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No existe ficción, solo realidad. Esa cruel realidad que vamos descubriendo cuando investigamos sobre tragedias como Cromañón, Kheyvis y tantas otras. En todas ellas encontramos "similitudes y todas, han sido evitables" .
Nos referimos a la tragedia sucedida en Santo Domingo, República Dominicana, un 27 de noviembre del año 2006, donde se produjo un incendio en la discoteca “Jazzys Elite Club”, ubicada en la Avenida España, en el Municipio de Santo Domingo Este. Allí perdieron la vida 9 personas, la mayoría jóvenes, asfixiados por el humo. El hecho se produjo alrededor de las 3.00 de la mañana y se encontraban en el local algunos empleados de los 42 que trabajaban allí.
El local poseía dos niveles. El incendio se originó a raíz de un cortocircuito al derretirse los cables del tendido eléctrico (caja de brekers), donde el guardián del club fue sorprendido por el fuego desatado en el primer nivel del negocio. En el segundo nivel se encontraban 6 mujeres que perdieron la vida ya que las ventanas existentes no tenían salida a la parte trasera, estaban protegidas con hierro. Era un lugar herméticamente cerrado que no reunía las condiciones para una discoteca o un centro de diversión, aún así en estas condiciones funcionaba .
Las llamas redujeron a cenizas el área de la discoteca del primer nivel y afectó parte del segundo nivel. No existían extractores de humo, (ambiente sin ventilación) y las únicas puertas existentes, la puerta de entrada como la puerta de emergencia estaban cerradas con candado. Tampoco existían elementos de seguridad contra incendios y la parte edilicia violaba las normas de construcción . Además, los bomberos llegaron al lugar del siniestro sin un foco ni una lámpara; una hora y media más tarde de ocurrido el siniestro, complicando más las tareas de rescate.
Las condiciones de seguridad, la inconsciencia del propietario del lugar, la normas violadas y la falta de controles, como también la negligencia e inoperancia de los organismos de socorro y rescate, permitieron que ocurriera otra tragedia más, evitable como Cromañón y tantas más.
La lección aún no se ha aprendido…..
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Enviado por cb el Mar, 2008-07-08 05:37
El 20 de octubre del año 2000 una sala de fiestas ubicada en la Avenida de los Insurgentes Norte, colonia de San Rafael, en el Distrito Federal considerada la más grande de México y una de las mayores de Sudamérica, con una superficie de 3.000 metros cuadrados, la discoteca Lobohombo sufrió un incendio debido a un cortocircuito que se produjo en el techo del mismo, luego de lo cual se sucedieron una serie de explosiones (pantallas de televisión) que hicieron que cayeran elementos de decoración que taparon la entrada de la discoteca. El resultado de este incendio dio un saldo de 20 personas fallecidas y una gran cantidad de heridos, ya que a pesar de los 50 bomberos que trabajaron en el lugar nada pudieron hacer para apagar las llamas que rápidamente consumieron el lugar, debido a los materiales sintéticos altamente inflamables.
Esta discoteca era una “table dance”, que operaba sin los permisos mínimos requeridos por Protección Civil y no tenía salidas de emergencia ni llevaba a cabo las revisiones de sus instalaciones eléctricas y de gas. Además, el número de clientes que acudían a diario superaba en mucho la capacidad del lugar. Como tampoco contaba con salidas de emergencia y había sido clausurada en 11 oportunidades, volviendo a reabrir sus puertas a pesar de dichas clausuras . Otras irregularidades encontradas en el lugar y que permitieron que sucediera esta tragedia han sido, hidrantes falsos que no estaban conectados a las toma de agua, puertas cerradas con alambres y sillas que impidieron la salida de los concurrentes.
Para la funcionaria del Gobierno del Distrito Federal Dolores Padierna, la situación de ilegalidad en la que se encontraba Lobohombo era moneda corriente entre los locales de fiestas de la capital. Las irregularidades encontradas, derivan de la corrupción e impunidad con la que operan las mafias, las bandas de giros (locales) negros protegidas y amparadas por jueces corruptos que otorgan los amparos para su funcionamiento . No obstante estas declaraciones de la funcionaria en cuestión, existió una relación anterior a su nombramiento con los dueños de Lobohombo quienes realizaron aportes para su campaña política.
Una historia que conocemos: exceso de público, puertas cerradas con alambres, falta de controles, funcionarios involucrados, como así también delegados de la policía, agentes judiciales y personal de fiscalías investigados por el delito de extorsión a gerentes, propietarios y encargados de empresas dedicadas al rubro entretenimientos. Nuevamente nos encontramos con otro caso donde la corrupción empresarial y estatal, sumado al afán inescrupuloso de lucrar con la vida de tantos jóvenes, permitieron que hechos así vuelvan a repetirse años después. Otra vez las famosas “cajas de la noche” y el desprecio por la vida humana .
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Enviado por cb el Mar, 2008-07-08 05:00
Por Ing. Roberto Flores (Experto en Seguridad contra Incendio de Neuquén)
Hoy en día es usual que los edificios tengan que presentar un proyecto de Seguridad contra Incendio antes de ser construidos, y que antes de habilitarse se realicen en el edificio algunas instalaciones de equipos de “seguridad”, con lo cual los ocupantes tal vez puedan llegar a sentir alguna sensación de seguridad.
La realidad es que en la gran mayoría de las edificaciones, el nivel de seguridad es prácticamente nulo, y que las previsiones constructivas y los equipos dispuestos para la “seguridad” de las personas en caso de incendio, son virtualmente inoperantes e inservibles para la función que deberían prestar y por otra parte tienen una escasa (por no decir nula) posibilidad de funcionar cuando suceda el siniestro .
Más adelante vamos a exponer las diversas causas que fundamentan esta afirmación.
Lo que queremos transmitirle al lector con esta nota, es que en la actualidad puede verse que en las edificaciones es más lo se “trata de mostrar” o de “hacer parecer” que tienen en materia de seguridad, que lo que en realidad “corresponde que tengan en instalaciones y equipamiento para garantizar la seguridad en casos de incendio” . Esta afirmación pareciera muy pesimista, pero les aseguro que no es así, pues para un porcentaje elevadísimo de las edificaciones (más del 90 %) es la realidad de todos los días, no solo en nuestra cuidad y en nuestro País, sino que es una constante en todos los lugares del mundo, cuando las cosas se hacen mal.
Las instalaciones exigidas para la prevención de incendios en las edificaciones de todo tipo, son las que vamos a indicar más adelante, pero cabe destacar primero, que estas instalaciones deberían haber sido proyectadas (según indica la ley 19587) por un INGENIERO ESPECIALISTA en SEGURIDAD (esta especialización se refiere a seguridad física –instalaciones – equipamiento), pero en nuestro país nunca ha existido hasta el momento ninguna carrera universitaria, ni post grado para formar este tipo de Ingenieros.
Por ese motivo se acepta que los proyectos sean realizados por profesionales que tengan un post grado en SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL . Esta especialización apunta al trabajo sobre los temas de las condiciones de seguridad del personal, al ambiente de las áreas de trabajo, la iluminación, la prevención de accidentes, las enfermedades profesionales, etc. Por estos motivos, estos profesionales en SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL , salvo en alguna remota excepción, no pueden tener la formación adecuada, ni la capacitación adecuada, ni la experiencia necesaria para desarrollar el proyecto conceptual de las necesidades de la obra, y mucho menos pueden proyectar ninguna de las instalaciones de los equipamientos de seguridad para una edificación. En estas condiciones es previsible que las instalaciones no posean la seguridad requerida y no sean las adecuadas para equipar las edificaciones. También destacamos que las legislaciones de la materia a nivel nacional, (en Neuquén se aplica una de nivel municipal) son demasiado antiguas y limitadas, y en muchos casos obsoletas.
Los Proyectos e Instalaciones necesarias para proteger la vida de los ocupantes y los bienes en las edificaciones deben contemplar los siguientes puntos:
seguridad constructiva de la edificación en casos de incendios (materiales)
seguridad estructural de la edificación en casos de incendios (resistencia estructural)
seguridad de las circulaciones en casos de incendios (evacuación)
seguridad de las vías de evacuación en casos de incendios (medios de salidas al exterior)
seguridad de las escaleras en casos de incendios (circulación vertical)
seguridad de las puertas de escape para casos de incendios – salidas de emergencias (liberación automática)
antecámara cortafuego de las escaleras para casos de incendios (aislamiento de la circulación vertical)
presurización del vano vertical de la escalera de evacuación para casos de incendios (respirabilidad)
delimitación de los sectores de fuego para circunscribir los incendios (sectorización de las áreas de fuego)
red hidrante contra incendio – presurización y supervisión automática (sistema de extinción del fuego)
sistema móvil de extintores o matafuegos (sistema de extinción de los precios de iincendios)
red de rociadores automáticos (sprinklers) (sistema de contención y amortiguación de los incendios)
detección y notificación de incendio (notificación temprana)
liberación automática de las salidas de emergencias (liberación de puertas de salidas al exterior)
sistemas de extinción automática de zonas críticas (extinción automática de incendios con gases, etc.)
capacitación de personal, operación y mantenimiento de todas las instalaciones.
La experiencia de la realidad confirma que es imposible que las instalaciones puedan funcionar y estar disponibles cuando haya un siniestro, pues generalmente se ve el siguiente panorama en todo tipo de edificaciones:
1) Las instalaciones no están proyectadas correctamente de acuerdo a condiciones de seguridad preestablecidas (en la mayor parte de los casos NO existe un código preciso que establezca como debe proyectarse la instalación)
2) La calidad y las prestaciones de los equipo no corresponden a las exigencias, los equipos no poseen sistemas de supervisión ni de operación automática, que aseguren que funciones e indiquen si pueden funcionar, si es que están en falla o si se encuentran fuera de servicio
3) Las instalaciones y el montaje de los equipamientos no son los apropiados
4) Las obras no son realizadas por personal calificado
5) Las obras no son inspeccionadas por personal calificado
6) No existen planes de mantenimiento preventivo ni correctivo para las instalaciones
7) No existen organismos que inspeccionen el estado de las instalaciones
En estas condiciones es virtualmente imposible que las instalaciones de los sistemas de seguridad contra incendio estén disponibles cuando suceda un siniestro.
Los problemas más frecuentes en las edificaciones, que complican la seguridad, son los siguientes:
1) En la etapa de proyecto se omiten gran parte los servicios e instalaciones de la edificación.
2) No se tiene en cuenta la peligrosidad de los materiales que se emplean en la construcción.
3) No se evalúa la seguridad estructural de la edificación en casos de incendios.
4) En muchos casos no se contemplan las circulaciones para casos de incendios.
5) Es común que sean insuficientes vías de evacuación para casos de incendios.
6) Generalmente se subestima la seguridad de las escaleras para casos de incendios, y en la mayor parte de los edificios de menos de 4 pisos no se la implementa. Debe tenerse en cuenta que nadie puede bajar más de 1 piso sin respirar.
7) Las puertas de escape estarán cerradas con candado, pues como son fáciles de abrir desde adentro, por tener un barral antipánico, (en realidad deberían tener sistema de liberación automática con cerradura electromagnética), causaran problemas de seguridad y serán clausuradas.
8) Las puertas cortafuego de las antecámaras de las escaleras para casos de incendios permanecerán permanentemente abiertas pues no solo es más cómodo para los ocupantes, sino que se le romperán los brazos hidráulicos de mala calidad. Sin las puertas cerradas las escaleras de incendios son intransitables.
9) La ordenanza de nuestra ciudad es tan absurda, que en contra de la ley nacional 19587, no permite la presurización del vano vertical de la escalera de evacuación para casos de incendios, en su reemplazo plantea la colocación de un sistema de ventilación cruzado, que no solo es inoperante, sino que agrava las condiciones de los incendios al aportar aire fresco, además este sistema será prohibido en la próxima normativa en estudio a nivel nacional.
10) Raramente las edificaciones cuentan con la aislamiento de los sectores de fuego para circunscribir los incendios, y cuando la tienen, están separadas por puertas que permanecen abiertas.
11) Otra rareza de la ordenanza de Neuquén indica que las redes hidrantes contra incendio deben tener 1Kg de presión, siendo que con menos de 3 Kg/cm2 la red es totalmente inoperable. Por otra parte las redes casi en el 100% de los casos carecen de un tablero de supervisión automática, lo que implica que lo más probable es que este fuera de servicio, y nadie se de cuenta.
12) Por algún motivo de desconocimiento técnico, la ordenanza de Neuquén no exige red de rociadores automáticos (sprinklers) a no ser en los segundos subsuelos. Los rociadores son indispensables en las grandes áreas de edificios, en locales de espectáculos sociales o discotecas, pues son la única forma de evitar tragedias a gran escala en locales abarrotados de público.
13) En general los proyectos carecen de detección y notificación de incendio, y en muchos de los casos que si está solicitado, es reemplazado por una alarma tipo de una casa totalmente fuera de condiciones y sin las prestaciones mínimas necesarias para soportar el paso del tiempo y todo tipo de sabotajes .
14) Es generalizado el uso de barrales antipánico en las salidas de emergencias, que si bien pareciesen adecuados, no son indicados para este tipo de puertas, pues deberían tener algún sistema de liberación automática, que no permitiese que se
abriesen desde adentro a no ser en caso de emergencias .
Con este resumen de irregularidades, es fácil comprobar porque ocurren tragedias y porque van a seguir sucediendo. Nosotros modestamente tratamos de comunicar como deberían ser las cosas para que las edificaciones no sean una trampa mortal para los ocupantes, y siempre hemos propiciando y fomentando en diversos ámbitos la generación de conciencia en materia de seguridad. Hemos presentado en reiteradas ocasiones, en todos los estamentos de la Provincia y del Gobierno Municipal, varias propuestas de modificación de las normativas referentes a incendios, pero hemos visto un marcado desinterés por todo lo que sean conceptos técnicos referentes a la seguridad contra incendio.
Solo queremos resaltar que todas las cuestiones que fomentan el bien común (en este caso la seguridad contra incendio) deberían involucrarnos a todos. Ojalá que los señores políticos, legisladores, constructores e inversores, se den cuenta pronto que las edificaciones no solo deben “parecer seguras”, sino que por el bien de todos “deben ser seguras" .
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Enviado por cb el Mar, 2008-07-08 04:40
En estos días, mientras las páginas de los diarios, las páginas de Internet y los medios televisivos reproducían hasta el cansancio los avatares del conflicto del campo, acontecían novedades transcendentes en cuanto a la persecución de la corrupción .El juez en lo penal económico Daniel Petrone, casi estrenando su reciente designación por la presidente,. dictó la falta de mérito de Claudio Uberti, el funcionario del gobierno de Néstor Kirchner que perdió su cargo por el caso de la valija de los 800.000 dólares . Así, Uberti, máximo responsable del vuelo oficial en el que el valijero Guido Alejandro Antonini Wilson llegó a la Argentina, el 4 de agosto del año pasado, esquivó la acusación que pesaba sobre él, como partícipe de lavado de dinero. El magistrado, que tomó la causa hace poco más de dos meses y medio, le dio forma de indagatoria a una presentación espontánea que Uberti hizo el 4 del mes pasado. En esa audiencia, el ex director del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) dijo que había autorizado que Antonini se subiera al avión contratado por el Gobierno por pedido de Diego Uzcátegui Matheus, entonces vicepresidente de la petrolera estatal venezolana, Pdvsa.
Habitualmente, la falta de mérito es el preludio de un futuro sobreseimiento .
Mientras tanto, otro Juez, con más antigüedad y con antecedentes en actitudes similares, archivó la denuncia contra el matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner por el presunto incremento injustificado de sus bienes . Así lo resolvió Canicota Corral al seguir el dictamen del fiscal federal Eduardo Taiano y considerar que hubo "inexistencia de delito"
Por si esto fuera poco, en otra causa trascendente también hubo novedades. La Sala I de la Cámara Federal dispuso que se decidiera de nuevo qué magistrado se quedaría con la investigación de Sckanka y argumentó que el fallo de primera instancia -firmado por el ex juez y actual ministro de seguridad porteño, Guillermo Montenegro- no estaba debidamente fundamentado. Los camaristas Eduardo Freiler y Eduardo Farah ordenaron al nuevo juez de la causa en el fuero federal, Norberto Oyarbide, que emitiera una resolución en la que se pronunciara sobre el desglose del expediente. No hacen falta mayores comentarios, si el Juez que dirime la causa es Oyarbide…
Pero no es todo. El tiempo en que las miradas están depositadas en otros temas, suele aprovecharse.
El viernes 23 de mayo, el Boletín Oficial dedicó tres páginas completas al nuevo reglamento Interno de la Oficina Anticorrupción (OA). Con la firma del ministro de Justicia, Aníbal Fernández, la resolución 1316/2008 modificó la normativa del 2000 y avanzó en una política que comenzó desde que asumió en su cargo: concentrar cada vez más la acción de la OA en su jefe político, Abel Fleitas Ortiz de Rozas .
El primer cambio está en el artículo 1º donde especifica cómo y por qué se inician los trámites en la Dirección de Investigaciones de la OA. Con la firma del nuevo reglamento, el punto B limita sólo al fiscal de Control Administrativo –el titular de la OA– la posibilidad de abrir expedientes de oficio. Hasta ahora, según consta en la reglamentación anterior, podían hacerlo tanto el propio fiscal como cualquier funcionario de la oficina. El área de investigaciones es particularmente sensible porque ahí es donde se investigan las posibles irregularidades o actos de corrupción en el Poder Ejecutivo .
Escondido en el artículo 7º, Fernández establece uno de los cambios más polémicos del nuevo reglamento: “El investigador estará facultado a solicitar los informes (...) en los términos que establece la Resolución Ministerial 67 del 14 de enero de 2008” . Esta resolución – que nunca salió publicada en el Boletín Oficial – disponía que toda comunicación de la OA hacia el exterior fuera firmada por su titular, Fleitas Ortiz de Rozas, dejando afuera de las decisiones importantes a los investigadores y al jefe del área, Martín Montero, a pesar de que tiene rango de subsecretario de Estado. Desde el comienzo de la OA hasta la firma de esa resolución, los pedidos de informes o expedientes a otras dependencias los hacía cada investigador. Es decir que si había una denuncia contra un funcionario, ellos podían investigar directamente pidiendo datos al ministerio o al área en la que trabajaba el sospechado. Desde esa decisión, Fernández concentra toda esa información en la autoridad política –Fleitas– a quien también hace personalmente responsable frente al Ministerio de Justicia por cualquier medida o denuncia “irritativa” . Fernández tomó esa decisión a un mes de asumir y 20 días después de otra mala noticia para la Dirección de Investigaciones: el 24 de diciembre publicó en el Boletín Oficial la resolución 12/2007 con la cual anuló las designaciones que habían ganado por concurso los cinco investigadores principales de la Oficina Anticorrupción, quienes tienen a su cargo la tarea de investigar los actos de corrupción . Desde esa decisión y hasta ahora, cada uno de ellos tiene un contrato transitorio que puede terminar con una sola firma y sin indemnización .
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Enviado por cb el Mar, 2008-07-08 04:27
Otra vez tenemos que ocuparnos del tema. Es un tópico en el que solo abundan las palabras, las declamaciones y están ausentes los hechos. La preocupación y el alerta no es por los contenidos de la educación que se les imparte a miles de niños y jóvenes, sino por algo previo y más elemental: su integridad .
El tema es de enorme importancia, ya que a las escuelas asisten 702.821 alumnos (368.232, a las de gestión estatal; 335589, a las de gestión privada), según datos del relevamiento anual del año 2006 efectuado por el Ministerio de Educación de la Ciudad y obrante en la página web de la ciudad (http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/dirinv/publica_estadistica/unidades_educativas_matrcula.pdf). Las cifras seguramente se incrementaron en el 2008.
En la lista de las declamaciones pueden computarse:
- ley 1706, de Escuelas seguras, promulgada el 23 de junio de 2005 , destinada a dotar a los establecimientos educativos de estrategias de prevención de accidentes, atención de emergencias, mejoramiento de infraestructura, de equipamiento y la adopción de sistemas de protección y seguridad escolar en todas sus facetas. Para ello las autoridades comunales de educación debían modernizar los edificios escolares, en infraestructura, instalaciones y equipamiento, en pos de alcanzar estándares actualizados en materia de seguridad.
- Ley 2189, de Escuelas Seguras de Gestión Privada, promulgada el 16 de enero de 2007 . La ley tiene por objeto la implementación de los lineamientos generales de seguridad, destinados a promover en los institutos educativos estrategias de prevención de accidentes, atención de emergencias, mejoramiento y actualización de infraestructura y de equipamiento y la adopción de sistemas de protección y seguridad escolar en todas sus facetas. A ese fin, también se dispone la adecuación de los edificios escolares, ya sea en infraestructura, equipamiento o instalaciones, a los estándares actualizados en materia de seguridad que establezca la autoridad de aplicación.
Sobre la situacion en materia de seguridad en las escuelas de gestión estatal, nada se sabe. Solo que el punto de partida es cero: nada hay hecho . Baste a ese fin recordar el lapidario informe de la Auditoria de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado el 27 de febrero de este año, que examinaba la situación de la seguridad en las escuelas en el período 2005. Ya hemos volcado las conclusiones de ese informe, que examinaba el tema en un período de la gestión de Aníbal Ibarra, y que contradecía con tremendas evidencias la profusión de carteles de obra con las que el destituido pretendía engañar a la población en el marco de su juicio político ( ver: http://www.quenoserepita.com.ar/el_estado_de_las_escuelas_0).
Y nada se sabe, pues el tema no fue incluido en el plan de labor de la Auditoria del Gobierno de la Ciudad. La omisión es grave porque, además, las escuelas de gestión estatal están exentas del control de la Agencia de Control Comunal, como si lo están la totalidad de los establecimientos de la ciudad que se dedican a actividades de otro tipo. Esto quiere decir que la idoneidad de las instalaciones, su eficacia para prevenir accidentes, situaciones de emergencia, incendios, etc., es controlada y verificada por la propia autoridad que es responsable de cumplir las normas. En definitiva, el control no existe o, en todo caso y como siempre, queda librado a la inquietud de los padres que llevan a sus hijos a la escuela o a la iniciativa responsable de algún docente . Pero ni padres ni docentes tienen preparación en higiene y seguridad como para advertir donde hay riesgos, salvo en lo grosero (que no necesariamente es lo más riesgoso).
Tampoco se sabe cual es la situación en las escuelas de gestión privada, pues a pesar de la existencia altisonante de la citada ley 2189, ésta no está reglamentada. Situación que ha sido la excusa suficiente como para que la auditoria de la Ciudad no controlase: así surge del sorprendente informe correspondiente al Proyecto 2.07.11 (http://www.agcba.gov.ar/docs/Info-I%20F%20DGEGP%202.07.11%20Ap.%209-4-08.pdf).
La preocupación se subraya si reparamos en que el 19 de diciembre de 2007, se promulgó la ley 2565 que declaraba la emergencia de la infraestructura de los establecimientos educativos de gestión estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2008, con el objeto de garantizar la seguridad y el desarrollo normal de las actividades de los alumnos, personal docente y auxiliar de los establecimientos escolares en todas sus modalidades y niveles. Esa norma, al menos, reconocía un estado de situación grave en orden a la seguridad .
Sin embargo, luego de ella, y de 438 licitaciones convocadas para reparar parcial o integralmente otros tantos establecimientos (en definitiva, casi el 40 % de las escuelas en situación de emergencia), la seguridad en las escuelas continua siendo una declamación.
Y esta afirmación la hacemos sobre los números oficiales, brindados por la propia administración en su página. Números cuya confiabilidad es dudosa. La Defensoria del Pueblo de la Ciudad dijo respecto de ellos “la información que hasta el momento ha venido brindando el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre el Plan de Infraestructura Escolar y el estado de avance de las obras difiere e, incluso, resulta muchas veces contradictoria. Esta situación genera confusión acerca del grado real de avance de los trabajos y limita las posibilidades de monitorear los procedimientos por parte de los organismos de control del Estado y la ciudadanía” (Resolución 1861/08, publicada en la página del organismo: http://www.defensoria.org.ar/institucional/resoluciones/r1861-08.doc).
Esos números oficiales también revelan que solo en 71 establecimientos han concluido las obras. En el resto el peligro sigue. En el resto, la integridad de los alumnos esta aún librada a la mano de Dios. Integridad que debe cuidarse, tanto dentro como fuera de la escuela El pasado 30 de mayo un niño de tres años falleció al ser embestido por un camión, en las proximidades de una escuela. Paradójicamente su madre era una de las personas que recolectaba firmas reclamando un semáforo. (http://www.lanacion.com.ar/informaciongeneral/nota.asp?nota_id=1016967&origen=cd_google). Inútilmente. Como inútilmente los reclamó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, cuando a través de las Resoluciones 903/05 y 2148/05, solicitó la colocación de 166 semáforos en las proximidades de establecimientos educativos.
En definitiva, los chicos y los jóvenes siguen en riesgo. Las alertas se suceden. De nada sirven los antecedentes curriculares de un ministro (Filmus también exhibía notables meritos académicos…), si las exigencias más elementales de la “ciudad educativa” quedan libradas a su suerte…
Se puso en conocimiento.
Y tan grave como ello, sin control ya que (salvo la Defensoria del Pueblo), los organismos de control han declinado fiscalizar y, en consecuencia, cuidar la integridad de los alumnos .
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/establecimientos/index.php?idgestion=10&idoferta=&idsala=0&idjornada=0&idmodalidad=0&idtitulo=0&idbarrio=&idcgpc=&distrito=&texto=&Buscar2=Buscar&redir=1&menu_id=10194
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Enviado por cb el Mar, 2008-07-08 04:10
Los Padres y Familiares de Cromañón tenemos depositados en la Plaza Once los peores recuerdos de nuestra vida y, muchos, los últimos alientos de sus hijos. Por eso habitualmente la transitamos, en visita a la Plaza de la Memoria, al Santuario, para rendir homenaje, para detenernos en un rezo, para reencontrarnos espiritualmente con nuestros hijos .
En ese caminar las realidades de la Plaza Once se nos han hecho familiares. Ante nuestros ojos transcurren todas las situaciones que en ella se concentran: la desesperación de los humildes y necesitados, la explotación de los miserables, los diversos comercios de personas . En todos estos hechos siempre el Estado ausente o, más precisamente, presente y deliberadamente inactivo . La Policía custodiando que esos viles comercios se desarrollen normalmente, la Justicia Contravencional liberando la zona, la Justicia Común y la Federal, mirando para otro lado o, hasta, buscando justificaciones alambicadas .
Y decidimos dejar de ser espectadores. Como dice otra nota de este newsletter algo hay que hacer para desnudar al rey, para poner en evidencia la corrupción . Para empezar, decidimos hacer una presentación ante la Defensoria del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, denunciando los hechos que nosotros advertimos y la complicidad policial. Esta presentación determinará una investigación de la Defensoria y resoluciones específicas y, seguramente, causas penales.
Es bueno contar con el apoyo de los ciudadanos que compartan el espíritu de la denuncia. Por eso invitamos a adherir a ella, simplemente mandando un mail a nuestra página: info@quenoserepita.com.ar, indicándonos su nombre y apellido y número de documento. Agregaremos esas adhesiones a las firmas que ya tiene la presentación.
Recuerde: algo hay que hacer y esta es una manera . He aquí la carta:
Buenos Aires, 16 de mayo de 2008.
Señora
Defensora del Pueblo de la Ciudad
Dra. Alicia Pierini
S. / D.
De nuestra mayor consideración:
Los que al final de esta presentación la suscribimos, representantes de todos los grupos que integran la Articulación de Familiares, Sobrevivientes y amigos de las Víctimas de República de Cromañón, más las personas que libremente han expresado su adhesión, nos dirigimos a Ud. a efectos de formalizar la denuncia de una serie de hechos que acontecen en los ámbitos de la Plaza Miserere (comúnmente “Plaza Once”), y cuya solución fue infructuosamente reclamada al Gobierno de la Ciudad.
No escapará a su conocimiento, que parte de los que suscribimos tenemos el desgraciado privilegio de ser testigos privilegiados de cuanto denunciamos, por haber sido un sector de la Plaza Once el lugar donde nuestros hijos fallecieron, como consecuencia de los hechos perpetrados en el local República de Cromañón. Desde esa mirada asistimos con amargo estupor a la pervivencia en la citada Plaza de alguno de los delitos que causaron la muerte de nuestros hijos, solo posible con el concierto interesado de las autoridades competentes, supuestamente ausentes . Muchas “cajas” permitieron que República de Cromañón estuviera abierto con condiciones aptas de matar a miles de personas. Esas “cajas” aún subsisten y se alimentan de los hechos que denunciamos .
La enumeración que sigue no es valorativa. Simplemente es la lista de los hechos que queremos que no permanezcan impunes y exentos de la acción pública del Estado:
1. Terminal de transporte publico ilegal: en las calles laterales de la Plaza, en diversos días y horas de la semana, se estacionan ómnibus de larga distancia a fin de recoger la totalidad de sus pasajeros y destinarlos al norte del País y a países limítrofes. El ascenso en la Plaza de estos pasajeros no es una detención intermedia, sino el punto de salida del itinerario. En las veredas aguardan los pasajeros con sus valijas y van ascendiendo, entregando sus pasajes al chofer. El expendio del pasaje incluso puede lograrse con sólo anotarse en la planilla de algún vendedor. La salida de los ómnibus de larga distancia mencionados acontece, obviamente, sin plataformas de embarque, sin controles administrativos ni técnicos, en fin, sin regulación. Los ómnibus en cuestión violentan de tal manera el artículo 32 de la norma que regula el autotransporte interurbano de pasajeros (Decreto 958/92), que dice: “ESTACION TERMINAL - En la Ciudad de Buenos Aires, los servicios públicos y los servicios de tráfico libre deberán ser iniciados y/o concluidos en la Estación Terminal de Buenos Aires. La autoridad de aplicación dispondrá las medidas necesarias para asegurar el libre acceso de transportistas a la mencionada terminal.” Esta actividad, que pone en riesgo la vida e integridad del pasaje, solo puede hacerse si las autoridades de control y prevención hacen “la vista gorda”, pues es indisimulable y habitual .
2. Venta de drogas: otra actividad habitual y advertible a simple vista en el ámbito de la plaza, es la comercialización de drogas. Diversas sustancias (cocaína, paco, etc.) pueden ser adquiridas en de la plaza, o en los aledaños de la estación. No insume mucho tiempo la posibilidad de ser testigo de las transacciones: basta quedarse sentado en alguno de los bancos y observar los movimientos. Este mal es, según los vecinos, una antigua presencia del barrio, y una modalidad delictiva definitivamente instalada. La presencia de estos traficantes solo es posible con la complicidad de la Comisaría Séptima, autoridad de prevención con jurisdicción en la Plaza .
3. Albergues transitorios clandestinos: En el ámbito de la Plaza también funcionan como albergues transitorios dos establecimientos solo habilitados como hoteles. Nos referimos al Hotel Leblon, sito en Avda. Rivadavia 3009, y al Hotel Corá, emplazado en Jean Jaures, entre Rivadavia y Bartolomé Mitre. A cada instante ingresan parejas y arrendan habitaciones por hora. La ilegalidad no es un hecho menor, ya que conforme la reglamentación los albergues transitorios autorizados tienen unas exigencias diferenciadas de lavado de la ropa de cama (decreto 1706/2001), restringido el acceso a menores de edad (Ordenanza 35561), normas especificas de privacidad (ordenanza 35561), obligaciones de higiene estrictas en cuanto a ropa de cama y enseres de baño (ordenanza 35561), además de un régimen tributario diferenciado. El funcionamiento clandestino obviamente soslaya todas estas exigencias, mas allá de que como luego se verá, ambos lugares sirven para otros ilícitos. La existencia de estas situaciones ha sido puesta en conocimiento del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, sin que la Agencia de Control Comunal tomara acción alguna .
4. Trata de blancas o esclavitud sexual: los hoteles mencionados son también lugar de comisión de este grave delito. También la simple observación desde la plaza puede advertir como a horas tempranas, transportadas en una Van, son depositadas mujeres dominicanas, a fin de que se ofrezcan para el intercambio sexual, bajo el control de los respectivos “fiolos” (uno de ellos descaradamente sentado en la propia puerta de Rivadavia 3009). La dotación de mujeres es periódicamente reemplazada por otras, jóvenes, que evidentemente son llevadas a la plaza como entrenamiento para menesteres posteriores. Todas ellas están sometidas por la retención de sus documentos y por gravosas deudas contraídas en su país de origen, que deben devolver con su trabajo sexual. La presencia policial en la zona asegura que este comercio vil se desarrolle sin inconvenientes (el Periódico La Vaca, en su ejemplar número 12 documentó con testimonios los entretelones de la trata). El Ministerio de Seguridad de la Ciudad también fue anoticiado del tema y del posible involucramiento de menores, sin que mediara respuesta alguna .
5. Chicos en situación de calle: También el simple tránsito por la Plaza nos enfrenta con esta tragedia social, que fácilmente puede ser relacionada con los delitos anteriormente mencionados: los chicos en situación de calle. En distintas horas del día, y durante la noche, niños y adolescentes, algunos ya de edad indefinida, caminan, interactúan, pernoctan, en definitiva, viven en la plaza y sus adyacencias. Ninguna autoridad se ocupa de su situación, su integridad, su salud ni su alimentación.
La lista que antecede es un mero enunciado de hechos graves que se desarrollan a la vista de cualquier transeúnte. Seguramente una mirada experta añadirá nuevos hechos a la nómina. Todos ellos revelan que la Plaza sigue siendo una zona liberada en la que la impunidad continua posibilita que se consoliden redes delictivas y que mejoren sus recaudaciones, incrementando las victimas .
Nuestra reacción no persigue una acción estética, que erradique de la Plaza una imagen que contamina la pureza del Santuario y la Plaza de la Memoria de las Víctimas de Cromañón. Esas mismas cajas mataron a nuestros hijos, y su combate no se emprende simplemente corriéndolas de un ámbito . Que todo esto acontezca hoy, luego de casi tres años y medio de la muerte de 194 personas, es una burla a su memoria: la misma comisaría Séptima que tiene en juicio oral a dos comisaros, un subcomisario y dos agentes, continúa hoy recaudando por la posibilitación de los hechos denunciados. Tan grave como ello es que lo haga con la complicidad de las autoridades de la Ciudad .
Esta es la razón por la que acudimos a vuestra Defensoría, ya que ha sido instituida para “proteger y defender los derechos humanos, individuales y sociales de los vecinos de la ciudad; supervisar y garantizar que las instituciones y los funcionarios del Gobierno de la Ciudad cumplan con sus deberes y respeten la Constitución y las leyes vigentes”.
Sin otro particular, encareciéndole la pronta intervención de vuestro organismo, la saludamos con la mayor deferencia.
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Enviado por cb el Mar, 2008-07-08 03:51
Una historia de millones, una historia de corrupción de Aníbal Ibarra, que permanece intacta en la actual gestión . Vayamos a esa historia.
El régimen de los cables de las empresas de video
Todo comenzó con los inicios de la televisión por cable. Ese comienzo lo describió con singular síntesis el entonces diputado Schifrin, en una de sus intervenciones en la 35 Sesión Ordinaria de la Legislatura, del 1º de diciembre de 2005: “hubo ley de la selva desde fines de los 80 a los años 90, en que estas empresas y muchas otras –que fueron absorbidas- ponían postes en cualquier lado sin pedir permiso, y nadie los controlaba. No las controló Suárez Lastra, ni los que estaban antes de Suárez Lastra, no las controló Grosso” .
En 1995 el Concejo Deliberante dictó la Ordenanza 48899, que regulaba la instalación de redes de cable a partir del día 15 de febrero de 1995. Esa disposición, con el objeto de evitar una sobreocupación del espacio de la vía pública, determinó que el tendido del servicio debía ser subterráneo o por pulmón de manzana en todo el ámbito de la Ciudad.
A los efectos de permitir una gradual reconversión de las instalaciones existentes, la norma dividió la Ciudad en 5 zonas y estableció plazos razonables de hasta 9 años, para la eliminación del sistema de tendido aéreo, los cuales debían contarse a partir de los 60 días posteriores a la reglamentación. Por razones de seguridad, los postes de madera debían ser reemplazados por postes metálicos antes de su eliminación total, en un plazo más breve.
La Ordenanza fue reglamentada mediante el Decreto N° 596/95 y publicada en el Boletín Oficial 20073 el día 7 de julio de 1995, de modo que los plazos para la reconversión debían considerarse desde octubre de 1995. De manera que el plazo máximo vencía en octubre de 2004.
En cuanto al eventual incumplimiento de lo dispuesto, se preveía que cuando no se corregían las observaciones que se le efectuaban a la prestataria, se podía revocar la autorización otorgada, lo que implicaba que la afectada debía retirar la totalidad de las instalaciones sin derecho a reclamo o indemnización de ningún tipo dentro del plazo que se le fije. Vencido ese plazo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podía efectuar o completar dichos trabajos con cargo a la prestataria. (Art. 2° y 3° Ordenanza 48899).
Los trabajos de conversión de las instalaciones entonces existentes, debían ejecutarse en forma ininterrumpida hasta su total finalización. Dentro de los plazos mencionados en la norma, las empresas estaban obligadas a efectuar el retiro de los postes instalados que no cumplan los requisitos de la reglamentación, sin derecho a reclamo o indemnización de ningún tipo. La ley 451 cambió el régimen y dispuso un nuevo régimen de sanciones, con multa de $ 50.000 a $ 500.000 y/o decomiso y/o clausura del establecimiento y/o inhabilitación”.
A pesar de la claridad del régimen, las prestatarias no lo cumplieron y las autoridades nada hicieron .
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Enviado por cb el Mar, 2008-07-08 03:21
Francisco José Miguel Talento Cutrin, es un ex legislador de la ciudad, ex vicepresidente segundo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y ex integrante inicial de la Comisión Investigadora de los hechos de República de Cromañón de la citada legislatura. En definitiva, Miguel Talento. Es aquel que se sintió agraviado por los reclamos de los familiares en los momentos de constitución de la referida Comisión .
El mismo que, en un fin de semana, obediente y servil de Alberto Fernandez, cambió un voto y pretendió salvar a Aníbal Ibarra.
El que luego, en el medio del proceso de juicio político, dijo estar sorprendido y denunció escuchas telefónicas que alcanzaban a sus teléfonos como a los de todos los colegas
El viejo setentista, militante universitario, Presidente del Consejo Nacional de Federaciones y Centros de Estudiantes en los años del onganiato. Exilado por su militancia en la JP. Varias veces reivindicó estas luchas y se enalteció de defender principios. Exhibía ese pasado como un blasón y lo lucia en su currículum, en presentaciones de libros, en homenajes a auténticos hombres de lucha, en toda circunstancia política o académica que se lo permitiera .
Esas medallas sin embargo no le bastaban en su relación con Alberto Fernandez o con Kirchner. El pasado solo servía para declamarlo. El presente era la subordinación, sin valor. Y así lo hizo en los momentos del juicio político, con estricto alineamiento .
Sin embargo entonces no hubo premio. Se terminó el mandato y a circular por los despachos .
Pero todo llega. Para él, el consulado de Miami. Ya tiene planes: “El objetivo es darle impulso a una serie de áreas, como la promoción comercial, generando canales de intercambio, realizando seminarios y rondas de negocios; también cuestiones vinculadas a las industrias culturales argentinas, para potenciar su consumo, y aspectos relacionados a la educación superior, fomentando el intercambio de profesores, alumnos y programas" , describió. Y agregó: "Hay que mostrar a la Argentina como un país plural y amplio dispuesto a crecer. Para ello hay que tomar conocimiento de los planes nacionales y locales existentes o desarrollar nuevos. Aquellos programas que desarrolle la Ciudad también serán impulsados. Son políticas de Estado lo que uno debe llevar adelante, muy seguramente armaremos seminarios sobre ciudades en donde la Ciudad de Buenos Aires no puede dejar de estar presente" , concluyó.(http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=5a21694d1a337f568348cc595723fcb0)
La borocotizacion de los principios tiene premio: un consulado, aún cuando se carezca de preparación diplomática. Eso es un detalle. Tampoco importa cuanto sabe Baltroc para cumplir la función que cumple, ni cual es la solvencia intelectual del Devoto malo, de Cerutti, de Deborah Cohen, etc.
Por eso estas promociones hacen recordar la parábola de los talentos .
También rememoran una de las célebres ocurrencias de Groucho Marx: estos son mis principios. Si no le gustan…tengo otros .
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Enviado por cb el Mar, 2008-07-08 03:10
Un reciente informe de la Auditoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que relevó las condiciones edilicias de las escuelas de nivel medio, obtuvo conclusiones alarmantes (nuevamente…).
El trabajo es una muestra de 30 establecimientos educativos, seleccionados aleatoriamente, entre los 137 establecimientos públicos de Nivel Medio, dependientes de la Dirección de Área de Educación Media, que se encuentran distribuidos en los 21 Distritos Escolares existentes. En ese exámen se comprobaron las siguientes situaciones:
1. En el 63 % (19 de 30 casos aplicables) se verificó que el tamaño del terreno es inadecuado para la cantidad de alumnos matriculados .
2. En el 20 % (6 de 30 casos aplicables) se verificó que el edificio no se encuentra emplazado en un entorno apropiado, alejado de cualquier centro generador de ruidos y/u olores molestos, que no perturben las exigencias pedagógicas propias del alumnado.
3. En el 63 % (19 de 30 casos aplicables) se verificó que la superficie construida del edificio es insuficiente para la cantidad de alumnos que asisten .
4. En el 23 % (7 de 30 casos aplicables) se verificó que la altura de desplazamiento vertical que debe efectuar el alumnado en forma habitual es superior a lo establecido en la normativa vigente .
5. En el 40 % (12 de 30 casos aplicables) se verificó que el sentido de apertura de la puerta de acceso al edificio es hacia adentro y no hacia el exterior como lo establece la normativa vigente .
6. En el 73 % (22 de 30 casos aplicables) se verificó que el sentido de apertura de las puertas que conforman los medios exigidos de salida (como ser: aulas, sanitarios, etc) son hacia adentro y no hacia afuera como lo establece la normativa vigente .
7. En el 20 % (6 de 30 casos aplicables) se verificó la existencia de circulaciones que conforman medio obligatorio de salida de dimensiones angostas .
8. En el 37 % (11 de 30 casos aplicables) se verificó la existencia de circulaciones obligatorias de salida obstruidas con mobiliario, impidiendo una fácil evacuación del edificio .
9. En el 73 % (22 de 30 casos aplicables) se verificó que las circulaciones verticales obligatorias de salida (escaleras) no cumplen con la reglamentación vigente, ya sea por su ancho, falta de cinta antideslizante, doble baranda, etc.
10. En el 43 % (13 de 30 casos aplicables) se verificó que el bajo escalera es utilizado como depósito de limpieza y materiales en desuso, muchos de ellos inflamables .
11. En el 50 % (15 de 30 casos aplicables) se verificó que las dimensiones de las aulas de uso común son insuficientes, otorgándole a cada alumno una superficie menor a la establecida en la normativa vigente .
12. En el 17 % (5 de 30 casos aplicables) se verificó que las aulas de uso común no tienen iluminación ni ventilación natural .
13. En el 27 % (8 de 30 casos aplicables) se verificó que las aulas de uso común no tienen el sistema de calefacción adecuado
14. En el 53 % (16 de 30 casos aplicables) se verificó que el equipamiento sanitario para el alumnado es insuficiente en relación a la demanda existente .
15. En el 70 % (21 de 30 casos aplicables) se verificó la insuficiencia de superficie adecuada destinada a espacios abiertos .
16. En el 37% (11 de 30 casos aplicables) se verificó l a insuficiencia de superficie adecuada destinada a patio cubierto .
17. En el 50 % (15 de 30 casos aplicables), se verificó la falta de cumplimiento de la normativa en lo que respecta a dimensiones y confort adecuado en el local destinado a Biblioteca .
18. En el 87 % (26 de 30 casos aplicables) se verificó la falta de un espacio de uso exclusivo, destinado a Servicio médico .
19. En el 67 % (20 de 30 casos aplicables) se verificó la falta de Servicios Generales, ya sea Salón de actos (SUM) , Sala de Cooperadora, Cantina, Depósito de Limpieza .
20. En el 76% (19 de 25 casos aplicables) se verificó la existencia de desniveles para poder acceder al establecimiento, no estando salvados por rampas ni ningún otro medio alternativo de elevación .
21. En el 97 % (29 de 30 casos aplicables) se verificó que los desniveles interiores no se encuentran salvados por rampas .
22. En el 73 % (22 de 30 casos aplicables) se verificó la inexistencia de ascensor, como medio alternativo de elevación .
23. En el 63% (5 de 8 casos aplicables) en donde existe ascensor como medio alternativo de elevación, se verificó que los mismos no cumplen con la normativa vigente en lo que respecta a la habilitación y al mantenimiento mensual obligatorio .
24. En el 77 % (23 de 30 casos aplicables) se verificó la inexistencia de vidrios de seguridad en las aberturas .
25. En el 67% (20 de 30 casos aplicables) se verificó la falta del plan de evacuación suministrado por el Programa “Mitigación de Riesgos en escuelas y actividades escolares”; como así también, la falta de capacitación docente, simulacros, etc .
26. En el 60 % (18 de 30 casos aplicables) se verificó que la cantidad de extintores colocados en su correspondiente lugar es insuficiente .
27. En el 33 % (10 de 30 casos aplicables) se verificó que los planos suministrados por la DGYMyE se encuentran desactualizados. Asimismo se verifico que en su gran mayoría no tienen rótulo de identificación del establecimiento, como tampoco la escala de dibujo .
28. En el 53 % (16 de 30 casos aplicables) se verificó la falta de servicio de salubridad especial .
29. En el 43% (13 de 30 casos aplicables) se verifico la inexistencia de un medio alternativo de salida .
Debilidades particulares.
En determinados establecimientos se detectaron deficiencias que hacen notar la carencia tanto del mantenimiento edilicio, como de la inadecuada infraestructura, poniendo en peligro la integridad de la comunidad educativa que los asiste.
Los edificios en los que se observaron mayor cantidad de deficiencias son los siguientes:
a) E.M.E.M. N° 7 DE 9 “Maria Claudia Falcone” de los 31 ítems relevados se detectó que 29 de ellos (93%) presentan deficiencias. Cabe destacar, que este edificio fue recientemente comprado por el Gobierno de la Ciudad.
b) Escuela N° 10 DE 8 “José de San Martín” de los 31 ítems relevados se detectó que 24 de ellos (77%) presentan deficiencias.
c) Escuela N° 10 DE 6 “Ricardo Rojas” de los 31 ítems relevados se detectó que 23 de ellos (74 %) presentan deficiencias.
d) Escuela N° 16 DE 7 “Gabriela Mistral” y Escuela N° 9 DE 11 “José Ingenieros” de los 31 ítems relevados se detectó que 23 de ellos (74%) presentan deficiencias.
e) Escuela de Comercio N° 33 DE 18 “Maipú” de los 31 ítems relevados se detectó que 20 de ellos (64.52 %) presentan deficiencias.
Conclusión.
La infraestructura edilicia existente para el nivel de educación media no responde a la demanda actual, siendo los terrenos donde se desarrollan los establecimientos de dimensiones reducidas.
Existen dos alternativas de mejora a implementar:
El incremento de la superficie construida de los edificios existentes con un estudio de prefactibilidad técnica
La proyección de nuevos establecimientos educativos.
El entorno inmediato de los establecimientos no denota la existencia de un estudio ambiental adecuado que priorice el bienestar de la comunidad educativa. Esto se concluye al constatar que, algunos de los edificios, se encuentran ubicados a distancias muy próximas de un centro generador de ruidos y olores molestos (tales como: estaciones de servicio, vías del ferrocarril, entre otros). Con respecto a la política de prevención empleada acerca de la posible evacuación del edificio para los casos en que se presenten emergencias, se ha podido verificar que la mayoría de los establecimientos, no cuentan con el Plan de Evacuación suministrado por el Programa “Mitigación de Riesgos en escuelas y Actividades escolares” .
En el 37% de los establecimientos relevados se verificó que las circulaciones obligatorias se encontraban obstaculizadas con mobiliario en desuso. Ello evidencia una inadecuada evaluación de riesgos, no sólo de las autoridades del establecimiento, sino también por parte de la Dirección encargada de controlar el mantenimiento de los edificios escolares dependientes del gobierno de la Ciudad.
En definitiva, nuevamente los jóvenes en riesgo. Los lectores debemos reaccionar. Vayamos a la escuela de nuestros hijos y reclamemos. No confiemos en quienes tienen que cuidarlos, pues pueden defraudarlos como lo hicieron con nosotros (los padres de Cromañón)…
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Enviado por cb el Mar, 2008-07-08 02:50
Un muy buen ejemplo de compromiso activo contra las lacras de nuestra sociedad, lo ha dado la Cooperativa La Alameda y los ciudadanos que los acompañaron, escrachando prostíbulos en los que se encerraba la trata de blancas y la explotación sexual de menores (http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=24fe0da34a9443cfcb132b85df2124b6). Son desgraciadamente las numerosas y deplorables formas que la trata de personas adopta en nuestra comunidad:
- talleres clandestinos
- esclavitud sexual
- explotación de menores
- pedofilia
- trabajo esclavo
- etc.
Estas miserables actividades solo pueden llevarse a cabo en una ciudad como la nuestra, con la complicidad de los órganos e instituciones fiscalizantes. Allí están los patrones de los talleres, los fiolos que explotan a sus subyugadas, los que someten a sus empleados a situaciones de esclavitud, financiando la ausencia del estado . Es que la aludida complicidad de ninguna manera es gratuita, ya que la ceguera del que debe prevenir, actuar, juzgar y castigar, tiene un alto costo. Todos estos fiscalizantes son, en definitiva, socios de los explotadores . Lo son a tal punto que en algunos casos, la ilícita participación económica que reclaman, se calcula por la cantidad de personas. Así ocurrió en Cromañón, donde el pacto espurio con la Comisaría Séptima costaba $ 100 por cada 500 asistentes en exceso sobre la capacidad permitida en el local .
Como alguna vez se dijo respecto de la explotación sexual, el Estado es el primer fiolo, como el estado es el primer amo.
En definitiva, la coima (calculada como fuere) es la retribución a la inacción del Estado. La perversión del sistema es semejante a aquella en que el Estado usa sus armas para matar sin juicio, para torturar . Esa corrupción infame asegura el libre funcionamiento de estas estructuras de denigración humana, mediante la compra de la inacción de:
- Policía Federal
- Justicia Contravencional
- Justicia Federal
Diferentes cajas pero el mismo resultado. En un caso, la inacción se manifiesta en la tolerancia en la jurisdicción policial de una comisaría del desarrollo de estas prácticas sin molestia, a excepto de una visita semanal a retirar la pertinente participación . En otro caso, el supuesto desconocimiento de esas actividades por los fiscales contravencionales, que como consecuencia no inician actuaciones o, cuando otros les dan comienzo con una denuncia, contribuyen a su cajoneo, junto con algunos jueces venales (los fiscales contravencionales con jurisdicción el Plaza Once, no solo desconocían Cromañón, sino que tampoco tenían noticia de las contravenciones que a diario se cometen en esa Plaza…). En la siguiente instancia, la federal, la complicidad asume ribetes más sofisticados: el renacimiento local de instituciones culturales incas… (como puede verse en la APOLOGIA DEL ASCO de este Newsletter).
Todos saben esto. Todas las estructuras institucionales lo conocen.
Lo importante es que actos valientes como los de la Cooperativa La Alameda, o como el escrache que acompañó una acción de la Defensoria del Pueblo contra otro antro de igual naturaleza, permiten que esas estructuras sepan que nosotros también lo sabemos. El rey queda desnudo: se lo ve corrompiéndose. Y se ve obligado a reaccionar legalmente. El escrache acorrala. Puede asumir formas como las de la Cooperativa citada o muchas otras. Alguna de ellas ensayamos nosotros y en este número invitamos a adherir a quienes quieran (ver ).
Desnudemos al rey, desnudemos a los Jueces, desnudemos a los Fiscales, desnudemos a los Policías, desnudemos la corrupción. Porque la corrupción esclaviza, denigra; la corrupción mata.
Y de ninguna manera nos olvidemos de las víctimas: los explotadores, los amos, tienen sometidos a seres humanos explotados, esclavizados . (http://lavaca.org/seccion/actualidad/1/1692.shtml)
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Enviado por cb el Mar, 2008-07-08 02:33
