza , Lomas del Mirador, Pcia. Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009: 4 muertos. Las muertes se produjeron tras la quema de colchones de espuma de poliuretano que hicieron los detenidos, cerca de las 16, al intentar frenar una requisa en los calabozos. Esa comisaría es la misma que, con la denominación de “Sheraton” , funcionó como Centro Clandestino de Detención en la dictadura. La misma bajo cuya jurisdicción está el destacamento policial de Lomas del Mirador, donde, según denuncian testigos, estuvo el adolescente Luciano Arruga, el 31 de enero, antes de desaparecer.

En todos estos casos también apareció en su crudeza la corrupción, y con la misma despiadada indiferencia, la corrupción continuó intacta. Las noticias lo reflejan reiteradamente:
http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/61141/acosado-por-denuncias-de-corrupcion-se-quiere-ir-el-jefe-del-servicio-penitenciario.html; http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&view=article&catid=72%3Apll&id=3353%3Aalevoso-rodo-de-altos-jefes-del-servicio-penitenciario-federal&Itemid=114
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-128596-2009-07-21.html

Es aleccionador, indignante y debería ser motivante, leer la documentación de estas miserias. Un ejemplo: www.comisionporlamemoria.org/comite/carceles/01.doc.

Tampoco debiera pasarse por alto un escalofriante dato que recopiló el Centro de Estudios de Política Criminal y Derechos Humanos. Las muertes por razones violentas o dudosas en las cárceles han sido las siguientes:

- Año 2005: 198

- Año 2006: 88

- Año 2007: 93

- Año 2008: 77

- Año 2009 (al 15 de diciembre): 62

Las del año 2009 corresponden a las siguientes causas:

- Ahorcamiento: 19

- Heridas cortopunzantes: 14

- Quemaduras: 10

- Accidentes de tránsito (incluye la muerte de
tres funcionarios del Servicio Penitenciario
Bonaerense ): 4

- Causa violenta sin datos: 2

- Mala atención médica: 1

- Ingestión de cocaína: 1

- Disparo de arma de fuego: 1

- Estrangulamiento (caso de una familia): 1

- Ahogo por falta de aire en traslado: 1

- Electrocución: 1

Es de señalar que los primeros responsables de la custodia, integridad y seguridad de la población carcelaria, son los Jueces. Ellos tienen la obligación de hacer lo necesario para que las cárceles sean como dice la Constitución.

Sin embargo, como surge de la historia que relatamos y como confirman otras de este newsletter, ese es un tema ajeno a la preocupación de la Corporación Judicial.

Dijo Cornelius Castoriadis en su libro El avance de la insignificancia que “existe para los que tienen el pesado privilegio de poder hablar una ética que los obliga a develar, criticar, denunciar el estado de cosas existentes y para todos intentar conducirse y actuar de una manera ejemplar en donde cada uno se encuentre. Somos responsables de lo que depende de nosotros”.

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Solo son jóvenes...

En diciembre de 2004 Aníbal Ibarra estaba exultante. Era el delfín del exitoso Kirchner y se sentía el capitán del barco del progresismo que, además, iba a buen puerto. Había reunido un gran capital para lanzarse a la vicepresidencia y, aun más. El capital no era político (ya que por su miserable condición, nunca logró alianzas sólidas), era monetario. Él también pensaba que la política necesita del dinero y se dedicó a juntarlo.

El cristalino fiscal en un momento de su vida dió un vuelco y, a partir de allí, se persuadió que todo vale y él, vale más que todo. La ciudad pasó de ser un proyecto, a ser una rentabilísima estructura de cajas. Entre sus íntimos se produjo una crisis. Estaba desconocido. Algunos se fueron, otros se asociaron. Aparecieron los testaferros, Pablo Maggioli y otros y los estructuradores de negocios. Se acercaron los facilitadores y se construyó la caja.

Y pasó Cromañón. Los valores que en ese momento guiaban a Aníbal le impedían procesar semejante hecho. Obró como era: un corrupto. La historia es conocida, con quien, como, que dijo, que calló, que hizo, que corrompió. No hace falta volver sobre ella.

Si es bueno volver sobre algunos aspectos no conocidos.

La noche de Cromañón adivinó el peligro. Era una masacre de enorme magnitud, que lo tocaba muy cerca. Milcíades Peña, conmovedor pero contenido, le recordaba que tenía una obligación de Estado y que no era “un simple hombre de familia”. Que debía “ir hasta el fondo en la investigación de lo sucedido, en el desmantelamiento de este nuevo modus operando montado a partir del 2003 que tiene aspecto de corrupción, olor a corrupción y formato de corrupción”. Milcíades no se lo dijo, pero la caja la administraba su hermana: Vilma Ibarra. La noche contribuía a una recaudación que Vilma acumulaba. El futuro promisorio y progresista lo imponía.

Adivinó el peligro, además, porque lo ocurrido tenía una enorme magnitud. Y recordó que él también era parte de la familia judicial.

Las noches del 30 y 31 de diciembre de 2004, tuvo profundas preocupaciones. La primera, quien era el fiscal. Cuando lo supo, advirtió que por allí no se podía.

Luego, desesperadamente, empezó y continuó agobiando a la secretaria privada del entonces Ministro de Justicia, Horacio Rosatti. Necesitaba urgente hablar con el Ministro. Este debió regresar a su despacho y atender la inquietud de Ibarra.

¿Qué deseaba Aníbal? Que la causa Cromañón, inexorablemente quedase radicada en el Juzgado 1 de Maria Angélica Crotto. Como fuera, costara lo que costara.

¿Por qué Aníbal? – fue compañera mía en la facultad.

Y tuvo razón. La camaradería universitaria, favores posteriores durante sus respectivos pasos por el Poder Judicial, permitieron lograr lo que Aníbal alcanzó.

El 7 de agosto de 2006, Maria Angélica Crotto dispuso sobreseer a Aníbal Ibarra, sin convocarlo a prestar indagatoria. La resolución tenía un estilo literario y científico absolutamente ajeno a la pluma de Crotto. Su “cocina” había sido otra…

La resolución era imprescindible. En el Tribunal Superior de la Ciudad se estaba por resolver su recurso extraordinario contra la destitución en el juicio político. La Cámara de Casación tenía a estudio la situación de López. Debía asegurarse su ajenidad al tema penal.

Maria Angélica ya había cumplido. Aníbal la iba a premiar. Hasta reservó un viaje en primera clase hacia Francia.

La Corporación Judicial iba a hacer el resto. En un mes, la Sala V de la Cámara del Crimen confirmó el sobreseimiento. Un mes…

Después la Sala III de Casación: “Dr., hay que negociar…” , dijo Righi. Y se sobreseyó a Ibarra, procesando a Juan Carlos López. Uno a cambio del otro…

Total, la regla subsiste: las cabezas deben quedarse tranquilas… Ellas nunca responden.

¿Y las víctimas? Solo eran jóvenes…

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Culpables, un libro.

Culpables: por fin un libro excelente sobre Cromañón.

La editorial R y R, acaba de publicar un libro de Gonzalo Sanz Cerbino: “Culpable. República Cromañón. 30 de diciembre de 2004”. Cuatrocientas cuarenta y nueva páginas de letra menuda, que desmenuzan la trama y las responsabilidades de lo ocurrido en ese lugar y fecha.

Escribir sobre el tema pareció hasta ahora un ejercicio para improvisados o para quienes tenían interés en acomodarse frente a la causa penal. Ninguna obra seria, salvo alguna pretenciosa pero desinformada.

Sainz Cerbino hizo lo contrario. Se zambulló en la lucha del Movimiento Cromañón, recorrió documentos, realizó entrevistas, transitó las causas judiciales. Buscó, analizó, sopesó, a fin de confirmar lo que pensaba. Y lo logró.

No es una obra neutral (no existen). Parte de una posición ideológica firme, pero no acomoda el material para confirmarla. Desmenuza los hechos y se pronuncia. El diseño de tapa acompaña las conclusiones.

Esta nota no es en manera alguna ni una crítica ni una recensión del libro. Quien es protagonista de los hechos que la obra analiza, no puede tomar la distancia del crítico ni del recensor. Pero si puede celebrar que alguien aborde un tema del que han huido los autores y las editoriales.

En definitiva, anoticiamos que por fin se cuenta con un libro sobre el tema y que esta es una inmejorable base para “Pensar Cromañón” (titulo de otra obra no incluida en los párrafos anteriores, porque nació como iniciativa de valiosos miembros del propio Movimiento Cromañón). Y de paso, agradecemos a Sainz Cerbino la valentía de enfrentar un tema maldito.

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Sabía ud. que ....

- La Hiena Barrios es muy amigo de Patricio Fontanet, vocalista de Callejeros.

- Que compartían salidas y gimnasia.

- Que estaban al mismo tiempo en Mar del Plata.

- Que ambos fueron ayudados por la misma persona.

- Que la autorización para que Callejeros toque en el estadio de Mar del Plata, fue fruto de una gestión de Scioli con el intendente de dicha ciudad.

- Que esa gestión es una devolución de favores al sindicato del gas, particularmente a su secretario general, Sr. Mangone, por instalaciones en escuelas de la Provincia de Buenos Aires.

- Que se dice que en la excarcelación de la hiena Barrios también habría usado sus influencias el gobernador Scioli

Situaciones sugestivas como estas muchas veces se han repetido, a lo largo de cinco años (recordemos, por ejemplo; http://www.quenoserepita.com.ar/articulos_casualidades) …

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Testimonio de un sobreviviente en Tribunal Ético.

Testimonio de un sobreviviente

"Hola. Mi nombre es Santiago Morales. Soy sobreviviente de Cromañón y soy hermano de Sofía Morales, una joven más, una personita más que ha sido asesinada por los actos y las omisiones de personas concretas: por su negligencia, su corrupción, por el narcicismo político que enarbola una bandera con la consigna “el fin justifica los medios”, por su falta de valores fraternos, en fin, asesinada por la putrefacción de un sistema que es especialista en el acto de concreción de muerte, y de la eterna postergación de la vida… con el cual hay que acabar ¡ya!

Mi intención no es dar un testimonio en el cual predomine lo anecdótico, lo circunstancial, y me ponga a llorar y los ponga a llorar. Ya todos sabemos lo aterradora, escalofriante, espeluznante, horripilante, penosa (etc., etc., etc.) que ha sido la noche del 30 de diciembre de 2004. Es por esto que mi intención es contarles los hechos desde mi punto de vista y desde el punto de vista nuestro, del Movimiento Cromañón, de acuerdo al cual estamos claramente posicionados desde una perspectiva e interpretamos los hechos conforme a nuestra experiencia vivida y nuestras agonías.

Año 2004. Fin de año. Todos sabemos lo mucho que nos movilizan las fiestas y la consumación de cada año… Nos encontramos con quienes más queremos para celebrar o llorar por el año concluido; suele hacerse un balance del mismo, pensando en las fortunas y desdichas vividas. Para quienes escuchábamos Callejeros, para quienes conseguíamos disfrutar considerablemente con su música (ni hablar para quienes tenían amigos o hermanos que se alegraran y gozaran de la misma forma con ellos) el recital del 30 de diciembre se presentaba como una linda posibilidad para cerrar el año escuchando este grupo. Se trataba de ir a un lugar cerrado, a estar con gente que disfruta al igual que uno esta música, escuchando a una música que, más allá de su calidad y sofisticación, cuestionable o no, despertaba muchas emociones lindas en sus oyentes: amor por la música, entusiasmo por juntarse con otras personas, ganas de saltar y cantar, de estar alegre y sonreir, ganas de disfrutar, en fin, ganas de vivir, consecuencia de la posibilidad de vivir.

Creo, formamos parte de una generación que, tanto desde la televisión como desde las escuelas, pero principalmente desde el poder político, fuimos formados como ciudadanos de una manera acrítica, intentando siempre que no cuestionáramos lo establecido, ni que pensáramos que el futuro podía ser distinto y mejor. De hecho, desde el poder político buscaron que creyéramos que el mundo es así irremediablemente, y que no sólo no se puede cambiar sino que el futuro inevitablemente va a ser peor. Por este motivo, una parte de nosotros los jóvenes no tenemos la costumbre de criticar y buscar cambiar lo establecido. Personalmente, esto cambió tras la Masacre. Y lo digo para quienes nos dicen que somos unos inconscientes por habernos metido en un lugar con las características precarias de Cromañón o que lo somos por haber tirado pirotecnia allí dentro. Al momento, diciembre de 2004, la grandísima mayoría de los lugares donde se practicaban recitales tenían estas características: sobreventa de entradas, por ende (en tanto el grupo convoque) exceso en la capacidad de gente; desorganización generalizada al momento de la entrada al recital; cacheos intencionalmente superficiales e incompletos a fin de que entre pirotecnia; una vez dentro, falta de aire y de espacio para moverse cómodamente; baños mugrientos y sin agua; entre otras fallas “normales”. Así era normalmente ir a un recital. Y, como entre lo normal y lo natural o inmodificable hay una estrechísima diferencia a causa de la falta de formación ciudadana en lo relativo a criticar y buscar modificar lo establecido, ninguno de nosotros iba a dejar de ir a un recital por este motivo, y mucho menos organizarse con otros para intentar cambiar esa práctica nefasta. Como Viejas Locas lo demuestra, la mayoría de estas prácticas se siguen dando aún hoy a cinco años nuestra Masacre.

Al entrar a Cromañón, pocos minutos antes de que empiece el recital, tras esfuerzo conseguimos ubicarnos a la izquierda del escenario mirándolo de frente. Yo fui con mis dos hermanos mayores y con dos amigos más. Unos instantes después de ingresar, Omar Chabán, personaje similar a un bufón que habitualmente generaba en los demás que se rían de él en lugar de reírse con él o de sus gracias, nos habló al público diciéndonos, insultos mediante, que nos íbamos a morir todos como en Paraguay si prendíamos fuegos de artificio. ¿Cómo tomar enserio las palabras de un individuo reconocido públicamente como bufón? Ahora bien, dejando de lado momentáneamente su condición de bufón, ¿quién sería capaz de creerle a una persona que, siendo anfitrión al igual que Callejeros, te invita a su casa, te recibe con alegría, y siendo consciente y responsable por omisión de la entrada de pirotecnia a escondidas, te dice que no la utilices porque, de lo contrario, nos moriríamos todos? Lo paradójico es que nos estaba pidiendo, tal y como lo hizo posteriormente Patricio Fontanet, que hagamos exactamente lo contrario de lo que él y el cantante de Callejeros solían decir implícitamente y decir explícitamente, respectivamente: el uso necesario de la pirotecnia para que un recital sea considerado como tal. Luego de esto, comenzó mi experiencia. La resumo de esta manera. Inicio del recital. Canción “Distinto”. Alegría y felicidad saltando abrazado a mi hermana, ahora muerta. Cánticos y euforia generalizada. Luces fugaces de colores. Mucho calor. Mucho calor. Inesperada interrupción del grupo. Tregua. Fuego. Efímero fuego. Humo negro agresivo. Mucho calor y falta de aire. Olor asfixiante. Obscuridad. Penumbras. El infierno. Gritos de muerte, cual aullidos de Lucifer. Pérdida del conocimiento…

Una vez fuera, parcialmente consciente, fui traslado al Hospital Pena, luego de ser tirado en la parte trasera de una camioneta de la policía (junto a muchos cuerpos más). Recobré totalmente la consciencia al entrar al Hospital. Fue en ese momento que vi, a mi derecha, montones de personitas necesitando atención médica. “Un tubito de oxígeno, al menos”, pedían… y ni siquiera. Incontable desesperación. Los chicos que se habrían salvado, las familias enteras que habrían podido seguir el rumbo de su vida en la sana búsqueda de la felicidad, hubieran sido y la re pucha que considerablemente más, tan sólo si hubiera habido los insumos que correspondía y corresponde que haya: personal médico suficiente, tubos de oxígeno suficientes, mascarillas suficientes, y un montón de cosas que no sé ni corresponde que sepa porque no es mi función, porque justamente para eso hay gente a la que se le paga para que lo haga… faltó nada más que coherencia entre lo que una gestión política dice y lo que una gestión política hace. No pude servirme de un tubo de oxígeno constantemente, pues tuve que compartirlo con los otros moribundos como yo que estaban al lado mío (gesto fraterno llevado a cabo por mi mamá). La situación de caos y precariedad generalizada, y la falta absoluta de insumos, como ya dije, pudo haber sido evitada, simplemente, con voluntad y decisión política para intentar revertirla. Tras esto, 8 días en terapia intensiva. Duelo y desasosiego por la muerte de mi hermana. Proyectos y sueños derruidos... De aquí en adelante, los controles de salud y el tratamiento psicológico fueron moneda corriente.

Doy gracias a la vida por tener pocos recuerdos concretos de esa noche a causa de mi rápida pérdida de conciencia, y le agradezco sobre todo porque conozco a muchos chicos y chicas (y sé de centenares más) que desde aquella noche la obscuridad cobró otra significación, la soledad es hostil, y en los crepúsculos reviven todos los gritos, las escenas, los rostros, los llantos desgarradores nuestros, de los sobrevivientes y de las víctimas. Éstas, son personitas para quienes dormir no es descansar, sino agonizar. Y eso nunca nadie va a poder negarlo ni ocultarlo. La injusticia, el dolor, la muerte, que encarnan unos por culpa de otros, dejan marcas concretas, no solo en los muertos que se lleva, sino también en los sobrevivientes que deja… y lo sabemos nosotros, los sobrevivientes de Cromañón, y lo saben los sobrevivientes de Malvinas, los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, las víctimas de abuso sexual y violencia familiar y social, quienes sufren o han sufrido la desgarradora sensación de tener la panza vacía junto a la deshumanizante certeza de no tener con qué llenarla".

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Miembros del jurado Tribunal Ético.

Miembros del Jurado

Adriana Calvo: Ex detenida desaparecida, sobreviviente de campos de concentración de la dictadura militar del 76, Titular de AEDD (Asociación de Ex detenidos - desaparecidos por razones políticas).

Oscar Castellucci: Papá de Martín, asesinado a golpes por un patovica del boliche La Casona de Lanús, en diciembre de 2006. Presidente de la Asociación Civil Martín Castellucci. Impulsor y vicepresidente 1° del Foro Comunitario por los derechos de la víctima (FOCODEVI).

Juan Carlos Volnovich: Psicoanalista. Especialista en niños y adolescentes. Estudioso de las cuestiones de género.

AMICUS.

Diana Maffia: Doctora en Filosofía. Investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género (UBA), Directora académica del Instituto Hannah y Arendt. Actual diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue defensora adjunta del Pueblo de la Ciudad de Bs. As.

Pablo Pimentel: Activista en derechos Humanos. Presidente de la Asamblea por los derechos humanos de La Matanza.

Graciela Rosemblum: Presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Patricia Walsh: Actual Diputada por la Ciudad de Buenos Aires.

PERITOS.

Maristella Svampa: Licenciada en Filosofía y Doctora en Sociolog{ia. Investigadora Independiente del Conicet. Premio Kónex al mérito en sociología (Argentina).

Susana Etchegoyen: Médica Internista. Médica Auditora. Médica Farmacóloga. Docente de la Universidad de Buenos Aires. Legisladora por la Ciudad de Bs. As. (mandato cumplido).

Enrique Piñeyro: Cineasta, médico aeronáutico, activista e investigador de accidentes aéreos. Ex piloto de transporte de la línea aérea LAPA (Líneas Aéreas Privadas Argentinas).

Isabelino Siede: Licenciado en Ciencias de la Educación. Fue coordinador de Formación Ética y Ciudadana y Educación Cívica en diseños curriculares y programas de la Ciudad de Buenos Aires.

TESTIGOS.

Raúl Buganem: Padre de Leandro, fallecido en el incendio del boliche Kheyvis en 1996.

Vanesa Orieta: Hermana de Luciano Arruga desaparecido el 31/01/09.

Santiago Morales: Sobreviviente de la masacre de Cromañón.

Alberto Lebbos: Padre de Paulina Lebbos, asesinada en Febrero de 2006. Titular de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad (Tucumán).

Gustavo Carabajal: Periodista de investigación diario La Nación.

FISCALES.

Martín Caparrós: Escritor y periodista.

Laura Ginsberg: Dirigente de Apemia (Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA).

ABOGADOS DEFENSORES.

Dr. Eduardo Soares: Abogado. Miembro de FIDELA.

Dra. Marisol Gallardo: Abogada.

COORDINACION.

Alfredo Grande: Médico Psiquiatra. Psicoanalista. Cooperativista. Miembro fundador y Presidente Honrario de Ático.

Mirta Fabre: Lic. en Psicología, Psioanalista, Psicodramatista, Integrante hasta 1980 del CAIS (Comité Argentino de Integración y Solidaridad - París).

ADHIEREN.

Eduardo Galeano (Uruguary), Amador Savater (España), Alberto Morlachetti (Fundación Pelota de Trapo), Vicente Zito Lema, Héctor Bidonde, Nora Cortiñas, Rubén Drí, Atilio Borón, Pino Solanas, Jorge Selser, Bloque de Proyecto Sur en Diputados, Bloque de Proyecto Sur en la Ciudad de Buenos Aires, Cooperativa de Trabajo en Salud Mental Ático, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Mutual Sentimiento.

Testimonio de un sobreviviente

"Hola. Mi nombre es Santiago Morales. Soy sobreviviente de Cromañón y soy hermano de Sofía Morales, una joven más, una personita más que ha sido asesinada por los actos y las omisiones de personas concretas: por su negligencia, su corrupción, por el narcicismo político que enarbola una bandera con la consigna “el fin justifica los medios”, por su falta de valores fraternos, en fin, asesinada por la putrefacción de un sistema que es especialista en el acto de concreción de muerte, y de la eterna postergación de la vida… con el cual hay que acabar ¡ya!

Mi intención no es dar un testimonio en el cual predomine lo anecdótico, lo circunstancial, y me ponga a llorar y los ponga a llorar. Ya todos sabemos lo aterradora, escalofriante, espeluznante, horripilante, penosa (etc., etc., etc.) que ha sido la noche del 30 de diciembre de 2004. Es por esto que mi intención es contarles los hechos desde mi punto de vista y desde el punto de vista nuestro, del Movimiento Cromañón, de acuerdo al cual estamos claramente posicionados desde una perspectiva e interpretamos los hechos conforme a nuestra experiencia vivida y nuestras agonías.

Año 2004. Fin de año. Todos sabemos lo mucho que nos movilizan las fiestas y la consumación de cada año… Nos encontramos con quienes más queremos para celebrar o llorar por el año concluido; suele hacerse un balance del mismo, pensando en las fortunas y desdichas vividas. Para quienes escuchábamos Callejeros, para quienes conseguíamos disfrutar considerablemente con su música (ni hablar para quienes tenían amigos o hermanos que se alegraran y gozaran de la misma forma con ellos) el recital del 30 de diciembre se presentaba como una linda posibilidad para cerrar el año escuchando este grupo. Se trataba de ir a un lugar cerrado, a estar con gente que disfruta al igual que uno esta música, escuchando a una música que, más allá de su calidad y sofisticación, cuestionable o no, despertaba muchas emociones lindas en sus oyentes: amor por la música, entusiasmo por juntarse con otras personas, ganas de saltar y cantar, de estar alegre y sonreir, ganas de disfrutar, en fin, ganas de vivir, consecuencia de la posibilidad de vivir.

Creo, formamos parte de una generación que, tanto desde la televisión como desde las escuelas, pero principalmente desde el poder político, fuimos formados como ciudadanos de una manera acrítica, intentando siempre que no cuestionáramos lo establecido, ni que pensáramos que el futuro podía ser distinto y mejor. De hecho, desde el poder político buscaron que creyéramos que el mundo es así irremediablemente, y que no sólo no se puede cambiar sino que el futuro inevitablemente va a ser peor. Por este motivo, una parte de nosotros los jóvenes no tenemos la costumbre de criticar y buscar cambiar lo establecido. Personalmente, esto cambió tras la Masacre. Y lo digo para quienes nos dicen que somos unos inconscientes por habernos metido en un lugar con las características precarias de Cromañón o que lo somos por haber tirado pirotecnia allí dentro. Al momento, diciembre de 2004, la grandísima mayoría de los lugares donde se practicaban recitales tenían estas características: sobreventa de entradas, por ende (en tanto el grupo convoque) exceso en la capacidad de gente; desorganización generalizada al momento de la entrada al recital; cacheos intencionalmente superficiales e incompletos a fin de que entre pirotecnia; una vez dentro, falta de aire y de espacio para moverse cómodamente; baños mugrientos y sin agua; entre otras fallas “normales”. Así era normalmente ir a un recital. Y, como entre lo normal y lo natural o inmodificable hay una estrechísima diferencia a causa de la falta de formación ciudadana en lo relativo a criticar y buscar modificar lo establecido, ninguno de nosotros iba a dejar de ir a un recital por este motivo, y mucho menos organizarse con otros para intentar cambiar esa práctica nefasta. Como Viejas Locas lo demuestra, la mayoría de estas prácticas se siguen dando aún hoy a cinco años nuestra Masacre.

Al entrar a Cromañón, pocos minutos antes de que empiece el recital, tras esfuerzo conseguimos ubicarnos a la izquierda del escenario mirándolo de frente. Yo fui con mis dos hermanos mayores y con dos amigos más. Unos instantes después de ingresar, Omar Chabán, personaje similar a un bufón que habitualmente generaba en los demás que se rían de él en lugar de reírse con él o de sus gracias, nos habló al público diciéndonos, insultos mediante, que nos íbamos a morir todos como en Paraguay si prendíamos fuegos de artificio. ¿Cómo tomar enserio las palabras de un individuo reconocido públicamente como bufón? Ahora bien, dejando de lado momentáneamente su condición de bufón, ¿quién sería capaz de creerle a una persona que, siendo anfitrión al igual que Callejeros, te invita a su casa, te recibe con alegría, y siendo consciente y responsable por omisión de la entrada de pirotecnia a escondidas, te dice que no la utilices porque, de lo contrario, nos moriríamos todos? Lo paradójico es que nos estaba pidiendo, tal y como lo hizo posteriormente Patricio Fontanet, que hagamos exactamente lo contrario de lo que él y el cantante de Callejeros solían decir implícitamente y decir explícitamente, respectivamente: el uso necesario de la pirotecnia para que un recital sea considerado como tal. Luego de esto, comenzó mi experiencia. La resumo de esta manera. Inicio del recital. Canción “Distinto”. Alegría y felicidad saltando abrazado a mi hermana, ahora muerta. Cánticos y euforia generalizada. Luces fugaces de colores. Mucho calor. Mucho calor. Inesperada interrupción del grupo. Tregua. Fuego. Efímero fuego. Humo negro agresivo. Mucho calor y falta de aire. Olor asfixiante. Obscuridad. Penumbras. El infierno. Gritos de muerte, cual aullidos de Lucifer. Pérdida del conocimiento…

Una vez fuera, parcialmente consciente, fui traslado al Hospital Pena, luego de ser tirado en la parte trasera de una camioneta de la policía (junto a muchos cuerpos más). Recobré totalmente la consciencia al entrar al Hospital. Fue en ese momento que vi, a mi derecha, montones de personitas necesitando atención médica. “Un tubito de oxígeno, al menos”, pedían… y ni siquiera. Incontable desesperación. Los chicos que se habrían salvado, las familias enteras que habrían podido seguir el rumbo de su vida en la sana búsqueda de la felicidad, hubieran sido y la re pucha que considerablemente más, tan sólo si hubiera habido los insumos que correspondía y corresponde que haya: personal médico suficiente, tubos de oxígeno suficientes, mascarillas suficientes, y un montón de cosas que no sé ni corresponde que sepa porque no es mi función, porque justamente para eso hay gente a la que se le paga para que lo haga… faltó nada más que coherencia entre lo que una gestión política dice y lo que una gestión política hace. No pude servirme de un tubo de oxígeno constantemente, pues tuve que compartirlo con los otros moribundos como yo que estaban al lado mío (gesto fraterno llevado a cabo por mi mamá). La situación de caos y precariedad generalizada, y la falta absoluta de insumos, como ya dije, pudo haber sido evitada, simplemente, con voluntad y decisión política para intentar revertirla. Tras esto, 8 días en terapia intensiva. Duelo y desasosiego por la muerte de mi hermana. Proyectos y sueños derruidos... De aquí en adelante, los controles de salud y el tratamiento psicológico fueron moneda corriente.

Doy gracias a la vida por tener pocos recuerdos concretos de esa noche a causa de mi rápida pérdida de conciencia, y le agradezco sobre todo porque conozco a muchos chicos y chicas (y sé de centenares más) que desde aquella noche la obscuridad cobró otra significación, la soledad es hostil, y en los crepúsculos reviven todos los gritos, las escenas, los rostros, los llantos desgarradores nuestros, de los sobrevivientes y de las víctimas. Éstas, son personitas para quienes dormir no es descansar, sino agonizar. Y eso nunca nadie va a poder negarlo ni ocultarlo. La injusticia, el dolor, la muerte, que encarnan unos por culpa de otros, dejan marcas concretas, no solo en los muertos que se lleva, sino también en los sobrevivientes que deja… y lo sabemos nosotros, los sobrevivientes de Cromañón, y lo saben los sobrevivientes de Malvinas, los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, las víctimas de abuso sexual y violencia familiar y social, quienes sufren o han sufrido la desgarradora sensación de tener la panza vacía junto a la deshumanizante certeza de no tener con qué llenarla.

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La lógica Cromañón.

LA LÓGICA CROMAÑÓN.

A diario podemos comprobar cómo se ha incorporado al lenguaje cotidiano la palabra Cromañón. Es un sinónimo de todo aquello que concentra codicia, corrupción, ausencia de controles, manipulación de las personas, daños y muerte.

Pero mas allá de constatar este lamentable enriquecimiento del lenguaje, parece necesario reflexionar sobre como ocurren esas amalgamas tan terribles. Todas ellas responden a una lógica, a un modo colectivo de enfrentar la realidad.

Por eso en este newsletter, han hecho sus aportes tres padres de chicos fallecidos en República de Cromañón. Todos ellos escribieron antes de la lamentable sentencia que se dictó hace casi un mes. No estaban influenciados ni siquiera por las posibilidades previsibles de ese pronunciamiento. Pensaron sobre algo que trasciende un trabajo jurídico, cualquiera sea la entidad que tenga.

Esta distancia de la sentencia y del Poder Judicial era necesaria, porque en la LOGICA CROMAÑÓN, el Poder Judicial tiene un rol y lo cumple acabadamente.

Esperemos que estos pensamientos susciten otros. Es necesario pensar, ya que lamentablemente convivimos con la referida LÓGICA y lo haremos por muchos años más.

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